Acercamiento al uso del concepto de refugiado de facto en el contexto de las nuevas violencias en América Latina.

La crisis humanitaria de hoy no es solamente producto de guerras o desastres naturales, sino también consecuencia de una violencia estructural en el continente y donde se evidencia una falta de voluntades de gobiernos y de la comunidad internacional. Humanitariamente debemos proteger a todas las personas que de facto son violentamente forzadas a una migración involuntaria son sometidos en el proceso de migración, ya que “per se” existe un temor fundado y una extrema vulnerabilidad cuyas distintas causas no son contempladas en la Convención. Frente a esta realidad y en nuestra labor como Servicio Jesuita a Refugiados de acompañar, servir y defender a los migrantes forzados, somos conscientes de las problemáticas de esta población en la región y por ello vemos la necesidad de hacer un llamado al uso de una definición más amplia sobre refugio

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe anual de 2014[1], registra 59,5 millones de refugiados y desplazados forzados en el mundo. Así mismo, indica que el porcentaje de población refugiada o desplazada ha aumentado en todas las regiones: 51% en Europa, 19% en Norte de África y Oriente Próximo, 17% en África Subsahariana , 31% en Asia y 12 % en América. Esta situación ha generado una de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos y donde la falta de voluntad política ha sido un factor determinante para su prolongación.

La Convención de la ONU de 1951 relativa al estatuto de los refugiados es la piedra angular de la protección del refugiado a nivel internacional. Sin embargo, la definición contemplada allí sobre quién es un refugiado, no cubre todas las situaciones de desplazamiento forzado presentes hoy por hoy en el contexto latinoamericano.

“Refugiado es toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país[2]…”.

En este sentido, se debe tener en cuenta que la categoría legal de “refugiado” establecida en la Convención y utilizada por ACNUR, se propuso en un momento muy particular de la historia y trató de responder a la apremiante situación de las víctimas del Holocausto, a la de otros refugiados de la II Guerra Mundial y a los nuevos refugiados de Europa Central y del Este. Por tanto, si bien fue mejorada por el Protocolo de 1967, la definición sigue siendo relativamente restringida, abarcando sólo a personas que huyen de una persecución personal por parte de sus gobiernos, lo que hace que su alcance sea limitado.

Es por ello que la ACNUR al utilizar una definición tan restringida genera vacíos de protección a la población en movilidad humana, pues no reconoce a nivel internacional su situación de refugiados de hecho “o de facto” y como consecuencia de esto, se invisibiliza su situación de vulnerabilidad y de peligro. De esta manera, las herramientas de ayuda y protección que posee el Derecho Internacional Humanitario no son aplicadas a esta población lo que las deja desamparadas. Así mismo, muchas de estas personas son consideradas personas migrantes ilegales, generándole una mayor victimización y quedando a merced de la buena voluntad o discriminación de los Estados que los acogen. De este modo, las personas que se han visto desarraigadas de sus hogares sin cruzar las fronteras nacionales o cruzándolas, por razones humanitarias, deberían ser considerados como refugiados de la misma manera que aquellos que han sido reconocidos formalmente por la Convención ya que son víctimas del mismo tipo de violencia[3].

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Frente a esta realidad y en nuestra labor como Servicio Jesuita a Refugiados de acompañar, servir y defender a los migrantes forzados, somos conscientes de las problemáticas de esta población en la región y por ello vemos la necesidad de hacer un llamado al uso de una definición más amplia sobre refugio, como la ofrecida por la Iglesia Católica en el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes en 1992 donde el Pontificio Consejo Cor Unum incorpora el concepto de “refugiado de facto”, el cual hace referencia no solo a toda persona perseguida a causa de su raza, religión, y pertenencia a grupos sociales o políticos sino también a toda víctima de los conflictos armados, de las políticas económicas erróneas o de desastres naturales, y, por razones humanitarias, todo desplazado interno, es decir, cualquier civil desarraigado por la fuerza de su hogar por el mismo tipo de violencia que genera refugiados.”

Por ello, humanitariamente debemos proteger a todas las personas que de facto son violentamente forzadas a una migración involuntaria[4], teniendo muy presentes los tipos de vulnerabilidades a las que son sometidos en el proceso de migración, ya que “per se” existe un temor fundado y una extrema vulnerabilidad cuyas distintas causas no son contempladas en la Convención. En la práctica, la definición que entrega la Convención nunca ha recogido la totalidad de las circunstancias amenazantes que obligan a las personas a abandonar su hogar y su país[5] (VALCARCEL, 2011), por lo cual en los casos en que los Estados no pueden ofrecer protección de facto a sus ciudadanos, es la comunidad internacional quien está obligada a ofrecerla.

Situación actual en América

El contexto latinoamericano siempre está en constante cambio en especial en lo que respecta a las dinámicas de violencia, nunca se ha quedado estático en el tiempo, como si lo han hecho las normas. Según informó Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, América es el continente más violento del mundo al cuadriplicar la media mundial de cifras de homicidios. Se estima que 165.617 muertes en países en desarrollo de América Latina y el Caribe se debieron a homicidios, tres cuartos de los cuales se cometieron con armas de fuego (datos de 2012). Eso se traduce en 28,5 homicidios por 100.000 habitantes, más del cuádruple de la tasa mundial de homicidio (6,7 por 100.000) y más del doble de la tasa de los países en desarrollo de África, que tienen la segunda tasa regional de homicidio más alta del mundo (10,9 por 100.000)[6].

La correlación entre desigualdad, educación, pobreza y la tasa de homicidios “no es una sorpresa”, los países Latinoamérica “enfrentan problemas de fragilidad institucional” que son un “campo fértil” para los grupos armados, bandas delincuenciales y los criminales trasnacionales, lo cual, sumado a la falta de oportunidades, es un caldo de cultivo para el incremento de una cultura de la violencia.

En América del Norte y Latinoamérica, la violencia relacionada con las pandillas o maras representó en 2012 el 30% del total de asesinatos en esa región, comparado con 1% de muertes por la misma causa en Asia, Europa y Oceanía[7]. Estas cifras se deben principalmente a la existencia de bandas y pandillas, habitualmente relacionados con el tráfico de drogas o el control de zonas o territorios. En otras regiones (como por ejemplo Europa) el crimen se debe más a disputas personales/familiares que a disputas entre bandas, y las armas de fuego suponen en torno al 25% de los homicidios.

Si bien es cierto que el auge del narcotráfico en la región es evidente, no podemos hablar de un aumento de violencias de manera unicausal, ya que existen otras variables importantes que se deben considerar en este análisis como los megaproyectos industriales y el auge de las empresas mineras extractivas, las cuales también están generando múltiples desplazamientos, violencias y violaciones a los Derechos Humanos. Al superponer los mapas de los territorios con mayores índices de violencia, coinciden con las grandes iniciativas de desarrollo o con grandes concentraciones de extracción de metales, minerales o cultivos extensivos (monocultivos como coca, palma aceitera, etc.). En esta misma línea, es evidente que el cambio climático representa otro factor que influye en los desplazamientos forzados de personas afectadas adversamente por los factores medioambientales como: sequías, degradación de la tierra y desastres naturales en general.

Es así que, como SJR nos preocupa investigar más a fondo estas problemáticas debido a que en la región existen países con “altos” índices o probabilidades de conflictividad[8] que no sólo son armados sino que también incluyen la degradación medioambiental y las economías extractivas que son a su vez fuente de ingreso para los actores armados, y por ende, generan nuevos escenarios de conflictividad que no son tenidos en cuenta en los análisis de crecimiento de la violencia.

De esta manera y frente al contexto descrito, surgen algunas preguntas: ¿cómo afrontar estas nuevas violencias en el contexto actual latinoamericano? De cara a las maras salvadoreñas, las bandas criminales colombianas y los grandes carteles mexicanos ¿con este tipo de actores se podría llegar a pensar en una paz duradera y estable, donde no exista desplazamiento forzado o refugio de facto? En esta misma línea, ¿cómo debemos reaccionar en este contexto de actores y dinámicas de “nuevas violencias” que no están reconocidos dentro de los marcos de comprensión de los conflictos armados y que son generadores de violencia y de refugiados de facto?

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Desafíos en la protección

Se nos presenta un gran desafío frente a la abrumante conceptualización y definición utilizada para describir el fenómeno de la migración forzada, reflejándose en ella, la complejidad del desplazamiento de hoy en día: refugiados, solicitantes de asilo, emigrantes económicos voluntarios, emigrantes que buscan sobrevivir, inmigrantes indocumentados, los que llegan por mar, apátridas y desplazados internos, entre otros. Es por tal que la determinación del estatuto oficial de refugiado también se ha hecho cada vez más compleja, ya que una persona reconocida como víctima del conflicto armado en Colombia podría no estar calificada para recibir protección en Ecuador o Venezuela. Muchos reciben formas subsidiarias de protección pues, aunque no pueden regresar a su territorio, no reúnen los criterios de la Convención. Otros no están calificados, o no pueden acceder, a ningún nivel de protección aun cuando la necesitan, y se vuelven ‘invisibles’ a la comunidad internacional, que ha mostrado una incapacidad sistemática para responder a sus necesidades[9].

No podemos olvidar que los marcos de protección internacional han pasado de ser “pro homine” o de carácter humanitario para convertirse en una preocupación de seguridad nacional, que desequilibra la balanza contra los derechos de los refugiados, lo que significa literalmente el cierre de las fronteras a los migrantes forzados. El desplazamiento forzado y el refugio no son problemas locales o estáticos, razón por la cual, el verdadero desafío en una comunidad globalizada radica en la implementación de una solidaridad internacional fundada en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos, que abarque eficazmente el tratamiento del tema desde una perspectiva de protección integral de la persona humana.

La Declaración de Cartagena y el Plan de Acción de México surgen para fortalecer la protección Internacional de los Refugiados en América Latina, y fueron adoptados por 20 gobiernos en el año 2004 y constituyen el marco regional, para brindar protección a las personas víctimas de la migración forzada en la Región, ya que posee una definición de la protección más amplia:

“[omissis] considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada[10], la agresión extranjera[11], los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos[12] u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público[13]”.

La herencia reconocida en las Declaraciones de Cartagena, Pacto de San José y Plan de Acción de México no son meros discursos de buena voluntad, antes bien, reflejan la voluntad de hacer un debido balance entre los legítimos intereses del Estado en materia de seguridad y las necesidades humanitarias de las personas que requieren protección, mediante una aplicación integral y convergente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de Refugiados, a fin de fortalecer la protección de los refugiados y otras personas que también requieren protección. Es así que es necesario que los Estados permitan el reconocimiento de los perfiles y necesidades de protección de los refugiados con ocasión de las distintas conflictividades derivadas de las dinámicas de violencia y a las que se enfrentan las víctimas civiles.

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Por tanto, la protección debe brindarse y ampliarse a quienes huyen de la guerra y las violencias generalizadas presentes en la región. La hospitalidad de las comunidades de acogida, es la garantía para iniciar desde ya, procesos de reconciliación y de búsqueda de soluciones duraderas para miles de personas en Latinoamérica[14]”. En este sentido, hay que considerar que las dinámicas que generan actualmente la huida o movilidad forzada de personas con necesidad de protección internacional (PNPI), provenientes de diversos países, hacia los países fronterizos, requieren la revisión de nuevos enfoques y alternativas que permitan una protección efectiva. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos criterios supone la voluntad política de los Estados y la cooperación internacional para la profundización de respuestas adecuadas a las realidades actuales que generan la movilidad forzada en la región.

Tras lo anterior nos surgen varias inquietudes que debemos intentar abordar para nuestro acompañamiento a la población refugiada, solicitante, PNPI y desplazada, y en donde cobra especial sentido el concepto de “Refugiado de Facto”, tanto para la atención de estos nuevos flujos de personas como para su protección.

La realidad del mundo y en específico de América Latina requiere una atención más cuidadosa si deseamos realmente hacer de este mundo un lugar donde todos podamos habitarlo de igual manera y no donde la paz sea privilegio de algunas personas o países.

La crisis humanitaria de hoy no es solamente producto de guerras o desastres naturales, sino también consecuencia de una violencia estructural en el continente y donde se evidencia una falta de voluntades de gobiernos y de la comunidad internacional. Es una realidad en la que las nuevas violencias que siguen causando refugiados de facto, tienen su origen, en muchos casos, en intereses particulares o privados especialmente de carácter económico que supera la capacidad de la normativa internacional de atención para población refugiada. De este modo, si continuamos generando desigualdad y desamparo a la población mundial vulnerable, seguiremos cosechando desigualdad, violencia y muertes. Quizás el primer paso, entonces, será reconocer los derechos de los refugiados de facto para no invisibilizar ante todo su dignidad como personas.

“Servir significa acoger con atención a la persona que llega; significa inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, Sin cálculos, sin temor, con ternura y comprensión”.
Papa Francisco

Notas

  • [1] ACNUR. “Tendencias Globales sobre refugiados y otras personas de interés del ACNUR. Disponible en: http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/.?* [2] Alfa y Omega. “Refugiados de hecho”. Disponible en: http://www.alfayomega.es/41373/refugiados-de-hecho. Visitado el 7 de Febrero de 2016.
  • [3] Valcárcel, Amaya. JRS. “La convención Onu para los refugiados: ¿sigue siendo válida?”. Disponible en: http://www.jrsap.org/prayers_detail?TN=DTN-20110506073631&L=3. Sitio visitado el 6 de Febrero de 2016.
  • [4] Alfa y Omega. Op cit.?* [5] Valcárcel, Amaya. Op. Cit.
  • [6] Notimerica. “La tasa de homicidios en América Latina cuatriplica la media mundial”. Disponible en: http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-tasa-homicidios-america-latina-cuatriplica-media-mundial- 20141210220059.html
  • [7] Excelsior. “América Latina, la más violenta”. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/global/2014/04/11/953542
  • [8] Infobae. “Argentina, Venezuela y Bolivia, los países con mayor riesgo de conflicto en 2014” Disponible en :http://www.infobae.com/2013/12/28/1533703-argentina-venezuela-y-bolivia-los-paises-mayor-riesgo-conflicto-2014
  • [9] Valcárcel, Op. Cit.?* [10] “se refiere a conflictos armados según lo define el derecho internacional, sea que se trate de un conflicto internacional o no internacional. Para que la violencia sea generalizada debe ser continua, general y sostenida”. Roldán León, J. (2011). El Registro Ampliado de Refugiados en la Frontera Norte del Ecuador: Un proyecto pionero en la protección internacional de refugiados en la región. En ACNUR y OACDH, La protección internacional de los refugiados en las Américas. Quito, p. 80.
  • [11] “La Asamblea General de las Naciones Unidas ha definido este concepto incluyendo en su definición el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, de acuerdo con dicha definición”. Ídem.?* [12] “Se considera cumplido este elemento cuando se producen violaciones en gran escala que afectan a los derechos humanos y a las libertades fundamentales con- sagradas en la Declaración Universal de derechos humanos y otros instrumentos relevantes. En particular, pueden considerarse como violaciones masivas de derechos humanos, la negación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en una forma grave y sistemática”. Ídem.
  • [13] “Este concepto incluye disturbios y tensiones internas, tales como motines, actos de violencia aislados y esporádicos y otros actos de naturaleza similar siempre que perturben seriamente el orden público”. Ídem.
  • [14] MIRADA REGIONAL: “Migrantes forzados: límites en la protección, esperanza en la paz y espejismo del postconflicto”, Volumen 0, 2013. Disponible en: https://www.sjrlac.org/assets/Publications/File/MiradaRegional2013.pdf

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