Acompañar y defender los derechos de las personas desplazadas y refugiadas en el Congo

The Social Tech Times, diario del proyecto “Tecnología libre de conflicto” de ALBOAN, ONGD promovida por los jesuitas, hace un balance de la situación de violencia en el Congo e informa sobre las acciones emprendidas por del Servicio Jesuita a Refugiados en este contexto. Asimismo, reporta un posible avance hacia la resolución del conflicto: la firma de una regulación obligatoria que garantice el origen ético y justa de los minerales de exportación.

El conflicto que asola el este del Congo por los ‘minerales de sangre’ ha obligado a más de dos millones de personas a abandonar su hogar.

El este de la República Democrática del Congo se encuentra sumergido en una crisis humanitaria, social, política y económica que no hace más que aumentar año tras año y que cuenta con la implicación de un gran número de grupos militares y rebeldes armados locales y regionales que luchan por controlar los recursos naturales y minerales de la zona.

En este contexto de inseguridad e inestabilidad, las poblaciones de la provincia de Kivu Norte, en el este del Congo, no hacen otra cosa que desplazarse huyendo de la violencia. En septiembre de 2013, se estimaba que más de 2 millones de personas habían abandonado sus casas. Muchas de ellas sobreviven en asentamientos espontáneos desprovistas de ayuda humanitaria al carecer del reconocimiento y el apoyo oficial de las agencias de Naciones Unidas.

Estas personas desplazadas atraviesan situaciones precarias y extremadamente difíciles: carencias alimenticias, falta de ingresos económicos, falta de acceso a la educación, traumas psicológicos relacionados con los múltiples desplazamientos y la violencia sufrida y dificultad para construir una vida en condiciones de seguridad, entre otras.

ALBOAN, la ONG de los Jesuitas en Euskadi y Navarra, apoya la intervención del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Goma, la capital de Kivu Norte, tratando de responder a estas necesidades. Para ello atiende a cerca de 156.000 personas en siete campamentos.

En estos emplazamientos el JRS ofrece a la población desplazada servicios diversos. Ayuda alimentaria y materiales de emergencia como mantas y lonas para las chozas. También se encarga de la educación en los campamentos equipando escuelas de secundaria para el alumnado desplazado, llevando a cabo actividades de sensibilización entre los padres y madres para que envíen a los menores a clase y formando al profesorado. Otro servicio a destacar es el apoyo psicosocial a las personas que han sufrido los traumas por la violencia y el desplazamiento. Especialmente relevante es la atención psicológica a las mujeres violadas.

Por último el JRS promociona la alfabetización, el aprendizaje de oficios y la distribución de herramientas de trabajo, para ayudarles a encontrar un empleo y garantizar una fuente de ingresos estable en el tiempo.

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La sociedad civil demanda una normativa europea que garantice que el comercio de minerales no alimenta conflictos

El Parlamento europeo votó hace unos meses a favor de una regulación que garantice el abastecimiento responsable de minerales provenientes de zonas en conflicto armado. Esta decisión afectaría a las 880.000 empresas de la UE que utilizan los llamados ‘minerales en conflicto’ en la producción de bienes de consumo, productos tecnológicos en su mayoría, que a partir de ahora tendrían que informar sobre su procedencia.

Con esta normativa, la UE persigue frenar el comercio ilegal de minerales que contribuyen a la financiación de los grupos armados y a la extensión en el tiempo de los conflictos. Esta votación representa una gran victoria para las organizaciones de la sociedad civil que han logrado que la mayoría de los y las europarlamentarias hayan puesto la protección de los derechos humanos por encima de los intereses económicos de ciertos grupos.

Tras el esperanzador resultado de las votaciones, las negociaciones han pasado al grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea, donde están representados los diferentes Estados Miembro. Desafortunadamente, el posicionamiento del Consejo ha supuesto un paso atrás respecto a las exigencias que han de cumplir las empresas para ser consideradas «responsables» y el número de compañías que se verían afectadas.

En los últimos meses las negociaciones han entrado en su recta final. Recientemente se ha iniciado el dialogo a tres bandas entre las tres instancias con poder decisorio sobre la futura legislación: la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Antes de que termine el año está previsto que lleguen a un acuerdo sobre el texto final de la ley.

Desde la coalición de ONG europeas, de la que ALBOAN forma parte, se pide a los gobiernos que reconsideren su postura y retomen el liderazgo en esta materia. Se solicita que apoyen una regulación obligatoria, en sintonía con los estándares marcados por la OCDE para todas las empresas que participan en la cadena de suministro de los minerales cubiertos por la ley.

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Flickr: Steve Evans. Licencia Creative Commons.

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