América Latina, lejos del objetivo de Igualdad de Género

Los países de la región deben eliminar la violencia contra la mujer, garantizar el acceso a salud sexual y velar por la participación de las mujeres en política en los próximos 13 años.

Bolivia es el país mejor rankeado: 53% de mujeres en el legislativo nacional. Siguen México (42%), Argentina (39%), Costa Rica (35%) y El Salvador (32%). En el último lugar de la lista está el país que muestra el punto de contradicción: Panamá, con el 8.5% de participación femenina, es uno de los pocos de la región que no ha logrado hacer funcionar las leyes de cupo ni ha aprobado la paridad en la Asamblea. Es, también, donde las mujeres cuentan con menos herramientas legales para acceder a salud sexual o defenderse en el caso de que sean víctimas de violencia.

En la semana del Día Internacional de la Mujer, un grupo de 14 mujeres periodistas de América Latina indagó la composición de los Congresos para ver si hoy la participación está garantizada, qué nivel de representación tienen las mujeres y cómo repercute su presencia en la sanción de leyes indispensables para cumplir con los compromisos adquiridos por los países para garantizar la Igualdad de Género y eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Nos preguntamos, en fin, si los países de Latinoamérica emprendieron o están pensando mecanismos que fortalezcan las democracias y garanticen los derechos humanos.

De 17 países analizados, 14 respondieron al principio de igualdad en el derecho político y electoral en los legislativos y sancionaron leyes de cuotas o paridad. Desde la década de los ´90, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay obligan a los partidos políticos a incorporar desde el 20 al 50 por ciento de mujeres en las listas. Por este tipo de iniciativas, en América Latina y el Caribe Hispánico la representación parlamentaria de las mujeres varió de un 9,1% en 1990 a 27,7% en 2015.

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Representación política de la mujer en América Latina

Otros no. Guatemala, Venezuela y Panamá no han sancionado ninguna norma en este sentido.

En Panamá no hay ley de paridad, en parte, por esa idea de meritocracia algo salvaje y engañosa que sentencia: si trabajas duro, tú deberías poder. Si no lo consigues, es tu responsabilidad. Una idea que olvida por completo que para poder, se necesita saber. Y para saber, se necesita acceder. Y para acceder, se necesitan derechos.

“Las leyes de paridad resaltan con claridad que la inclusión en la democracia representativa cambia la calidad del poder con la posibilidad real de incorporación de quienes no estaban y son parte fundamental, incluso mayoritaria, de la sociedad”, dice la abogada y polítóloga paraguaya Line Bareiro. Y agrega: “Las mujeres y los hombres deben estar reflejados en el mosaico del poder como espejo de la estructura y composición de la sociedad, para construir la democracia paritaria e intercultural. Porque la democracia sin materialidad de derechos de todas las personas no es democracia”.

¿Y cómo repercute la composición del poder en la sanción de leyes que garanticen esa inclusión por la igualdad?

En Panamá, que es el país con menor representatividad de mujeres en la Asamblea (8,5%), mucho: de los 70 proyectos que presentaron las diputadas, sólo tres incluyen temas vinculados a la igualdad de género. Otro de los más bajos es Perú, con un 28% de representación femenina. Allí sólo 12 de los 194 proyectos de las legisladoras tienen que ver con género. Perú no tiene ley de salud sexual. Panamá tampoco. La de violencia, en los hechos, no se cumple: la ley se sancionó en 2013 pero aún espera reglamentación.

A nivel mundial, América Latina y el Caribe Hispánico tienen una de los mayores índices de participación política de mujeres (27%). Pero también puntea en rankings escandalosos: es el lugar con mayor femicidios y mayor desigualdad social del mundo. Esta es la región donde más mujeres mueren por el hecho de ser mujeres.

¿Qué se hace en los Congresos para eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado?

El femicidio está tipificado en 12 de los 17 países analizados. No lo establecieron Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Todos, los 17, sancionaron algún tipo de norma contra la violencia de género. Aún así, las cifras son un mazazo: 12 latinoamericanas son asesinadas cada día, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Y eso es sólo lo registrado. En muchos casos, como lo demostró esta investigación de Connectas y Mexicanos contra la Corrupción en México, no se juzgan como femicidios ni la mitad.

“Nuestros países deberían revisar muy bien cómo reaccionan frente a los crímenes contra las mujeres por ser mujer, como la violación, la violación en el matrimonio”, dijo la prestigiosa jurista chilena Cecilia Medina Quiroga, quien fue presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el momento del histórico fallo que condenó al Estado mexicano por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Medina cree que es “muy difícil” que los miembros de los Poderes Judiciales puedan identificar todavía algunas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, porque, en resumen, todo depende del color del cristal con que se mira y el patriarcado pesa en la forma en que se interpretan los hechos.

Países donde existen leyes de género

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Esto sucede pese a los incontables compromisos asumidos por América Latina para cambiar estas realidades. El 25 de septiembre de 2015, 192 países se comprometieron a cumplir un plan de acción “a favor de las personas, el planeta y la prosperidad” para el año 2030. Ese plan de 17 objetivos conocido como la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, es un programa para transformar el mundo, y resalta en el quinto lugar: “lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

O sea: de aquí a 13 años, la región debe poner fin a “todas las formas de discriminación” y eliminar “todas las formas de violencia contra las mujeres”. Deben también “velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública”, como reza una de las metas de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).

Otra meta a alcanzar en 2030 es la de “reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país”.

Esa meta parece imposible a la luz de los datos actuales, si no se implementaran cambios inmediatos. A modo de ejemplo, el trabajo de ama de casa no es reconocido en ningún país. Argentina les otorgó en 1997 la posibilidad de jubilación, con una ley que se modificó en 2004 para ampliar el universo de mujeres que accedieran al beneficio.

La promoción de la responsabilidad compartida en el hogar es otra gran deuda. Más allá de los factores culturales y la división sexual del trabajo -y de la interminable lista de posibles medidas para revertirlo-, los Estados ni siquiera consideran la licencia por paternidad por al menos 15 días en 13 de 17 países analizados.

Representación de mujeres por país

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El acceso universal a la salud sexual y reproductiva parece ser un derecho fuera de organigrama: diez países no sancionaron ninguna ley que cumpla los acuerdos del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo ni la Plataforma de Acción de Beijing.

Finalmente, aunque la participación de las mujeres crezca, aún falta. Si bien en las listas de candidatos se cumple con el porcentaje establecido por los cupos, una vez pasadas las elecciones la representatividad de las mujeres en los Congresos siempre se reduce. En República Dominicana, por ejemplo, las mujeres ocupaban el 39,5% de la lista y en la Asamblea representan el 22%. En Guatemala pasaron del 32% al 18%. En Perú la variación fue de 12%: las mujeres eran el 40% en las litas y son el 28% en el recinto; mientras que los hombres subieron de 60% de candidatos a 72% como legisladores.

Y un punto aparte son los gabinetes nacionales, gobernaciones y alcaldías. Pero esa es otra historia.

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