Conflictos por la tierra en Santiago del Estero

El noroeste santiagueño se encuentra en peligro de desmonte y de desalojo de comunidades campesinas. Son grandes emprendimientos agrícolas los que en las últimas décadas vienen avanzando a modo de pinzas, tanto desde el límite con Salta como desde el sureste de Santiago. A pocos kilómetros de donde se produjo el asesinato de Cristian Ferreyra, campesinas y campesinos continúan la lucha en defensa de sus territorios.

En 2007 los empresarios Iván Gándara y Luis María Méndez Ezcurra compraron tres lotes que suman 17.800 hectáreas en el noroeste de Santiago del Estero bajo la firma Sacha Rupaska S.A. Uno de los lotes, denominado Piruaj Bajo, fue subdividido y la parte que coincide con la zona en la que se asientan aproximadamente 80 familias, vendida al empresario tucumano Cesar Pablo Esteban Bellati. Integrantes de las comunidades declaran que ésta fue una estrategia de los empresarios para que el reclamo de la comunidad se focalice solo sobre estas tres mil hectáreas y no sobre la superficie total del lote, del que las familias vienen haciendo uso por generaciones.

En 2008 los pobladores realizaron una denuncia por usurpación en el juzgado provincial de Monte Quemado. En el año 2010, el empresario Bellati inició un juicio contra la población de Piruaj Bajo en el juzgado federal. Durante ese periodo en el cual se mantuvo abierta una negociación, los empresarios incumplieron el acuerdo de interrumpir el trabajo con las topadoras hasta tanto se llegara a una resolución; y se realizó lo que en la zona es recordado como una gran pueblada que logró expulsar a los empresarios.

De este hecho, que se señala como uno de los de mayor intensidad en la zona, participaron diferentes organizaciones campesinas como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE?), la Organización Campesina de Copo Alberdi y Pellegrini (OCCAP) y la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPPSAN).

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Sin embargo, luego de un tiempo, cuando el clima social ya se había calmado los empresarios de Sacha Rupaska S.A regresaron, contrataron a algunas personas del lugar, construyeron viviendas con alambrado, pozo surgente e instalaciones para el trabajo con ganado, dificultando así el juicio de usucapión que pudieran realizar las comunidades de Vilmer, Huiñaj Pozo y Piruaj Bajo sobre sus territorios.

En este sentido, pobladores con los Notas conversó aseguran que la empresa ha implementado esto como una nueva estrategia: “Llegan más silenciosamente, ganan derechos sobre el territorio con actos posesorios y van comprando nuestra voluntad cuando ofrecen algunos trabajos”; “quieren provocar la desunión entre nosotros, algunos creen que van a ofrecer trabajo a todos, pero eso en otras zonas de Santiago no ha pasado, ahora los empresarios se muestran como buenos”.

Integrantes de la Parroquia de San José de Boquerón apuntaron: “Empezamos a ver que los pobladores estaban siendo engañados, y que sus formas de defensa mas territoriales son muy útiles para determinadas ocasiones, pero ahora se estaban necesitando otros métodos y otras herramientas, entonces decidimos retomar el tema y vimos que entre los campesinos había mucha preocupación a pesar de la aparente calma de los últimos años”.

En agosto de 2015 se comenzaron a organizar nuevamente y entre las diversas actividades que realizaron los curas jesuitas en conjunto con las comunidades, se pueden enumerar reuniones con los pobladores de las comunidades más afectadas, talleres con el Comité de Emergencia de Tierras de la provincia y encuentros con el fiscal general, Gustavo Gómez.

El primer encuentro taller con el fiscal se realizó el 28 y 29 de noviembre de 2015, posteriormente se efectuó un operativo en la zona con presencia de agentes policiales de varios pueblos cercanos debido a que Cesar Decilia (administrador de la empresa Sacha Rupaska S.A.), se comunicó con el jefe de policía de Santiago, alertando sobre una supuesta toma de tierras que realizarían algunas de las comunidades e integrantes de la Parroquia.

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Un segundo taller se realizó el fin de semana del 9 y 10 de abril de 2016 donde Notas estuvo presente. Allí los pobladores analizaron las diferentes estrategias para continuar avanzando con el reclamo a nivel judicial y manifestaron la limitación de no contar con más abogados comprometidos que estén dispuestos a enfrentar el sistema administrativo de la justicia para obtener respuestas satisfactorias.

El fiscal indicó que los talleres son abiertos para integrantes de las comunidades y que tienen el objetivo de que todos los pobladores tengan un conocimiento pleno de sus derechos y de las herramientas con las que pueden contar en la justicia.

Ante lo que parece ser un conflicto con final abierto, desde las comunidades manifiestan que continuarán organizándose y reclamando por su derecho sobre el territorio ocupado por la empresa Sacha Rupaska S.A.

Debido a los sistemáticos desmontes y desalojo de comunidades que empresarios vienen haciendo sobre territorios del norte argentino, se puede afirmar que el triunfo por parte de las comunidades también implicará un freno al desmedido avance de la frontera agrícola que viene presionando a esta zona de la provincia de Santiago del Estero, zona en la que todavía habitan numerosas familias campesinas conservando los montes nativos.

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