Decreto del Arco Minero del Orinoco suspende garantías constitucionales en 12,2% del territorio venezolano

El pasado 24 de febrero apareció publicado, en la Gaceta Oficial 40.855, el decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional. En opinión de Provea el AMO no sólo incumple requisitos establecidos en la Carta Magna para promover proyectos extractivos de tal envergadura, sino que además contraviene los estándares y pactos internacionales de derechos humanos suscritos por la República, violando así diferentes garantías constitucionales.

Caracas 09.03.16.- Según el decreto, el AMO busca la extracción y comercialización, por parte del capital nacional, trasnacional o mixto, de los minerales de bauxita, coltan, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en toda la margen sur del rio Orinoco. El AMO tiene su fundamento en el denominado Plan de la Patria que, en su primer objetivo, establece la ampliación de la frontera extractiva minera del país y la profundización del modelo extractivo de desarrollo. Asimismo en el decreto 1.425, “Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria”, que establece la creación de las llamadas “Zonas Económicas Especiales” cuyo objetivo es la atracción de capitales extranjeros mediante la creación de las llamadas “ventajas comparativas”, como exenciones tributarias y flexibilización de la normativa laboral en estas extensiones territoriales.

La decisión de crear el AMO se formaliza incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas (artículo 129) así como consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas (artículo 120, Convenio 169 de la OIT). Según el Censo del año 2011 en el estado Bolívar habitan 54.686 personas indígenas, mientras que como registró el mapa editado en el 2010 por el Ministerio de Pueblos Indígenas, dentro del territorio decretado como AMO habitarían los pueblos Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, cuyo modo de vida sería afectado por la actividad minera.

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Además de ignorar los requisitos establecidos por la Carta Magna para la realización de un proyecto de esa envergadura, el decreto del AMO lesiona diferentes garantías en materia de derechos humanos. El artículo 25 elimina tanto los principios de universalidad y progresividad como los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión al establecer que los intereses de Estado, en maximizar la producción minera en la zona, se encontrarían por encima de los derechos de los particulares: “Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”. Este artículo también establece nociones que pueden interpretarse como la proscripción del derecho a la manifestación pacífica -“los sujetos que ejecuten o promuevan  actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas (…) serán sancionados-” y el derecho a la huelga –“los organismos de seguridad de Estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades”.

Prohibir y penalizar el ejercicio de los derechos a la reunión, manifestación pacífica y a la huelga, es contrario a lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Libertad Sindical y a los artículos 53, 68 y 97 de la Carta Magna. La restricción de garantías constitucionales sólo puede hacerse de forma temporal, mediante la declaratoria de estado de excepción por parte del Presidente en Consejo de Ministros, decreto que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia.

Provea también resalta que dentro del conjunto de medidas económicas anunciadas para enfrentar la crisis, el presidente Maduro anunció una reforma fiscal para elevar los niveles de recaudación. Sin embargo, mientras las y los trabajadores deben asumir una mayor carga impositiva, el decreto del AMO, en su artículo 21, establece la otorgación de “exoneraciones totales o parciales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, aplicables, exclusivamente a las actividades conexas a la actividad minera”, una medida discriminatoria y que contribuye a la pérdida de poder adquisitivo del salario de la clase trabajadora.

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Por otra parte ante los graves hechos ocurridos en la población de Tumeremo, estado Bolívar, el presidente Maduro anunció la “creación de una Zona Militar Especial para proteger a los municipios mineros de ataques violentos”. Según el artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.

Finalmente, Provea recuerda que el Defensor del Pueblo tiene la obligación constitucional (artículos 280 y 281) de ejercer acciones legales ante la evidente inconstitucionalidad del decreto del AMO, tanto por el incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para iniciar proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales en territorios indígenas, como por la expresa violación de garantías y libertades democráticas, presentes en esta nueva iniciativa extractivista que, vale decir, desdice el discurso gubernamental sobre la superación de la economía rentista en Venezuela.

  • Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

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Comunicado de Prensa

Organizaciones Indígenas de Amazonas solicitan al Presidente Nicolás Maduro tomar medidas contra la minería ilegal en la región

Las organizaciones indígenas del Estado Amazonas agrupadas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM), han solicitado al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, mediante comunicación escrita de fecha 04 de abril de 2016, adoptar medidas urgentes frente al grave y creciente problema de la minería ilegal en la Amazonía venezolana.

Las organizaciones señalan en su escrito que: “Estamos profundamente preocupados debido a la creciente ACTIVIDAD MINERA ILEGAL (minería de oro) en varias zonas del Estado Amazonas, la cual afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas de la región.

Durante los últimos años (2014 – 2015 – 2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en los cauces de numerosos ríos y zonas de selva alta, incluyendo la utilización de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que utilizan métodos de dragado de las aguas delos ríos para la extracción de oro. El resultado de esta actividad ilegal ha sido una evidente destrucción ambiental en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo - Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare - Ventuari, Parucito - Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros; contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y las capitales de Municipios. En las áreas afectadas se observan impactos ambientales como deforestación de grandes cantidades de selva tropical, desviación del curso de las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos. De esta situación hay numerosos informes y numerosa documentación en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía del Estado Amazonas.”

Las organizaciones destacan que la actividad minera ilegal en todo el Estado Amazonas va acompañada de otras muchas ilegalidades, tales como el contrabando de productos nacionales, el tráfico de combustible, la prostitución, la delincuencia organizada, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas sobretodo de Colombia y Brasil, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley. Todas estas actividades ilegales y en concreto la minería ilegal son hechos públicos ampliamente conocidos y difundidos por las comunidades y los medios de comunicación.

Las organizaciones señalan que esta situación la han presentado en varias oportunidades en mesas de diálogo con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de la Defensa, CECODENA, el Ministerio para los Pueblos Indígenas, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, y las Comisiones de Defensa y Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional. También les preocupa que mientras el problema aumenta y se detectan nuevos focos mineros ilegales en toda la región, en muchos casos las autoridades del Estado venezolano no han logrado controlar efectivamente el problema de la actividad minera ilegal que afecta a nuestros pueblos y comunidades y a la población en general.

Es importante resaltar que en el Estado Amazonas hay numerosas ÁREAS PROTEGIDAS, como los Parques Nacionales YAPACANA, Parima Tapirapecó, Duida Marawaka, La Neblina; la Reserva de Biósfera Alto Orinoco Casiquiare; Zonas Protectoras, Reservas Forestales y Monumentos Naturales; y existe el Decreto Presidencial N° 269 del año 1989, que prohíbe la minería en todo el territorio de Amazonas.

En la solicitud se destaca que “Debido a la alta fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, y que en su mayoría nuestros hábitats y tierras no han sido demarcados como reconoce el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; ratificamos que la vocación natural del Estado Amazonas deberá ser de preservación de recursos hídricos para el futuro del país, conservación de la diversidad biológica, y realización de actividades económicas sostenibles en la Amazonía (agroforestería, artesanía, silvicultura, agricultura cónsona con el ambiente -cacao orgánico-, pesca artesanal, ganadería bufalina no extensiva, apicultura y ecoturismo. Creemos que también se pueden promover fuentes alternativas de energía como la energía solar e hidroeléctrica a menor escala previo estudio de impacto ambiental.”

Las organizaciones indígenas insisten “Queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional para que se tomen medidas efectivas que protejan la Amazonía venezolana de estos fuertes impactos ambientales y socioculturales. En este sentido, al expresar nuestra preocupación por la implementación del llamado Arco Minero del Orinoco, reconocemos como positivo que se haya excluido al Estado Amazonas de las actividades propias de esta política del Estado venezolano.”

Finalmente las organizaciones manifiestan la necesidad de sentarse con el Gobierno Nacional para dialogar sobre estos problemas, especialmente con la Presidencia de la República, a los efectos de que desde el Gobierno Nacional, se puedan coordinar acciones efectivas y medidas concretas que permitan controlar y erradicar la minería ilegal en Amazonas.

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