Dinámicas fronterizas Ecuador - Colombia: Una mirada a la migración

La frontera colombo – ecuatoriana es un lugar donde persiste un flujo crítico de personas que migran forzadamente buscando protección, inclusión y acceso a garantías de Derechos, que en su lugar de origen no fueron encontrados. La presencia de grupos armados ilegales, la corrupción en las instituciones, la cooptación de asociaciones ilícitas en frontera, y una creciente debilidad institucional, son factores que impiden o dificultan el acceso a Derechos y servicios básicos de la población migrante forzada, lo cual genera zonas de exclusión social y procesos de revictimización, ya que las fronteras son territorios en constante disputa por los actores armados legales e ilegales y asociaciones ilicitas.

Hacia el Ecuador continúa cada día el paso de colombianos, que han sido invisibilizados a través del tiempo. En la zona de frontera hay un desconocimiento generalizado de los marcos normativos internacionales que protegen y garantizan el “Derecho a migrar” de parte de las instituciones competentes en los temas relacionados con la migración forzada, y también, de las obligaciones que los Estados tienen con la población que ingresa a los nuevos territorios. Esto conlleva demoras en las respuestas institucionales, las cuales en muchos casos no son adecuadas ni pertinentes de acuerdo con las necesidades de la población. Así mismo, se invisibiliza cada vez más el tema migratorio al no estar en las agendas públicas, pues los Estados asumen la migración como un tema de seguridad y soberanía más no humanitario.

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Chiles, en la frontera de Colombia con Ecuador. Flickr: Galo Naranjo. Licencia Creative Commons

En este sentido, los flujos de migrantes forzados a través de los años indican que la gran mayoría de las personas con necesidad de protección (PNPI), que provienen de zonas rurales y semi- rurales de la zona fronteriza de Colombia buscan asentarse en la zona fronteriza ecuatoriana rural y semi-rural, respectivamente. De igual manera, la mayoría de las personas que han huido de zonas urbanas, de grandes ciudades, buscan ciudades como Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo y otras ciudades importantes del Ecuador. Las tendencias de estos flujos de PNPI hacia la frontera, están caracterizadas por la proximidad geográfica, entre lugares donde históricamente se han dado relaciones de parentesco, familiares o contactos binacionales en Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, que les permiten tener procesos de integración más amigables1, con más facilidades para el acceso a medios de subsistencia, redes de apoyo y vivienda.

No obstante, la violencia se intensifica en los espacios urbanos de la frontera, donde se evidencia fuertes carencias institucionales, económicas y sociales, de lado y lado, las cuales obstaculizan una satisfacción efectiva de los derechos de las personas que se ven obligadas a desplazarse o a buscar refugio. En esta línea, existe presencia de actores armados, bandas criminales y dinámicas ilegales, que no sólo están afectando a la población migrante forzada, sino también a las comunidades locales, en especial, niños, niñas y jóvenes que al estar en riesgo en este contexto, entran y salen de actividades asociadas a la violencia y la criminalidad como consecuencia de la ausencia de posibilidades del aprovechamiento del tiempo libre y de un empleo digno2.

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Tucán, Ecuador. Flickr: Galo Naranjo. Licencia Creative Commons

Es aquí donde se hace necesario pensar los nuevos retos de protección desde una perspectiva multidimensional de la movilidad humana que incluya consideraciones tanto de los actores que operan de manera similar en los contextos de expulsión y recepción, como de las causas complementarias de violencia generalizada y de la necesidad de generación de ingresos que llevan a las personas a desplazarse.

“… el proceso de superación del Conflicto Armado colombiano y sus efectos... tomará por lo menos una década e implicará la colaboración de los diversos sectores de las sociedades en la región. La protección que se siga brindando a quienes huyen de la guerra es muy importante y debe continuar ampliándose. La hospitalidad de las comunidades de acogida, es la garantía para iniciar desde ya, procesos de reconciliación y de búsqueda de soluciones duraderas para miles de personas en la región”3. En esta línea, hay que considerar que las dinámicas que generan actualmente la huida o movilidad forzada de personas con necesidad de protección internacional (PNPI), provenientes de Colombia hacia los países fronterizos, requieren la revisión de nuevos enfoques y alternativas que permitan una protección efectiva.

La herencia reconocida en las Declaraciones de Cartagena, San José, México y Brasilia no son meros discursos de buena voluntad, antes bien, reflejan la voluntad de hacer un debido balance entre los legítimos intereses del Estado en materia de seguridad y las necesidades humanitarias de las personas que requieren protección, mediante una aplicación integral y convergente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados, con miras a fortalecer la protección de los refugiados y otras personas que también requieren protección. En tal sentido, es necesario insistir en el reconocimiento de los perfiles y necesidades de protección de los refugiados con ocasión del conflicto armado colombiano en el que se derivan dinámicas de violencia y persecución a las víctimas.

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Iiales, Colombia y Tucán, Ecuador. Flickr: Galo Naranjo. Licencia Creative Commons

Dada estas situaciones, como Servicio Jesuita a Refugiados recomendamos:

  • Para la protección integral de las personas que migran forzadamente, se debe adoptar medidas efectivas para asegurar y respetar el derecho subjetivo de los refugiados de buscar y recibir refugio. Para ello, es necesario revisar las bases legales restrictivas de interpretación para la elegibilidad, ajustando las mismas a una evaluación de los grupos en riesgos, dinámicas y tendencias de violencia y persecución que generan la huida actualmente en la región.
  • Atender las causas de la migración forzada en la región, especialmente las provenientes del conflicto armado colombiano, mediante el desarrollo de políticas y soluciones pragmáticas, que sean coherentes, viables y respetuosas de los principios y normas de la protección internacional y así brindar protección efectiva a quienes la requieren. Recomendamos mantener los programas de ciudades y fronteras solidarias; así como desarrollar nuevas estrategias y planes regionales de registro, atención humanitaria y jurídica que permitan visibilizar a las PNPI.
  • Buscar mecanismos en todos los países de acogida de personas colombianas expulsadas por la violencia, para que, sin afectarse sus derechos como refugiados, puedan acceder a los derechos de verdad, justicia y reparación.
  • Mejorar los sistemas de acceso a los órganos administrativos revisores de las solicitudes, mediante la operatividad de éstos en zonas fronterizas, garantizando mayores posibilidades de accesibilidad y celeridad, como principios básicos de estudio de las solicitudes.
  • Que los Estados mantengan abierta la posibilidad de participación e intervención en consultas regionales junto a la sociedad civil, organizaciones internacionales, la academia y órganos de protección de derechos humanos que permitan encontrar nuevas alternativas ante las dinámicas de violencia y violaciones a derecho que causan migraciones forzadas en la región.
  • Diseñar protocolos o rutas de atención binacional para retornos, reubicaciones y deportaciones.
  • Mayor atención al tema de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la frontera colombo - ecuatoriana.
  • Para abordar y comprender el fenómeno de la trata y tráfico de personas, el SJR debe entrar a participar de los Comités Municipales para la trata, habilitados desde el 2013 en Nariño. La Trata de Personas es una grave violación a los derechos humanos. En América latina, y especialmente en Colombia, esta problemática está fuertemente ligada a las limitaciones impuestas por los Estados al derecho de migrar. Además, las condiciones económicas precarias en el país ponen a las personas en mayor condición de vulnerabilidad ante la Trata.
  • Realizar un seguimiento adecuado a las sentencias que modifican el decreto 1182.

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Ibarra, Ecuador. Flickr: Galo Naranjo. Licencia Creative Commons?

Mayor información?Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y El caribe. Resumen ejecutivo: /Informe dinámicas fronterizas Ecuador – Colombia: una mirada a la migración//. Febrero, 2016

Notas

  • 1 Información referida por Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, ACNUR, Consejo Noruego para Refugiados, 2012.?* 2 Ver Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES. Continuidades de la desprotección. Consulta Electrónica.
  • 3 Ver MIRADA REGIONAL: “Migrantes forzados: límites en la protección, esperanza en la paz y espejismo del postconflicto”, Volumen 0, 2013.

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