FAVELA AMAZONIA - MAFIA: Mafias que controlan a los beneficiarios del Bolsa Familia y a los jubilados

El sistema que desvía dinero de las credenciales de asistencia social del gobierno incluye comerciantes y casas de lotería; práctica que remite al sistema esclavista de las caucherías. Continuamos publicando la IV parte del reportaje Favela Amazonia hecho para Estadao.

Maria Nascimento Rodrigues Canamari y Raimundo Canamari, una pareja de la aldea Bananeira, en Atalaia do Norte, en el estado de Amazonas, perdió hace dos meses a su hijo Rogério de un año de edad. “Murió de vomito, de diarrea” cuenta la madre. “Ellos (agentes de salud de la aldea) no cuidaron a mi hijo”, reclama. El niño, según el Ministerio de Salud, murió de desnutrición.

María recibe 154 reales por mes gracias al plan Bolsa Familia. Sin embargo, la credencial del programa se encuentra en manos del comerciante Luciano Rodrigues, quien la retiene por una supuesta deuda, que no para de crecer. El tiempo de las caucherías –cuando, a principios del siglo XX, indígenas y ribereños vivían en un sistema de esclavitud con deudas impagables- volvió al Alto Solimões.

Fuimos con la pareja a buscar a Luciano. Nuestra apariencia, no muy común en la región, debió haber hecho pensar al comerciante que éramos agentes del gobierno. María pide su credencial en lengua canamari. Luciano, que también es canamari responde algo sin quitar la vista de nosotros. Sin identificarme pregunto cuál es la deuda que tiene. Rodrigues responde que llega a “doscientos y algo”. Digo sencillamente que debe entregar la credencial de María. “Ella dejó la credencial empeñada aquí”, argumenta.

Se levanta de una silla, sale del comercio y vuelve minutos después con la credencial de María. Dice que también es indígena canamari y que trabajó como regatão (comerciante que navega por los ríos y arroyos cambiando productos industrializados por pieles de animales, peces secos y frutas de la selva). Pregunto si es verdad que tiene más de 60 credenciales. “Tengo más o menos ocho. La gente habla mucho” Insisto: “Pero cuántas credenciales del seguro social retiene usted?” “Tengo tres credenciales de jubilados”. “Y cuantos del Bolsa Familia?”, pregunto. “Tengo más o menos ocho del Bolsa Familia”.

Al preguntar si otros comerciantes retienen credenciales, Rodrigues responde “Mire, aquí es todo intercambio. Muchas personas de esas grandes tiendas también lo hacen”. También le pregunto si tiene complicaciones a la hora de reclamar los beneficios en la casa de lotería São Sebastião. “Solo se puede con documento. Muchos no pueden sacar. Solamente con la credencial no se puede sacar. Solo se puede con la clave”, aclara (él tiene las claves de las credenciales). Finalmente pregunto si Dênis Paiva, el dueño de la lotería, sabe de todo ese manejo. “A veces saco de allá. Solo con la clave.”

Buscamos a Paiva, pero había dejado la ciudad y no tenía fecha de regreso. Intentamos hacer contacto por teléfono, pero el comerciante no respondió las llamadas.

Acompañamos a Joana Matis, indígena, a hablar con Renikson Monteiro en otro comercio. Dijo que necesita saldar la deuda de su hermana, Jocelina Nascimento Matis, que vive en una aldea distante y que dejó la credencial con el comerciante. La deuda de ella llega a 540 reales, según Renikson. Joana le pide que al menos le deje ver el número, pues necesitaba vender artesanías. En realidad, necesitábamos una prueba de que Monteiro también actuaba en el sistema de retención de las credenciales. El hombre va hasta el piso de arriba de la construcción en donde funciona su comercio y vuelve con la credencial de Jocelina.

Después, bajamos hasta el centro comercial a orillas del río Javari con Pekompa Marubo, un jubilado de la aldea Boa Vista. En noviembre, dejó su credencial del seguro social al comerciante João Barbosa, João Alma de Gato, a cambio de comida y gasolina para volver a la aldea. Ahora en abril, Pekompa volvió a la ciudad para intentar recuperar la credencial. En el comercio de Alma de Gato, una empleada dice que no tiene la credencial. Para complicar la situación, otra mujer dijo que estábamos filmando. Ante nuestra insistencia para informar el total de la deuda, la vendedora saca del cajón un cuaderno con decenas de extractos bancarios de saldo y retiro de dinero. Uno de ellos es de la cuenta de Pekompa. Él estaría debiendo 800 reales. Un día después, Pekompa nos busca: dice que Alma de Gato le devolvió su credencial.

Como en la época de las caucherías.

Varney da Silva Tavares Kanamari, presidente de la Asociación de los Kanamaris del Valle del Javari (Akavaja), dice que hace tiempo que intenta convencer a los “parientes” de no entregar sus credenciales a los comerciantes. “El Bolsa Familia está trayendo mucho problema. El pariente deja la aldea y se viene a la ciudad. Compra fiado una vez y cuatro meses después el patrón (comerciante) dice que la deuda todavía no está paga. Entonces, el pariente queda por aquí, sin comida para los niños, que están enfermos”, afirma. “Yo digo, pariente, quédate cinco meses en la aldea, con cinco meses vuelves y haces la compra”.

Leonardo Gomes Kanamari, también representante de Akavaja y tesorero de esta entidad, dice que Luciano y otros comerciantes cobran hasta 180 reales por una caja de 25 balas para escopeta de caza, que cuesta en promedio 70 reales. “Doblan el precio de los productos, saben que cometen un crimen.”

En las primeras décadas del siglo pasado, indígenas y ribereños estaban en manos de los “patrones”: comerciantes o dueños de caucherías que mantenían un sistema esclavista. Ribereños e indígenas entregaban pieles de animales, peces secos y caucho para saldar deudas que nunca terminaban. Era común que los dueños de las caucherías cobraran por los alimentos precios que jamás podrían ser saldados con el trabajo forzado en la explotación del látex.

Es un crimen: afirma la ministra

Tereza Campello, de Desarrollo Social, reconoce que el Estado no debe desorganizar aldeas.

La práctica de los comerciantes de Atalaia del Norte de retener credenciales de los beneficiarios del Bolsa Familia indignó a la ministra de Desarrollo Social, Tereza Campello. Al ver los videos hechos por Estado, prometió accionar la Policía Federal. “No es simplemente que sea incorrecto. Es un crimen que cometen comerciantes y loteros cuando le quitan el derecho a las personas”, resalta. “ La policía necesita accionar algún tipo de medida. Yo no puedo enterarme de esa situación y no tomar cartas en el asunto. Solo hay una forma en la que podemos solucionar ese problema: recibiendo información como la de los comerciantes que retienen las credenciales, una realidad que ustedes mostraron”.

Al frente de un programa de inclusión social que atiende a 14 millones de familias y que logró éxito por todo Brasil, Tereza Campello señala que es preciso conocer realidades como la de los beneficiarios del Vale do Javari y otras áreas indígenas. “Una cosa es él (el indígena) tener derecho como brasilero y otra es nosotros, al llevar al Estado, estar desorganizando esas comunidades. Hay una línea muy tenue ahí”, afirma. “El Estado no debe llegar e imponer el Bolsa Familia de una vez, es necesario conversar”. “Todavía tenemos un largo camino por delante. Es un momento de aprendizaje”.

Actualmente 133.161 familias indígenas reciben en todo el país el Bolsa Familia. Los beneficiarios aumentaron un 28,42% desde 2011. Ella reconoce que la población indígena necesita una atención diferenciada. “Estamos lidiando con una situación delicada. Dependiendo de la acción del gobierno, se puede desestructurar una sociedad entera. Es diferente actuar con la población de la calle, por ejemplo, pues ya tenemos experiencia”. La ministra dice que pretende inquirir las asociaciones de casas de lotería para determinar su responsabilidad en el asunto. Aunque aclara que no es posible suspender la distribución del Bolsa Familia a través de las casas de lotería por el hecho de que el programa no tiene una red de atención al público.

En los últimos años, Tereza Campello ha realizado alteraciones en el registro único de los beneficiados del Bolsa Familia para incluir una variedad de cuestionamientos y entender públicos específicos atendidos por el programa, como indígenas, gitanos, comunidades afro, palenqueros y ribereños. “El registro único era una cosa homogénea. El Bolsa Familia logró llegar al país porque es algo simple. Pero hoy sabemos que necesitamos conocer más. Pasamos de tener suplementos para públicos diferenciados, a buscar informaciones diferenciadas”, afirma. “Eso nos ayudará a hacer política pública, que no puede ser igual para todo el mundo.”

La ministra decidió retirar del registro la exigencia de una dirección fija para poder incluir gitanos y otros pueblos nómadas en el subsidio. A su vez, lamenta que hay alcaldes que incluso han puesto obstáculos para registrar familias indígenas. “Las soluciones que las personas sugieren no han resuelto el asunto”. Aumentar el plazo para el retiro del beneficio tiene un efecto colateral. “Si un indígena va a sacar un gran monto de dinero por año, lo pueden robar. Y no se cumple la función de un programa regular de alimentación.”

Tereza Campello relató que técnicos del ministerio ya habían identificado algunos problemas vistos por este reportaje, como la retención de credenciales por los comerciantes, pero este asunto se topa con la falta de pruebas.

Aclara que el hecho de que una persona no tenga ingresos fijos por mes no significa que está en la línea de pobreza. Sin embargo, en el caso de la población indígena, el 40% de las familias están en extrema pobreza. “Son ciudadanos que tienen los mismos derechos que los demás brasileros. La meta ahora es saber llegar para garantizar derechos respetando las culturas”, dice. “Una distribución de la canasta básica con productos como azúcar, por ejemplo, puede significar un mal para las culturas indígenas. Ninguna solución es simple y no puede haber una solución pasteurizada. Las situaciones de un indígena en Espírito Santo y otro en el Amazonas son diferentes”.

Fuente: Estadao
Traducción ( I, II, III y IV) : Constanza Solórzano

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