¿Fin de régimen en México?

Frente a la decadencia del (PRI) y a la fractura del (PAN), López Obrador aparece como un posible recambio. Puede que su posible elección deje atrás parte de la herencia neoliberal pero se conduzca a México hacia un neopresidencialismo sin contrapesos. Reportaje de Alberto Olvera para Nueva Sociedad.

La casi segura victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales en México el próximo 1º de julio ha conducido a un incipiente debate sobre el significado y la importancia histórica de ese acontecimiento.¿Se trata del fin del régimen electoral-competitivo combinado con una economía de corte neoliberal? ¿O veremos solamente un momento de inclusión democrática de sectores sociales hasta ahora marginados en el contexto de la continuidad esencial del orden existente? O, peor aún ¿se reconstruirá el presidencialismo absoluto?

Desde hace 30 años, México vive una disputa de proyectos políticos.El proyecto hegemónico –neoliberal– ha sido impulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) formado por una elite tecnocrática autoritaria aliada a corporaciones sindicales y redes clientelares urbanas y rurales. Pero, además, ha contado con el apoyo del conservadurismo provincial de derechas, que a través del Partido Acción Nacional (PAN) ha gobernado el país la mitad de este período. El movimiento que ha postulado la recuperación del proyecto nacionalista impulsado por el régimen de la Revolución Mexicana arrancó con la ruptura del PRI promovida por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, y se institucionalizó con la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD),en el cual confluyeron los ex priístas nacionalistas y la izquierda partidaria y social, siempre subordinada a los primeros.

Entre 1990 y 2000, el PRI logró sentar firmemente las bases legales e institucionales del proyecto neoliberal, purgando la Constitución de sus contenidos nacionalistas y firmando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al tiempo que conservaba el poder político. Entre 2000 y 2018, ya en la transición a la democracia electoral, hubo dos gobiernos panistas y uno de restauración priísta que consolidaron esta vía. Pero el nuevo escenario político,definido por elecciones competitivas, implicó el grave debilitamiento del cimiento principal del viejo régimen autoritario: la presidencia casi imperial. La fragmentación del poder experimentada en los últimos veinte años fue el resultado de la simultaneidad de la implantación del modelo neoliberal en la economía y la creación de un régimen electoral competitivo fundado en un pacto entre la elite tecnocrática priísta y una emergente clase política conservadora que excluyó del poder al sector nacionalista durante todo ese periodo. Cárdenas perdió tres elecciones presidenciales consecutivas y luego López Obrador perdió otras dos, en este caso como consecuencia de una franca confabulación entre el PAN y el PRI para impedir su triunfo.

La más que probable victoria de López Obrador en las elecciones de 2018 significa que el polo nacionalista y una izquierda muy desdibujada por fin lograrán imponerse ante un PRI en decadencia y un PAN fracturado. Sin embargo, este triunfo no significará la reversión del proyecto establecido, que en los pasados treinta años cambió radicalmente al país. El peso económico del Estado es ahora mucho menor y la economía mexicana depende en gran medida de las grandes empresas automotrices (y en general industriales) extranjeras y del gran capital nacional. La urbanización del país avanzó y se ha producido una gran penetración del capitalismo en el mundo rural. Han surgido una nueva clase obrera, nuevas capas medias y un nuevo horizonte cultural en el que los jóvenes han creado nuevas formas de convivencia al tiempo que se han convertido las víctimas principales de la descomposición del viejo orden social y del crecimiento del crimen organizado.

Hay una paradoja en la presente coyuntura política. El hastío generalizado con la violencia y el desorden propiciados por una democracia disfuncional y excluyente, así como por un capitalismo salvaje, se han traducido en la expectativa de que López Obrador sea el líder providencial que ponga orden y construya mínimos estándares de justicia, justo en un momento histórico en el que el Estado no tiene la centralidad económica y política que tuvo en el pasado. El futuro gobierno carecerá de margen fiscal para cumplir sus promesas de subsidios a los sectores vulnerables y para impulsar la inversión pública en infraestructura. Además, la crisis estructural que padece la industria petrolera genera grandes déficits más que ingresos frescos. Asimismo, el complejo y gigantesco entramado legal que han creado los tratados de libre comercio y la integración de facto de buena parte de la economía mexicana a la de Estados Unidos impiden pensar en la restauración de un modelo de desarrollo «hacia adentro», que hace mucho dejó de ser viable como motor central de la economía. Es posible, en cambio, pensar en una forma más justa de funcionamiento del capitalismo mexicano mediante regulaciones efectivas, mayor penetración fiscal y políticas de redistribución no clientelares, nada de lo cual parece tener centralidad en las propuestas de AMLO.

Por otra parte, la sociedad civil es ahora mucho más compleja y diversa, por lo que el Estado todopoderoso que comandaba de arriba hacia abajo a toda la sociedad no puede ser recreado. La sociedad civil mexicana es sin duda débil en términos organizacionales y políticos, pero mantiene capacidades de resistencia que reducen los espacios de maniobra de cualquier gobierno que quiera restaurar la vieja hegemonía estatal sobre la sociedad. Y esto vale tanto para las corporaciones sindicales y urbano-populares del PRI, las iglesias, las mafias empresariales y el crimen. Es decir, vale para la sociedad civil iliberal y conservadora pero también para los sectores medios, las ONG, los movimientos sociales y los pueblos indígenas que luchan por su autonomía.

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El Estado mexicano se ha debilitado tanto que otros poderes locales y regionales (fundamentalmente criminales) le disputan el control territorial. El notable aumento del crimen común y organizado en todo el país es la expresión del desmoronamiento del Estado. Las alianzas de muchos gobernadores y alcaldes con grupos criminales se volvieron frecuentes, en tanto que grupos políticos locales de todos los partidos las requieren para mantener el poder en un escenario competitivo. El financiamiento de la política fue la vía del control político local de los grupos criminales, que después han pasado a la violencia directa contra los políticos que no los obedecen o no les cumplen. Es por ello que, en el último año, han sido asesinados casi 150 políticos locales sin que el Estado pueda detener esa ola criminal ni recuperar el territorio.

Sin reconocer la gravedad de estos límites a su proyecto, López Obrador construyó una plataforma política y electoral abigarrada que no tiene coherencia ideológica ni puntos en común reales excepto la figura del líder. El núcleo original del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un partido nuevo nacido de desprendimientos del PRD y del Partido del Trabajo, ha sido completamente rebasado por la urgencia de convertirlo en un partido con presencia territorial nacional en solo cuatro años. Los candidatos de Morena a gobernadores, senadores y diputados tienen en su mayoría pocas o escasas capacidades políticas y técnicas y muchos son políticos verdaderamente impresentables que recién han abandonado al PRI y al PAN. Este agrupamiento oportunista gobernará previsiblemente en el nivel federal y en varios estados, en abierto conflicto con la tecnocracia saliente, lo cual conducirá a una aguda escasez de capacidad de gobernanza. De hecho, si Morena gana en Morelos y Veracruz, por ejemplo, es de esperarse la creación de protectorados federales, dada la inexperiencia y falta de equipo de los futuros gobernadores.

Esta alianza variopinta incluye al Partido Encuentro Social (PES), una agrupación de pastores evangélicos ultraconservadores que decidieron aliarse con AMLO al confirmarse en las encuestas su consolidación como candidato ganador. Morena podría haber requerido de esta alianza si las elecciones hubieran sido muy cerradas. En esas condiciones, el voto evangélico -pequeño en México- hubiera representado la diferencia entre la victoria y la derrota. Pero dado que no es así, esta alianza resta credibilidad a las ya de por sí escasas credenciales progresistas de Morena y de AMLO, y corrobora el carácter oportunista del frente que impulsa su candidatura.

Curiosamente, este mismo abigarramiento de la clase política emergente, que solo en parte es nueva, facilitará la centralización del mando en el líder-presidente. Morena, que ha sido el partido personal de AMLO, se tornaría en partido oficial. Esta situación es congruente con el proyecto de AMLO de reconstruir el presidencialismo del «viejo régimen» como la gran solución a la fragmentación del poder, la corrupción y en general todos los males del Estado mexicano. Este proyecto de restauración del presidencialismo hipercentralizado será facilitado por la división del PAN y la ausencia de liderazgo legítimo en el PRI, lo cual hará factible negociar con la debilitada oposición en condiciones ventajosas. Si la alianza Juntos Haremos Historia alcanza la mayoría parlamentaria o queda cerca de ese objetivo, la concentración del poder en AMLO será casi total. Por tanto, la probabilidad de que en el nuevo gobierno tengamos una democracia delegativa, es decir, una democracia que concentra todo el poder en la presidencia, es altísima. En ese sentido, México puede repetir la experiencia del presidencialismo populista que vivieron varios países sudamericanos en años pasados.

Sin embargo, la expectativa de que un presidente fuerte pueda poner fin a la fragmentación del poder, la violencia y la corrupción se demostrará errada muy pronto, pues estos problemas tienen raíces estructurales cuya erradicación implica crear instituciones de gobierno funcionales y una nueva tecnocracia profesional, así como definir políticas públicas de largo plazo. Se requiere construir instituciones no solo a nivel federal, sino también en los estados y municipios. Y ello necesita tiempo y participación de la ciudadanía,no solo voluntad política presidencial.

En suma, no estamos ante el inminente fin de un régimen político, sino ante el cambio de grupo en el poder, una rotación -si se quiere radical- de élites políticas. Antonio Gramsci le llamaba a este fenómeno «transformismo», una especie de reciclamiento de las elites bajo el mando de un nuevo grupo. Pero en realidad el régimen político volverá a sus orígenes: el presidencialismo todopoderoso; aunque probablemente no retorne a su proyecto, pues el nacionalismo histórico ya no tiene viabilidad. El neopresidencialismo implica reconstruir la subordinación del poder legislativo al ejecutivo, y un intento de subordinar al poder judicial. Es decir, quitarle poder a los órganos autónomos que se tornaron disfuncionales por la colonización política de los partidos, y no porque no sean necesarios. Se establecerá una nueva relación con los gobernadores, varios de los cuales serán directamente subordinados del presidente.

De cualquier manera, esta rotación será saludable para la vida política dada la descomposición moral de la elite conservadora y de la tecnocracia neoliberal y la estela de desastre social que ha dejado el neoliberalismo salvaje. Pero el cambio viene con un alto precio: el riesgo de la reconstrucción del presidencialismo sin contrapesos, que implicaría una nueva pérdida de oportunidad de construir un Estado democrático de derecho. Si esto sucede, no tendremos un nuevo régimen, sino tal vez la última versión del antiguo.

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