Financien lo Justo: Campaña para financiar correctamente el derecho a la educación

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación ha comenzado esta semana una campaña por la correcta financiación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 con motivo de la 72 Asamblea General de Naciones Unidas que está teniendo lugar esta semana.

Por su parte, la Federación Internacional Fe y Alegría, movimiento presente en 22 países de educación popular y promoción social, 17 de ellos en América Latina y el Caribe, se suma a esta movilización para destacar la importancia de la justicia tributaria para la garantía del derecho humano a la educación.

El comunicado de apoyo a esta campaña resume las cuatro principales demandas de la campaña entre las que destacan la inversión en educación en los presupuestos nacionales y de AOD y la justicia fiscal.

“La Agenda de Educación 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promueven  los cambios necesarios para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas, según establecen los compromisos internacionales.  La comunidad internacional se comprometió en 2015 a  incrementar la asignación de recursos para realizar este derecho.  Para ello,  los países de bajos y medios ingresos deben asignar al menos el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) y el 20% de su presupuesto total en la educación mientras que los países donantes deben destinar el 0,7% del PIB a Ayuda Oficial al Desarrollo.

La Federación Internacional Fe y Alegría,  miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), se suma a la primera edición de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, bajo el lema ¡Financien lo justo! Por una educación pública y gratuita para todas y todos, lanzada por la CLADE, que se desarrollará del 18 al 24 de septiembre de 2017, en el marco de la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fe y Alegría manifiesta su compromiso con  la educación pública, gratuita e inclusiva como derecho humano fundamental y exige a los Estados que cumplan con su responsabilidad como garantes del derecho a una educación de calidad para todas las personas.

¿Qué demandamos a los estados y a la comunidad internacional?

¡Un mínimo del 6% del PIB en Educación y un mínimo del 20% del presupuesto público ejecutado en educación!

Sin un mayor nivel de inversiones en educación, los países latinoamericanos y caribeños no podrán mejorar las condiciones de infraestructura escolar, promover entornos verdaderamente educativos, asegurar la educación inclusiva, el trabajo decente y salarios dignos para los y las docentes, y además garantizar la gobernanza democrática en las escuelas y la continuidad y el acceso a la educación gratuita.

Los compromisos internacionales establecen metas mínimas de financiamiento claras a alcanzarse en nuestros países, que pueden y deben guiar las acciones de incidencia de la sociedad civil. Sin embargo, la coyuntura y las peculiaridades de cada país determinarán qué mínimo de inversiones en educación es necesario para garantizar una educación pública, gratuita y de calidad para todas las personas.

A su vez, en la Agenda de Educación 2030, los países donantes de la cooperación internacional se comprometieron a dedicar el 0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta el 2020 y entre el 15% y el 20% de la AOD a la educación.

¡Alto a los retrocesos presupuestarios en la educación!

Algunos países de nuestra región están experimentando graves retrocesos en la asignación de recursos financieros para la educación, lo cual supone la violación de derechos y pone en peligro el cumplimiento de las metas educativas.

¡Plena gratuidad de la Educación Pública!

Para hacer realidad los compromisos internacionales de expansión y universalización de la educación pública y gratuita, es necesario un mayor y mejor financiamiento del sistema educativo público.

La gratuidad educativa plena, que todavía no se ha hecho realidad en nuestra región, supone la ausencia de costos relacionados al proceso educativo, sean directos (cuotas escolares y aranceles relativos a matrículas, libros de texto, materiales, transporte, inscripción en exámenes y pagos adicionales a maestras y maestros, etc.) o indirectos (cobros en razón de alimentación y vestimenta, así como otros elementos que condicionan el acceso y permanencia en la escuela).

Para hacer frente a las tendencias privatizadoras de y en la educación y a las acciones que imponen la lógica del mercado en la educación pública y amenazan la gratuidad de la educación, es necesario contar con sistemas educativos fortalecidos y abiertos a la participación de la comunidad educativa.

¡Justicia Tributaria y la realización de los derechos humanos!

La justicia tributaria permite que se fijen las condiciones necesarias para la realización del derecho humano a la educación: sin el establecimiento de un sistema tributario-fiscal justo y equitativo y de mecanismos efectivos para contrarrestar la elusión y evasión fiscales, los países de América Latina y el Caribe difícilmente contarán con recursos públicos suficientes para superar las desigualdades y garantizar los derechos humanos.

En ese sentido, hay que reconocer que la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad comienza por darle fin a los incentivos fiscales perjudiciales y las prácticas de elusión fiscal de las empresas nacionales y transnacionales, por aumentar la transparencia de los gobiernos y las grandes corporaciones y por establecer una nueva arquitectura tributaria internacional.”

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Puede seguir los mensajes de la campaña o unirse a redes sociales con los reclamos con el hashtag #FinancienloJusto? o entrando a www.semanalatinoamericana.campanaderechoeducacion.org

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