Ganar sin competir

Compartimos la primera de tres entregas del informe especial de IDL - Reporteros y CONNECTAS sobre el fenómeno de los Carteles en América Latina: Un centenar de carteles fueron castigados en América Latina entre 2012 y la primera mitad de 2017, una evidencia que confirma lo extendidas que están las prácticas corporativas para burlar el mercado y abultar las ganancias a costa de los consumidores.

Katiana Vergara dio a luz a sus tres hijos entre 2003 y 2012. Durante esa década funcionó en Colombia el Cartel de los Pañales. El término, popularizado en la prensa local, no refería a una organización del narcotráfico sino a un pacto secreto e ilícito tramado por ejecutivos de los mayores fabricantes del producto desechable para bebés con el fin de controlar a voluntad un mercado de 255 millones de dólares anuales del cual manejaban alrededor de 85 por ciento.

Las compañías involucradas, según las investigaciones del caso, adoptaron un arreglo que encajaba punto a punto con la definición de un cartel empresarial. Acordaron abandonar la competencia entre ellas y por más de 10 años fijaron con vocación monopólica los precios de los pañales. Al bloquear el libre funcionamiento de la oferta y demanda, privaron a la mayoría de las madres y los padres de Colombia de decidir cómo usar su dinero y de ahorrar.

Vergara, como millones de colombianos, nunca advirtió la existencia de ese cartel a pesar de que en las tiendas que visitaba las principales marcas tenían precios similares. Ella recuerda que los adquiría por unidad a 600 pesos, alrededor de 20 centavos de dólar: “No me alcanzaba el dinero y usaba solo tres diarios, aunque necesitaba muchos más”. Durante sus primeros tres años de vida, un bebé puede emplear más de 5.200 pañales, cantidad que para Vergara resultó inalcanzable.

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Cuando tuvo a sus primeros dos hijos carecía de trabajo y dependía de los ingresos de su padre, vigilante, y su madre, empleada doméstica. Cada uno ganaba un sueldo mínimo mensual, aproximadamente 200 dólares entre los dos. Aunque luego consiguió un empleo, igual debía estirar su presupuesto mientras los barones del negocio conspiraban para proteger las finanzas a costa de consumidores como ella.

No fue sino hasta 2016 cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aplicó multas por alrededor de 70 millones de dólares a tres compañías y 16 personas naturales que participaron en el cartel. Esto se logró tras dos años de complejas investigaciones y a un método que otorga importantes beneficios a quienes se anticipan a delatar, como hicieron algunos de los involucrados.

El proceso no solo permitió una sanción que alcanzó uno de los montos más altos logrados en Colombia en castigos de este tipo, sino que facilitó la reconstrucción del complot que tuvo por protagonistas principales a la filial colombiana de Kimberly Clark, multinacional estadounidense cuyas marcas se venden en 175 países; al Grupo Familia, corporación de seis décadas de antigüedad fundada en Medellín; y a Tecnoquímicas, compañía con ochenta años en el negocio del cuidado de la salud y originaria de Cali.

Las averiguaciones revelaron que los ejecutivos solían mantener reuniones clandestinas y comunicaciones por correo y por teléfono como parte del seguimiento de los acuerdos ilegales. Los incumplimientos desataban amenazas mutuas que funcionaban como un mecanismo de refuerzo interno que prolongó la vida del pacto.

La década de cartelización dejó secuelas. Al menos dos millones de hogares colombianos con bebés pagaron sobrecostos de entre 168 y 400 dólares mientras existió el cartel, de acuerdo con los cálculos de la SIC. La peor parte la sufrieron consumidores pobres como Katiana.

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Lejos de ser una excepción en América Latina, el caso de los pañales en Colombia se convirtió en un ícono del alcance de los carteles empresariales en el continente. Esta investigación periodística realizada por IDL-Reporteros de Perú y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, revela que al menos 600 compañías de escala internacional, nacional, regional o local, fueron señaladas entre 2012 y el primer semestre de 2017 por haber formado parte de conspiraciones con los que debían ser sus competidores para acordar precios, repartir mercados, asegurar licitaciones o bloquear la entrada de nuevos actores que les disputaran las ganancias aseguradas.

La cifra se desprende de una detallada revisión de datos publicados por las 14 instituciones estatales de resguardo a la competencia existentes en la región.

Según esos cálculos, las multas aplicadas en el período han superado los 2.600 millones de dólares. Casi 70 por ciento de esa cantidad corresponde a sanciones impuestas en Brasil, cuyas autoridades ordenaron a empresas y personas involucradas en 54 carteles pagar al fisco aproximadamente 1.800 millones de dólares. La estadística no incluye castigos monetarios aplicados a las empresas investigadas en la Operación Lava Jato. El Consejo de Administración de Defensa Económica, organismo encargado de la lucha contra los carteles en territorio brasileño, no ha concluido las actuaciones con respecto a esas compañías y sus ejecutivos, en muchos casos ya sancionados por jueces penales por delitos relacionados con corrupción. Las pesquisas apuntan a carteles creados por firmas de ingeniería para licitaciones de obras públicas y algunos empresarios involucrados ya firmaron acuerdos de delación.

El gobierno de México, país con la segunda mayor economía latinoamericana después de Brasil, identificó en el período 16 acuerdos colusorios, pero las multas impartidas fueron de 140 millones de dólares. En los casos considerados para el reportaje, se contabilizaron sanciones que podían ser apeladas judicialmente.

Azúcar, cemento, harina, gasolina, pan, pollos, oxígeno líquido, prótesis, medicamentos, extintores de incendio, frutas, vehículos, cerveza, servicios de carga, de aduanas, de construcción, de lecciones de manejo, de transporte terrestre, marítimo o aéreo, de anestesiología y de laboratorio o de salud. En todos esos renglones de la economía latinoamericana han surgido carteles. Desde luego, la lista es mayor y abarca al menos 55 bienes y servicios diferentes, de acuerdo con el examen adelantado para el presente reportaje.

“Lo que se ha visto es solo la punta del iceberg”, dijo Antonio Capobiano, experto senior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que promueve políticas de salvaguarda del libre mercado en la región desde hace 15 años. “Los esfuerzos de las autoridades latinoamericanas se han incrementado y ha aumentado el número de carteles detectados. Sin embargo, la aplicación de la ley no ha alcanzado su mayor potencial. Para lograrlo, se necesita invertir más en las entidades encargadas de regular la competencia”, añadió el experto.

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Entre los casos identificados en los últimos dos años, ninguno ha despertado tanto interés regional como el de los carteles que aparecieron en un período coincidente alrededor de los productos de la cadena de valor de la celulosa.

En Colombia funcionaron de manera simultánea por una década en el negocio de los pañales, pero también en el del papel higiénico y el de los cuadernos. En Chile se confirmó la existencia de carteles en los mismos mercados, salvo el de las libretas escolares. Un proceso de negociación con una de las empresas que admitió su responsabilidad en la colusión del papel sanitario concluyó en un histórico acuerdo reparatorio aún pendiente de ejecución para repartir 150 millones de dólares entre todos los chilenos mayores de 18 años. En Perú el descubrimiento de un cartel del papel higiénico llevó a las autoridades en abril de 2017 a aplicar multas por más de 16 millones de dólares, una de las sanciones más elevadas impuestas en esa nación por un caso de pactos colusorios.

Las filiales locales de la estadounidense Kimberly Clark y de CMPC, empresa que pertenece a la influyente familia chilena Matte, han estado involucradas en la mayoría de los casos en los tres países. Pese a esto, las agencias que han desarrollado las investigaciones no han probado que las actuaciones ilegales fueran parte de una política dictada desde las casas matrices.

La coincidencia, sin embargo, activó alertas. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay inició un estudio de mercado para investigar si lo mismo ocurrió en su país y la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones indaga si la colusión en el sector de papel higiénico descubierta en Colombia se proyectó a territorio ecuatoriano. La averiguación fue abierta a petición de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de Ecuador.

Pactos tras bambalinas

Es mayo de 2003 y a principios de mes ocurre una cumbre en Bogotá que reúne a seis ejecutivos de los tres mayores competidores del mercado nacional de pañales. Todos discuten cómo llegar a un acuerdo que zanje una inminente guerra de precios. Habían ocurrido contactos preliminares entre ellos e incluso una reunión en Panamá, pero luego del cónclave bogotano los acuerdos se aceleran.

Al cabo de un mes, según las averiguaciones de la SIC, un correo electrónico fue compartido entre figuras clave como Francisco Barbieri, presidente de Tecnoquímicas; Matías Gaviria, gerente del Negocio de Pañales del Grupo Familia y Glenn Karlov, gerente para Venezuela, Ecuador y Colombia de Kimberly Clark. El mensaje dejó constancia de una decisión común de pronta aplicación en territorio colombiano. “El primero de julio nuestros precios deberán subir cinco por ciento”.

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Para entonces pactos entre competidores estaban vigentes en otras áreas de acuerdo con las investigaciones de las autoridades. En 2003 los ejecutivos que manejaban el negocio del papel higiénico en Kimberly Clark Colombia, Grupo Familia y Papeles Nacionales concertaban regularmente los precios de venta y lo mismo hacían los gerentes de la misma filial de Kimberly Clark y Carvajal, quienes acordaban tarifas para la comercialización de sus cuadernos premium.

Los representantes de las dos últimas mencionadas habían sellado el acuerdo en febrero de 2002 en un restaurante de Medellín. “(…) Quedó como objetivo principal el aumento de precios”, señaló Germán Varela, gerente global de Mercado de Carvajal, en un correo electrónico citado en el Informe Motivado del caso de la SIC. En la casilla de asunto colocó una frase tan elocuente como comprometedora: “Reunión semana pasada con Kimberly”.

Los carteles de los pañales, del papel higiénico y de los cuadernos tuvieron rasgos comunes en sus modus operandi, como se desprende de las averiguaciones.

Sus propulsores no solo intercambiaban datos y concertaban decisiones sobre precios, sino también sobre canales de ventas, clientes y estrategias de descuentos para mayoristas y consumidores finales. Todos desarrollaron mecanismos de presión recíproca para forzar a los involucrados a ejecutar los acuerdos, lo que contribuyó a que las plataformas colusorias se mantuvieran por años más allá de conatos de incumplimientos.

Los involucrados con el pacto del papel higiénico llegaron a usar apodos como “Los Pitufos” y “Los Feos” en las comunicaciones para identificar a las empresas comprometidas así como cuentas de correo electrónico fachada creadas para ofrecer un barniz de protección a los operadores más expuestos, quienes acostumbraban pedirse unos a otros prudencia en los mensajes escritos, lo que evidenciaba conciencia sobre lo irregular de sus acuerdos.

Las rotaciones de personal tampoco afectaban la continuidad de la “política comercial cartelizada”, porque los ejecutivos que recién eran designados en posiciones claves rápidamente recibían inducciones de sus pares y superiores. Incluso en el caso de los cuadernos, el cartel sobrevivió después de que Kimberly Clark Colombia vendió en 2011 su línea de fabricación a la mexicana Scribe.

La filial de la empresa estadounidense también se alió en Perú entre los años 2005 y 2014 con su competidora principal en el mercado del papel higiénico y productos tissue: Protisa, una filial de CMPC. Una de las comunicaciones más reveladoras sobre el acuerdo la remitió Alejandro Nacach, gerente general de Kimberly Clark Perú, a Blanca Quino, gerente comercial de la compañía. “Voy a presentarte a una persona, esto es algo que no se puede hacer, pero es una práctica que hace que estas cosas funcionen mejor”. Se refería, según determinaron las autoridades, a Alejandro Nash, gerente general de Protisa.

El pacto operó dentro de coordenadas muy semejantes a las que existieron en Colombia. De acuerdo con la investigación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) los precios se incrementaban a un ritmo acompasado: cada 34 días entre los distribuidores de Lima y cada 26 días en los de Provincia. Primero ajustaba una de las compañías, luego la otra y después juntas daban un nuevo salto. Así ocurrió por nueve años sin que se desarticulara un negocio redondo.

En Chile ambas empresas lograron mantener oculto que entre 2001 y 2009 funcionaron de manera cartelizada en el mercado de pañales. Eso apenas fue descubierto hace dos años por la Fiscalía Nacional Económica. Según la institución, ejecutivos de ambas empresas tuvieron contactos para coordinar precios y promociones, aunque no lograron instaurar fórmulas permanentes de seguimiento de los acuerdos, lo que hizo que períodos de acciones conjuntas entre las empresas se intercalaran con otros de guerra de precios.

El acuerdo colusorio entre Kimberly Clark de Chile y CMPC fue identificado a propósito de una indagación de oficio iniciada en noviembre de 2015 y se confirmó con la delación de ejecutivos de la corporación chilena. A finales del año pasado la fiscalía archivó el caso sin solicitar la aplicación de sanciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque los ilícitos ya se encontraban prescritos. Más allá de que el caso no siguió el curso judicial, quedó evidenciada la vocación que tuvieron filiales de ambas transnacionales para cartelizar mercados en países vecinos.

Los fiscales chilenos no pudieron con el caso de los pañales, pero sí elevaron ante el tribunal otra causa que involucró al gigante local CMPC con la operación de un cartel de papeles higiénicos, servilletas y pañuelos desechables, entre otros productos tissue. La compañía se alió entre 2001 y 2011 con la chilena PISA, empresa que hoy es propiedad de la sueca SCA, y junto con la cual controlaba 90 por ciento del mercado.

Según las indagaciones, las reuniones que dieron origen al acuerdo comenzaron en un restaurant: el del Club de Golf Las Brisas de Chicureo en Santiago. Allí Jorge Morel, gerente general de CMPC, tuvo conversaciones con Gabriel Ruiz-Tagle, entonces propietario de Pisa. Aunque la Fiscalía Nacional Económica ha señalado que los diálogos versaron sobre la necesidad de ambas empresas de mantener sus participaciones en el mercado ante la aparición de nuevos competidores, Ruiz Tagle en su momento negó esa versión.

Las indagaciones de la fiscalía comenzaron en 2014, pero ejecutivos de ambas compañías no tardaron en recurrir al programa de delación compensada para evitar sanciones millonarias. En sus declaraciones admitieron que desplegaron tácticas refinadas para evitar ser descubiertos. Se deshicieron de computadores, usaban teléfonos prepagados para comunicarse y no recurrían a sus cuentas institucionales sino personales de correo electrónico para discutir sobre la operación del cartel. La colaboración de los ejecutivos de CMPC llegó a tal punto que incluso confesaron la existencia del acuerdo en el sector pañales.

La trama de carteles ocurrida en Colombia, Perú y Chile tuvo algunos nombres comunes. Sergio Nacach, gerente de Kimberly Clark, fue investigado por autoridades colombianas y peruanas y finalmente exonerado. Alejandro Nash, de CMPC, igualmente fue investigado en Perú y en las indagaciones realizadas en Chile se le menciona como asistente a reuniones realizadas en hoteles, donde se discutió el acuerdo colusorio del papel higiénico.

Son dos casos que destacan entre los gerentes que en la década rotaron de asignaciones y países.

Kimberly Clark fue exonerada de la multa en Colombia porque sus ejecutivos se anticiparon a delatar. Al Grupo Familia solo se le cobró la mitad por colaborar. En numerosos casos los ejecutivos de las compañías cartelizadas han admitido culpas, se han mostrado arrepentidos o han guardado silencio. En otros han defendido su inocencia y han señalado comúnmente que los contactos con sus pares no buscaban impacto en el mercado y tampoco tuvieron efecto negativo para los consumidores.

Francisco Barbieri, presidente de Tecnoquímicas, dijo en su momento que nadie podía insinuar que la empresa hubiera participado en cartel alguno en el sector pañales. Lo mismo alegaron los representantes de Papeles Nacionales con respecto al negocio del papel higiénico y los de Carvajal acerca de los cuadernos.

A los encargados de Kimberly Clark en América Latina, cuyas oficinas operan en Lima, se les solicitó una entrevista, pero no respondieron a la petición. Un vocero de CMPC, en contraste, aceptó una entrevista. Guillermo Turner, director de asuntos corporativos de la compañía chilena, afirmó que hubo una respuesta inapropiada de los gerentes de la empresa ante variables como la expansión que procuraba la empresa en Perú, Colombia y Argentina y como la guerra de precios de cadenas de supermercados que lanzaron marcas propias en Chile. “¿Cómo reaccionan? de la manera más torpe que podrían haber reaccionado: juntándose con la contraparte y diciéndole ‘pongámonos de acuerdo’”. Según Turner, en paralelo con la autodenuncia ante la Fiscalía en Chile y el Indecopi en Perú, la empresa cambió el organigrama. “Se hacen una serie de modificaciones internas con el objetivo de salir del problema y buscar qué hacer para que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Entonces se modifica la estructura de gobierno corporativo, sale el presidente de la empresa, ingresa un nuevo presidente y se modifica la estructura del directorio”.

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Negocios de peligro

La cartelización en la cadena de productos de celulosa se transformó en una noticia regional, sin embargo en otros sectores como el del azúcar y el del cemento los acuerdos colusorios también han sido un problema contagioso.

Las instituciones de defensa de la competencia de Brasil, México, Colombia y Bolivia han atribuido en el último quinquenio al menos a 25 compañías azucareras, 13 empresas cementeras y 4 asociaciones gremiales de ambos sectores conexión con seis casos. Las dos áreas de negocio mencionadas se encuentran entre las más vigiladas globalmente por manejar productos masivos que son difíciles de sustituir para los consumidores, lo que comúnmente crea condiciones para que se den acuerdos ilegales entre competidores.

El del cemento ha sido el proceso de mayor envergadura manejado por las autoridades brasileras desde 2012. Luego de una investigación de ocho años, seis empresas, dos asociaciones gremiales y seis personas naturales fueron sancionadas en 2014 con multas que alcanzaron aproximadamente 1.400 millones de dólares, el mayor monto entre los documentados para este trabajo. El proceso comenzó con la declaración de un ex ejecutivo de una de las compañías involucradas que con su testimonio abrió una caja de Pandora para el Consejo de Administración de Defensa Económica de Brasil.

De acuerdo con la indagación, los involucrados actuaron coordinadamente durante dos décadas. No solo acordaban precios, sino que repartieron cuotas de mercado, impidieron la entrada de nuevos competidores, manejaron con criterio común a los proveedores de materia prima e incluso se expandieron al sector de fabricación de concreto con lógicas semejantes. Pruebas de lo anterior fueron obtenidas en las oficinas de las compañías con órdenes de búsqueda y aprehensión.

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Dadas las distorsiones acumuladas, el organismo estatal consideró que las multas no bastarían y ordenó medidas como ventas de activos y prohibiciones de contrataciones con entes públicos como fórmula de restablecer los equilibrios. Las empresas señaladas defendieron su inocencia desde el comienzo e insistieron en argumentos como que no se había probado su participación o que la indagación tenía vicios. La multinacional francesa Lafarge cooperó pero otra, Holcim, de origen suizo, fue acusada al igual que seis empresas locales.

La última de las mencionadas también fue sancionada el 13 de diciembre de 2017 por la SIC en Colombia junto con la mexicana Cemex y la colombiana Argos. Fueron señaladas de haber incurrido en ventas cartelizadas entre 2010 y 2012. A las empresas y a seis de sus ejecutivos les impusieron multas de aproximadamente 66 millones de dólares. Los voceros de las empresas han rechazado la sanción y el argumento oficial según el cual en ese tiempo de manera consciente mantuvieron prácticamente los mismos precios de venta, lo que evidenció un acuerdo. Cemex pagó la multa, pero anunció que recurriría la sanción ante los tribunales.

En el negocio del azúcar también ha sido señalado el surgimiento de carteles de amplia duración como otros de breve desempeño. La Comisión Federal de Competencia Económica de México ordenó multar en 2016 a un grupo siete compañías, a la Cámara Nacional de Industria Alcoholera y Azucarera y a 10 personas por haber concertado precios y cuotas de venta y de azúcar durante 42 días de finales de 2013. La abundancia de la cosecha de ese ciclo hizo reducir las cotizaciones y, según las averiguaciones, los actores comprometidos desplegaron una estrategia para evitar las pérdidas e incluso constituyeron una “Mesa de Ventas” para ejecutar transacciones con mayoristas y distribuidores. Las autoridades calcularon que eso les permitió recibir “transferencias indebidas de recursos de los consumidores” por alrededor de 6,7 millones de dólares.

El alcance del cartel del azúcar en Colombia, de acuerdo con las averiguaciones, fue mucho más allá. La SIC acusó a 14 empresas, a la asociación nacional de ingenios, Asocaña, y a 12 personas por haber tejido un complejo esquema que, entre otras tareas, desarrolló una operación coordinada para evitar la importación de azúcar de países como Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que podía competir en precios con la local. Para ello crearon un sistema de trabas, no establecido en la legislación nacional, para impedir el ingreso de mercancía. La práctica se prolongó por varios años y las sanciones para los involucrados sumaron 109 millones de dólares. Entre los sancionados, Asocaña y otras empresas del poderoso grupo azucarero de Colombia, hubo rechazo a la decisión por considerar que la SIC no logró demostrar sus denuncias e interpusieron demanda de nulidad.

El proceso sigue abierto, mientras las señales de la existencia de carteles siguen surgiendo en América Latina y afectando a consumidores como Katiana

Fuente

  • CONNECTAS Plataforma Periodística para las Américas
  • Un proyecto de IDL - Reporteros - CONNECTAS
  • Investigación: Teresita Goyeneche (Colombia), Leslie Moreno (Perú), Cristian Ascencio (Chile), Carlos Gutiérrez Bracho (México), Janina Marcano (Chile).
  • Textos: Teresita Goyeneche (Colombia), Leslie Moreno (Perú).
  • Integración Web: Jhasua Razo, Fernando Beltrán.
  • Video e ilustraciones: Ricardo Bobadilla.
  • Coordinación Editorial: Romina Mella, David González.
  • Fotografías: Flickr - Galo Naranjo. Licencia Creative Commons.

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América Latina, región de carteles. El Acuerdo (I) from CONNECTAS on Vimeo.