La ley que infringe la mayoría de funcionarios de Bolivia

Reproducimos este reportaje de Nathalie Iriarte para CONNECTAS sobre las dificultades que sufren muchos bolivianos en acceder a servicios básicos del estado al hablar solo su lengua nativa y los esfuerzos en papel del gobierno boliviano para ofrecer una solución.

Es un día caluroso de febrero 2018. Mientras los niños corretean descalzos por el piso de tierra, las moscas revolotean por las casitas de barro.

  • Cuénteme, ¿qué problema tuvo con los funcionarios para sacar su carné de identidad?
  • Es que ellos no escuchan. Quiere que uno hable como “coñone” y escriba muchos papeles.
  • ¿Cómo? ¿Qué papeles le pedían?
  • Oiga, Julia es la que sabe hablar bien. Espere que ya viene.

1

Julia Chiqueno es una indígena del pueblo Ayoreo. Tiene 30 años, sabe leer y escribir, y trabaja en una ONG que ayuda a indígenas bolivianos de tierras bajas. Todo eso la hace notable entre los suyos.

Julia tarda media hora en llegar a Degui, una comunidad en la periferia de Santa Cruz donde viven al menos 350 indígenas ayoreos.

Es necesario esperarla porque es la única que “habla más con los coñone”. Para los Ayoreos, los coñone son los blancos –los mestizos bolivianos que hablan español–.

Finalmente aparece y podemos conocer la realidad que enfrentan los indígenas de su comunidad cuando visitan las oficinas públicas.

  • Ni el nombre entienden para anotar bien, en los carné nos escriben mal el nombre a todos. No hay ningún funcionario del Gobierno que hable ayoreo. Qué van a entender cuando un Ayoreo quiere ir a la policía, al médico, a otro trámite. No hay gente que traduzca y así siempre vamos a seguir siendo discriminados en todo.

Julia habla mientras está sentada en una destartalada silla de plástico. Unas diez personas de su comunidad la escuchan y sonríen orgullosas. Todos tienen historias similares pero no las cuentan por sí mismos porque les cuesta mucho expresarse en español. Luego de que Julia habla otros se animan.  Interrumpen, le dicen cosas en ayoreo, Julia traducirá luego lo que cuentan.

2

Julia, en el documento oficial, tiene su apellido cambiado porque el funcionario no entendió bien su nombre. Foto: Gerardo Guerra

Se supone que las anécdotas de discriminación en las oficinas públicas tendrían que ser historia pasada. Pero el plan del gobierno de lograr que se brinden los servicios públicos en los 36 idiomas nativos oficiales de Bolivia se quedó en un anuncio.


28 de julio de 2015, Potosí.

-Vamos a despedir a aquellos funcionarios que no sepan hablar una lengua.

Esas eran las palabras de Evo Morales mientras entregaba certificados de aprendizaje de lengua aymara a funcionarios públicos. Días después, Evo entregaba más certificados en La Paz, dónde más de un millón de personas hablan aymara como primera lengua. Allí, Evo recordaba cuando era un niño “aymara cerrado” que fue obligado a entrar a la escuela en español sin entender nada.

A pesar de que el público era aymara parlante, en ambas ocasiones Evo Morales habló en español. Como todas las veces que usa el aymara, solo dijo un breve saludo:

  • Aski urukipan jilanac kullacanak (que tengan un buen día, hermanos y hermanas).

En ese momento se vencía el plazo para cumplir con la Ley 269 que desde 2012 manda que todos los funcionarios deben aprender a hablar una lengua indígena. Por su parte, el Vicepresidente Álvaro García Lineras expresaba: “en el futuro, el que no sepa una lengua indígena está perdido, será considerado un ignorante”.

Hoy, si se cumpliera con la orden de Morales y los vaticinios de García Lineras, deberían ser despedidos 280 mil funcionarios públicos por “ignorantes”, ya que no han presentado sus certificados de suficiencia de lengua originaria.

Se desconoce si el propio presidente Evo Morales o el Vicepresidente Álvaro García Lineras respetan la Ley o son parte de los 280 mil que la incumplen.

En julio de 2017, enviamos solicitudes de información pública pidiendo sus certificaciones. Pedimos también los certificados de los 20 ministros del gabinete presidencial. Hasta la fecha no tuvimos respuesta, ni en español ni en ninguna de las 36 lenguas indígenas oficiales del Estado Plurinacional.

3

Una de las solicitudes de información que se envió a todos los ministerios para tener el dato oficial de los funcionarios certificados con una lengua originaria.Foto: Gerardo Guerra

Según Guillermo Aluce, coordinador del Viceministro de Descolonización, actualmente 80 mil funcionarios cuentan con certificados de suficiencia en lenguas indígenas. Eso representa el 22% de los 360 mil servidores públicos que existen a nivel nacional.

“Todos, absolutamente todos deben de cumplir el nivel básico 140 horas. Para los que están en servicio por lo menos la inscripción de que está pasando cursos, si no, fuera. El idioma es una condición para la permanencia laboral o, si no, una condición para la postulación o ascensos que tengan”, asegura Aluce desde su escritorio en La Paz.

Sin embargo, esta investigación comprobó que se pueden conseguir certificados originales por precios que varían entre los 15 y los 40 dólares y que los vendedores están dentro de las mismas instancias públicas encargadas de capacitar a los funcionarios de Estado y de recuperar las lenguas indígenas.

Conseguimos “contactos” que “facilitan el trámite del certificado sin pasar clases” dentro de tres Institutos de Lengua y Cultura (ILC), dentro de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y del IPELC (Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas).

Los “contactos” con los que hablamos venden certificados en La Paz, Santa Cruz y Oruro. En los ministerios de La Paz, las tarjetas personales de estos “tramitadores” se pasan de mano en mano. En Santa Cruz, bastó con una llamada para que una funcionaria esté de acuerdo con mandar un certificado a una funcionaria que “no tenía tiempo para pasar las clases”.

  • El certificado (en una escuela) es más caro y tarda 4 meses de clases (…) Me manda en un sobre fotocopia de su carné y los 100 bolivianos, nada más. Yo mañana le mando el certificado.

Con esa facilidad, una funcionaria de un ILC dotaría de un título a una empleada pública. Le contamos nuestros hallazgos al coordinador del Viceministerio de Descolonización y negó la existencia de vendedores de certificados.

“No hay, nosotros tenemos codificados”, respondió. Según Aluce, es imposible que alguien pueda vender títulos porque ellos controlan con códigos los títulos  que emiten las tres entidades que tienen competencia para entregar certificados: EGPP (Escuela de Gestión Pública Plurinacional), Viceministerio de Descolonización Social y IPELC (Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas).

Vimos los documentos de las personas que aseguraron haber comprado su título de ésta forma y también los que se venden. Son los mismos que valida el gobierno. La exigencia de que todos deban hablar una lengua indígena parió un mercado ilegal y a una red de corrupción que “acomoda todo” con tal de cumplir el requisito.


En 2015, durante la toma de posesión del tercer mandato de Evo Morales, los amautas (sabios indígenas) se vieron sorprendidos de escucharlo –por primera vez, como dijeron muchos– que les diera un saludo en aymara.

Actualmente el senador opositor, Edwin Rodríguez –quechua hablante y oriundo de una comunidad indígena de Potosí– dice que los pueblos originarios tienen dudas de que el presidente sepa hablar lenguas nativas. “El primero que debería hablar es el Presidente. (Evo) se dice ser indígena, pero los bolivianos no lo hemos escuchado emitir ni siquiera una parte de un informe de su gestión en lengua indígena. A lo mucho da un saludo. Y eso cualquiera puede memorizarlo”.

Pero el problema va más allá de que Evo hable o no aymara y/o quechua o de las leyes modernas que ponen a Bolivia entre los países con medidas más incluyentes en temas de derechos indígenas.

4

En oficinas de Identificaciones  (Santa Cruz y La Paz) no encontramos funcionarios que brinden atención en lengua indígena. / Crédito: Alex Moron Campos.

En el día a día, los indígenas siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos, porque no encuentran funcionarios que les hablen en su lengua.

  • Fui a hacer mi trámite de carné pero nadie me habla (en aymara). Me dan papeles para llenar, uno no entiende y lo tratan mal. Quieren que escriba unos papeles y no sé escribir bien. La mujer (la funcionaria) no entiende eso. Limber Quispe, La Paz.
  • En el documento de mi mamá debería decir Ruperta, pero le pusieron Roberta. No le entendieron su nombre. Ella solo habla aymara, casi nada de español. Todo un trámite ahora tenemos que hacer por ese error. Gregoria Callisaya, El Alto.
  • Yo llego así vestida de pollera, saludo a la gente que trabaja en ministerios y con ridiculez me contestan. Pero cuando alguien va con corbata y saco, saluda en español, bien le saben atender. Jorgelina Quispe, La Paz.

Cecilia Urquieta, hija de un quechua parlante nativo de Cochabamba, dice que ella aún no habla quechua pero que está aprendiendo.

Para ella, desde su escritorio de Viceministra de Justicia, sí ha habido avances gracias a la Ley 269. Los tropiezos que enfrentan Limber, Gregoria, Jorgelina y el 40% de la población que no tiene el español como lengua madre parecen no contar.

“Cualquiera de nuestros pueblos de nuestras lenguas puede acceder a cualquier servicio sin tener que sentirse menos, sin tener que denigrar, sin tener que pedir apoyo técnico. Entonces es devolverle la dignidad de nuestros pueblos indígenas”, asegura la Viceministra.

Sin embargo, el senador Edwin Rodríguez insiste en lo contrario: “Las medidas para mejorar la vida de los indígenas no son más que una pantalla política para Evo Morales. Las altas esferas de mando de Gobierno no hablan aymara, ni quechua, las altas esferas hablan español. Evo solo es una impostura”.

Rodríguez, que acaba de tomar el mando de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, se comprometió a iniciar una investigación oficial para conocer si los altos mandos del gobierno cumplen con la Ley 269.

5

Las personas de pueblos indígenas muchas veces no entienden los requisitos para hacer su trámite y tienen que hacer largas filas una y otra vez para obtener su documento. Crédito: Alex Moron Campos.

Aquelina Sarmiento –pomposa pollera rosada de chola paceña, mantilla blanca, trenzas largas y negras– hace la fila para renovar su cédula de identidad en la oficina de identificaciones de El Alto, la ciudad siamesa de La Paz. Cámara en mano, acompañamos el proceso para documentar su experiencia con la oficina de Identificaciones (SEGIP).

Aquelina es una mujer cincuentona, de rasgos indígenas y tez morena, dice que su lengua madre es el aymara, tal como Evo Morales. También dice que de niña era aymara cerrada.

Aquelina enreda algunas palabras en español y otras en aymara pero no logra entender lo que se le pregunta sin la ayuda de un traductor. Esto la diferencia de Evo Morales.
El artículo 6.2 de los derechos lingüísticos colectivos citados en la Ley 269 dice que todo ciudadano tiene derecho a ser atendido y recibir información oral, escrita y audiovisual en su lengua.

Para Aquelina, esta Ley no existe. Nadie le ha explicado en su idioma cuáles son los requisitos para renovar su carné de identidad, algo básico, el inicio de la ciudadanía.

Luego de una larga fila, Aquelina por fin llega a la ventanilla. La funcionaria que está de turno no le responde el saludo en aymara, ni en español.  Solo recita de mala gana los requisitos para tramitar el carné, mientras Aquelina le repetía (en aymara): “no le entiendo”.

Aquelina pregunta si hay alguien que hable aymara. Finalmente la funcionaria se cansa de escucharla y mediante una seña y mucho desdén le indica que salga de la fila.

Aquelina se queda parada al lado, esperando. Mientras tanto, su sobrina se acerca a la funcionaria para reclamar que atiendan mejor a su tía que no habla español. La funcionaria sigue con la fila como si nada y ambas quedan paradas a un lado.

Repetimos la experiencia en las oficinas de identificación en Santa Cruz de Sierra. Acompañamos a las ventanillas del SEGIP a tres ciudadanos de pueblos indígenas de tierras bajas: Guaraní, Ayoreo y Guarayo. Ninguno de ellos pudo acceder al servicio en su lengua materna como indica la ley.

Aquelina tuvo otra suerte. A ella la seguimos con cámaras de video. Alguien se percató de eso y mandó traer a una supervisora.

  • No pueden filmar ni tomar fotos sin autorización.
  • Solo estamos acompañando a la señora a hacer su trámite, está buscando quien la atienda, solo habla aymara.
  • Apague su cámara señora, tienen que irse.

A continuación, y con cámaras apagadas, la supervisora saca a la funcionaria de la ventanilla y trae a un funcionario que sí hablaba aymara y que finalmente le explica los requisitos a Aquelina.

– ¿Sin cámaras alguien le hubiera dado importancia?

Ella lo sabe y lo toma con resignación:

  • Sí, las cámaras ayudan, porque le tienen miedo. ‘Me van a grabar’, dicen los funcionarios, y tienen miedo.

Esto pasa en La Paz, la sede de gobierno, más de un millón de personas hablan aymara como lengua materna. Además, el aymara es elegido por más de la mitad de los 80 mil funcionarios que han sido capacitados en lengua indígena.

Si esto le sucede a Aquelina en aymara –la lengua madre del presidente de Bolivia y la segunda lengua originaria más hablada del país– ¿qué pueden esperar los indígenas de grupos minoritarios cómo Julia Chiqueno que viene de un pueblo como el Ayoreo que está entre las 17 lenguas originarias en peligro de extinción?

6

7

La mayor parte de los niños ayoreos no tienen cédula de identidad. Foto: Gerardo Guerra

Video

Vea el video de esta historia realizador por AJ+ siguiendo este enlace.

Fuente

  • CONNECTAS. Plataforma Periodística para las Américas.
  • Este reportaje fue realizado por Nathalie Iriarte con el apoyo de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center forJournalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
  • Fotografía principal: Flickr - World Wide Gifts. Licencia Creative Commons.

Comentarios