Las migraciones República Dominicana-Haiti: realidad y desafíos.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes de República Dominicana, Pedro Cano informa sobre la precariedad de la situación de los migrantes haitianos en ese país, a pesar de la importancia histórica de este flujo y del aporte que representa para la sociedad y para el mercado laboral dominicanos. Cpal Social reproduce el contenido del artículo para su mayor difusión.

En la actualidad la Organización Internacional para las Migraciones estima que en el mundo existen 215 millones de migrantes. Esto significa que una de cada 33 personas en el mundo es un migrante. Cada vez más, son multitudes las personas que deben abandonar su país debido a conflictos, sustracción de su tierra, desastres naturales o buscando una vida mejor y por el instinto de libertad. Vivimos en un mundo en continuo movimiento.

Las adversidades que deben afrontar los migrantes son muy grandes. Atravesar las fronteras se hace cada día más difícil; algunas de ellas han sido convertidas en auténticas “fronteras de muerte”. Los migrantes deben adaptarse a nuevas realidades sociales y culturas, lo que conlleva un gran esfuerzo y un doloroso desarraigo; por ser “diferentes” son objeto de desprecio y rechazo, cuando no de explotación o abuso. Nos urge trabajar por una cultura de la hospitalidad, tal y como exhorto el Papa Francisco en su visita a Lesbos.

Dentro de las migraciones en el Caribe insular la migración haitiana a República Dominicana constituye el sistema migratorio laboral más importante en términos de magnitud de personas involucradas y del tiempo en funcionamiento de casi un siglo; los movimientos de personas entre ambos países se remontan a la época colonial y atraviesan la época republicana del país durante el siglo XIX, sobre todo en las áreas geográficas fronterizas. Entre de las corrientes laborales impulsadas por la modernidad capitalista también podemos mencionar, aunque sean de menor intensidad, los flujos migratorios de Haití hacia Brasil, Canadá, Chile, Ecuador y las Bahamas.

En República Dominicana, la población inmigrante asciende a 524.632 personas (según la ENI 2012), que representan el 5,03% de la población del país, estimada en 10.403.761 personas según el último censo nacional. De ese contingente de inmigrantes 458.233 personas nacieron en Haití; es decir el 87,3% de la población nacida en el extranjero residente en la República Dominicana. Estas cifras reflejan la importancia de la emigración haitiana y su aporte para la sociedad y el mercado laboral en República Dominicana.

Plan de regularización

Del total de migrantes que había en el país solo 239,956 pudieron realizar la inscripción en el primer Plan de Regularización que el gobierno dominicano puso en marcha en septiembre del año 2013. Una gran parte de las personas migrantes quedaron fuera del proceso debido a la falta de documentos de identidad de su país de origen, o por los excesivos requisitos y trabas administrativas por parte del gobierno local. Las personas que pudieron registrarse enfrentan un futuro incierto entre el 17 de junio y el 16 de septiembre del 2016, cuando expiran las autorizaciones del carnet de regularización. Aquellos que hace décadas viven en el país, cumplieron con todos los requisitos o parte de ellos para obtener el carnet migratorio comienzan a temer por la situación que se cierne sobre ellos ante la falta de respuesta de las autoridades dominicanas.

Hasta el día de hoy las autoridades hayan a día de hoy especificado el mecanismo o las condiciones para proceder a su renovación; la amenaza de la deportación de las personas que carezcan de la tarjeta de residencia o la tengan vencida vuelve a rondar por el horizonte de los migrantes. Estos temores ya tuvieron su efecto en el pasado: en los dos meses posteriores al vencimiento del plazo para hacer la solicitud de inscripción en el Plan, más de 70.000 personas se fueron de forma “voluntaria” a Haití (por el miedo a ser deportados y que les fueran sustraídos todos los bienes que con tanto esfuerzo habían conseguido adquirir) y 15.000 más fueron deportados por las autoridades (datos elaborados a partir de las informaciones reportadas por el Servicio Jesuita con Migrantes y la Red Fronteriza Jano Sikse) entre el 16 de septiembre de 2015 al 16 de marzo de 2016.

La mayor pobreza es vivir sin derechos

La protección legal de los migrantes es prácticamente inexistente y en muchos casos se encuentran verdaderamente “privados de derechos”. En República Dominicana, donde casi no existen políticas migratorias fuer del Plan Nacional de Regularización que tiene sólo un año de duración, el flujo de inmigrantes extranjeros es regulado por los órganos administrativos locales. Semejante contexto propicia la represión más que el establecimiento de medidas legales y estructurales para ofrecer una respuesta más humana y justa a la inmigración.

Si la suerte de los balseros dominicanos que emprenden su viaje en yola hacia Puerto Rico en medio de la urgencia e incertidumbre de su viaje hacia un destino desconocido nos han conmovido durante décadas, el precario destino de los inmigrantes haitianos, carentes de derechos y de futuro en la tierra firme Dominicana, debería inspirar una mayor compasión y solidaridad a las autoridades y a los ciudadanos/as. Hoy en esta frontera dominico-haitiana la migración se lleva a cabo con total incertidumbre, en muchos casos sin ningún documento de su país de origen que demuestre su identidad, a merced de los buscones y de las redes de tráfico y trata, sin la más mínima garantía de un recibimiento alentador en el país de llegada. En este contexto, las vidas de los inmigrantes corren peligro expuestas a cualquier tipo de abuso; y las mujeres, triplemente discriminadas (por migrantes, por mujeres y por pobres), son las primeras víctimas.

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Los retos y dificultades son cada día más complejos y difíciles de manejar. La situación se ha exacerbado dado que los gobiernos, de manera general en América Latina y el Caribe, no han tomado las iniciativas pertinentes a la hora de abordar eficazmente los flujos migratorios, con propuestas de dialogo binacional, con mayor regulación de la seguridad en las fronteras y con una persecución firme a las redes de tráfico y trata. La obsolescencia de las normativas migratorias ha creado un terreno fértil para violaciones de los derechos humanos, tanto institucionales como individuales, incluyendo un sentimiento “anti-inmigrante” ampliamente extendido. Como consecuencia de ello, para los estados el respeto de facto a los derechos humanos no necesariamente significa respeto por los derechos de los migrantes o los refugiados.

“La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Esta vigorosa afirmación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es, de hecho, aplicada en todos los casos. Por desgracia la raíz (no exclusiva) de los problemas, y el mayor reto que afrontan los grupos de migrantes, es la incapacidad de muchos ciudadanos/as de entender los derechos humanos como aplicables a seres humanos que no sean de su misma nacionalidad. Esta actitud hostil, que se llama xenofobia, se ha convertido en un serio problema en nuestras comunidades y no recibe la condena que merece por parte de los estados, que en ocasiones usa éste sentimiento como bandera electoral.

El hecho de ser estados limítrofes en una isla pequeña favorece los desplazamientos: pero sobre todo pone en evidencia la gran “porosidad” de la línea divisoria entre los dos países y la situación de paso abierto para los flujos migratorios laborales.
Desde esta realidad, debemos trabajar constantemente en esta frontera dominico-haitiana para dar mayor alcance y unidad a nuestra labor de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y desplazadas y de sus familias. Sólo así podremos afrontar de manera más global las causas estructurales que originan estas formas de movilidad humana, para sensibilizar a las sociedades donde actuamos. Queremos así ayudar a pensar y asumir las transformaciones sociales que trae consigo la migración y el desplazamiento. Para esta tarea que acabamos de describir, tres valores se volverán fundamentales:

  • Responsabilidad, obligación de los estados de origen de implantar en sus países las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a una vida digna a todas las personas.
  • Hospitalidad, una llamada a la acogida cálida a migrantes y desplazados como característica cultural de una sociedad verdaderamente humana y como valor que proteger mediante políticas y ordenamientos jurídicos.
  • Inclusión, dinámica estructural que incorpora a las personas a una sociedad en la totalidad de sus derechos, sin distinción de origen étnico, condición cultural, religiosa o económica.

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