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  •   Mayo 01 de 2017

Menores deben ser considerados como víctimas, no se debe priorizar una respuesta punitiva: Informe CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que hay por lo menos 30.000 niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan activamente con la delincuencia organizada en México.

Ciudad de México, 27 de abril de 2017. Las tasas más altas de muertes por homicidio en México se observan entre los jóvenes que tienen de 15 a 30 años, según el informe realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentada el día de ayer. El extenso estudio, que se acerca a la realidad latinoamericana de los derechos de la infancia y adolescencia, reporta las masacres de niños y adolescentes ocurridas en México y pone el énfasis en la militarización de la seguridad, con el cual las cifras de la violencia siguen en aumento y afectan a la población más vulnerable.

El informe señala que las políticas de control y de represión hacia los grupos criminales, adoptadas en muchos países latinoamericanos, han llevado a abusos y arbitrariedades ejercidos por las fuerzas de seguridad del Estado en contra de los adolescentes. Específicamente en el contexto mexicano, apuntan que la militarización de las tareas de seguridad y las acciones militares emprendidas contra el narcotráfico desde el año 2007 no han conseguido disminuir la violencia, sino que “las cifras indican un aumento de las fatalidades así como del número de violaciones a otros derechos humanos y a las garantías procesales”. Los datos recopilados por la CIDH reflejan más de 34.000 asesinatos cometidos por diversos actores, entre cuyas víctimas se encontrarían más de 1.000 niños, niñas y adolescentes en el periodo 2007 al 2010.

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Foto: CIDH

La CIDH estima que hay por lo menos 30.000 niños y adolescentes menores de 18 años que cooperan activamente con la delincuencia organizada en México. De los datos extrae que niños son integrados a organizaciones criminales a partir de los 10 y 11 años de edad, o incluso a edades más tempranas. En el caso de los niños y adolescentes migrantes, la Comisión ha sido informada de cómo estos son secuestrados por las organizaciones criminales a su paso por México y, en caso que la familia no cuente con recursos para pagar su rescate, los obligan a realizar acciones para el grupo criminal, como el transporte de droga por la frontera entre México y Estados Unidos. En una consulta infantil realizada en México en el 2012 llevada a cabo con la participación de más de 500.000 niños, niñas y adolescentes entre 10 y 15 años, el 10% de los adolescentes de 13 a 15 años manifestaron que grupos de delincuentes les han pedido formar parte de sus actividades.

De los anteriores datos se desprende que la realidad de los niños, niñas y adolescentes latinoamericanos “puede llegar a ser abrumadora” según la CIDH, puesto que interfieren diversos factores, como situaciones de violencia y abuso en hogares, escuelas, comunidades y policía, deficiente educación y múltiples obstáculos para el acceso a niveles de educación superiores o a oprotunidades laborales. Por lo tanto, su situación de gran vulnerabilidad facilita su captación y utitización por grupos criminales. Frente a ello, desde la Comisión Interamericana critican las actuales políticas de “mano dura” puesto que buscan mostrar resultados a corto plazo sin toman en cuenta las causas estructurales y las consecuencias específicas de estos contextos para los y las adolescentes.

En aras de solucionar el conflicto y disminuir los niveles de violencia, la CIDH apunta que los Estados no solo tienen la obligación de respetar y no violar los derechos humanos sino que deben tomar las medidas adecuadas para garantizar su efectivo goce y disfrute en las edades más tempranas. Para ello proponen un abordaje preventivo, holístico e integral de la problemática, donde los niños, niñas y adolescentes sean considerados principalmente como víctimas de vulneraciones sucesivas a sus derechos y no priorizar una respuesta punitiva y retributiva a través del sistema penal y de la privación de la libertad, como hacen la mayoría de los Estados latinoamericanos analizados.

En adición, desde la CIDH proponen programas de rehabilitación y reinserción social y programas de justicia restaurativa, casi inéditos en América, que permitirían responsabilizar a los adolescentes por sus acciones sin necesidad de someterlos al sistema carcelario.

- El informe “Violencia, niñez y crimen organizado” documenta que hay 30.000 menores de 18 años que cooperan activamente con la delincuencia organizada en México.

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