Redodem señala que la política antimigrante de México es inconstitucional

Según el informe, de 2014 a 2016 el INM deportó el doble de migrantes centroamericanos que en el trienio anterior, comprendido entre 2011 y 2014.

Ciudad de México, 5 de julio de 2017. “La política migratoria en México opera bajo una perspectiva centrada inamoviblemente en la seguridad nacional y regional, que ha generado una militarización en todo el territorio, impulsando una estrategia de persecución, violencia y miedo como mecanismos disuasivos y perversos contra los migrantes y sus familia”. Así de contundente se muestra el informe Migrantes en México. Recorriendo un camino de violencia, referente a los datos recogidos el año 2016 y presentado el día de ayer por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.

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Para la realización del informe, la Redodem utilizó testimonios de 34.234 personas, de las cuales 5.239 declararon haber sido víctimas o testigos de la comisión de un delito en su tránsito por México. De los anteriores testimonios se deduce que el mayor número de personas migrantes en México proviene de Honduras, con el 58.57% del total, seguido por El Salvador, con el 17.60% y Guatemala, de donde provienen el 12.84% de las personas en tránsito.

La frontera sur sigue siendo el lugar donde se cometieron la mayor parte de delitos contra las personas migrantes, puesto que, según los datos ofrecidos en el informe, la mayoría se habrían registrado en Chiapas, seguido por Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

El informe también recoge, a lo largo de sus 150 páginas, que de enero de 2014 a diciembre de 2016 el INM deportó a 421.395 migrantes centroamericanos, cantidad que supone el doble que en los tres años anteriores, de 2011 a 2014. Las dificultades para ser reconocidos como refugiados quedan patentes en los datos ofrecidos, ya que únicamente fueron reconocidos como tales o se les fue otorgada protección complementaria al 35.5% de los solicitantes de las peticiones, mientras cerca de 3 de cada 10 personas no concluyeron el procedimiento de solicitud.

La Red, que comprende albergues, casa, comedores y estancias de personas migrantes y que tiene representatividad tanto en el sur como en el centro y norte del país, concluyó que el Estado mexicano “sigue sin dar respuesta ante una grave crisis de derechos humanos que persiste en el país, en la cual se inserta la crisis de las personas migrantes que transitan por un camino de violencia en México”. Y finalizaron lamentando que “vivimos en un Estado que atenta contra la vida, la justicia y la verdad”.

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