¿Un modelo alternativo de desarrollo o atrapados en el extractivismo?

El fundamento ideológico que tuvieron todos los gobiernos progresistas de América del Sur fue el “consenso de los commodities”. Todos fueron extractivistas, explotando y exportando masivamente recursos naturales. Todos aprovecharon el “boom” de las materias primas y la emergencia de China en la economía mundial demandándolas. Todos argumentaron a favor del extractivismo para luchar contra la pobreza. ¿Qué ha dejado esta voracidad extractiva?

La ola de cambios gubernamentales iniciada en 1999 tras la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela, seguida en 2003 por el triunfo de Lula en Brasil y de los Kirchner en Argentina, y luego -en orden cronológico- por la victoria en las urnas de Tabaré Vásquez en Uruguay (2004), de Evo Morales en Bolivia (2006) y de Rafael Correa en Ecuador (2007), ha chocado estos últimos años con una realidad: el debilitamiento de estos gobiernos. ¿Se debe esa debilidad únicamente a la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional?

A pesar de las especificidades de diferentes contextos nacionales, los gobiernos resultantes del “giro a la izquierda” en América del Sur pueden ser calificados de regímenes post-neoliberales, a pesar de que se trata, de un “giro de geometría variable, parcial, atípico, múltiple, coyuntural, limitado, reversible, pero de todos modos un giro efectivo e inédito”, como lo describe Bernard Duterme.

Coincidieron con el auge de China

Todos estos gobiernos intentaron pasar la página de la hegemonía neoliberal imperante en el continente desde la década de los años 80. Todos priorizaron la lucha contra la pobreza y el acceso a los servicios públicos, especialmente a la salud y a la educación y eso dio como resultado el regreso del papel del Estado y la proyección diplomática de estos países en la escena regional, incluso en la escena mundial, reafirmando la soberanía nacional, a menudo articulada con un enfoque en la cooperación Sur-Sur.

Ese “giro a la izquierda” operó y se desarrolló en una coyuntura muy particular: el boom de las materias primas y la emergencia de China en el mercado mundial catalizándolo. Años después, la desaceleración de la economía mundial, sumada a la caída de los precios de las materias primas, parece haber conducido al final del ciclo de los gobiernos progresistas. La finalización de este ciclo económico, coincidente con la crisis política que ha sacudido al Brasil y a Venezuela, que siguió gestándose en Ecuador y en Bolivia y que ha significado el regreso de la derecha al gobierno en Argentina, hace pertinente la pregunta de si estamos presenciando el final de una fase histórica.

La respuesta es objeto de intensos debates en América Latina y más allá del continente. Se trata de una discusión que mezcla un análisis sobre el balance que dejan estas experiencias y sobre las perspectivas que surgen para el futuro.¬

Nos concentraremos en los cuatro casos más emblemáticos del giro post-neoliberal: Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador.

Siguieron la lógica tradicional: explotar y exportar materias primas

Según los trabajos de Eduardo Gudynas, entendemos por extractivismo un modelo de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales no transformados o ligeramente transformados que son destinados principalmente a la exportación: extracción minera, producción de petróleo y de gas, monocultivos de soja…

El desarrollo histórico del continente latinoamericano y su inserción en la economía mundial ha seguido siempre la lógica tradicional del modelo exportador de materias primas. Desde el comienzo del nuevo milenio, y a lo largo de unos diez años, independientemente del color político de los gobiernos, todos los países de la región participaron en el boom de las explotaciones, y de las exportaciones, de materias primas. En los países que giraron a la izquierda se consolidó el extractivismo en una forma “progresista”, caracterizada por el rol central que jugaba el Estado ejerciendo un mayor control en el proceso -nacionalización del petróleo y el gas en Venezuela, Bolivia y Ecuador-, apropiándose de una mayor cantidad de los dividendos y reorientando las ganancias hacia programas sociales y políticas de lucha contra la pobreza. Actuando así, América Latina -y en particular, América del Sur- acrecentó su dependencia de los commodities, las materias primas.

Las materias primas, que a inicios de los años 80 significaban el 27% de las exportaciones del continente, alcanzaron el 40% en 2009 y llegaron a ser el 42% en 2013. Ese año, el 73% de las exportaciones se dirigían a China, ya convertida en el segundo socio comercial del continente. Esas tendencias se vieron más acentuadas en América del Sur: en 2012-2013 el 75% de todas las exportaciones de América del Sur eran ya materias primas.

China es la primera fuente de las importaciones que recibe Brasil, como también es el primer destino de las exportaciones de Brasil y de Bolivia, y es el segundo destino de las exportaciones de Ecuador y Venezuela. Y el 69% de todo lo que el continente importa del resto del mundo son productos manufacturados. Ese porcentaje aumenta hasta un 91% con respecto a las importaciones que llegan procedentes de China. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) habla de un proceso de “re-primarización” del sector exportador de América Latina y el Caribe, en el que China no es la causa, sino el catalizador.

Venezuela, Brasil, Bolivia y Ecuador están particularmente envueltos en este proceso. Según datos de 2015 (de 2013 para Venezuela), el gas y los minerales representaban cerca de dos tercios de todas las exportaciones de Bolivia. El petróleo era el 36% de las de Ecuador y algo más del 85% de las de Venezuela. En Brasil la concentración de las exportaciones en materias primas era menor: la soja, los minerales y el petróleo representaban un 25% del total de sus exportaciones.

Entre 2011 y 2015, los precios internacionales de los metales y de la energía (petróleo, gas y carbón) cayeron un 50%. En 2015 los precios del hierro (7.5% de las exportaciones brasileñas), del cobre y del zinc (10.6% de las exportaciones bolivianas) cayeron un 30%. Teniendo en cuenta que los recursos procedentes de la explotación y exportación de estas materias primas constituyen segmentos tan importantes en los presupuestos de estos países, es fácil imaginar la afectación que sufrieron. Esto es particularmente válido para Ecuador y para Venezuela, donde el rédito de los hidrocarburos representaba en 2014 alrededor de un 40% de los ingresos de ambos Estados.

Repitieron la matriz extractivista

Esta matriz extractivista, característica histórica de los países latinoamericanos, plantea importantes problemas. Los hace dependientes de algunos recursos naturales que experimentan serias fluctuaciones de sus precios internacionales, sobre los que tienen poco o ningún control.

Más problemático resulta que los programas sociales que lanzaron estos gobiernos estaban ampliamente financiados por la explotación y exportación de esos recursos naturales. Además, la matriz extractivista adoptada se convirtió en un obstáculo para la industrialización y la diversificación productiva, tendiendo a atraparlos en una economía rentista y encerrando a todo el continente en un papel subordinado en una división internacional del trabajo que reproduce el modelo colonial, convirtiéndolos en meros proveedores de recursos naturales baratos para el Norte y para China, a cambio de recibir de China y del Norte productos manufacturados. ¿Por qué estos países acentuaron ese modelo tan tradicional de comercio? ¿Por qué estos gobiernos post-neoliberales, que se proclamaron impulsados por un profundo deseo de cambio, que tradujeron en una retórica radical y en reformas legislativas -incluso constitucionales-, con incentivos tan destacados en esa transición como conceptos tan originales como el Buen Vivir, los Derechos de la Naturaleza o la economía social y solidaria, no sólo no transformaron la matriz extractivista, sino que la reforzaron? Las respuestas a esta pregunta se pueden agrupar en dos bloques: las que lo justifican como “una etapa” y las que hablan de “una transición”.

Lo hicieron para luchar contra la pobreza

Independientemente de sus diferencias y sus retóricas más o menos radicales o reformistas, los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela presentan el extractivismo como “una etapa”. Resaltan una priorización de objetivos y una vía particular para conseguirlos y denuncian los juegos de poder que esconden los cuestionamientos a este modelo de desarrollo. Parten de la premisa de que su prioridad como gobiernos es, antes que cualquier otra, reducir los niveles de la pobreza, sacar a millones de personas de la miseria y eso implica, necesariamente, crecimiento y desarrollo, confundiendo o vinculando ambos conceptos y metas.

Consideran que el principal motor para cumplir con la prioridad definida es el extractivismo. Así aparece en la declaración de los Jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), del 30 de julio de 2013, que integra a Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y a las islas caribeñas Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Se sintetizan en el texto las líneas gruesas de esta visión cuando leemos sobre “el derecho y la necesidad” de que estos países se beneficien de sus recursos naturales no renovables, que constituyen “una importante fuente para financiar el desarrollo económico, la justicia social y, en definitiva, el bienestar de nuestros pueblos, teniendo claro que el principal imperativo social de nuestro tiempo -y de nuestra región- es combatir la pobreza y la miseria”.

Ciertamente, después de años de neoliberalismo, y dada la emergencia social que representan los altos niveles de pobreza, ¿no es prioritario luchar para erradicarla? ¿Y no es cierto también que todo lo que no esté directamente relacionado con esa lucha, es un lujo? ¿Y pueden estos gobiernos permitirse ese lujo aquí y ahora? Estos gobiernos llegaron al poder por las urnas con programas que prometían terminar o reducir de manera drástica la pobreza. ¿No era ésa la primera cláusula del contrato que los comprometió con sus ciudadanos y que exigía ser verificada y evaluada en el tiempo corto de los plazos electorales, más que en el tiempo estratégico de un cambio de modelo?

¿Y no se cumplió esta promesa? Según la CEPAL, entre los años 2000 y 2011 el porcentaje de la población pobre pasó del 34.9% al 5.7% en Argentina. Del 37.5% al 20.9% en Brasil. Del 49% al 32.4% en Ecuador. Del 48.6% al 29.5% en Venezuela. Y del 62.4% al 22.4% en Bolivia, entre 2002 y 2010. En total, entre 2002 y 2011, 54 millones de personas salieron de la pobreza en América del Sur.

¿Cómo responden defensivamente ante el extractivismo?

Siguiendo esta secuencia lógica, de los éxitos en la lucha contra la pobreza se verifica la exactitud de la ecuación: extractivismo crecimiento desarrollo, y también la legitimidad de las políticas extractivas. Por eso, el extractivismo visto como “una etapa” se justifica con análisis defensivos y programáticos.

El énfasis de quienes justifican a la defensiva el modelo extractivista como una etapa está en la dualidad contradictoria entre temporalidad y oportunidades. Los gobiernos progresistas deberían haber modificado sus matrices productivas… pero no pudieron hacerlo.

En la entrevista que a fines de 2006 realizó la revista “Iris” a Christophe Ventura, él ofrece una buena síntesis de este tipo de análisis. A la pregunta sobre si la emergencia brasileña habría debido / podido traducirse en un cambio de modelo económico, responde: “Debido sí, y los acontecimientos actuales están ahí para recordarlo de manera dolorosa. El problema de Brasil es el mismo de todos los demás países latinoamericanos… Podido es diferente. Al igual que los otros gobiernos progresistas, el gobierno brasileño intentó responder a la urgencia social. Era su mandato imperativo. Para eso fue elegido y respetó ese mandato”.

Sería utópico cambiar en tan sólo diez años el legado de cinco siglos. Además, estos gobiernos se enfrentaban a oposiciones, tanto nacionales -incluso dentro de su mismo seno- como internacionales, además de a trabas estructurales que no les permitían responder a todo lo que tenían pendiente. Insisten sobre los límites. En Brasil, el PT representaba, en el mejor de los casos, un tercio de la fuerza dentro de las coaliciones con las que gobernó. El imperialismo norteamericano no desapareció por arte de magia durante el gobierno del PT. Era necesario forjar compromisos, incluso alianzas, con las burguesías locales y con los actores transnacionales…

La justificación defensiva nos recuerda que, aunque el proceso que llevó a estos gobiernos al poder fue innovador y participativo, no fue una revolución. En consecuencia, las opciones estratégicas estaban sujetas a una red de instituciones económicas y políticas ya establecidas previamente, que condicionaban, e incluso bloqueaban, cambios más profundos. Era necesario enfrentar a fuerzas ya presentes en el escenario y lograr un margen de maniobra para llegar a un consenso -aunque fuera parcial- hasta encontrar acuerdos. La justificación defensiva del extractivismo como “una etapa” es un recordatorio de lo que es la realpolitik y es también una lección de estrategia.

“Usamos temporalmente el extractivismo”

La justificación defensiva del modelo extractivista viene acompañada de razones más programáticas: se afirma que se trata de una etapa transitoria. Desde esta perspectiva, conviene pasar por una etapa extractivista para después llegar a una etapa post-extractivista. Quien mejor ha explicado esta lógica ha sido el Vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera.

Durante una reunión internacional en Quito, a fines de septiembre de 2015, García Linera dijo: “¿Tenemos que salir del extractivismo? Sí, tenemos que salir. Pero no se sale congelando las condiciones de producción ni regresando a la edad de piedra. Se sale del extractivismo utilizando temporalmente el extractivismo. Hay que acabar con el extractivismo sí, pero simultáneamente hay que acabar con la miseria… ¿Cómo nos piden a nosotros acabar en cinco años lo que ha durado quinientos años?

Necesitamos un período de transición, un puente que cree las condiciones técnicas, materiales y culturales de una nueva generación capaz de superar el extractivismo. Vamos a seguir, porque hay que satisfacer las necesidades materiales de la gente. Pero a la vez iremos creando las condiciones para un reencuentro con la Naturaleza, rescatando la tradición indígena… Extrac¬tivismo sí, temporalmente y sí necesariamente. Hasta crear la nueva sociedad del conocimiento y de la cultura”.

Desde esta óptica, el modelo extractivista terminaría al final de un camino más o menos largo. Y mientras, se materializaría la paradójica dialéctica de que la intensificación del extractivismo daría paso a una sociedad post-extrac¬tivista. El desacuerdo se reduce a una cuestión de temporalidad y de medios, de estrategia y de más o menos paciencia hasta llegar a un objetivo común y compartido…

Descalifican los cuestionamientos

Dentro del tipo de justificaciones que se dan al extractivismo como una etapa está también la descalificación pura y simple de todo cuestionamiento que se le haga. En el mejor de los casos, las críticas son consideradas incongruentes o son prueba de un izquierdismo o un ecologismo o un indigenismo infantil. Es lo que ha repetido en Ecuador Rafael Correa. En el peor de los casos, las críticas son prueba de un “ambientalismo colonial”, según García Linera en la misma reunión internacional. En cualquier caso, las críticas vendrían de dos campos: el de quienes se oponen al desarrollo y el de la oposición con una agenda oculta.

Aquí entra la famosa anécdota de “la rana enemiga del desarrollo”, que tanto le gustaba repetir a Lula durante su Presidencia. Una especie de rana en peligro de extinción se había descubierto cuando se construía un túnel y ese hallazgo interrumpió la obra... La moraleja que Lula señalaba era que resulta de mínima importancia todo lo que dificulta, obstaculiza y retrasa el desarrollo, que él identificaba con los megaproyectos gubernamentales que hubo durante su gestión: presas, carreteras y otras infraestructuras de lo que fue el plan estratégico y emblemático de su gobierno, el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento).

En su relato, en defensa de la rana estaban los ecologistas ingenuos y los burócratas que ejercen un control ambiental meticuloso. Y al lado de esos dos grupos, los pueblos indígenas. Las moralejas de esos discursos y la falta de comprensión de Lula de la cultura indígena fueron denunciadas muy acertadamente por Saulo Ferreira Feitosa, secretario adjunto del CIMI (Consejo Indígena Misionero) en el texto “Lula, los indios y las ranas”.

“Están contra el desarrollo”

Descalificar las críticas al extractivismo en nombre del desarrollo no ha sucedido sólo en Brasil. Es un reflejo de la visión modernizadora y productivista de la izquierda latinoamericana en su conjunto, como demuestra Maristella Svampa. Donde la descalificación ha tendido a ser más violenta es en Ecuador, donde el ex-Presidente Correa declaró el 1 de diciembre de 2008: “No crean a los ambientalistas románticos. Todo el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”.

El terrorismo que denunciaba englobaba a varios sectores: a quienes se oponen al interés nacional y estratégico que significa el desarrollo, a quienes son instrumentalizados políticamente por la oposición de derecha y/o por el imperialismo, y a quienes tienen una agenda oculta de oposición, en la que el medioambiente no es más que un pretexto.

Los puntos de vista favorables al extractivismo no dejan de incluir la importancia de preservar el medioambiente, pero insisten en que la agenda ambiental debe estar subordi-nada a la lucha contra la pobreza y a la convicción de que para vencer en esa lucha la prioridad es el desarrollo.

En el Día Mundial del Medio Ambiente de 2009 Lula decía: “Queremos preservar la Amazonía, pero también tenemos que cuidar de 25 millones de seres humanos que viven ahí, que quieren un auto, un refrigerador, un televisor, que quieren tener las cosas que todo el mundo desea tener”. Un año después, regresando de la reunión de Copenha¬gue sobre el cambio climático, Lula aseguró que los países ri¬cos no estaban interesados en aplicar el Protocolo de Kyoto. “Lo que quieren -dijo- es impedir que los países en vías de desarrollo alcancemos las mismas metas que ellos”.

Lula reiteró que no aceptaría ningún obstáculo al desarrollo de Brasil. Y repudió las críticas de los países del Norte al consumismo del Sur, recordando que el Norte se desarrolló “a espaldas” del medioambiente mundial y del medioambiente de los países del Sur. Y confirmó la opción neo-desarrollista de Brasil, compartida ya por otros gobiernos “progresistas” vecinos, eliminando así la posibilidad de un debate y simplificando así la cuestión: en el Sur están quienes quieren el desarrollo, tener auto, refrigerador y televisor y en el Norte está la hipocresía ecologista.

Si criticar el desarrollo significa detener la lucha contra la pobreza y boicotear los intereses nacionales, es legítimo rechazar esa crítica por absurda o por ser un caballo de troya del enemigo interno, las derechas conservadoras o neoliberales, que si regresaran al gobierno destruirían el medioambiente a una escala mayor, o por estar al servicio del enemigo externo, el imperialismo. ¿Una visión tan simplificadora no justifica la represión y la criminalización de quienes se oponen al desarrollo..?

Por una transición post-extractivista

Quienes consideran el extractivismo “una transición” tienen la intención de tomar en serio los nuevos conceptos

-Buen Vivir, Derechos de la Naturaleza y otros- que surgieron de las luchas de estos últimos años y que fueron apoyados¬ por los movimientos sociales bolivianos y ecuatorianos y que hasta fueron incluidos en la Constitución de ambos países.

Más allá de lo específico de sus posturas, quienes así ven las cosas (Alberto Acosta, Eduardo Gudynas, Maristella Svampa) comparten una crítica doble al extractivismo y al desarrollo, proponen volver a integrar la dimensión económica en las relaciones sociales y medioambientales y plantean revalorizar y redinamizar los conocimientos locales, principalmente los de los pueblos indígenas. Abren así una alternativa: su propuesta es una transición post-desarrollo y/o post-extractivista.

El documento “Propuestas para transitar al post-extractivismo” a nivel regional, hecho público en Lima en 2015 representa una buena síntesis de las medidas propuestas para lograr esa transición. A falta de espacio para discutirlas, baste recordar, para distanciarnos de la caricatura que han hecho los gobiernos extractivistas de estas propuestas, que los defensores de la transición no son ni utopistas desconectados de las realidades concretas ni románticos desfasados “anti-minería” y “anti-petróleo”.

Lo que proponen es adoptar medidas transitorias tanto urgentes como de mediano plazo, diferenciando la extracción depredadora de la extracción sensible y prohibiendo la depredadora. Proponen comenzar ya desde ahora la transición, confiando firmemente en la capacidad de los movimientos sociales, confiriendo un rol más importante al Estado y reorientando la matriz productiva de los países.

Es falso que los movimientos indígenas se opusieron a los gobiernos progresistas por priorizar el desarrollo por la vía extractivista. Al igual que todos los movimientos sociales y de izquierda están divididos con relación a este tema.

Además, si bien los indígenas están habitualmente en la primera línea de las movilizaciones -entre 2010 y 2013 se produjeron 226 conflictos socio-ambientales relacionados con la oposición a proyectos mineros y de hidrocarburos en tierras indígenas- estos pueblos no están solos. En la lucha contra el neo-desarrollismo, los indígenas van junto a los movimientos campesinos, a las mujeres, a los afrodescendientes, y, de manera más general, van con el conjunto de actores que han introducido en la lucha social lo que Svampa llama “el giro eco-territorial”.

Aun teniendo en cuenta tiempos, medios y estrategias, la realidad es que se trata de dos visiones, de dos lógicas que se confrontan. Quienes defienden “una transición” se basan en un balance más crítico de la experiencia de los gobiernos post-neoliberales y en un cuestionamiento de la lógica del paso obligado por “una etapa” extractivista. Aunque reconocen muchos logros en estos gobiernos, ponen en duda la durabilidad y el impacto que tengan, y hacen hincapié en los costos no visibles del modelo y en la oportunidad perdida para transformarlo.

¿Fracasó la lucha contra la pobreza?

Al extractivismo concebido como “una etapa” quienes hablan de una “transición” oponen argumentos coyunturales, estructurales y estratégicos.

La lucha contra la pobreza, el logro más evidente y el más emblemático de los gobiernos post-neoliberales, debe ser cuestionado. La reducción de la pobreza, si bien fue más marcada en los países que hicieron el “giro a la izquierda”, ha sido una tendencia general en todo el continente, en países con gobiernos que no dieron ese “giro”. Según datos de la CEPAL, entre 2002 y 2011 en Colombia la población que vive en pobreza se redujo de 49.7% a 34.2%. En Chile bajó de 20.2% a 11%. En Paraguay, de 61% a 49.6%.

Otro dato. Si entre 2002 y 2011, fueron 54 millones las personas que salieron de la pobreza en el continente, entre 2011 y 2014 no superaron los 4 millones. En Venezuela, el porcentaje de pobreza y de indigencia ha aumentado desde 2012. En Brasil, la caída de la tasa de pobreza coincidió con el aumento de la tasa de indigencia. Este descenso en los logros está directamente relacionado con el cambio en la coyuntura económica mundial y, particularmente, con la caída de los precios internacionales de las materias primas, lo que demuestra la fragilidad de las bases en las que se sustentó la lucha contra la pobreza, su carácter insuficientemente estructural y su dependencia de las fluctuaciones del mercado mundial.

No tocaron el sistema de impuestos

Estos datos cuestionan las decisiones políticas que tomaron los gobiernos progresistas y ponen de relieve las que no tomaron. En América Latina los sistemas fiscales han sido tradicionalmente inequitativos y la recaudación de impuestos ha tenido reducidos resultados en la distribución de la riqueza. Los gobiernos de América del Sur que giraron a la izquierda apenas tocaron el sistema fiscal. Y en vez de asegurar una redistribución más equitativa de las riquezas del país con una justa captación de impuestos, buscaron financiar la lucha contra la pobreza con otros recursos, los que obtenían de la explotación y exportación de materias primas.

En este sentido, se puede afirmar que la elección de acentuar el extractivismo se hizo a expensas de eludir una reforma del sistema fiscal y así evitar una confrontación directa con las oligarquías tradicionales, las que no pagan los impuestos que deberían pagar. Esa decisión política permitió a los gobiernos progresistas “servir a Dios y al diablo”, mantener pactos, explícitos o implícitos, con la oligarquía y garantizarse así estabilidad. El caso de Venezuela es el más particular, porque desde el gobierno se creó una “boliburguesía” (burguesía bolivariana), en competencia con la oligarquía tradicional.

A más extractivismo, mens democracia

Las decisiones políticas de los gobiernos progresistas dieron lugar a una reconfiguración de la alianza con los movimientos sociales que los habían llevado al poder. Y cuando los logros comenzaron a disminuir, cuando cayeron los precios de las materias primas, se hizo evidente la fragilidad del modelo. Lo demostró lo ocurrido en Brasil cuando la oligarquía, viendo sus intereses amenazados, rompió repentinamente los pactos que había hecho con el PT.

Los resultados del modelo extractivista deben ser evaluados también desde perspectivas que no aparecen en los balances: daños al medioambiente, dependencia externa, conflictos sociales… Cuando el medioambiente no es tenido en cuenta como se debe, el costo económico y social de su destrucción resulta infravalorado sistemáticamente. ¿Cómo valorar el impacto negativo del extractivismo en la salud humana? ¿Cómo valorar adecuadamente el confinamiento de los países que apostaron por el extractivismo en una división internacional del trabajo que les dificulta su diversificación económica?

Los conflictos socioambientales, los relacionados con el uso, el control o el destino de la tierra y de sus recursos naturales, se han multiplicado y se han intensificado hoy en todo el continente. Además del costo inconmensurable de la pérdida de los territorios de los pueblos indígenas, el extractivismo ha agudizado el incremento de la inseguridad alimentaria y la des-ruralización de los países.

En el corazón de este balance existe un círculo vicioso, que en última instancia, condena el modelo extractivista: es el endeudamiento. La caída de los precios de las materias primas, agravada por el deterioro de la balanza de pagos (las exportaciones captan menos divisas, mientras las importaciones de bienes manufacturados mantienen su costo o incluso lo elevan), incrementó el extractivismo: explotar y exportar más para compensar la caída de los precios. Y así, aunque la rentabilidad financiera del extractivismo disminuyó, el volumen de recursos naturales exportados aumentó, provocando más conflictos y conflictos cada vez más diversos. Es un auténtico círculo vicioso. Svampa lo sintetizó en esta ecuación: “A más extractivismo menos democracia”.

¿Rompieron con el neoliberalismo?

El balance del modelo extractivista de estos gobiernos no es positivo. Por su dependencia, parcial y sesgada, del mercado internacional y de la oligarquía local, por no tomar en cuenta todos los “costos ocultos” y todos los efectos negativos del modelo que hacen que el costo-beneficio sea más problemático, y por su concepción distorsionada del desarrollo, que presenta este modelo como el único posible, han puesto en peligro las reformas agrarias, la soberanía alimentaria, la redistribución de las riquezas, la construcción de otro proyecto de sociedad más viable.

Es por eso que algunos análisis de lo sucedido afirman que en estos gobiernos progresistas el retorno del papel del Estado no ha significado otra cosa que ajustar ese papel con el fin de atraer inversión extranjera. Y en ese sentido, no han hecho ninguna ruptura con el neoliberalismo, apenas lo han reorientado.

El Vicepresidente de Bolivia, García Linera, pretendió reducir conceptualmente el sentido del extractivismo a una “relación técnica con la Naturaleza”, olvidando, como recuerda Edgardo Lander, que el extractivismo no sólo produce riquezas. Produce también relaciones sociales, un tipo particular de Estado, caracterizado por posiciones autoritarias y rentistas. Produce un imaginario colectivo y un modelo de sociedad. Por consiguiente, no se puede dejar así nomás el extractivismo como se deja una herramienta, porque el extractivismo configura políticas, influye en la relación entre el Estado y la sociedad y también influye en el proyecto de sociedad.

Resulta paradójico que estos gobiernos, con el clima económico favorable que significó el importante aumento de los precios de las materias primas, con un clima político tan positivo como fue el amplio apoyo popular que los llevó al poder, y con un clima internacional tan novedoso como tuvieron con el fortalecimiento de la imagen de la región, no iniciaran al menos la transición hacia otro proyecto de sociedad. Si, a pesar de todos estas circunstancias positivas no les fue posible romper con el modelo extractivista tradicional, ¿cuándo y cómo, en qué circunstancias y con qué condiciones, más favorables y duraderas, sería posible el cambio? ¿Será que es imposible la transición, relegada siempre a un “después” hipotético?

¿Realmente quisieron hacerlo?

Maristella Svampa definió el “consenso de los commodities” como el fundamento ideológico común que tuvieron los gobiernos latinoamericanos, hayan o no realizado el “giro a la izquierda”. Ese consenso consiste en apostar por el desarrollo ampliando el extractivismo. Las diferencias entre los distintos gobiernos, sean post-neoliberales o sean neoliberales, no aparecen si miramos la común voracidad extractiva.

Es a posteriori que se ven diferencias: ¿Cómo ha evolucionado la política fiscal? ¿La renta generada por la explotación de los recursos naturales a quiénes ha beneficiado, a qué sectores? Según las respuestas, y sin subestimar la resistencia y las limitaciones que enfrentan los gobiernos progresistas se puede decir si ha habido éxito o fracaso en la transición. El dilema se plantea más en términos del poder que del querer.

¿No pudieron o no quisieron? Pareciera que fue el “consenso de los commodities”, del que nunca se desprendieron por completo, el que atrapó a todos los gobiernos. ¿Hasta qué punto creyeron poder hacer esta transición… o realmente quisieron hacerla?

Hay que luchar contra la pobreza y también contra la dependencia. Los gobiernos post-neoliberales prometieron algunas políticas que quedaron en el camino. ¿Qué decir de lo incoherente y contradictorio de sus acciones comparándolas con sus declaraciones iniciales, con las Constituciones que ellos mismos, junto con la sociedad civil, reelaboraron? En la práctica, la negación de los Derechos de la Naturaleza y del Buen Vivir, reduciéndolos a mera retórica para usar en foros nacionales e internacionales, causa confusión, arriesga esas alternativas y la confianza que en ellas pusieron los movimientos sociales.

No debemos engañarnos

Este análisis, demasiado sintético, merece más matices según los países y según las fases que ha atravesado cada gobierno. Cada país que ha enfrentado un conflicto emblemático (Belo Monte en Brasil, Tipnis en Bolivia, Yasuní en Ecuador) pone en evidencia las contradicciones entre las pretensiones y las prácticas. Mientras, el neo-extractivismo continúa actuando como una oleada estructural en todos esos países. A la hora del balance y del debate sobre futuras perspectivas, hay que formular una doble pregunta: ¿qué actores? ¿cuáles cambios?

Hoy, los actores que llevaron a los gobiernos progresistas al poder aparecen divididos y debilitados, atrapados con frecuencia en la red de la subordinación o de la autocensura. La alianza, implícita o explícita, de los gobiernos progresistas con las grandes empresas agroindustriales, con la oligarquía y con los actores transnacionales, reconfiguraron las relaciones de poder dentro del poder empresarial, escondiendo así los antagonismos bajo el discurso desarrollista, o incluso bajo el discurso “pachamamista”, el que prometía un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo.

Los movimientos sociales que llevaron al poder a estos gobiernos están ante un importante dilema. Dependiendo del caso, del país, de las circunstancias, podrían configurarse alianzas concretas, estratégicas y defensivas entre los gobiernos post-neoliberales y los movimientos sociales. Actualmente no existe una alternativa electoral a los gobiernos progresistas y “lo que se viene” marca el regreso de la extrema derecha neoliberal, aliada del neocolonialismo. A pesar de ese peligro, los movimientos sociales no deben engañarse sobre las contradicciones que vieron en estos años de gobiernos progresistas. Más allá de que estas alianzas sean viables o no, es importante un trabajo teórico y práctico sobre la reconfiguración de las fuerzas sociales de estos países al margen y más allá de los gobiernos. En el centro de los problemas que se han generado estos años están en juego la autonomía y el fortalecimiento de los movimientos sociales, su capacidad en convertirse en verdaderos contrapesos del poder, y su capacidad de forjar una nueva dinámica institucional y estatal. Para enfrentar este juego hay que mover el cursor y colocarlo de nuevo en la emancipación.

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