Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de las protestas anti fraude en Honduras- Informe 2

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ante la comunidad nacional e internacional, presenta su segundo informe acerca del contexto de derechos humanos en el marco de las protestas anti fraude en Honduras, 2017.

El documento centra su atención en las violaciones a derechos humanos relacionadas con las manifestaciones públicas contra el fraude electoral y los ataques selectivos a opositores políticos. Los datos que sustentan este informe fueron obtenidos a través del monitoreo de la represión en diferentes zonas del país; contactos con líderes sociales, defensores locales de derechos humanos, redes de defensores, víctimas y testigos; páginas electrónicas de organizaciones de derechos humanos; entrevistas a diferentes actores utilizando diversas tecnologías de internet; testimonios de víctimas tomados en nuestras oficinas; visitas a la morgues judiciales y centros hospitalarios; y, en menor medida a través del monitoreo de medios de comunicación.

El informe contiene información de carácter nacional y abarca el período comprendido entre el 26 de noviembre y 31 de diciembre de 2017.

Contexto

Grandes sectores de la sociedad hondureña continúan saliendo a las calles de las diferentes ciudades y pueblos del país, a manifestar su desacuerdo frente a la reelección del candidato oficialista Juan Orlando Hernández, dando inicio a un contexto de 21 días de protestas sociales opositoras, durante el período del 29 de noviembre al 20 de diciembre de 2017.

Como respuesta, el Estado de Honduras ha reprimido violentamente las protestas sociales de carácter pacífico, utilizando como principales medios la detención y persecución de quienes protestan, y dirigentes políticos militantes de la oposición.

Crisis Política

Los expertos y analistas políticos consideraban previo a las elecciones del 26 de noviembre de 2017, que Honduras enfrentaba un período especialmente crítico para su efectiva libertad y democracia electoral.

Las elecciones generales de 2009 y 2013, no fueron efectivas para recobrar la democracia ni la confianza de la población en los procesos electorales, todo lo contrario, los cuestionamientos de amplios sectores de la población por la falta de aplicación de estándares internacionales seguros, democráticos y transparentes se incrementó; especialmente por la profundización en la concentración de poder en la figura del Presidente del Poder Ejecutivo, y el establecimiento de un modelo de gestión pública autoritario, sostenido por la militarización de la institucionalidad y la seguridad pública.

El quiebre institucional producto del Golpe de Estado de 2009, y la profundización en 2012 con el Golpe al Poder Judicial al destituir a los Magistrados de la Sala Constitucional, contribuyeron a crear un ambiente cerrado al dialogo y la negociación que impidieron las exigidas reformas al sistema electoral.

Las fuerzas políticas en contienda cuestionaron fuertemente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por su falta de independencia y capacidad de administrar democráticamente el proceso electoral en su conjunto. Las principales fuerzas de oposición (La Alianza de Oposición contra la Dictadura y el Partido Liberal) se retiraron del Consejo Consultivo del TSE; rechazaron la mecánica de transmisión de resultados y optaron por instalar sus propios sistemas de conteos; cuestionaron la credibilidad del nuevo padrón electoral, la falta de transparencia en los traslados domiciliarios y la manera como se entregaron las tarjetas de identidad; además, denunciaron la venta de credenciales de los partidos políticos pequeños a favor del partido oficial y las formas en como el TSE integró las directivas de las mesas receptoras de votos (integradas por representantes de los diferente partidos)1.

A esta situación se sumó la violencia y la intimidación, al 25 de noviembre de 2017, 19 personas relacionadas con la contienda electoral habían sido asesinadas, y un ambiente de miedo se había instalado en la población, situación incompatible con los derechos políticos de las personas. El candidato a la Presidencia del Partido Liberal, Luis Zelaya, denunció públicamente “la importación de granadas de humo y lanzagranadas que entraron al país el 21 octubre”, acción que implicaba la presencia activa de la Policía Militar del Orden Público (PMOP)2.

En este contexto se realizaron las las elecciones generales del 26 de noviembre. Un día después, el lunes 27, a las 2:00 a.m. y después de que los dos principales contendientes se declararan ganadores, el TSE presentó su primer informe que revelaba al candidato opositor Salvador Nasralla sobre Juan Orlando Hernández con 45.17%, versus 40.21%, resultado del 57.18% de las hojas de conteo de las mesas de votación escrutadas.

Después de fallas en el sistema de cómputo, Hernández se colocó por 1.6% delante de Nasralla, la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe preliminar del 04 de diciembre, documentó diversas irregularidades, entre estas: hojas de registro faltantes, maletas electorales abiertas e incompletas con material electoral de las mesas electorales y criterios no divulgados para procesar las boletas que llegaron al centro de recolección de TSE.3 En su segundo informe del 17 de diciembre, concluye que ha observado “un proceso de baja calidad electoral y por ende no puede afirmar que las dudas sobre el mismo están hoy esclarecidas.4 Una hora antes, el Tribunal Supremo Electoral en cadena de radio y televisión anunció al actual presidente como ganador de las elecciones.

Las manifestaciones públicas detonaron a partir del 30 de noviembre de 2017, la represión provocó personas gravemente heridas (incluso con discapacidad permanente) y disturbios acompañados de saqueos en varias ciudades del país, provocados por grupos no organizados y desvinculados a la oposición.

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El 01 de diciembre, el Gobierno de la República en Consejo de Secretarios de Estado, aprobó el Decreto No. 084/2017 referido a la suspensión de garantías establecidas en la Constitución de la República.5 Organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos expresaron su preocupación por las facultades amplias, poco claras y discrecionales que otorgó al Ejecutivo, con las consiguientes consecuencias negativas para el disfrute de los derechos humanos, que provocó masivas detenciones, represión de manifestaciones y la muerte violenta de 17 manifestantes y transeúntes a manos de las fuerzas de seguridad incluyendo la Policía Militar del Orden Público, el Ejercito y Fuerzas Especiales, que practicaron detenciones en instalaciones militares, y fueron víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes.6

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó el beneplácito del Estado de Honduras para enviar una misión urgente al país a fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el actual contexto postelectoral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó el beneplácito del Estado de Honduras para enviar una misión urgente al país a fin de evaluar la situación de los derechos humanos en el actual contexto postelectoral.7

Durante el período comprendido entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017, este comité ha documentado:

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Continuo uso excesivo de la fuerza

Después del 06 de diciembre, cuando el COFA-dEH presentó su informe preliminar, continuó recibiendo información acerca de que las fuerzas de seguridad estaban utilizando sistemáticamente fuerza excesiva para dispersar las manifestaciones, siguiendo un patrón común:

  • Reiterada incidenci de fuerza excesiva;
  • Uso de armas no letales utilizadas directamente contra el cuerpo de los manifestantes;
  • Las gravedades de las lesiones infligidas a los manifestantes han provocado discapacidad permanente;
  • Utilizaron la fuerza de manera no progresiva y en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad. Desde 1ue comenzaron las protestas, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso desproporcionado de bombas lacrimógenas contra los manifestantes, sin antes agotar el recurso a otros medios menos dañinos, tales como el diálogo;
  • La información pública disponible indicó que las tanquetas antimotines y los agentes especializados lanzaron con regularidad varias docenas de bombas lacrimógenas al mismo tiempo;
  • Los manifestantes fueron perseguidos hasta sus zonas de residencia;
  • Los cuerpos de la policía militar rompieron los portones de residenciales con circuitos cerrados, lanzaron bombas lacrimógenas al interior de las viviendas y centros comerciales y dispararon armas convencionales;
  • La participación de la Policía Militar del Orden Público y elementos del Ejército para reprimir manifestantes; por inhalación de gases, de residentes en barrios y colonias, afectando especialmente a niños, niñas y personas de la tercera edad;
  • Lesiones resultado del impacto de los cartuchos de las bombas lacrimógenas en las piernas, tórax o la cabeza de las personas; en algunos casos generando la perdida de importantes órganos;
  • Lesiones por el impacto de perdigones y balas de pólvora;
  • Muerte de manifestantes y detenciones masivas;
  • Criminalización por delitos contra la seguridad interior del Estado;
  • Uso de armas de alto poder explosivo; o. Ataques por la espalda y hacia las zonas vitales o vulnerables del cuerpo, cabeza y tórax;
  • La policía Militar del Orden público dirigió las operaciones y empleó el grado de violencia más alto contra los manifestantes e impidió el auxilio y traslado inmediato a centros hospitalarios a los heridos lo que había provocado la muerte de algunos manifestantes;
  • Aplicación de tácticas de guerra para capturar manifestantes y opositores políticos, y;
  • Empleo del Ejército y Fuerzas Especiales para reprimir manifestaciones públicas. en especial la Policía Militar del Orden Público dependen de la Jefatura de las Fuerzas Armadas, pero de hecho están bajo la dirección del Poder Ejecutivo.

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Documento

Continue la lectura del informe siguiendo este [documentos/Segundo-Informe-violaciones-a-DDHH-en-contexto-protesas-anti-fraude-en-Honduras.pdf enlace].

Notas

  1. http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/11/Posicionamiento-2.pdf
  2. http://www.elheraldo.hn/eleccioneshonduras2017/partidoliberal/1123591-508/candidato-presidencialluis-zelaya-denuncia-adquisici%C3%B3n-de-grana- das-de-humo-por-parte
  3. http://www.oas.org-es/centro_noticias-comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-089/17
  4. http://www.oas.org/fpdb/press/segundo-informe-preliminar-moe-honduras-18dic-final.pdf
  5. Gaceta número 34,506 del 01 de diciembre de 2017.
  6. http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/4068-denuncian-torturas-a-j%C3%B3venes-detenidos-por-militares-en-san-pedro-su-la
  7. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/217.asp

Fotografías

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