Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin

Compartimos el recién publicado informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre lo que sucede en Venezuela.

Resumen ejecutivo

En el presente informe se ofrece un análisis actualizado de las principales violaciones de los derechos humanos que fueron descritas en el informe "Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017", publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en agosto de 2017. Se examinan, en particular, diversas cuestiones sobre la responsabilidad y rendición de cuentas, así como sobre el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en caso de violaciones graves de los derechos humanos. El informe también documenta las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una alimentación adecuada. Además, el informe documenta otras violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014. La información recopilada por el ACNUDH indica que las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones forman parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para éste.

Dado que el gobierno venezolano no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su territorio, la información se recopiló a través de observaciones realizadas desde fuera del país. Esto incluyó la realización de 150 entrevistas con víctimas y testigos, así como con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios, y el examen detenido de numerosos informes y datos aportados por diversas fuentes.

Acceso a la justicia en el caso de muertes relacionadas con las protestas

Desde el cambio de Fiscal General, a principios de agosto de 2017, las autoridades estatales no han actuado con la diligencia debida para investigar de manera oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas de seguridad, castigar a los presuntos perpetradores y determinar las responsabilidades de las autoridades en los distintos niveles de la cadena de mando, deficiencia que constituyó una violación del derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad y la justicia. En sus contactos con el ACNUDH, los familiares de 19 de las personas muertas durante las protestas de 2017 indicaron que habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido.

Las fuerzas de seguridad, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, bloquearon los esfuerzos que estaban desplegando la Fiscal General anterior y su Oficina para identificar a los presuntos perpetradores. El ACNUDH conoció casos en los que las pruebas no se habían incorporado a los expedientes o habían desaparecido. También documentó casos en que miembros de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron simplemente retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos. En los pocos casos en que se identificó a los presuntos perpetradores de tales actos y se los privó de libertad, su procesamiento en los tribunales se retrasó injustificadamente. El ACNUDH recibió información sobre un solo caso en el que las investigaciones habían desembocado en la apertura del juicio de los presuntos responsables. Además, ninguno de los familiares de víctimas que fueron entrevistados por el ACNUDH confiaba en la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públicas, creada por la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, ya que a su juicio esta Comisión carecía de independencia e imparcialidad.

Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en otros tipos de operaciones de seguridad

El ACNUDH constató que el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad durante las manifestaciones es uno de los aspectos de la problemática más amplia que constituye el empleo excesivo de la fuerza en las operaciones de seguridad en general, que se ha venido manifestando al menos desde 2012. Desde julio de 2015, las autoridades estatales se han servido de las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)” como instrumento para demostrar sus pretendidos éxitos en materia de reducción de la criminalidad. El ACNUDH comprobó que existía un patrón de uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por parte de los órganos de seguridad en dichas operaciones, las cuales se saldaron con un gran número de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. El Ministerio Público comprobó que, entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad mataron a 505 personas en el marco de OLP, entre ellas 24 niños. Las OLP también se caracterizaban por el alto nivel de impunidad. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que presuntamente era responsable de la mayoría de los homicidios cometidos durante las OLP, también estaba encargado de llevar a cabo los exámenes forenses relativos a todas las muertes violentas.

El patrón de violaciones a derechos humanos identificado en el marco de las OLP también se observó durante la operación que se saldó con la muerte de 39 reclusos en el centro de detención de Amazonas, en agosto de 2017, así como durante la operación que concluyó con la muerte de siete miembros de un presunto grupo armado en la zona de "El Junquito", en enero de 2018. La información reunida por el ACNUDH indicó que en ambos casos los agentes de seguridad utilizaron fuerza excesiva y manipularon las escenas y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de los intercambios de fuego.

Detenciones arbitrarias y violaciones de las garantías del debido proceso

El ACNUDH ha observado que, desde finales de julio de 2017, las fuerzas de seguridad, en particular los servicios de inteligencia, han seguido utilizando las detenciones arbitrarias e ilegales como una de sus principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona que manifieste su disidencia o descontento y que, en consecuencia, sea considerada como una amenaza para el Gobierno. Sin embargo, estas detenciones han sido más selectivas que durante el período de las protestas masivas. Entre las personas arbitrariamente privadas de libertad figuraban activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas. Según los registros llevados por organizaciones de la sociedad civil, al menos 570 personas, incluidos 35 niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018.

El ACNUDH ha comprobado la existencia de violaciones recurrentes del debido proceso, como la detención en régimen de incomunicación, las desapariciones forzadas breves, la imposición de grandes restricciones al derecho a una defensa adecuada y las demoras judiciales injustificadas. Según un abogado entrevistado, “hablar de un proceso penal es ilusorio, porque no hay absolutamente ninguna garantía legal”. También se ha mantenido la práctica consistente en procesar a los civiles en los tribunales militares. En varios casos se ha privado de libertad a personas que ya estaban amparadas por una orden judicial de liberación.

Según interlocutores de la sociedad civil, al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018. De estas personas, más de 7.000 fueron liberadas con la condición de que acaten una serie de medidas que restringían sus libertades. Siguen enfrentando largos procedimientos penales incoados en su contra, en algunos casos ante los tribunales militares. Muchas de estas personas viven con el temor de ser detenidas nuevamente, y algunas han abandonado Venezuela.

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Torturas, malos tratos y condiciones de detención

Para preparar este informe, el ACNUDH reunió información sobre más de 90 casos de personas que fueron arbitrariamente privadas de libertad antes, durante y después de la ola de protestas masivas de 2017, y que estando detenidas fueron sometidas a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, muchas de las cuales podrían constituir formas de tortura. Los agentes de seguridad, notablemente los miembros del SEBIN, la DGCIM y la GNB, recurrieron a tales medidas para intimidar y castigar a los detenidos, así como para extraer confesiones e información. Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del SEBIN, la DGCIM y del ejército, en todo el país. Algunas personas fueron retenidas en lugares de detención no oficiales. Entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua. "No soy el único: hay muchas más víctimas en toda Venezuela", dijo un hombre que había sido detenido arbitrariamente y violado por agentes de seguridad. El ACNUDH también ha documentado casos de trato cruel, inhumano o degradante impuesto a familiares de los detenidos.

El ACNUDH observó que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad no cumplían las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos, y que a menudo constituían en sí mismas un trato cruel, inhumano o degradante. El hacinamiento es generalizado y las infraestructuras son insalubres. En muchos centros de detención de todo el país, los detenidos tenían un acceso limitado a los alimentos y el agua, incluida el agua potable, y sus familiares debían ocuparse de proporcionárselos. Además, el ACNUDH tomó conocimiento de que a varios detenidos que se encontraban en malas condiciones de salud se les denegó la atención médica necesaria, lo que constituía una violación de sus derechos a la salud, a la integridad física y a ser tratados con humanidad.

Según pudo determinar el ACNUDH, la impunidad por actos de tortura y malos tratos era predominante, y las autoridades no han investigado de manera rápida y efectiva las denuncias verosímiles de tortura y malos tratos que recibían, lo que hubiera permitido procesar a los presuntos autores y proporcionar reparaciones a las víctimas. Los casos documentados por el ACNUDH, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados. Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el presunto conocimiento de oficiales superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un patrón de conducta.

Ataques y restricciones al espacio democrático

En el informe se llega a la conclusión de que, desde el fin de las protestas masivas de 2017, las autoridades estatales han seguido intimidando y reprimiendo a la oposición política y a toda persona que exprese opiniones disidentes o de descontento, con la diferencia de que esto se hace ahora de una manera más focalizada y precisa que en la época de las manifestaciones. En 2017 y durante los primeros meses de 2018, el ACNUDH tuvo constancia de diversas agresiones perpetradas contra dirigentes y miembros de partidos de la oposición, con inclusión de representantes electos, así como contra activistas sociales, estudiantes, profesores universitarios y defensores de los derechos humanos. Las altas autoridades suelen acusar públicamente a estas personas de estar implicadas en actos de terrorismo, traición y otros delitos graves. "El régimen me tiene fichado", dijo un activista político del estado de Lara. Las víctimas entrevistadas indicaron que habían sido hostigadas, estigmatizadas, intimidadas, amenazadas o agredidas físicamente por representantes de las autoridades gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y otros miembros de grupos progubernamentales. En algunos casos, fueron detenidas arbitrariamente, maltratadas o torturadas, y, según se informa, fueron acusadas sin fundamento de haber cometido crímenes.

El ACNUDH documentó otras violaciones recurrentes de los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación. Las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones de derechos humanos también están confrontadas a dificultades cada vez mayores para poder funcionar, y los defensores de los derechos humanos son víctimas de campañas de desprestigio, amenazas, actos de acoso y vigilancia, y en algunos casos han sufrido detenciones arbitrarias y malos tratos o incluso tortura por llevar a cabo sus actividades legítimas. Se ha producido así un clima de miedo generalizado. “Cada día que pasa, crece el miedo que uno siente a sufrir represalias por hacer su trabajo”, dijo un abogado de derechos humanos.

Violaciones del derecho a la salud y la alimentación

Los médicos, académicos, otros profesionales de la salud y defensores de los derechos humanos entrevistados por el ACNUDH indicaron, sin excepción, que la grave crisis sanitaria en curso era consecuencia del colapso del sistema de salud venezolano. El ACNUDH recibió pruebas de que la inacción de las autoridades estatales o la ineficacia de las medidas adoptadas para abordar el agudo deterioro de las instalaciones y el equipo de atención médica, la falta de medicamentos, en particular para pacientes con enfermedades crónicas, y el repunte de enfermedades que ya habían sido erradicadas constituyeron una violación del derecho a la salud de un gran número de personas en todo el país.

Varios médicos señalaron al ACNUDH que las autoridades estatales no les habían proporcionado el equipo y los suministros necesarios para impedir que se produjeran muertes evitables. También informaron de que los pacientes tenían que comprar los medicamentos y suministros indispensables para su tratamiento fuera del hospital y que, si no podían encontrarlos o pagarlos, simplemente no podían ser tratados. Las madres de niños aquejados de insuficiencia renal informaron al ACNUDH de que había una escasez sistémica de equipos para diálisis en el único hospital del país donde los niños menores de 12 años pueden recibir dicho tratamiento. También dijeron que dicho hospital tenía déficits de medicinas y alimentos, así como de médicos. Según la información recogida, diez niños murieron como consecuencia de las condiciones insalubres en ese hospital, entre mayo y diciembre de 2017.

El ACNUDH también observó que el Gobierno se había negado a divulgar la información necesaria para evaluar la dimensión y las consecuencias de la crisis de salud, por ejemplo, mediante los boletines epidemiológicos semanales y el anuario sobre mortalidad. Por el contrario, el gobierno ha amenazado, e incluso en algunos casos detenido arbitrariamente, a los médicos, pacientes y trabajadores de los medios de comunicación que denuncian la gravedad de la situación sanitaria. Los profesionales de la salud entrevistados se quejaron de la presencia de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia y los colectivos armados en el recinto de los hospitales, los que se ocupaban de impedir que periodistas y otras personas reunieran pruebas de las terribles condiciones imperantes.

Según expertos entrevistados por el ACNUDH, como consecuencia de una combinación de políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno durante la última década, como el control estatal sobre el precio de los alimentos y los tipos de cambio de moneda extranjera, la mala gestión de las tierras cultivables confiscadas, el monopolio estatal de los suministros agropecuarios y la puesta en práctica de programas sociales sin objetivos nutricionales claros, se han generado niveles críticos de escasez alimentaria en un contexto en el que grandes segmentos de la población no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos a precios de mercado.

De acuerdo a la información disponible, la desnutrición de los niños menores de cinco años aumentó rápidamente y las familias se han visto obligadas a reducir drásticamente la cantidad y la calidad de los alimentos que consumían. Además, habían adoptado estrategias de supervivencia, como vender sus objetos de valor, enviar a un miembro de la familia al extranjero o buscar comida en las basuras. El ACNUDH también observó que la escasez de alimentos tenía un impacto desproporcionado en las mujeres. Los médicos se han visto en la incapacidad de tratar adecuadamente a los niños con desnutrición aguda, debido a la escasez de medicinas, suplementos nutricionales y leche infantil en el sistema público de atención sanitaria. Además, los programas sociales establecidos por el Gobierno se habían instrumentalizado para obtener beneficios políticos y reforzar el control social.

El ACNUDH constató que, dado que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria, no se habían adoptado las medidas y las reformas normativas que se necesitaban con urgencia para hacer frente a la crisis y sus causas fundamentales, no cumpliendo así su obligación internacional de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación, incluso recurriendo a la cooperación y asistencia internacionales.

Recomendaciones

El ACNUDH ha formulado dos recomendaciones destinadas a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos y 30 recomendaciones a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de abordar las graves violaciones de los derechos humanos documentadas en el informe y de evitar nuevas violaciones. Las recomendaciones incluyen a la vez medidas que deberían ponerse en práctica inmediatamente, y reformas encaminadas a resolver los problemas estructurales que han permitido que se cometan violaciones de los derechos humanos.

El ACNUDH sigue solicitando el acceso pleno y sin restricciones a la República Bolivariana de Venezuela a fin de realizar una evaluación exhaustiva de la situación de los derechos humanos en este país y está dispuesto a entablar un diálogo con el Gobierno, que comprende la cooperación técnica.


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Fuente

  • Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
  • Fotografías: Flickr - MARQUINAM. Licencia Creative Commons.

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