Construyendo el Mapa de Riesgos de un territorio colectivo.

Ante la esperada firma de la paz en Colombia, diferentes sectores de la sociedad se preparan para hacer este acuerdo sostenible y construir un nuevo país, desde las regiones y los territorios. El Centro de Investigacion y Educación Popular, CINEP, centro social de la Compañía de Jesús presenta un ejemplo de estos esfuerzos.

El territorio colectivo de La Larga y Tumaradó está ubicado en la subregión del Bajo Atrato, municipio de Riosucio, Chocó. Tiene una extensión aproximada de 107.064 ha y en él habitan comunidades negras, campesinos y grupos indígenas provenientes de distintas zonas del país. Para mediados de la década de los 90´s, el territorio sufrió un proceso de vaciamiento casi generalizado: aproximadamente el 80% de las personas que lo habitaban abandonaron sus territorios. Amenazas, agresiones, señalamientos, restricción a la libre circulación y otras violaciones graves a los derechos humanos en contra de la comunidad negra que habitaba la cuenca de los ríos La Larga y Tumaradó motivaron el desplazamiento forzado masivo de los pobladores y a su vez, el consecuente abandono del territorio.

Esta situación en conjunto con la limitada presencia Estatal en la cuenca y en general en toda la subregión del bajo Atrato, permitió que grupos armados al margen de la ley (paramilitares y guerrilla) y otras personas ajenas a la comunidad comenzaran a ocupar, usar y aprovechar el territorio con fines contrarios a lo dispuesto por la Ley 70 de 1993. Se generaron en el territorio afectaciones de todo tipo transformando radicalmente las prácticas tradicionales que había permitido la convivencia de los distintos grupos que en el habitan.

En la actualidad, existen graves afectaciones al territorio colectivo de COCOLATU relacionadas con el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales y proyectos productivos agroindustriales. Cultivos de palma aceitera y de plátano de exportación, proyectos de explotación forestal, procesos de potrerización destinados a la instauración de modelos de ganadería extensiva y cultivos de uso ilícito fueron establecidos como resultado de acciones de despojo llevadas a cabo por terceros y por actores armados para acceder a la tierra, los cuales han estado directa e indirectamente relacionados con el conflicto armado interno. A su vez, es notoria la presencia de grupos armados en la zona dado su posición estratégica para la comercialización de drogas y armamento, complejizando la situación para las comunidades afro descendientes presentes en el territorio.

Ley de víctimas, restitución de tierras y riesgos para los reclamantes.

Desde el año 2000, distintas personas decidieron retornar de forma voluntaria a los predios que ocupaban antes del desplazamiento generalizado. La precariedad y la pobreza de la situación de desplazamiento en cascos urbanos y centros poblados motivo a gran parte de la población nativa a retornar a las tierras que habían abandonado. Estos retornos se dieron sin acompañamiento institucional, situación que sumada a la presencia de grandes ocupantes que sienten vulnerados sus derechos de propiedad privada, ha puesto en gran peligro la vida, libertad e integridad de gran parte de los retornantes y personas que se definen a sí mismos como reclamantes de tierras.

Con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4635 se creó una nueva ruta para la restitución de tierras. Su objetivo es reparar de forma integral a aquellas personas que sufrieron daños relacionados con el conflicto armado desde el año de 1991. En la actualidad, comunidades y retornantes voluntarios enfrentan una serie de amenazas concretas que dificultan la materialización de los derechos establecidos en la normatividad existente. Por un lado, las comunidades son objeto de constantes amenazas e intimidaciones por parte de grandes ocupantes que se oponen al proceso de restitución dado que el mismo amenazas sus intereses económicos para la explotación de la tierra. Al mismo tiempo la institucionalidad local y nacional aumenta la polarización argumentando que muchos de los reclamantes no son sujetos de reparación en la marco de la lay y que por el contrario son falsas víctimas que están aprovechando la coyuntura actual para despojar a campesinos que compraron de buena fe.

Finalmente, la presencia latente de grupos armados que actúan en asociación con grandes ocupantes atemoriza a las víctimas retornantes situación que dificulta el proceso de exigencia de derechos y la visibilización de la situación de seguridad en la zona. Desalojos, amenazas directas, criminalización, destrucción de bienes indispensables para la supervivencia de la población, quema y destrucción de casas, robo de ganado son, entre otras, algunas de las modalidades utilizadas por los opositores de los reclamantes para intimidar y frenar los procesos de reclamación.

Taller para mapear los riesgos territoriales y construir plan de seguridad y autoprotección

En ese contexto, y en el marco del proyecto Unión Europea “Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla: restitución de tierras con comunidades étnicas y campesinas en Magdalena, Chocó y Bolívar”, que es desarrollado por un consorcio integrado por El Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP/Programa por la Paz– y la Pontificia Universidad Javeriana – sede Bogotá, se adelantó en la ciudad de Apartado (Antioquía) un ejercicio de construcción participativa que pretendía mapear riesgos territoriales, así como de la construcción de un plan de seguridad y autoprotección para el territorio colectivo de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), subregión del bajo Atrato (Chocó) entre el 17 y el 21 del mes de mayo del presente año.

El espacio contó con la participación de la Junta Directiva de COCOLATU, líderes reclamantes de las distintas zonas del territorio colectivo y miembros de la comunidad que enfrentan en la actualidad riesgos y amenazas concretas relacionadas con el proceso de reivindicación de derechos sobre el territorio.

El proyecto tiene por objeto aportar en mejores prácticas, acuerdos y la resolución pacífica de las problemáticas asociadas a la restitución de tierras en comunidades y organizaciones campesinas y étnicas de los departamentos de Bolívar, Magdalena, Antioquia y Chocó, por medio del fomento de diálogos regionales, interétnicos y con la institucionalidad pública.

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CINEP/PPP y el equipo de Gestión del Territorio en el Pacífico continúa su proceso de acompañamiento a las comunidades y líderes de la zona y apoya la construcción de estrategias de seguridad y autoprotección que permitan un ambiente propicio para la exigibilidad de derechos territoriales de carácter colectivo.

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