31 años de insistencia: Breve resumen del caso jesuitas y sus diferentes implicaciones

"La impunidad no ofrece ninguna garantía de que no se repitan crímenes de lesa humanidad, creemos que todo esfuerzo de llevar a los tribunales a los presuntos autores de estos crímenes contribuye a las garantías de no repetición". Nota de Idhuca publicada por Religión Digital.

La noticia de la apertura del juicio del coronel Montano es una buena noticia para la de justicia y refuerza el proceso pendiente en El Salvador contra cinco presuntos autores intelectuales, al igual que Montano, del crimen de los jesuitas y sus dos colaboradoras. Hacer un breve resumen de lo acontecido en el caso a lo largo de estos casi 31 años puede ser interesante, especialmente para tantos jesuitas que entraron en la Compañía después de aquella ya lejana fecha.

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El excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, cuarto desde la izquierda en esta foto de 1989, declara por el asesinato de cinco jesuitas en 1989

Cuando a las 6.30 de la mañana del 16 de Noviembre de 1989 fuimos a ver los cadáveres de nuestros compañeros y de la que varios años fue cercana colaboradora y su hija, nos dimos cuenta de que se trataba de un operativo militar dirigido desde el Estado Mayor del ejército salvadoreño. Habíamos oído un intenso tiroteo de aproximadamente veinte minutos a las dos de la mañana de ese mismo día, junto con tres o cuatro explosiones muy fuertes. Pensamos que era un enfrentamiento en la calle entre el ejército y la guerrilla. Pero al ver la cantidad de casquillos de balas de diverso calibre dentro de la Universidad, junto con la funda de un “cohete antitanque Law”, disparado contra la vivienda de los jesuitas, no nos quedaron dudas. Además, previamente, el 11 de Noviembre, habíamos escuchado una cadena nacional de radio, dirigida por Mauricio Sandoval, entonces trabajando en la “Inteligencia militar”, y en la que, mediante teléfono abierto, se pedía el asesinato de los jesuitas, así como de Mons. Rivera y Mons. Gregorio Rosa. Si el asesinato no parecía probable cuando escuchamos la cadena radial, los acontecimientos de esa madrugada no nos dejaban dudas de la autoría.

En efecto, el lugar donde mataron a los compañeros estaba en una zona muy vigilada. Quedaba a 250 metros de la Colonia Arce, fuertemente protegida, donde vivían la mayoría de los altos oficiales del ejército. Los cuerpos de nuestros compañeros y las dos mujeres se encontraban a 400 metros del edificio de la “inteligencia militar” y a 700 metros en línea recta del Estado Mayor del ejército. Continuamente veíamos grupos de militares en nuestra zona, vigilando el entorno de esos lugares estratégicos en una lucha con la guerrilla. Un tiroteo tan intenso y prolongado solamente ellos lo podían hacer sin que llegaran otras fuerzas del ejército a investigar qué pasaba. Además varios testigos los vieron o los oyeron. Ese mismo día 16 a las 12 del mediodía el arzobispo de San Salvador, Mons. Rivera, su auxiliar, el hoy cardenal Gregorio Rosa y el P. José María Tojeira, visitaron al entonces presidente Cristiani para decirle que el ejército había asesinado a los jesuitas y sus dos colaboradoras.

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Los días posteriores fueron frenéticos. Con los medios de comunicación controlados por el estado de sitio, diversos miembros del Ejército y del gobierno decían que la guerrilla los había asesinado. A quienes acusaban a los militares les quedaba únicamente la insistencia con la prensa internacional, que jugó un excelente papel de búsqueda de la verdad. La única testigo visual de los soldados en el interior de la Universidad en el momento del crimen, Lucía Cerna, tuvo que declarar en la Embajada Española por razones de seguridad y salir de El Salvador inmediatamente después. Al llegar a Miami el FBIla retuvo durante una semana para interrogarla. E incluso llamó y permitió que llegara a Miami para interrogarla el teniente coronel salvadoreño, Rivas Mejía, que la presionó y amenazó sistemáticamente, forzándola a desdecirse.

Después de mes y medio de insistir, al Gobierno no le quedó más remedio que reconocer el crimen

Al final, después de mes y medio de insistir en que la guerrilla había asesinado a los jesuitas, al Gobierno no le quedó más remedio que reconocer el crimen. Pero se redujeron los responsables. Un asesinato masivo que había sido planeado y ordenado desde el Estado Mayor del ejército quedó reducido a un grupo de 9 personas, entre los que figuraban un coronel, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados.

El juicio tuvo sus momentos de tensión. Los dos fiscales asignados al caso, que estaban trabajando con una gran profesionalidad, sufrieron amenazas de muerte, canalizadas a través de la embajada norteamericana, y amenazas de destitución de parte del Fiscal General de aquel entonces. Al final fueron forzados a dimitir, y fueron contratados como acusadores particulares por la Compañía de Jesús.

El juicio que se desarrolló entre 1989 y 1992, absolvió a los autores materiales del crimen, condenó a los intermediarios de la orden y encubrió a los autores intelectuales, miembros del Estado Mayor y del Alto Mando.

La lucha por la verdad continuó, y al fin la Comisión de la Verdad, en 1993, dio los nombres de cinco altos oficiales que en el momento de los hechos tenían los cargos de Jefe del Estado Mayor del Ejército, viceministros de defensa (dos, uno encargado del Ejército y otro de las Policías, entonces militarizadas. Este último el coronel Montano), el jefe de la brigada militar que controlaba la capital y el jefe de la Fuerza Aérea. Cinco días después del Informe de la Verdad la Asamblea Legislativa dio una ley de amnistía general que cubría absolutamente todos los delitos cometidos durante la guerra.

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Tras años de insistencia, se reaabre el caso

En 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, pidió a El Salvador que reabriera el caso jesuitas por las graves deficiencias que había tenido el juicio que se había iniciado en 1989. La respuesta del Presidente Flores fue afirmar taxativamente que no abrirían el juicio de nuevo. Lo mismo dijo el Fiscal General de aquel entonces, Belisario Artiga. Presentamos entonces, en el año 2000, una denuncia en la Fiscalía, acusando a los militares mencionados por la Comisión de la Verdad como autores intelectuales, y a dos personas más, el expresidente Cristiani y el exministro de Defensa, general Larios, involucrándolos por omisión de su deber de proteger. Al final, tras una larga espera, la Fiscalía abrió el caso pidiendo el sobreseimiento por amnistía y por prescripción del delito (10 años, en El Salvador para los delitos más graves), a pesar de que los crímenes de lesa humanidad y de guerra son imprescriptibles. El sistema judicial, llegando hasta la Corte Suprema, dijo que los delitos no estaban cubiertos por la amnistía, pero que la prescripción había transcurrido ya. Incluso uno de los jueces de la primera apelación aseguró, en favor de la prescripción, que “el derecho en El Salvador siempre había estado latente” y que la culpa de que no hubiera juicio era de las víctimas.

Primer gran logro: la extradición del coronel Montano y revisión de la Ley de Amnistía de El Salvador, declarada inconstitucional

El siguiente paso fue la apertura del juicio en España a petición de algunos familiares de los jesuitas. Desde la UCA se le ha dado apoyo al caso, especialmente con información. Un primer gran logro de quienes llevaban el caso en España fue la extradición del coronel Montano, detenido en Estados Unidos por mentir a las autoridades migratorias. Desde Estados Unidos fue extraditado a España para ser juzgado por el delito de terrorismo con homicidio, referido solamente a los jesuitas de origen español.

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La apertura del juicio en España fue un paso importante para hacer presión no sólo respecto al caso jesuitas, sino en favor de la revisión de la ley de amnistía, declarada inconstitucional en 2016. Los esfuerzos en favor de la justicia han ido acompañados por diversos acercamientos que, sin dañar la justicia, marcan un camino de perdón. En ese sentido El P. Andreu Oliva, en su calidad de Rector de la Universidad, junto con el P. Tojeira, Director del Idhuca, solicitó en mayo de 2017 la conmutación de la pena de treinta años aplicada al coronel Benavides, por los casi cinco años que lleva preso (tres antes de la ley de amnistía y dos en la actualidad). Nuestra solicitud fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, que por otra parte ha sido extraordinariamente lenta en la persecución de los acusados en el juicio reabierto en El Salvador.

También el año 2017 solicitamos ante el juzgado Tercero de Paz de San Salvador, que se reabra el caso de la autoría intelectual que intentamos iniciar el año 2000. Desde la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía hemos venido trabajando para que se legisle desde la perspectiva de la justicia transicional, como complemento de la justicia penal, con el fin de facilitar el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante nuestra guerra civil. Ha sido la nula respuesta del Estado lo que nos motivó a solicitar la reapertura del juicio que se intentó en el 2000. Tras muchas y repetidas apelaciones de la defensa de los militares implicados, el juez decidió declarar nulos los sobreseimientos del año 2000, dando la razón a nuestro alegato de inconstitucionalidad.

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El juez declara nulos los sobreseimientos del año 2000 y comienza una cadena de recusaciones, aún sin resolver, en la justicia Salvadoreña

La decisión del juez, en resumen, tuvo los siguientes elementos: En primer lugar, declaró sin lugar los alegatos de la defensa de los acusados, que insistían en la validez del juicio del año 2000. Declaró nulo al mismo tiempo el requerimiento del 7 de diciembre del año 2000, presentado por el entonces fiscal Belisario Artiga, que pedía el sobreseimiento por amnistía y prescripción. En consecuencia, ordenó a la Fiscalía elaborar un nuevo requerimiento. La defensa de los acusados ha apelado la decisión del juez y el caso pasó a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador. Recibido el caso por la Cámara, los abogados de los acusados recusaron a uno de sus jueces. El caso pasó entonces a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema que ratificó en su puesto al juez objetado. La Cámara apoyó la resolución del juez que pedía nuevo requerimiento. Pero tres militares entonces pusieron un recurso de casación de nuevo en la Sala de lo Penal y recusaron a dos jueces la de la Sala de lo Penal. La Corte Suprema mantuvo a uno de los jueces de la Sala y separó a otro del juicio. Desde hace aproximadamente un año la Sala de lo Penal no ha resuelto todavía el recurso de casación de los militares.

En este contexto, el hecho de que el coronel Montano sea juzgado en España tiene un significado importante. De hecho, la apertura del caso en España contribuyó de alguna manera a que la Sala de lo Constitucional tomara la decisión de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía vigente en El Salvador. La deportación de Montano a España ha contribuido también a que el sistema judicial salvadoreño, aun con toda su lentitud y atrasos, abra de nuevo el caso jesuitas aquí, en el que están acusados cinco presuntos autores intelectuales del asesinato, incluyendo al entonces presidente de El Salvador, a su ministro de Defensa y a tres altos mandos militares de los cinco señalados por la Comisión de la Verdad de El Salvador. Los dos de los cinco señalados que no están acusados aquí son el General Ponce (Jefe del Estado Mayor en aquel momento) por haber fallecido, y el coronel Montano, que está siendo juzgado en España.

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Impedir que hechos como este se repitan

La insistencia en darle seguimiento al caso durante estos 31 años tiene su razón de ser. El impedir la repetición de hechos como éste. De hecho en El Salvador se cometieron durante la guerra civil casos mucho más graves que el asesinato de los jesuitas que quedaron hasta el momento impunes. Sabedores de que la impunidad no ofrece ninguna garantía de que no se repitan crímenes de lesa humanidad, creemos que todo esfuerzo de llevar a los tribunales a los presuntos autores de estos crímenes contribuye a las garantías de no repetición.

Al mismo tiempo que hemos tratado de enjuiciar estos crímenes, hemos tratado de mantenernos abiertos al diálogo con los presuntos autores, animándoles a contribuir con la verdad y ofreciendo a algunos de ellos formas de reconciliación a través de recursos legales que disminuyan las penas que les pueda imponer el sistema judicial. No todos los presuntos autores han querido dialogar (algunos han sido incluso especialmente agresivos con nosotros), pero la Compañía de Jesús ha estado siempre abierta al diálogo.

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Idhuca

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