Articular luchas en los propios territorios como respuesta a la capitalización de la naturaleza

La última semana de agosto, se realizó en Belém, Estado de Pará, Brasil, la Conferencia Latinoamericana sobre Capitalización de la Naturaleza.Para hablar sobre el asunto, la red Jubileo Sur Brasil conversó con Luis Fernando Novoa, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Campinas Novoa quien analiza de forma critica la lógica capitalista, el papel de los gobiernos en este modelo, los casos emblemáticos de las hidroeléctricas y sobre las resistencias de los pueblos.

Jubileo Sur Brasil – En este momento tiene lugar una conferencia que trata sobre la capitalización de la naturaleza. ¿Con qué gravedad viene ocurriendo en Brasil esta cuestión?

Luis Novoa - El contexto de liquidación permanente es creciente. La crisis sobre acumulación en sus fases agudas producen expropiaciones más rápidas y profundas. Esto explica por qué la naturaleza y, especialmente, en las regiones y lugares donde la representamos, en su integridad, ha sido frente prioritario de expansión y apropiación capitalista. En última instancia, movidas por esferas de valorización desmaterializadas, ficticias sólo en ese sentido.

Es lo que se ha llamado capitalización de la naturaleza, cuando hay apropiación capitalista de territorialidades extra mercantiles; ya se trate de apropiaciones financiarizadas, o sea, computadas, decididas y viabilizadas en las esferas más centrales de los conglomerados. Así como se sacrifican presupuestos y bienes públicos; los bienes naturales son el lastre último para rematar el futuro y al planeta como mercaderías.

JSB - Usted ha seguido los varios impactos que grandes proyectos hidroeléctricos han causado en las comunidades más pobres y excluidas. ¿Hay denuncias, hay formas de resistencia capaces de reparar esos perjuicios?

Luis Novoa - El desastre promovido por las obras en el río Madeira (en Rondonia) ha sido disimulado para no comprometer lo que llaman la "viabilidad financiera" de las concesionarias eléctricas, en un momento de crisis de abastecimiento. En situaciones de crisis, como ya fue referido, se universalizan problemas y las soluciones particulares de las clases dominantes. Por eso no se escucha hablar de problemas de abastecimiento eléctrico ni de tarifazo, ni para la industria extractiva del aluminio ni para la de la celulosa que, además, incrementaron su expansión a partir de 2008 y mantienen el mismo ritmo en los últimos dos años.

Entonces, la meta de expansión de la generación eléctrica fue y continúa siendo un instrumento de unificación política de las elites y de adhesión pasiva de la clase trabajadora, que se deja seducir por la expectativa de aumento de empleos y por la ampliación del acceso a la energía eléctrica, sea por el período o por el precio que fuere.

Las grandes represas hidroeléctricas determinan una apropiación única y homogénea de los ríos, haciendo inviable la pesca, la agricultura de arrozales, la silvicultura y el transporte de pequeñas embarcaciones. Por eso las grandes hidroeléctricas o un conjunto de pequeñas hidroeléctricas representan la privatización del propio río. La fuente de ingreso de miles de familias ribereñas es abruptamente interrumpida, sea por el desplazamiento compulsivo, sea por la inviabilización del ciclo agroextractivista antes existente.

Quien más interactúa con el río y sus sistemas lacustres y de zonas inundables para arrozales es quien más sufre los efectos de las hidroeléctricas. A cambio de esto, cuanto mucho, reciben indemnizaciones ínfimas y que no garantizan su reasentamiento en condiciones equivalentes. Mucho menos garantizar su transición segura hacia la condición urbana, lo que involucraría mucho más que recursos financieros.

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Las denuncias de las comunidades locales desplazadas y afectadas por las hidroeléctricas se han registrado y motivado acciones judiciales que, en la mayoría de los casos, son paradas en la primera instancia o filtradas en la segunda. El reconocimiento de las comunidades ribereñas como pueblos tradicionales (lo que requeriría consultas previas informadas) y una política nacional de salvaguardas para el desplazamiento de comunidades por grandes proyectos, pueden ser al mismo tiempo instrumentos de resistencia y de desestímulo de esos negocios, basados en la expropiación de comunidades y bienes públicos.

JSB - En general, esas grandes obras son hechas bajo el argumento del desarrollo, del crecimiento, lo que, obvio, no justifica que afecten directamente a esas poblaciones. ¿Por qué ocurre esto?

Luis Novoa – El llamado chantaje local es mucho más perverso y se efectiviza en regiones construidas y concebidas como atrasadas, en falta, por tanto, con lo que serían los requisitos del desarrollo, tales como empleos formales y poder de consumo. Por eso, en los bordes depredados y devastados de la Amazonia o en áreas consideradas estancadas, entra el poder de seducción del escenario de "salto adelante", ofrecido por los grandes proyectos. La frontera de acumulación, de esta manera, se consolida con costos de frontera, en otros términos, con la precarización del mercado de trabajo y el relajamiento de la legislación ambiental.

Lo peor es que hasta inclusive la retención y la divulgación de la experiencia de esas apropiaciones devastadoras viene siendo dificultada por una política deliberada de blindaje jurídico y técnico, como se hace nítido en el caso del desastre social y ambiental porque pasó la región de Porto Velho (Rondonia), después de la construcción de las hidroeléctricas de Santo Antonio y Jirau (ambas en el río Madeira).

JSB - En este proceso de capitalización, ¿qué responsabilidades tienen los gobiernos al abrirse tanto a los consorcios?

Luis Novoa – Los gobiernos abrieron y limpiaron el terreno con sus estatales y bancos públicos. Adecuaron las reglas sectoriales a los arreglos empresariales más articulados y, ahora, tratan de bonificarlos con subsidios, indemnizaciones por eventuales pérdidas de lucratividad potencial, entre otros beneficios obscenos. Máxima acción en el apoyo a los conglomerados privados, mínima regulación.

El resultado de esto es la conversión de los bienes naturales y sectores de infraestructura, antes considerados estratégicos, en mercados altamente rentables, a corto plazo. Sujetos, por lo tanto, a movimientos especulativos, prácticas combinadas de fusiones y adquisiciones, con anticipaciones financieras, a artificios de todo orden, para generar máximo retorno y liquidez. Todo a contramano del planeamiento público de la expansión y calificación de esos servicios.

JSB – Con este panorama, ¿cuál es el mayor desafío de los movimientos sociales y de los que tienen una visión más amplia de este tipo de comercialización de bienes naturales?

Luis Novoa – Clamar por soberanía o renacionalización de esos bienes no basta, tal vez hasta inclusive, sea un expediente de ilusionismo y apasivamiento social. Después de las rebeliones populares en Argentina, Bolivia y Ecuador, entre 2000 y 2004, por ejemplo, los gobiernos autodeclarados progresistas se convirtieron en instancias intermediadoras de la continuidad de la transferencia de aguas, florestas y subsuelos a los capitales oligopólicos, en forma gradual y negociada.

El vaciamiento del proyecto bolivariano, en los marcos de enclaves de abastecimientos especializados, fue evidente en el apoyo dado por esos gobiernos a proyectos del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) y asemejados, más allá de que las concesiones y otras formas de privatización siguieron a paso firme.

No veo otra solución que no sea la de articular las luchas en los propios territorios, bajo ataque intensivo de los capitales, territorialidades urbanas incluidas, para recrear situaciones objetivas de impasse, que politicen y amplíen el debate sobre el control y destino de las llamadas riquezas nacionales o del continente.

Fuente: ADITAL

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