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El informe temático Guatemala: un Estado capturado, ofrece a la sociedad guatemalteca una interpretación analítica de la captura y cooptación del Estado a manos de distintas expresiones de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que actúan como Redes Político- Económicas Ilícitas (RPEI). Para esto se analizaron algunos de los casos emblemáticos investigados por el MP y la CICIG, que muestran la forma de organización y funcionamiento de estas redes, así como las consecuencias de sus acciones, que afectan la vida, la salud, la seguridad, el bienestar de los guatemaltecos. Los CIACS han anidado en la mayoría de entidades del Estado, incluyendo los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; muchas municipalidades e incluso en los órganos de control del Estado. Para lograr esto, han distorsionado y utilizado a su favor la institucionalidad democrática, pervirtiendo las elecciones, el sistema de partidos políticos y distintos mecanismos de participación y representación.
En los días de cierre de esta edición de la revista, Iván Duque hizo presencia en el Cauca; pero no para por fin cumplir con las condiciones pactadas de reunión con las organizaciones indígenas y campesinas que estuvieron en Minga durante 27 días por la garantía de sus derechos étnicos, campesinos y territoriales; sino a raíz de la tragedia causada por el deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas, que dejó 33 personas muertas. Se ha hablado mucho sobre las culpas del Fondo Nacional de Adaptación y del contratista en esta tragedia, pero no se ha hablado sobre cómo la Minga y los muertos de Rosas se conectan; pues comunidades y organizaciones populares del Cauca han tenido que recurrir una y otra vez a muchas formas de protesta para exigir condiciones de vida digna y la garantía de sus derechos.
Un sentimiento de agotamiento histórico y político persigue a Europa. Tras cinco siglos proporcionando soluciones al mundo, parece incapaz de solucionar sus propios problemas. Predomina el sentimiento de que no hay alternativas a la crítica situación actual; que el tejido de cohesión social y contrato social posterior a la Segunda Guerra Mundial, que relacionaba los aumentos de productividad con el aumento de los salarios y la protección social, ha desaparecido para siempre, y que, en lugar de proporcionar mayor crecimiento económico, el resultante aumento de la desigualdad social está hundiendo de hecho a Europa en el estancamiento.
Las revelaciones hechas en tribunales de los Estados Unidos por líderes de organizaciones ilícitas, que amparan el narcotráfico y el crimen organizado, anuncian el cierre de un ciclo en la reconfiguración de las elites hondureñas. Este ciclo se inició en la década de 1980 y su marcha ascendente se acentuó desde 1990. Este estudio trata sobre el modo particular que asumieron las estrategias de estas elites, y las consecuencias políticas, económicas y sociales de sus acciones sobre la nación. Una de tales con- secuencias es la construcción de un modelo atípico de Estado de derecho y de democracia, así como de un modelo de explotación de los recursos naturales, estatales y sociales, en el que resulta di- fícil distinguir entre lo lícito y lo ilícito, entre lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo.
En estos tiempos en que pasa tanto que nos pasa todo pero como si no pasara nada, decidimos invitar a varios colegas a conversar sobre algo que nos preocupa cada día más: la lejanía que va tomando la academia de aquello que nos pasa pero cuya complejidad nos asusta o nos despista. Se trata de una invitación para atreverse a pensar en voz alta, o sea en público, sin mucha bibliografía, pero con mucha pasión latinoamericana y dolor de país; a pensar la comunicación hoy situada tanto o más que en la maravilla de los aparatos en la incertidumbre y la pesadumbre de nuestras sociedades. Pero no para lamentar, sino para analizar e imaginar nuevos modos de comunicación, esto es, de inclusión y expresión, en los que quepa más nación y también más América Latina.
En el presente informe se ofrece un análisis actualizado de las principales violaciones de los derechos humanos que fueron descritas en el informe "Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017", publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en agosto de 2017. Se examinan, en particular, diversas cuestiones sobre la responsabilidad y rendición de cuentas, así como sobre el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares en caso de violaciones graves de los derechos humanos. El informe también documenta las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades estatales desde agosto de 2017, como el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas, la práctica reiterada de las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos, y la vulneración de los derechos al disfrute del más alto nivel posible de salud y a una alimentación adecuada. Además, el informe documenta otras violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, cometidas por las autoridades estatales desde 2014. La información recopilada por el ACNUDH indica que las violaciones de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones forman parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para éste.
Raúl y Edwin fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018 y están acusados de participar en los daños contra el Hotel Marriot en Tegucigalpa, que tuvieron lugar el 12 de enero de 2018 durante una manifestación. El juez decidió que estarían en prisión preventiva mientras avance el proceso; desde entonces permanecen en la cárcel. Jhony está acusado de delitos supuestamente cometidos durante una manifestación el 21 de diciembre de 2017 en El Progreso, en el norte de Honduras. Jhony recobró su libertad el 25 de abril de 2018, después de más de cuatro meses en detención preventiva, pero el proceso penal en su contra sigue abierto.
La movilidad humana según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es la «movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación (...) es un proceso complejo y motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas)» (OIM, 2012, p.17). En el caso venezolano la emigración ha tomado dimensiones preocupantes. La búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida están impulsando a los venezolanos a migrar a otros países del continente y de Europa. En el país estamos observando un fenómeno de movilidad humana en el cual se distinguen las siguientes caracterizaciones: es un proceso complejo, porque las razones para emigrar emergen entre dos vías: voluntarias o forzadas, y la temporabilidad va desde lo pendular, es decir, ir y venir a los países fronterizos (especialmente Colombia) hasta la decisión definitiva de marcharse del país por un largo período.
Nicaragua ha estado gobernada durante tres mandatos consecutivos por el presidente Daniel Ortega. Su esposa, Rosario Murillo, ostenta el cargo de vice-presidenta desde enero de 2017. Durante los últimos años, los síntomas de deterioro de la situación de derechos humanos han sido cada vez más visibles. Al respecto, en la víspera de las elecciones presidenciales del 2016, Amnistía Internacional manifestó preocupación por el retroceso que Nicaragua estaba experimentando “rápida y peligrosamente a algunas de las épocas más oscuras vividas en el país en decenios”.
Algo similar se podría a rmar para América Latina, salvando las distancias. Definitivamente, hablar de América Latina como un todo siempre resulta arriesgado y ciertamente inapropiado; tal definición no puede ser usada para describir un lugar uniforme y monolítico. Es una categoría geográfica que en la última década se viene constituyendo sólidamente como un enclave geopolítico, pero eso no significa que esta región pueda ser concebida como un espacio homogéneo, ni en lo cultural ni en lo histórico, y tampoco en lo que concierne a la actualidad política y económica. Se emplea asiduamente este término, ‘América Latina’, para invocar a una historia que tiene evidentemente muchos factores en común, muchos elementos culturales compartidos, una relación dependiente con el mundo desde que se insertara colonizadamente, como bien lo explica Aníbal Quijano en su artículo “El fantasma del desarrollo en América Latina”. Sin embargo, estas identidades y semejanzas no deben llevarnos a percibir a América Latina como si se tratara de un continente idéntico y simétrico.
La disputa global por los recursos naturales es uno de los elementos más marcantes de la dinámica del capitalismo contemporáneo y de su lógica de acumulación. América del Sur es un espacio importante de esta disputa, por la dimensión de las reservas de recursos estratégicos que posee y por su condición histórica de ser una región exportadora de materias primas. El alto grado de vulnerabilidad y dependencia de importaciones que Estados Unidos tiene en relación a un gran número de minerales que América Latina produce, y la creciente demanda china de estos recursos, muestran que la región tiene enormes condiciones de negociación y una oportunidad histórica para asumir soberanamente la gestión económica y científica de los recursos minerales que posee. Por la envergadura de estos objetivos y por la dimensión de los intereses en disputa, éste proyecto solo podrá avanzar si es asumido como una estrategia regional.
Se entenderá por Violencia Política aquella ejercida como medio de lucha político- social, ya sea con el fin de mantener, modificar, substituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado.
En 2018 se conmemorará el 70o aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 19 establece lo siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La implementación del Acuerdo de Paz, a un año de su firma, trascurre por vías similares a los caminos colombianos: pendientes difíciles, derrumbes predecibles, choques premeditados, túneles a medias, peajes costosos, algunas zonas planas para recuperar el ánimo y curvas peligrosas cobrando vidas, nada sorpresivo. En este desafiante tránsito del Acuerdo para construir una paz estable y duradera, tres actores son protagonistas: la FARC- EP, hoy Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común; el Gobierno y la clase política; y los movimientos sociales con sus mujeres y hombres líderes/sas sociales y defensores/as de derechos humanos fustigados por la violencia.
El conocimiento de la historia y los aportes de los diversos marxismos en América Latina es, hasta ahora, extraordinariamente pobre. Tenemos algunos rigurosos estudios de algunos países latinoamericanos, entre los que destacan los realizados en Argentina y Brasil, en donde la relevancia simbólica de los trabajadores y las características y fuerza de las corrientes de izquierda, conjugadas con una tradición intelectual importante, generaron una cantidad signicativa de trabajos locales. Pero hasta ahora hay pocas aproximaciones que intenten una visión de conjunto de las peculiaridades y aportes de esta importante corriente político-intelectual en la región; es decir, que conjuguen positivamente aquello del carácter latinoamericano de la producción que se hace a propósito de Marx y los marxismos con las transformaciones de la realidad de estos países.
El presente informe ha sido elaborado con base en los registros del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), es un ejercicio de aproximación a este fenómeno. De ninguna manera pretende dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar la totalidad de la realidad que seguramente excede a este informe en lo cualitativo y en lo cuantitativo, tan solo es una aproximación al fenómeno abordado teniendo en cuenta algunos elementos comunes identificados; es un informe que se construye sabiendo que en el Estado y en la sociedad civil es necesario que se fomente la conciencia de que en el país, de tiempo atrás y de manera generalizada, se han venido violando los derechos fundamentales de un importante grupo de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, personas cuya actividad se encamina hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa orientada a la garantía de una vida digna para sus miembros.
O ensaio procura analisar a assertiva, realizada por Yann Moulier Boutang, de que o capitalismo cognitivo ainda não dispõe de uma economia política que lhe corres- ponda. A reflexão tem como ponto de partida a contextualização das transformações e lutas sociais vividas com a terceira revolução tecnológica, em particular no que tange à financeirização da economia capitalista. Questiona-se, em seguida, o lugar das polí- ticas públicas nesse processo histórico. O texto trabalha a hipótese de que persiste no imaginário social uma concepção de política pública ainda referida ao Estado Social, que pouco problematiza suas implicações com a governamentalidade moderna. Para ilustrar o argumento é realizado um rápido estudo de caso sobre o sistema de saúde brasileiro. A questão democrática é então examinada, seguindo a proposta de refletir sobre a economia política contemporânea. Nesse sentido, discute-se o apartheid como modo de regulação e contenção da diferença no plano da sociabilidade, argumentando ser este um elemento nevrálgico na articulação do controle às resistências produtivas que se apresentam na atualidade. Por fim, o ensaio busca refletir sobre a necessidade de reinventar o problema da liberdade como horizonte político descolado das fronteiras e apartheids instaurados pela ficção jurídica e social da noção de indivíduo, fundamento da soberania nacional, e de suas correlatas fronteiras territoriais e subjetivas.
Los proyectos pueden ser una oportunidad para resolver o iniciar procesos que contribuyan a la solución de los problemas presentes en las comunidades. Mediante ellos se accede a recursos monetarios y humanos que no siempre están disponibles para tales fines.
Boletín Semanal. No. 13. Octubre de 2017
Al conocer la proclamación del Decenio Internacional de los pueblos afrodescendientes (2015-2024), se hizo evidente que ello marcaba un contexto complejo con la dualidad de oportunidades y retos. No solo porque no basta un Decenio ante el genocidio histórico de los pueblos afrodescendientes, cuyos impactos sociales y personales calan la modernidad, sino porque la voluntad política de una gran parte de los Estados para asumir los compromisos del Decenio ha sido controversial. Como no podía ser de otro modo, los vínculos históricos entre racismo y colonialismo sustentan las bases de la colonialidad del poder, el saber y el género.
Esta obra recoge la experiencia del Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, cuya legitimidad se encuentra en la propia demanda de las víctimas y en la necesidad de complementar el trabajo de la Comisión de la Verdad, que emitió su informe ahora hace 24 años.