Bolivia: el Estado plurinacional en disputa

El final de 14 años del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder abre un periodo de reconfiguración política y pone en tensión los avances hacia un Estado plurinacional que reconozca la diversidad del país. Nota de Sofía Cordero Ponce para Nueva Sociedad.

El Estado plurinacional fue consagrado por la Constitución de 2009 y desde entonces se celebra cada 22 de enero, hasta noviembre pasado en coincidencia con la asunción de Evo Morales en 2006, tras ganar las elecciones con más del 54% de los votos. El 22 de enero de esta año, la celebración adquirió un carácter distinto luego del golpe cívico-militar-policial y la renuncia de Morales.

Este año, sectores sociales afines al MAS se prepararon para movilizarse ese día, en el que hubiera terminado el mandato de Morales, hoy exiliado en Argentina, y del resto de las autoridades electas en 2014, incluidos los parlamentarios. El gobierno preparó un escenario hostil desde el jueves 16 de enero, cuando desplegó un plan de patrullaje conjunto entre policías y militares que tuvo como objetivo atemorizar a los sectores sociales que anunciaban movilizaciones. El discurso oficialista justificó la militarización como una estrategia de prevención frente a la amenaza de actos de violencia desde sectores «masistas». En ciudades como La Paz y Cochabamba el despliegue militar y policial tuvo apoyo de sectores de clase media y alta, mientras que en el Chapare, zona poblada por campesinos cultivadores de coca, donde la policía no tiene presencia desde el 10 de noviembre, la población rechazó el ingreso de militares. En respuesta, : «No necesitamos permiso de nadie para entrar al Chapare», y calificó de «atrevimiento» que los pobladores del pidan explicaciones al respecto.

Finalmente, el 22 de enero fue escenario de diversas concentraciones pacíficas que dejaron ver discursos reivindicativos y de defensa de los elementos constitutivos de un Estado plurinacional actualmente «asediado». En Argentina también se celebró este día, con la presencia de Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Arce Catacora, representantes de distintas organizaciones y sindicatos, y sobre todo residentes bolivianos en esa ciudad. El . Antes del acto, Morales dio su habitual informe de gestión y afirmó que «Antes de enero de 2006, Bolivia era una República en la que poca gente lo tenía todo y la mayoría vivía en la miseria. Con la nueva Constitución, nos reconocemos en la dignidad de un Estado plurinacional. Construimos la estabilidad política, el crecimiento económico y la justicia social».

En este contexto, ¿qué efectos pueden tener los recientes cambios políticos?. El Estado plurinacional sentó las bases de una nueva comunidad política al ampliar los derechos de ciudadanía con el reconocimiento de las «naciones y pueblos indígena originario campesinos». Más allá de los efectos de la coyuntura política, lo que está en juego es la permanencia del reconocimiento de la diversidad como factor de cohesión de la sociedad.

El Estado plurinacional se inauguró en Bolivia en enero de 2009, cuando fue ratificada en referéndum la nueva Constitución Política del Estado. Sus pilares normativos se completaron con la promulgación y aprobación de las cinco leyes orgánicas (Ley del Órgano Judicial, Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley de Régimen Electoral, Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y Ley Marco de Autonomías y Descentralización) en 2010. Sin embargo, el Estado no consiste solamente en normas y reglas que rigen las instituciones, también le dan vida las relaciones de pertenencia atravesadas por vínculos de identidad que forman la comunidad política.

En el Estado nación que se desplegó como modelo en América Latina a partir de las luchas por la independencia del siglo XIX, la homogeneización cultural fue la base sobre la que se construyó la comunidad política. En Bolivia, el nacionalismo revolucionario que lideró la Revolución Nacional de 1952 consagró el mestizaje como el «pegamento» de una nación cuyo carácter integrador se asentó además en la extensión del voto universal y la reforma agraria.

La nación se traduce a su vez en un esquema de derechos que es la ciudadanía y que depende de vínculos de identidad para mantenerse cohesionada. A partir de la nueva Constitución de 2009, el Estado plurinacional de Bolivia trastocó las bases de la comunidad política y amplió los derechos de ciudadanía con el reconocimiento de la diversidad identitaria y cultural. La noción de «naciones y pueblos indígena originario campesinos» apela a una serie de sujetos que sin negar sus derechos individuales heredados del liberalismo político, reclaman sus derechos colectivos. La comunidad plurinacional boliviana encuentra en el reconocimiento de la diversidad el vínculo que la cohesiona evitando que los clivajes étnicos y regionales primen por sobre la unidad (pluri)nacional.

Lo anterior no solo se traduce en un nuevo esquema de derechos sino que tiene efectos en las prácticas políticas y en la transformación de las instituciones. Así, el Estado plurinacional boliviano, se asienta en dos pilares: democracia intercultural y autonomías indígena originario campesinas. La democracia intercultural es un dispositivo jurídico e ideológico que define el carácter plural de la democracia boliviana: «la democracia intercultural… se sustenta en el ejercicio complementario y en igualdad de condiciones de tres formas de democracia: directa y participativa, representativa y comunitaria» (Art.7. Ley de Régimen Electoral).

La democracia intercultural vincula la democracia en su acepción liberal y minimalista –entendida como el mecanismo para la elección de autoridades a través de procedimientos como el voto secreto y universal– con los usos, costumbres y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Las autonomías indígenas se constituyen como espacios territoriales donde es posible generar instituciones que se adaptan a la diversidad de la sociedad boliviana y que a su vez exigen que el Estado se ajuste a la pluralidad de sujetos y experiencias históricas de su gente.

Las autonomías indígenas forman parte de la Constitución y de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. El 2 de agosto de 2009, el presidente Morales convocó conjuntamente a elecciones generales y a referendos para la conversión de municipios en autonomías indígenas. La convocatoria establecía una serie de requisitos para comprobar la «ancestralidad» de la ocupación de los territorios, la existencia precolonial de los pueblos que habitan esos territorios, y la existencia de una identidad cultural compartida (artículo 5, Decreto Supremo 231/2009). A pesar de los desacuerdos y el rechazo de los pueblos indígenas a los requisitos impuestos, los referendos levantaron grandes expectativas sobre el futuro de las autonomías en el Estado plurinacional. Sin embargo, el MAS, que tiene una visión centralista del poder, mostró escaso entusiasmo y solamente en 12 municipios se realizaron las consultas y en 11 de ellos ganó el «sí» a la «autonomía indígena». Hasta la fecha, solo se han conformado estas formas de autogobierno en Charagua, Uru Chipaya y Raqaypampa; además existen 16 casos en proceso de conversión, aunque en diferentes niveles de avance y 20 municipios se encuentran con sus procesos de conversión paralizados.

Durante el proceso electoral que culminó el 20 de octubre de 2019 estos hechos no fueron discutidos, y en su lugar, el MAS, en su lucha por legitimar la candidatura de Morales, rescató los logros del crecimiento económico y la estabilidad. Por su lado, los candidatos opositores al MAS desplegaron una campaña electoral en la que no solo se ignoró el Estado plurinacional, sino que este fue cuestionado y reducido a uno más de los proyectos del MAS que debían ser desmantelados.

Si bien las posturas que rechazan el Estado plurinacional no son nuevas y ya se expresaron durante la redacción de la nueva Constitución y en el referéndum constitucional del 2009, en esta ocasión los discursos de los candidatos opositores al MAS tuvieron como uno de sus ejes el rechazo al Estado plurinacional o, más tarde, dejarlo como algo declarativo (lo que ocurrió también en parte con el MAS) o diluirlo en la vieja República.

Si bien eran unánimes las posturas de rechazo al Estado plurinacional como modelo, la oposición nunca debatió sobre las reformas necesarias para salir de aquel modelo o sobre las consecuencias respecto a los pilares del Estado Plurinacional: los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la democracia intercultural y las autonomías indígenas. Para el ex presidente y referente de Comunidad Ciudadana Carlos Mesa, «El denominativo de Estado plurinacional representa una visión, sin duda, pero no abandona las premisas republicanas y democráticas incluidas en el texto que define la naturaleza de nuestra nación». Víctor Hugo Cárdenas, primer vicepresidente de origen aymara (1993-1997), se refirió a la reconstrucción de la república y la combinación de valores democráticos con valores cristianos y el ex senador cruceño Oscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social, habló de federalismo y profundización de las autonomías departamentales.

El 10 de noviembre tras la renuncia de Morales a la presidencia, los actores que lideraron las movilizaciones que culminaron en golpe de Estado (los dirigentes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari) con el apoyo y protección de la policía y las Fuerzas Armadas, entraron al palacio de gobierno, extendieron la bandera de Bolivia en el suelo, y sobre ella, una Biblia. Como si se tratase de un mismo ritual, el 13 de noviembre, la senadora Jeanine Áñez fue proclamada presidenta interina e investida por un militar, para luego dirigirse al palacio de gobierno con una enorme Biblia en las manos, diciendo «Gracias a Dios que ha permitido que la biblia vuelva a entrar a Palacio, que él nos bendiga e ilumine». Durante los siguientes días, la quema de la wiphala, bandera multicolor símbolo de las naciones y pueblos indígenas por parte de opositores a Evo Morales e incluso de policía boliviana activó una reacción popular que generó un alerta en las nuevas autoridades.

Pobladores de las ciudades de El Alto y Cochabamba, y de otras poblaciones y áreas rurales, sin ser parte orgánica del MAS se sintieron interpelados por la y se movilizaron masivamente en señal de protesta. La policía pidió disculpas por la quema de la wiphala y Camacho declaró en una entrevista realizada en Washington el 12 de diciembre: «asumo la ignorancia de creer que la wiphala reflejaba al MAS cuando la wiphala reflejaba a los indígenas, y soy consciente, lo desconocía».

Como parte de una puesta en escena, el gobierno de transición, nombró como director del Fondo de Desarrollo Indígena a Rafael Quispe, ex diputado de origen indígena y ferviente opositor de Morales. Quispe asumió en medio de una ceremonia a la que asistieron varios dirigentes y, como festejo, la presidenta se vistió con poncho y sombrero y bailó una pinquillada.

Más allá de los actos simbólicos, existe un nuevo escenario que pone en riesgo y amenaza los logros y conquistas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Las masacres de Sacaba en Cochabamba el 16 de noviembre y Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre, así como el hostigamiento a la población del Trópico de Cochabamba a través del Ministerio de Gobierno, la policía y las Fueras Armadas fueron el punto inicial de un proceso de criminalización de sectores sociales afines al MAS, que se extiende en un discurso que va de la mano con la «defensa de la democracia».

El derrotero de la política boliviana se encuentra en la incertidumbre, a pocos días de cumplirse el plazo para la definición de los binomios que competirán por la presidencia y vicepresidencia el 3 de mayo. En este marco el MAS ratificó su binomio, compuesto por el ex ministro de Economía Luis Arce Catacora y el ex canciller David Choquehuanca. Su definición se dio en una reunión mantenida en Buenos Aires, para más tarde confirmarse, no sin tensiones, tras complejas discusiones en el ampliado del Pacto de Unidad celebrado el 23 de enero en la ciudad de El Alto. Mientras tanto, la oposición no ha logrado articular una candidatura de unidad: de este modo, el 3 de mayo competirán el binomio Camacho -Pumari, el ex presidente Mesa y la actual presidenta de facto Jeanine Añez, que movió las placas tectónicas del espacio anti-MAS al anunciar su candidatura.

Lo que estará en juego de cara a las nuevas elecciones –además de la disputa del poder gubernamental– no es sólo la estructura legal y normativa del Estado plurinacional sino el esquema de ciudadanía y los vínculos que sostienen la comunidad política. Las reformas que se puedan hacer al modelo de Estado definirán ese esquema y, sobre todo, el futuro de las posibilidades de experimentación democrática (como la democracia intercultural y las autonomías indígenas) que permitan garantizar el vínculo entre democracia e interculturalidad en igualdad de condiciones. Se trata de pensar más allá de la coyuntura política.

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