Colombia: biografía de un país con fama de violento

Compartimos la segunda entrega, de cuatro, de este reportaje especial de Ojo Público, sobre la violencia que las armas generan en varios países de la región. En esta ocasión conociendo en detalle el caso colombiano, gracias a la investigación de Mario Jursich.

El asesinato a tiros de un repartidor de comida ha reabierto el debate sobre el porte y uso de armas de fuego en este país, donde solo el año pasado fueron asesinadas más de 9 mil personas con munición de distinto calibre. Una senadora pide que se facilite su uso para que los ciudadanos honestos se protejan, mientras la alcaldesa de la capital pide más controles. La historia de Colombia se sigue escribiendo al sonido de pistolas hechizas y fusiles de última generación.


En cierta novela conradiana de cuyo nombre no quiero acordarme, cierto personaje más bien cursi, cierto criollo afrancesado, se pregunta: “¿Qué sé yo de rifles militares?”. Y yo, ahora, me pongo del otro lado con una pregunta (perdonen la modestia) harto más interesante: ¿Qué saben los rifles de nosotros?

– Historia secreta de Costaguana, Juan Gabriel Vásquez
 

En 1847, cuando presentó los planos del Capitolio Nacional de Colombia, el arquitecto danés Thomas Reed justificó la austeridad del edificio con una reflexión tan desengañada como inesperadamente cómica. En nuestros países —le explicó a los supervisores locales del proyecto—, no hay “mucha policía ni cuidado de los bienes públicos”, los motines “pasan con frecuencia a mayores” y “la piedra y el plomo suelen zumbar contra los palacios”. De allí que fuera obligatorio prever semejantes contigencias proyectando una fachada robusta, fácil de reparar y a la que “no ofendieran los proyectiles del Este y el Oeste”[1].

Más que su resignada aceptación de que, tarde o temprano, el hogar del Congreso sería atacado por algún bando inconforme, lo que a mí siempre me sedujo en esas palabras de Reed es el método de observación subyacente. Si el autor del Panóptico de Cundinamarca sabía con exactitud cuál era la solidez de los machones en piedra y cómo los afectarían las balas, es porque también conocía muy bien el calibre de las armas disponibles en aquellos tiempos.

La anécdota es útil cuando se piensa en la historia militar de Colombia. En contraste con la atención dedicada al Ejército y a sus héroes, resulta asombroso que, en un país donde pistolas, fusiles y changones han tenido tan singular protagonismo, apenas sepamos algo sobre el armamento específico con que nos hemos atacado entre nosotros y hemos atacado a otras naciones desde que dejamos de ser una posesión española.

Sólo de manera muy reciente la historiografía colombiana ensayó algo parecido a la perspectiva de Reed, y el resultado merece, si no crear una escuela, al menos tener unos seguidores. Le corresponde a Daniel Gutiérrez, autor del libro 1819. 'Campaña de la Nueva Granada'[2], haber iniciado un tipo de análisis en el que Simón Bolívar y los demás jefes militares aparecen en un segundo plano —o no aparecen en absoluto—, mientras el haz de luz narrativo se concentra en la vida material de la tropa, en sus costumbres marciales y, claro está, en sus diferentes avíos de guerra.

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DISPAROS A MANSALVA. En los años cuarenta del siglo XX, las pistolas hechizas eran denominadas como armas de fuego reconstruidas, adaptadas o de procedencia incierta.  Foto: Camilo Rozo.

El giro introducido por este cambio de perspectiva es mayúsculo. Gutiérrez nos informa, por ejemplo, que en la época de la independencia un soldado podía realizar entre 2 y 3 tiros por minuto con un fusil europeo convencional y apenas uno con los que tenían el ánima estriada, como el Baker inglés.

Llevado a un caso particular, lo anterior significa que si en la batalla de Gámeza los novecientos infantes del bando realista consumieron unos 35.000 cartuchos, el promedio de tiros que hizo cada uno fue de 39. Como la refriega duró desde el mediodía hasta pasadas las siete de la noche, la cadencia de tiro de cada realista fue extremadamente baja: entre 5 y 8 disparos por hora. Esos datos nos permiten concluir entonces que, contra lo divulgado por la pintura, las series de televisión y algunas películas, las armas más comunes en los combates de 1819 no fueron los fusiles sino las lanzas de la caballería y los yataganes de los infantes.

Si quisiéramos aplicar este método a la historia de Colombia, tendríamos que incorporar al canon de lecturas obligadas un buen número de materiales excéntricos —tratados de táctica militar, memorias de la guerra de los Mil Días, manuales de balística—, así como el amplio abanico de las disciplinas forenses relacionadas con armas. Piénsese en cómo cambiarían nuestras ideas sobre el conflicto de tener claro que en 2008 la industria militar colombiana fabricó cincuenta millones de balas y que la mayoría de ellas fueron utilizadas en combates contra organizaciones al margen de la ley y grupos guerrilleros [3].

Los números son aturdidores: indican que en ese año las tropas del Ejército, los efectivos de la Policía y los particulares con armas hicieron un promedio de 137.000 disparos al día, esto es, unos 5.700 cada hora. Aunque no existen estadísticas al respecto, se puede calcular el impacto de la paz firmada hace cuatro años con la guerrilla de las FARC por la simple disminución en esta cadencia de tiros [4].

Mi campo de acción en este informe es más modesto: después de inventariar el parque bélico que, por distintas razones, ocupa un lugar emblemático en la memoria histórica del país; después de aventurar con cálculos propios el número de armas de fuego en circulación ahora mismo y después de establecer, si bien de forma aproximada, una proporción entre piezas legales e ilegales, ensayo una respuesta a la cuestión de qué tanto peso le corresponde a las armas ligeras en los problemas de Colombia. Advierto que el tópico ha sido abordado innumerables veces por investigadores que admiro y carece de un cierre definitivo. Mi explicación es, por eso mismo, transitoria: nos guste o no, todo aquello que pensamos está siempre en permanente metamorfosis.

Las armas emblemáticas

Pensar la historia de Colombia con un método como el de Daniel Gutiérrez implica, forzosamente, conformar una panoplia. Para establecerla, no es necesario visitar el Museo Nacional ni el Museo Militar y mucho menos abrir las páginas de 'El Arcabuz' [5]: con algo de paciencia, cualquier lector acucioso puede hacer una lista de las piezas bélicas más significativas —o más emblemáticas, o más representativas— en nuestros dos siglos de vida independiente.

Hablo de las “armas de presentación” de Simón Bolívar [6], del rifle con que mataron en Berruecos a Antonio José de Sucre, de la “pistola de pelo e ínfimo calibre” llevada por Germán Gutiérrez de Piñeres a su célebre duelo con el polígrafo José María Torres Caicedo, de las carabinas Rémington introducidas de contrabando por el italiano Ernesto Cerruti, del “viejo revólver” con que se pegó un tiro en el corazón José Asunción Silva, de los fusiles Mannlicher usados en la cruenta Guerra de los Mil Días, del Colt calibre 25 que el caricaturista Ricardo Rendón usó para volarse la tapa de los sesos, de los Mauser 98 desempolvados para la guerra contra el Perú, de la Madsen 9 milímetros del bandolero conservador Efraín González, de los habituales AK 47 y FAL de las FARC, así como, ya más cerca de nosotros, de las oscuramente famosas ametralladoras Ingram Mac 10 y Mini Uzi de 600 tiros por minuto [7].

Aunque la lista sea apenas un esbozo, muestra que la presencia de armas en la vida nacional es, además de una constante trágica, un recordatorio abrumador de lo mucho que desconocemos. Hasta hoy nadie ha podido develar, entre otros enigmas, con qué tipo de arma le dispararon al mariscal de Ayacucho. ¿Era de verdad un fusil, como se insinúa en el cuadro de José María Espinosa, o pudo haber sido una pistola? En un opúsculo [8] dedicado al asesinato, Antonio José de Irisarri incluye abundante material sobre los homicidas, excepto con qué instrumento llevaron a cabo el crimen. Tampoco sabemos cuál era esa misteriosa “pistola de pelo” de Gutiérrez, ni qué clase exacta de revólver usó el autor del “Nocturno” para poner fin a su vida.

No sabemos qué arsenal clandestino estaba trayendo a Colombia Joseph Conrad cuando deambuló por Santa Marta hacia 1876 —suponiendo, claro está, que en efecto hubiera estado en nuestras costas y hubiera sido contrabandista— o con qué rifles cazaban el expresidente Miguel Abadía Méndez o el poeta Guillermo Valencia en sus fincas de Choachí y Belalcázar. Ignoramos cuál fue el destino de los fusiles de asalto que los guerrilleros liberales le entregaron al general Alfredo Duarte Blum cuando se desmovilizaron en 1953, ni a dónde fueron a parar las carabinas M1 y M2 con que regresaron los soldados del batallón Colombia luego de luchar en Corea en los años cincuenta. Desconocemos qué material de guerra intentaba recuperar el cura Camilo Torres cuando lo mataron en combate.

No sabemos en manos de quién o quiénes terminaron las cerca de cinco mil armas que el M-19 sustrajo del Cantón Norte de Bogotá en 1978, o si realmente se perdió todo el armamento ilegal que transportaba el buque Karina al momento de ser hundido en 1981, o que pasó con la SIG Sauer de 9 milímetros cargada por Pablo Escobar la mañana de 1993 en que cayó abatido por un cuerpo élite de la Policía [9]. Por no saber, ignoramos incluso por qué el diario El Tiempo de Bogotá acusó en 1981 a Gabriel García Márquez de financiar la compra de fusiles, granadas y morteros para el grupo guerrillero M-19 [10].

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HISTORIAL. Se estima que hay 4 millones de armas en todo el territorio colombiano. Esta suma incluye a las Fuerzas Armadas y policiales, grupos guerrilleros, combos delincuenciales, empresas de seguridad, entre otros.  Foto: Camilo Rozo.

Dilucidar dónde se fabricaron, quiénes fueron sus propietarios y a qué fines se han destinado las armas en Colombia es algo diferente a engolosinarse con datos eruditos. Ciertamente uno descubre en la literatura detalles singulares como la tendencia de los reclutas panameños del siglo XIX “a usar la baqueta del fusil como asador de carne” o, en casos de ingenuidad inverosímil, a confundir “el zumbido de las balas con el de moscardones en el aire” [11]. Pero el objetivo de estas pesquisas, al menos si uno sigue la estela de Daniel Gutiérrez, es llegar a conclusiones de más amplio calado.

Los manuales de infantería decimonónicos dan pistas formidables para saber hasta qué punto disparar, limpiar y conservar de manera correcta un fusil eran conocimientos comunes entre la población [12]; las fotos de militares, bandoleros o cazadores con los instrumentos de su oficio sugieren una conexión entre armas, identidad masculina y erotismo [13]; el seguimiento de la SIG Sauer de Pablo Escobar o, mejor aún, de la Pietro Beretta de Salvatore Mancuso, ofrece un camino prácticamente inédito para examinar los vínculos del Ejército y la Policía Nacional con el paramilitarismo [14].

La lista también es útil para disipar un persistente equívoco. En razón a nuestra larga historia de violencia, se ha sugerido que los colombianos tenemos un desprecio especial por la vida humana o una inclinación particular por la delincuencia o el crimen. No es cierto. No existe ni en la genética ni en la educación del país nada que demuestre una proclividad específica hacia la barbarie. Lo que sí muestra la presencia de armas en nuestra historia es, por un lado, la imposibilidad de separar linealmente a la sociedad civil de los actores violentos y, por el otro, el arraigo que ha tenido en nuestra intelectualidad la teoría de los ciudadanos en armas de Maquiavelo [15].

Eso no significa que tengamos una “cultura del terror”, como suponía el antropólogo Michael Taussig en los años noventa [16]; significa que en nuestros diseños institucionales el “levantarse en armas”, el “todos a las armas” —repetido uno y otra vez desde el inicio de nuestra vida republicana— goza de una legitimidad perturbadora y explica una de nuestras mayores ansiedades cívicas: la sospecha, más aún, la cuasi certeza de que alguien, en alguna parte, tiene escondido un arsenal inmenso y piensa usarlo para derrocar al poder de turno.

Esta paranoia no es en absoluto una exageración. En 1991 el comandante Walter del Ejército Popular de Liberación le dijo a la antropóloga Claudia Steiner que, cuando el guerrillero liberal Julio Guerra se desmovilizó en los años cincuenta del siglo pasado, 
se reinsert[ó] a la vida civil con sus hombres, pero no entreg[ó] todas las armas, sólo las más malas [y] se qued[ó] con una reserva…Eran unos fusiles antiguos muy pesados, de 18 libras y 5 tiros, no eran de repetición, eran manuales, palancas de mano o sea, vainas rudimentarias [17].

Obviando diferencias de época y circunstancia, lo anterior se podría decir de prácticamente cualquier armisticio en Colombia. Una vez se pacta la paz, siempre queda entre los firmantes la suspicacia de que una de las partes está mintiendo. El Estado asume que los chusmeros no sólo no entregaron la totalidad del parque, sino que dejaron en una caneca barnizada con pendare “diez fusiles, un F.A. y una ametralladora Thompson”, tal como sucede en el cuento “El día que enterramos las armas” de Plinio Apuleyo Mendoza [18].

A su vez, los insurrectos asumen que el Estado incumplirá sus promesas al otro día de firmar los acuerdos, de ahí que conservar una reserva de material bélico sea la única prenda de garantía en ese negocio incierto. El comandante Walter lo dice de manera taxativa: “Los primeros fusiles que entraron al EPL” fueron los que Julio Guerra usó en sus campañas del nororiente colombiano y que, por supuesto, no entregó al Gobierno cuando se desmovilizó a finales de los años cincuenta [19].

Ahí, en esas reticencias de parte y parte, en esa desconfianza nunca resuelta del todo, se agazapa la dificultad para decirle adiós a las armas en Colombia.

De China, con amor

Naturalmente, la panoplia descrita en los acápites anteriores es mucho más extensa. El coronel John Marulanda [20] sostiene que si, además de las armas históricas ya mencionadas, también quisiéramos incluir el parque incautado desde el año 2000 hasta nuestros días tendríamos que añadir los fusiles AR-15, AKM o Norinco CQ confiscados a bandas paramilitares o a disidencias de las FARC.

Aunque los nombres sugieran un nuevo tipo de armamento, en realidad se trata de réplicas del AK-47 ruso o el M-16 norteamericano. La única novedad es que ahora un buen número de esos fusiles, si no todos, proviene de China y de una misma empresa estatal, la China North Industries Corporation, Norinco

Claro: si el objetivo fuera expandir el radio de búsqueda hasta el presente, en la lista no podría faltar el “lanzador de proyectil múltiple” con que un oficial del Escuadrón Móvil Antidisturbios mató el 24 de noviembre de 2019 al estudiante Dilan Cruz en una marcha de protesta contra el Gobierno y que, siete meses después, sigue encabezando las búsquedas en internet de un buen número de colombianos.

Pero, sean muchas o pocas las piezas que consideremos, no es fácil encontrar información fiable sobre cuántas armas circulan en el país, cuántas son legales, cuántas pertenecen al llamado “mercado gris” —el que se inicia bajo condiciones de legalidad, pero acaba en la más densa sombra— y cuántas vienen del amplísimo universo de la ilegalidad. Sin embargo, obligados a dar una cifra, podemos especular con que son menos de las que haría presumir nuestro turbulento pasado: unos cuatro millones, no más [21].

El dato surge de combinar información proveniente del Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina, el Portal de Datos del Gobierno Colombiano y de informes y artículos periodísticos de la última década. Con ese cruce de fuentes se concluye que, al sumar los 450.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con los 3.000 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, los 1.300 de las disidencias de las FARC, los 3.500 paramilitares de los grupos armados organizados, los más o menos 2.000 miembros de los combos delincuenciales, los 9.000 guardias del Instituto Nacional Penitenciario, los cerca de 100.000 vigilantes de las empresas de seguridad, los aproximadamente 6.500 escoltas, los 1.000 miembros de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, los 90 o 100 instructores de polígono, los cerca de 3.000 agentes aduaneros y los 530.000 particulares con salvoconducto, en Colombia hay cerca de 850.000 personas autorizadas para el porte o la tenencia de armas [22]. 

La cifra puede aumentar hasta el millón si asumimos que, en el primer o segundo grupo, hay gente que tiene dos o más “sustos” y que existe un número indeterminado de campesinos dedicados a la caza de monte con rifles de aire —esos que antes llamaban “chopos”—. El dato también crece si consideramos que algunas familias conservan armamento antiguo, que los veterinarios usan pistolas y/o escopetas sanitarias y que las réplicas con que se juega Paintball, o se filman películas, pueden ser más de las supuestas habida cuenta de que su venta o adquisición carece de restricciones.

Muchas de las dificultades para establecer con relativa certeza el número de armas que circulan en el país tiene que ver con la opacidad del Ejército y la Policía en estas materias. Es realmente difícil, incluso a través de mecanismos como el derecho de petición, conseguir documentación creíble sobre —la Industria Militar Colombiana— [23], qué tan preciso es el registro que adelanta la Fiscalía en lo que toca a los antecedentes penales o cuán confiables son los controles del DCCA, la entidad encargada de controlar el comercio de armas, para la expedición de salvoconductos [24].

Las suspicacias no surgen de la nada. Desde los años cincuenta del siglo pasado se tiene conocimiento de que algunos miembros del Ejército y la Policía no sólo entregan material bélico a los grupos al margen de la ley, sino que los blindan contra cualquier posible acusación de tenencia ilegal. En '¿Quién vendía las armas a los bandoleros?', el fotoperiodista Víctor Prado Delgado [25] ofrece indicios apabullantes de que el sargento Luis Mariano Sáenz fue el principal proveedor de los guerrilleros tolimenses y de algunos sicarios del Viejo Caldas entre los años 1950 y 1965.

Una prueba parecida, pero ya en otro campo, muestra la revista Semana cuando informa que en 1983 el coronel Osvaldo Caraballo, comandante de la Policía Militar en el Valle del Cauca, les habría dicho a un grupo de agricultores: “Todo el que pueda armarse, que se arme. Si no tiene salvoconducto, yo respondo por el arma” [26].

En la actualidad estas sospechas se han transformado en secretos a voces. Está documentado que tanto en Indumil como en la Fiscalía y en la DCCA hay notables deficiencias técnicas —algunas de las cuales se han intentado subsanar con (por ejemplo, con la adopción del Sistema Integrado de Proyección Balística [27])—. También se sabe con exactitud que un número inquietante de pistolas y fusiles empleados en asesinatos, secuestros y extorsiones salieron de los arsenales custodiados en el batallón Landazábal de Bogotá, la base San Mateo de Pereira, la Tercera Brigada de Cali y el fuerte militar de Tolemaida.

Es tan escandalosa esa porosidad del sistema que hasta Jaime Restrepo, un beligerante activista de extrema derecha que se autodenomina El Patriota en las redes sociales, del año 2016 a la Cuarta Brigada de Medellín de haber convertido la firma de permisos para armas de fuego en una “caja menor”. Estos señalamientos no son el producto de una mente afiebrada: según demostraron recientemente los periodistas Ariel Ávila y Andrea Aldana, no obstante tener requerimientos de la justicia, boletas de captura e incluso pedidos de extradición a Estados Unidos, esa brigada le facilitó entre 1997 y 2018 salvoconductos para armas de fuego a 23 sicarios de Medellín y a 3 cabecillas de bandas criminales [28].

Un campo natural de aterrizaje

El coronel Marulanda, que además de miembro de la Reserva Activa es asesor de seguridad, cree que un 15% de las pistolas y fusiles ilícitos proviene de Estados Unidos, mientras que el resto del parque ilegal nos llega desde una cofradía variopinta de naciones que incluye a Bélgica, Francia, España, Alemania, Hungría, Rusia, China y, como es de esperar, Corea del Norte.

Aunque algunos de estos países parezcan exóticos, no lo son tanto. Ya a principios de siglo XX Colombia le compró ametralladoras Schwarzlose de siete milímetros al Imperio Austrohúngaro y durante poco más de una década, entre 1924 y 1937, la casa checoslovaca Skoda, la misma que hoy fabrica autos pero que entonces era una próspera productora de material militar, se encargó de proveer al país de fusiles y cañones.

A mediados de los años cuarenta, sin embargo, el Ejército y la Policía empezaron a encontrar material bélico que sugería la existencia de un mercado ilegal de armas. Para 1960 este había crecido tanto que el abogado Alonso Moncada decidió rastrear su procedencia. Informes del servicio secreto le permitieron establecer que las rutas de entrada eran fundamentalmente dos —Panamá y la Costa Atlántica—, pero también llegar a una serie de conclusiones deprimentes. La primera era de tipo geográfico:

Cualquiera que estudie cuidadosamente el mapa de la República entiende la absoluta imposibilidad en que se encuentra el Gobierno para controlar sus costas y fronteras. Tenemos 1.760 kilómetros de litoral sobre el mar Atlántico y 1.470 sobre el Pacífico. Los límites en el oriente y en el sur están formados por miles de kilómetros deshabitados, por selvas cómplices o por ríos navegables [29].

La segunda, en cambio, atenuaba el determinismo territorial para sugerir que la vasta red de intereses creados en torno al negocio imposibilitaba en la práctica cualquier tipo de acción en contra: 

El Gobierno nacional a través de de los organismos de información y represión conoce los nombres de los contrabandistas y no ignora ni la forma ni los sitios por donde operan; sin embargo, el negocio sigue siendo próspero más que todo por la falta de coordinación entre las diversas entidades gubernamentales y algunas veces con el apoyo de ellas [30].

Si quisiéramos actualizar los datos suministrados por Moncada, no tendríamos que esforzarnos mucho: todavía hoy un porcentaje significativo de las armas oscuras entran a Colombia siguiendo rutas de contrabando establecidas desde el siglo XVIII. Los matuteros centroamericanos las bajan por mar y tierra a través del Darién y Urabá, y luego por las regiones de la costa pacífica comprendidas entre Nariño y el Chocó. Venezuela y Brasil también envían armas, por tierra, mar o en avionetas que aterrizan en la siempre renovada red de aeropuertos clandestinos del país. Eso también lo advirtió Moncada: nuestra topografía, dijo con un suspiro de impotencia, “facilita que inmensas zonas patrias sean un campo natural de aterrizaje”.

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VÍCTIMAS. El ataque con pipetas bombas en el municipio colombiano de Bojayá tuvo uno de los episodios más violentos de Colombia debido a un ataque armado: dejó 119 muertos, 98 heridos y más de la mitad de la población en ruinas, pero no fue el único. Foto: Camilo Rozo.

La diferencia radica en que ahora los grupos ilegales se valen del comercio formal y de las importaciones de otros países para camuflar sus alijos. Raúl Hazbún, uno de los jefes paramilitares desmovilizados en el año 2008, dejó en claro en una entrevista con la revista Semana que, tal como sucedía en los años sesenta, la complicidad con las autoridades locales, por una parte, y los sobornos a los reticentes, por la otra, siguen siendo las principales formas de evadir la vigilancia estatal. 

—¿Ustedes utilizaron los barcos bananeros para traer armas?

—Nunca fue en barcos bananeros. Yo participé en el ingreso de 4.200 fusiles a Colombia, que los trajimos de Bulgaria camuflados entre la urea, que es abono para el banano, pero los bananeros no tuvieron ninguna responsabilidad.

—¿Cómo encaletaron los fusiles y cómo los descargaron?

—El barco llegó al golfo de Urabá y ya teníamos legalmente las licencias de exportación de esa urea. Se contrató a Banadex, que era filial de Chiquita, porque era la única empresa que tenía la infraestructura para descargarla en contenedores y a granel.

—¿Banadex sabía lo de los fusiles?

—No, se dieron cuenta a las doce de la noche, porque cuando estaban bajando la urea se partió un palo y, cuando cayeron los sacos, también cayeron las trompetillas de los fusiles. Nos tocó asegurar una lancha con tropa para que no dejaran bajar a nadie del barco, y ya todo el mundo empezó a trabajar obligado. Torcimos a un cabo de la Policía con un cuento de que venía un contrabando de urea y que habíamos pagado impuestos por 1.000 bultos, pero venían 2.000, y le pedimos que nos dejara sacarlos. ¿A ese policía sabe qué le dimos? Tenían catorce camarotes en la estación de Policía y ninguno tenía tablas ni colchonetas, y el techo era de Eternit y estaba roto. Eso costó millón y pico de pesos. No hubo que pagarle comisión en esa vuelta [31].

Los fiscales de la Jurisdicción Especial para la Paz han intentado cubrir los vacíos informativos, las contradicciones y las revelaciones a media lengua de testimonios como este preguntándoles a los guerrilleros, paramilitares y miembros del Ejército que se han acogido a su potestad que en dónde y a través de quiénes obtenían sus armas, pero poco, prácticamente nada, de esas confesiones ha salido a la luz pública.

Por ahora sólo se conocen detalles chuscos como que uno de los discos más populares entre las FARC era 'Guitarra armada' (1979), de los hermanos nicaragüenses Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy. Se explica: una de sus canciones, “¿Qué es el FAL?”, le enseña a milicianos presuntamente analfabetos cómo operar, desarmar y limpiar el fusil francés del mismo nombre.

Pero si los servicios de inteligencia, los fiscales y la investigación periodística han fracasado en el empeño de registrar con exactitud las rutas por donde entran las armas a Colombia, la novela, por contraste, sí nos ha dado mapas que, al margen de su carácter ficticio, resultan muy verosímiles a la hora de pensar los mil y un caminos del contrabando.

En un pasaje extraordinario de 'Historia secreta de Costaguana', Juan Gabriel Vásquez reconstruye el periplo de un fusil Chassepot desde Toulon en Francia, donde fue fabricado en 1866, hasta un playón del río Atrato en Colombia una década después. Nada impide que, ajustando ciertos detalles, esa descripción imaginaria nos sirva como cartografía real de los actuales barzaleros de armas.

Hecho en casa

La anterior enumeración del mercado paralelo estaría incompleta si no incluyera lo que conocemos popularmente como “armas hechizas” y que el Derecho Internacional Humanitario tipifica como “no convencionales”. Aunque la fabricación de armamento casero siempre ha existido y no es para nada exclusiva de Colombia, tiene un particular arraigo en el imaginario nacional porque el asesinato que partió en dos la historia del país fue cometido con un revólver de esas características. 

Cuando los peritos Josué Rodríguez y Karl Romanosky revisaron el arma con que Juan Roa Sierra mató en 1948 al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, pensaron en primera instancia que era un Smith & Wesson calibre 32 corto, probablemente importado, pero casi enseguida descubrieron que se trataba de una pistola marca Canario o Lechuza, que es como en los años cuarenta del siglo XX denominaban a las armas de fuego reconstruidas, adaptadas o de procedencia incierta [32].

Ya en esas fechas, José Antonio Osorio Lizarazo se preguntaba en 'El día del odio' (1952) a cuánto ascendería el tamaño del arsenal clandestino en Colombia. Desde entonces ese enigma no ha dejado de atormentar a los científicos sociales y casi podría decirse que es la interrogación por excelencia: en la medida en que no ha recibido respuesta, sigue aguijoneando, por un lado, nuestros afanes investigativos y, por el otro, dándole pabilo a las llamas de nuestra incertidumbre. De acuerdo con y de la , existen ahora mismo en Colombia entre dos y cuatro armas ilegales por cada una con salvoconducto, y muchas de ellas, si no la mayoría, son hechizas. 

Por más imperfecto que sea, ese dato permite apuntalar las cuentas de los párrafos precedentes. Porque si los registros sugieren que las armas con salvoconducto son alrededor de un millón, entonces no es descabellado suponer que la suma de las legales e ilegales sea cuatro veces mayor.

La afirmación descorre un velo tragicómico, más apropiado para la novela que para el reportaje, pues confirma que la guerra en Colombia se libra tanto con armas de última generación como con artefactos parientes de la carraca de burro con que Caín mató a su hermano Abel.

Fisto, tatucos, quiebrapatas —y un burro 

Entre las FARC —muchos de cuyos miembros fundadores eran simpatizantes o militantes gaitanistas—, la dificultad para conseguir armas de cualquier tipo por los bloqueos oficiales y sus incapacidades para salir al mercado potenció la fabricación casera.

Esta práctica no es un asunto secundario dada la dimensión y alcance del conflicto armado con la guerrilla en Colombia: las FARC mantuvieron la disputa armada con el Ejército por más de cincuenta años, lo que supone que desde 1964, cuando comenzaron las escaramuzas, sus guerrilleros estuvieron recolectando tuberías para agua potable, armazones de bicicletas, tuercas, tornillos, canicas de vidrio, tubos de escape de automóviles, extintores en desuso y decenas de adminículos inofensivamente domésticos en manos de mecánicos de barrio o padres de familia con talleres en el garaje, pero temibles cuando pasaban por la inteligencia adaptativa de los artesanos revolucionarios.

Toda historia de las armas hechizas es por definición incompleta —¿quién puede decir cuál es el último adminículo mortal descubierto si bajo cada piedra y en cada celda puede haber sorpresas?—, pero la historia del conflicto armado colombiano lleva una impronta muy marcada por el gasto millonario en armamento y la improvisación más callejera posible. 

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MUERTES. El 80% de los homicidios en Colombia se hacen con armas livianas. De ese total, entre el 10 y 14% corresponde a guerrilleros disidentes de las FARC, miembros milicianos de los grupos paramilitares. Foto: Camilo Rozo

Al principio, los guerrilleros de las FARC se concentraron en la reparación de sus viejas escopetas de fisto [33] —antiguos rifles de caza que cargan perdigones por la boca del caño—; sin embargo, con el paso de las décadas, y urgidos por equilibrar algunos descalabros militares, acabaron construyendo morteros de 60 milímetros con tubos de Ecopetrol, granadas artesanales a las que llamaban “tatucos”, minas “quiebrapatas” y otra serie de armas de hechura doméstica que a la postre serían su ruina moral. 

El ataque con pipetas bombas en el municipio chocoano de Bojayá es el más conocido de esos episodios porque dejó 119 muertos, 98 heridos y más de la mitad de la población en ruinas, pero no fue el único. El 12 de marzo de 1996 guerrilleros al mando de alias Canaguaro llegaron a Chalán, en el departamento de Sucre, compraron un burro de carga, le montaron explosivos y explotaron al animal por control remoto cuando se encontraba frente a la Alcaldía, matando a 21 agentes. Algo similar hicieron el 25 de enero de 2002, aunque ya no con un burro sino con una bicicleta cargada de Amonal que quitó la vida a cuatro policías, una niña y su mamá e hirió gravemente a 28 vecinos del barrio Fátima de la capital colombiana.

Un mercado millonario hecho de rudimentos

En el mundo del hampa el camino tuvo los mismos vericuetos. De los viejos “revólveres jurungos” con que los atracadores asustaban a los parroquianos en los años cincuenta y sesenta se pasó en los noventa a los “changones” —la pronunciación colombiana del inglés shotgun—. Un changón es, según la clasificación de la Policía Nacional, un “monotiro” —esto es, un arma que solo puede disparar una bala— o un “artefacto” —es decir, un simulacro de arma que nada más sirve para amedrentar a las posibles víctimas. En palabras de un agente en la bodega de armas de la Policía: “No todos disparan, pero todos sí que asustan”.

Por rudimentarios que sean, un changón puede tener la misma efectividad que una pistola convencional, siempre y cuando la distancia de tiro no exceda los cinco metros. Además, fabricarlos es relativamente fácil: basta tener un torno, unas piezas de metal y saber algo de metalmecánica. Por eso, afirma Juan Miguel Álvarez, autor de un libro sobre las escuelas de sicarios en el departamento de Risaralda, “en Colombia toda persona con un torno en el garaje de su casa es potencialmente un armero” [34].

Estas no son hipérboles. Hace diez años, un grupo de pandilleros contó a periodistas del diario El País de Cali que conseguir changones era “como frotar la lámpara de Aladino. Uno dice: necesito un fierro para hacer tal vuelta y alguien te dice: yo sé dónde”. Más recientemente, reveló que comprar un revólver en el mercado negro de Bogotá es un proceso tan barato como expedito. Con 180 dólares y una mañana libre cualquiera puede agenciarse un revólver.

Esta elevada demanda de changones ha propiciado que aparezcan marcas diferenciadas. El intendente José Rodríguez, profesor de balística en la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, recuerda que cuando estuvo destacado en los años noventa en Cartago —uno de los municipios donde Cartel del Valle estableció importantes cabezas de playa— capturó a varios delincuentes con pistolas que, a primera vista, era indistinguibles de una Pietro Beretta de 9 milímetros. Una inspección más detallada revelaba sin embargo que, a un lado del cañón, donde debería estar grabado el nombre del fabricante, sólo se encontraba la palabra Cartagüeña. “Se llamaban así, y eran famosas en todo el Valle y hasta en Pereira”.

Las Cartagüeñas no eran los únicos changones contramarcados. También estaban los Ruger, los Koll, los Llama, los Guacharaca; cada uno era distinto y a veces incluso tenían su propio logo. Más que un “desarrollo de marca”, lo que estos nombres insinúan es que detrás de ellos existe un taller o un artesano con experiencia probada. Un policía que entrevisté y me pidió no revelar su nombre me dijo que “por lo menos el 80 por ciento de los capturados en las fábricas clandestinas tenía antecedentes”, una información que corroboran numerosas noticias de prensa.

En los años noventa del siglo pasado un changón costaba cerca de $5 dólares; hoy con facilidad puede superar la barrera de los $60. Ese notable incremento en el precio es la principal razón para que muchos piensen que, contra cierta creencia ampliamente extendida, los changones no son un fenómeno específico de aquellos tiempos. De hecho, si nos guiamos por el informe ya citado de la Fiscalía, el número de armas fatto in casa está lejos de ser marginal: de las 85.982 piezas incautadas en el país entre 2014 y 2016, un 43% —37.210— eran hechizas.

La cifra podría ser incluso más alta si atendemos a que , en vista de que eran “armas de alta calidad que se asemejan a las originales”, pero sobre las cuales “no hay certeza de su fabricante”. Tampoco hay una teoría sobre quién compra ese arsenal, pues está claro que ni las bacrim ni la guerrilla ni el crimen organizado tendrían semejante poder de intimidación armados con simples panchas o solopepos.

[Nota televisiva: la palabra changón y el objeto mismo se volvieron populares para el público colombiano no tanto por los periódicos y noticieros de televisión donde se reseñaba la incautación de este tipo de armas, sino por la telenovela 'Fuego verde' (1996), en la que uno de los personajes mencionaba —y de paso mostraba con orgullo— su intimidante trabuco de fabricación casera.]

“Yo me armo, tú te armas”

Lo dicho hasta aquí permite enmarcar con notable nitidez la paradoja en que se debate Colombia. A despecho del lugar común, en el país nunca hubo cantidades mareadoras de armas. Eso fue cierto en el siglo XIX, cuando empezábamos nuestra andadura republicana, y lo es todavía en el inicio de la segunda década del siglo XXI. De hecho, si se consulta el Small Arms Survey de 2018, estamos lejos de ser la nación americana con mayor porcentaje de armas ligeras por cada cien habitantes. Por delante nuestro figuran, entre muchos otros, la Guayana francesa, las Islas Vírgenes nortamericanas, Paraguay, Venezuela, México, El Salvador, Puerto Rico, Surinam, para no mencionar los casos de Uruguay, Canadá y Estados Unidos, los tres países donde, según el mismo reporte, es mayor la proporción[35]:

Como han recalcado muchos investigadores y como corrobora la propia experiencia, no es posible establecer una relación causal entre posesión de armas y homicidios. El punto crítico es que, a diferencia de Costa Rica, donde la proporción es igual a la nuestra, y sobre todo de Uruguay, con una tasa de 34.7, en Colombia un arsenal de tamaño medio se traduce en una letalidad que en varios momentos ha superado las cotas más altas del continente.

El Small Arms Survey de 2017 llama la atención sobre un caso en Guatemala en que 32 armas fueron usadas en al menos 238 homicidios. En Medellín, sobre todo en la década de 1980, se presentaron números similares, e incluso un poco más altos, entre los sicarios de la banda los Priscos [36].

Ahora bien: contra lo que sugieren los datos anteriores, el mayor número de víctimas por armas de fuego no se presenta entre los miembros de organizaciones al margen de la ley sino entre la población civil. En 'Hacia una regulación global del comercio internacional de armas' [37], Ángel Sánchez Legido señala que solo el 10% de las víctimas de muerte violenta en el mundo están involucrados directamente en revueltas ciudadanas, conflictos armados o actos de terrorismo; todos los demás, son civiles que caen en medio del fuego.

Los datos disponibles para Colombia coinciden con las cifras expuestas por el profesor español: , y de esos entre un 10 y un 14% corresponde a guerrilleros disidentes de las FARC, miembros de las bacrim o milicianos de los grupos paramilitares. Estas cifras bastan para indicar la magnitud del problema: la restricción a la venta y al porte indiscrimado de escopetas, pistolas y changones no solo le salva la vida a mucha gente inocente, sino que contribuye a mejorar sus condiciones de vida.

Dada su deslucida historia, el Estado colombiano debería intervenir Indumil y reorganizar el sistema de la Fiscalía para verificar antecedentes penales y el de la DCCA para otorgar salvoconductos. Nada de eso, sin embargo, tendrá efecto —o los tendrá muy limitados— si al mismo tiempo no se erradica el influjo de Maquiavelo y su teoría de los ciudadanos en armas. Un repaso veloz por la prensa colombiana de los últimos cincuenta años permite advertir una pauta: cada vez que la inseguridad crece, y que la conflictividad social aumenta, el reflejo instantáneo es armar a los civiles.
En 1961, en un editorial titulado “El reino del pavor”, el diario La República pedía a gritos que a los agricultores colombianos se les permitiera “armarse y ejercer el derecho a la legítima defensa”. Según sus directores, el expresidente conservador Mariano Ospina Pérez y el empresario Julio C. Hernández, la súplica debía ser escuchada porque “el desarme de las gentes de bien es la garantía que confiere el Estado a los malos ciudadanos”.

Otro editorial parecido reiteraba la importancia de la legítima defensa en un contexto en el que muchos de los grandes tenedores de tierra ya estaban armados. “Las armas en manos de particulares honestos”, se decía, “pueden secundar eficazmente la acción del Ejército y contribuir a la gran tarea de paz en que todos estamos empeñados”.

5

Desde una orilla ideológica opuesta, el grupo guerrillero M-19 reclamaba el mismo derecho cuando anunció su aparición a través de avisos en los que se satirizaba una frase del ministro de Defensa, general Carlos Camacho Leyva. “Todo ciudadano debe armarse como pueda”, había dicho el oficial en 1978, y ellos respondían: “¡¡Nosotros lo hicimos!! 5.000 armas para el pueblo”. ¿Será necesario recalcarlo? El humor de la proclama sólo acentuaba su carácter siniestro.

Cinco años más tarde, en 1983, el periódico liberal El Tiempo [38] invocaba una fórmula en la que se mezclaba, de manera desconcertante, tanto lo pedido por el diario conservador como por los insurgentes más radicales. “Sólo hay dos maneras de vencer a los violentos. Con la bandera nacional en el pecho o con las armas en la mano. Los colombianos estamos dispuestos a utilizar los dos métodos”.

Considerando el grado de violencia de nuestra historia, causa consternación que estas ideas no sólo persistan en el discurso público, sino que se repitan casi calcadas desde 1961. Tres años atrás el representante a la Cámara Christian Garcés solicitó que se revisara el decreto que restringe el porte legal de armas, pues “hay una narrativa según la cual el ciudadano honesto tiene que arrodillarse frente al criminal” [39]. Hace pocos días, la senadora María Fernanda Cabal propuso lo mismo, esta vez con el argumento de que “el porte de armas, cuando se restringe, les da ventaja a los delincuentes” [40].  

En el pasado ya escuchamos estos reclamos. 

En el pasado ya oímos que las gentes de bien le pedían al presidente de la república “flexibilidad” para cargar una Smith&Wesson o una Browning calibre 22. 

En el pasado ya nos dijeron que los chopos, las pistolas, las escopetas, los changones “sólo se utilizarían para la legítima defensa”. 

Ya oímos una vez, muchas veces, que no hacerlo sería como “desproteger a los ciudadanos respetuosos de la ley y premiar a los violentos”.

Sin importar en qué momento fueron formuladas estas peticiones, el resultado siempre fue el mismo: una carnicería. Quien sólo pensaba defenderse, terminó convirtiéndose él mismo en victimario; quien nada más quería custodiar su tierra, acabó arrebatándosela a los demás; quien únicamente quería protegerse de los bandidos, concluyó fundando grupos paramilitares.  

“¿Qué saben los rifles de nosotros?”, pregunta José Altamirano en la 'Historia secreta de Costaguana'.

“Que nunca escarmentamos”, pudo haber sido la respuesta.

Pregunto al plomo

Las elegantes —estoy tentado a decir “las glamorosas”— fotografías de Camilo Rozo que acompañan este artículo tienen un valor que fácilmente podría pasar desapercibido. Resultado de dos visitas en el año 2017 a la bodega de armas confiscadas de la Policía Nacional en Bogotá, muestran, sobre todo, fantasmas: a estas alturas, ninguno de esos canarios y lechuzas existe, pues las autoridades destruyen las armas hechizas tras varios meses y según el volumen de los decomisos.

Ese valor digamos testimonial, de archivo, pasa de inmediato a un segundo plano cuando consideramos que esos changones expresan la fatal dualidad de un país donde el anhelo de muchos es tener un fierro y que las armas les consigan lo que la ley nunca ha podido darles. Por un lado, son objetos que expresan nuestra al parecer inagotable pulsión de muerte; artefactos que muestran sin tapujos el ansia de poder, la desmesura y la maldad que nos han avergonzado siempre. Pero, por otro lado, también son piezas en las que deslumbra el ingenio y la recursividad que nos enorgullecen tanto, y de los cuales dependemos para sobrevivir en una sociedad injusta, desigual y llena de obstáculos.

En 1876 el pintor José María Espinosa escribió en sus 'Memorias de un abanderado' que Colombia era una “profesora consumada en el arte de derramar sangre”. Unos años más tarde, en 1924, José Eustasio Rivera hizo eco a esas palabras al escribir en la primera línea de 'La vorágine: “Jugué mi corazón al azar, y me lo ganó la violencia”. Desde entonces, mientras crece la lista de armas y descubrimos que, como sospechábamos [41], nuestros vecinos están armados hasta los dientes, repetimos en voz baja el poema de Charles Simic:

Pregunto al plomo:
¿Por qué has permitido
que se te convierta en bala?
¿Has olvidado a los alquimistas?
¿Has abandonado la esperanza
de convertirte en oro?
Nadie responde.
Plomo. Bala.
Con nombres como esos
el sueño es largo y profundo.

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HUELLAS. En el 2017, el coronel del Ejérito John Marulanda, sostuvo que si además de las armas históricas, se incluyera el parque incautado desde el año 2000, tendríamos que añadir los fusiles AR-15, AKM o Norinco CQ confiscados a bandas paramilitares o a disidencias de las FARC. Foto: Camilo Rozo

NOTAS A PIE DE PÁGINA 

[Referencias mencionadas en el reportaje, para quien desee profundizar en el tema] 

[1] Cuatro años más tarde, Reed comprobó con amargura la exactitud de su profecía. La abolición de la esclavitud decretada por el presidente liberal José Hilario López en 1851 produjo, entre otras reacciones, un intento fallido por tirotear la sede del Capitolio, entonces apenas en los cimientos. Alfredo Ortega Díaz publicó la exposición de motivos de Reed en su libro Arquitectura en Bogotá; la cita está en la página 51. Consulté para este trabajo la edición facsimilar preparada en 1988 por Helena Villaveces Ortega, no la original de 1924 (Bogotá: Producciones Editoriales Lorenzo Fonseca y Revista Proa, 1988).

[2] Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. Con menos detalle pero de manera útil, el profesor Carlos Eduardo Jaramillo hace en Los guerrilleros del 900 (Bogotá: Cerec, 1991) un revelador inventario de las armas utilizadas por los partidos Conservador y Liberal en la Guerra de los Mil Días.

[3] El 2008 fue un año de inflexión en el conflicto colombiano. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez logró debilitar a las FARC no sólo por la muerte de alias Tirofijo, el fundador del grupo guerrillero, sino porque se dio de baja a tres integrantes de su Estado Mayor Conjunto: alias Raúl Reyes, alias Iván Ríos y alias Felipe Rincón. Pero, de manera simultánea, los éxitos contra la insurgencia se vieron ensombrecidos por el asesinato a manos del Ejército de civiles inocentes —los llamados “falsos positivos”—, lo cual condujo a la destitución del comandante Mario Montoya. Todo lo anterior explica la producción (y el gasto) récord en material bélico de ese año.

[4] En 1994, la Convención de Naciones Unidas instó a los estados miembros a que dejaran de fabricar y utilizar “armas y municiones que, a distancias iguales o superiores a 25 metros, transfirieran a los tejidos humanos más de 20 julios de energía por centímetro”. (Ver “El proyecto suizo de Protocolo sobre Sistemas de Armas de Poco Calibre”, de Eric Prokosh, en https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/5tdm6b.htm). Por tal motivo, a partir de 1995 la Industria Militar Colombiana dejó de fabricar las balas calibre 7.62, causantes por su envergadura de  “daños superfluos” o “sufrimientos innecesarios” (podían partir a una persona por la mitad) y las reemplazó con las de calibre 5.56. Tomo el dato de la munición fabricada en 2008 del reportaje “Historia humana de una bala” de Juan Andrés Valencia (https://www.soho.co/historias/articulo/la-historia-humana-de-una-bala/9…).

[5]  Revista de la Asociación Colombiana de Coleccionistas de Armas lanzada en 1987 y activa hasta 1993.

[6] Se llama así a las armas fabricadas para servir de regalo, aunque perfectamente podrían ser útiles. Bolívar tenía dos pistolas hechas por Nicolas-Noël Boutet, el armero de Napoleón Bonaparte. Según Becky MacGuire?, una especialista de la casa Christie’s, fueron un obsequio del marqués de Lafayette, héroe de la independencia norteamericana, y Bolívar nunca las usó en combate, pues consta que las recibió apenas en 1826. Ambas pistolas salieron a subasta hace tres años y se sospecha que el gobierno de Venezuela pagó por ellas US$ 1,8 millones. Más información en: https://bit.ly/BBCPistolas

[7] Con la primera de ellas, sicarios colombianos mataron en 1983 al narcotraficante Antonio “Tony” Montana, protagonista de Scarface, y luego, seis años más tarde, al candidato a la presidencia de la república Luis Carlos Galán. (No es extraño que fuera de ese modo: en Colombia, siempre, o casi siempre, la vida imita a la ficción). Con la segunda, los Priscos, el grupo de matones bajo órdenes de Pablo Escobar, se encargaron de dejar su sangriento sello adonde quiera que iban.

[8] Antonio José de Irisarri, Historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho. Caracas, 1915.

[9] Existe una notable literatura periodística sobre armas en Colombia. Sin el ánimo de ser exhaustivo, yo recomendaría los libros El Karina (1985) de Germán Castro Caicedo y Operación Ballena Azul (2001) de Hollman Morris, la crónica “Ahí les dejo esos fierros” de Alfredo Molano y el artículo “La pistola perdida de Pablo Escobar”, de Daniel Coronell, publicado el 6 de mayo de 2017 en la revista Semana (hay versión electrónica: https://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-opinion-sobre-l…).

[10] El episodio tuvo resonancia en el mundo entero. El propio García Márquez lo explicó en una columna del diario El País: https://elpais.com/diario/1981/04/08/opinion/355528809_850215.html.

[11] Lo primero lo cuenta el general Belisario Porras en el tomo I —el único publicado hasta la fecha— de sus magníficas Memorias de las campañas del Istmo. 1900 (Ciudad de Panamá: Editora de la Nación, 1922); lo segundo lo refiere el escritor y publicista Maximiliano Grillo en Emociones de la guerra a propósito de la batalla de Palonegro (Bogotá: Imprenta de la Luz, 1903).

[12] Los manuales militares son un terreno prácticamente inexplorado en la historiografía colombiana. Aunque existieron antes de la Independencia —José María Córdoba escribió uno titulado Tratado de táctica para las compañías ligeras de los batallones de línea (Bogotá: H. Barrera Orrego Editor, 2016) y aunque algunos de ellos eran traducciones —el poeta Candelario Obeso pasó del francés al español las Nociones de táctica, de infantería, de caballería y de artillería del belga Leon de Segher (Bogotá: H. Andrade, 1878)—, los oficiales criollos se aficionaron a escribirlos después de consumada la separación de España. No sólo facilitaban aprender los rudimentos del oficio castrense —verbigracia, disparar rifles Sharp o Peabody-Martini—, sino algo mucho más elusivo: cómo dárle órdenes a una tropa especialmente levantisca. Mención aparte merecen las Ciento cincuenta preguntas a un guerrrillero del cubano Alberto Bayo Giroud. Ese catecismo fue editado por lo menos veinticinco veces en mimeógrafo por el MOEC —Movimiento Obrero Estudiantil Campesino— y en los años sesenta y setenta del siglo pasado representó para muchos aspirantes a guerrilleros el primer acercamiento teórico-práctico a las armas.

[13] Sería un esfuerzo irrelevante dados los objetivos de este informe ensayar una lista exhaustiva de retratos colombianos en los que aparezca un arma de fuego, pero un catálogo preliminar incluiría, entre otras imágenes icónicas, la de tres niños armados con espadas, bayonetas y fusiles publicada por la revista francesa L´Illustration en 1902, las fotos de bandoleros de los años cincuenta como alias Sangrenegra o alias Desquite, las de guerrilleros de las FARC como Manuel Marulanda Vélez, las de artistas como Rafael Escalona o las de Pablo Escobar disfrazado de Al Capone y Emiliano Zapata. Si bien existen fotografías de mujeres con armas, llama la atención que sea un género esencialmente masculino. La lista también debería incluir algunas imágenes de armamento incautado, toda vez que que se trata de uno de los tópicos más habituales en la prensa del país.]

[14] A grandes trazos, la historia es la siguiente: A finales de 1991 el mayor Walter Fratini Lobaccio fue designado como segundo comandante del batallón Junín, adscrito a la XI Brigada del Ejército. “Traía la experiencia del Magdalena Medio, donde había sido subordinado del general Faruk Yanine Díaz, comandante de la XIV Brigada del Ejército, desde diciembre de 1983”. Fratini empezó por montar grupos armados de vigilancia. Mancuso formó parte de uno llamado Los Rurales y de ese modo trabaron amistad.

El 11 de junio de 1993 Mancuso recibió la noticia de que su amigo había sufrido un accidente aéreo. En realidad, miembros del Ejército Popular de Liberación habían derribado el helicóptero en el que viajaba hacia Turbo. Fratini cayó. “Herido y acorralado, intentó ocultarse entre la maleza, pero los guerrilleros lo encontraron y lo torturaron hasta la muerte. Las claves de su dolor las conoció su familia sólo cuatro años después, cuando en la exhumación del cadáver se descubrieron en el ataúd nada más que un pedazo de tronco, restos del cráneo y un fémur”. Cuenta Glenda Martínez, autora de las citas anteriores: “El único civil que supo desde el principio la crueldad de la muerte del militar fue Salvatore; él vio su cuerpo el mismo día de su rescate […] Los ojos se le llenaron de lágrimas. El día de su muerte, el mayor tenía 33 años, una hija de 6, una colección insuperable de premios y condecoraciones y una pistola 9 mm Pietro Beretta, que días más tarde pasó a manos de Salvatore y se convirtió en el símbolo de su amistad”. Fue la pistola que Mancuso entregó durante la ceremonia de desmovilización del Bloque Catatumbo. ¿Tendré que decirlo?, con lágrimas en los ojos. Todos los detalles están en Glenda Martínez Osorio, Salvatore Mancuso, su vida, Bogotá: Editorial Norma, 2004.

[15] Quien mejor ha explicado la influencia de Maquiavelo en el pensamiento colombiano es Francisco Gutiérrez Sanín. Ver su ensayo “¿Ciudadanos en armas?”, incluido en Jaime Arocha, Fernando Cubides y Myriam Jimeno (eds.), Las violencias: inclusión creciente. Bogotá: Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, 1998, pp. 186-202. 

[16] Ver Chamanismo, colonialismo y el hombre salvaje. Un estudio sobre el terror y la curación. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2002, 628 págs., il.

[17] El testimonio aparece en Claudia Steiner, Imaginación y poder. El encuentro del interior con la costa en Urabá, 1900-1960, segunda edición. Bogotá: Universidad de Antioquia y Universidad de los Andes, 2000, pp. 140-141.

[18] Ver Peter Schultze-Kraft (ed.), La horrible noche. Relatos de violencia y guerra en Colombia. Bogotá: Seix Barral Biblioteca Breve, 2001, pp. 145-152.

[19] Steiner, op. cit., p. 141.

[20] Ver Eduardo Carrillo Galvis, “La ruta de las balas”, Pacifista, 24 de diciembre de 2017. https://pacifista.tv/notas/la-ruta-de-las-balas-un-coronel-del-ejercito

[21] El método no es excéntrico: en países donde el registro de armas es irregular o inexistente —y eso incluye a Estados Unidos—, el cálculo del parque disponible surge de estimaciones realizadas con cruzamiento de datos de diversas fuentes. Anticipo al lector que mis estimativos defieren de los consignados en el Small Arms Survey de 2018 (http://www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/tools/global-firearm…).

[22] Quienes investigan sobre orden público en Colombia son extremadamente cautos. El Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario es tal vez la única institución que en los últimos años ha intentado hacer un conteo, decantándose por que hay cerca de millón y medio de armas legales en el país y más o menos el doble entre las del mercado gris y las ilegales. Véase, entre otros documentos, https://www.urosario.edu.co/ODA/Archivos/doc_investigacion/La-amenaza-d… y https://www.urosario.edu.co/ODA/Archivos/doc_investigacion/Desarme-en-p… 

[23] En la página web se informa que son ocho los tipos de armas que fabrica Indumil: la pistola Córdova, la escopeta Santander —de un solo tiro—, el revólver Llama Gabilondo, los fusiles Galil Ace 21, 22 y 23, los lanzagranadas de 40 milímetros y los morteros de 60. Estos dos últimos son de uso privativo de las Fuerzas Militares. 

[24] La ley colombiana exige once requisitos para comprar un arma: 1) Formulario con foto, firma, huella dactilográfica y certificado judicial original; 2) Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada y legible; 3) Fotocopia del certificado de antecedentes penales con una fotografía reciente; 4) Fotocopia de la libreta militar; 5) Certificado del curso de manejo de armas; 6) Carta dirigida al comandante de la Décima Primera Brigada explicando las necesidades para el porte o tenencia de armas; 7) Certificado médico con sello, firma y posfirma legible; 8) Certificado psicológico con firma, post firma y sello; 9. Dos recomendaciones comerciales o personales donde se incluya la dirección, el teléfono y la fotocopia de la cédula de quien recomienda; 10. Certificación de la actividad laboral, cámara de comercio, tarjeta profesional, carnet ganadero, carnet de jubilación, etc. y 11) Certificado de vecindad expedido en inspección de Policía.

[25] El libro, de distribución minoritaria, fue publicado a expensas del propio autor en la ciudad de Ibagué en el año 2016. 

[26] Ver https://www.semana.com/nacion/articulo/yo-me-armo-tu-te-armas/1860-3

[27] El IBIS —sigla inglesa de Integrated Ballistics Identificación System— es un programa para identificar armas de fuego mediante la comparación de proyectiles y vainillas. Después de un disparo, tanto en la vaina como en el proyectil quedan marcas que a simple vista son imperceptibles, pero que resultan de fácil identificación con la ayuda de un microscopio. Ya que esas marcas son tan específicas como las huellas digitales humanas —de hecho, las llaman “huellas dactilares mecánicas”—, el programa las agrupa por calibre y los ordena por puntajes. Basados en esa información, los peritos son capaces de distinguir qué huellas corresponden a qué armas. 

[28] La lista, publicada parcialmente por el programa “El Poder” de Semana Televisión el pasado 10 de junio de 2020,  es como sigue:

―Carlos Mesa (alias Tom). Bacrim: La Oficina y Los Chatas. Tiene permiso para porte de pistola Browning desde 1997. Actualmente está preso. 

―Maximiliano Bonilla (alias Valenciano). Bacrim: La Oficina. Entre 2001 y 2009 recibió cuatro requerimientos por parte de la justicia. Tiene permiso P1028350 para pistola Jericho. Está preso en Estados Unidos.

―Ferney Moreno (alias El Montañero). Bacrim: Picacho. Tiene permiso P1096400 para pistola CZ (2006 y 2007). Se encuentra desaparecido.

―Javier Posada (alias Tyson). Bacrim: Los Mondongueros. Tiene permiso P1180583 para revólver Llama 38 expedido en el 2006. Está preso.

―Hernán Giraldo (alias Cesarín). Bacrim: La Oficina. Tiene permiso PO689060 para revólver Llama 38L (2001, 2003, 2005) y permiso P1028346 para pistola Jericho (2005). Está preso.

―Jáder Botero (alias Gancho). Bacrim: los Pachelly. Fue requerido siete veces por la justicia entre 2001 y 2007. Tiene permiso P1253943 para pistola Glock, P1179590 para pistola Browning 765, P1179590 para Prieto Beretta, P1002211 para Jericho y P0363068 para pistola CZ. Se encuentra desaparecido.

―Adiel Covaleda (alias Adiel). Bacrim: San Pablo. Fue requerido doce veces por la justicia entre 2001 y 2008. Tiene permiso P1335996 para pistola Walter PPK, P1026284 para revólver Llama 38L y PO763350 para revólver Llama Escorpi 38L. Está preso.

―Andrés Monsalve (alias El Francés). Bacrim: La Terraza. Tuvo cinco requerimientos de la justicia entre 2005 y 2007 por un revólver Martial 38L con permiso P1096477. Fue asesinado.

Róbinson Mejía (alias La Cachona). Bacrim: La Galera. Tuvo cinco requerimientos de la justicia entre 2004 y 2008 por un revólver Llama 38L con permiso PO969138. Está preso.

―Mauricio González (alias Ronco). Bacrim: La Unión. Tuvo un requerimiento en 2001 por una pistola CZ 9 mm con permiso PO710341. Está en libertad (exconvicto). 

―Vladimir Moreno (alias Vladimir). Bacrim: Niquía Camacol. Tuvo un requerimiento en 2008 por un revólver Llama Martial 38L con permiso P1264990. Fue asesinado.

―Hernán Villa (alias Ratón). Bacrim: La Oficina. Tuvo un requerimiento en 2006 por un revólver Smith & Wesson 38L con permiso P1167066. Está preso.

―Hernán Sánchez (alias Memín). Bacrim: El Guayabo. Tuvo dos requerimientos en 2006 y 2007 por un revólver Llama Scorpio con permiso P1194353. Está preso.

―Jehová Buriticá (alias Camilo Chata). Bacrim: Los Chatas. Tuvo dos requerimientos entre 2001 y 2003 por una pistola Pietro Beretta con permiso P0771694. Está en libertad.

―Luis García (alias Maicol). Bacrim: El Pesebre. Tuvo cinco requerimientos en 2007 por un revólver Martial 38L con permiso P1220185. Está preso.

―Pablo Taborda (alias Yordi). Bacrim: La Terraza. Tuvo dos requerimientos en 2008 por un revólver Llama Cassidy 38L con permiso P1283867. Está preso.

―Javier Marín (alias Tatú). Bacrim: El Pesebre. Tuvo once requerimientos entre 2001 y 2007 por tres revólveres Llama, Colt 38L y Smith and Wesson 38L con permiso P1159133. Está preso.

―José Giraldo (alias Cepillo). Bacrim: La Matecaña. Tuvo seis requerimientos entre 2005 y 2006 por dos revólveres Llama Cassidy 38C y Martial 38L con permiso P1022928. Está preso.

―Camilo Pineda (alias Chelbum). Bacrim: Desierto. Tuvo un requerimiento en 2007 por un revólver Martial 38L con permiso PO964148. Está preso.

―Wálter Salazar (alias Cheo). Bacrim: Los Triana. Tuvo dos requerimientos en 2006 por un revólver Martial 38L con permiso P1162559. Está preso.

―Julián Agudelo (alias Diadema). Bacrim: Picacho. Tuvo un requerimiento en 2006 por una pistola Browning calibre 22 con permiso P1064791. Está preso.

―Frank Salazar (alias Chichón). Bacrim: Los Mondongueros. Tuvo cuatro requerimientos entre 2003 y 2004 por un revólver Martial 38L con permiso PO839998. Está libre (exconvicto).

―Jairo Ardila (alias Guayabo). Bacrim: los Pachelly. Tuvo once requerimientos entre 2002 y 2007 por una Beretta con permiso PO857036 y una Jericho con permiso P1140722. Está libre (exconvicto).

Mauricio Zapata (alias Chicho, caecilla de banda). Bacrim: La Terraza. Tiene permisos para una pistola Walther y dos revólveres Llama, asignados entre 2004 y 2008.

―Sebastián Murillo (alias Lindolfo, cabecilla de banda). Bacrim: Caicedo. Tiene tres permisos para porte de pistola Jericho entre 2008 y 2017.

―Carlos Castro (alias Pichi Belén, cabecilla de banda). Bacrim: San Bernardo. Tiene permiso para una Jericho expedido en el 2018.

[29] Ver Alonso Moncada, Un aspecto de la Violencia. Bogotá: Promotora Colombiana de Ediciones y Revistas, 1963, p. 44.

[30]  Ibid., p. 45.

[31] Ver https://www.semana.com/nacion/articulo/el-hombre-cerebro-paraeconomia/2

[32]  En El Bogotazo: memorias del olvido (1975), Arturo Alape reconstruye la manera en que Roa Sierra consiguió el revólver y las balas para matar a Gaitán. De su relato se infiere que la compraventa de armas estaba tan extendida que las negociaciones se hacían a plena luz del día, en los cafés o en otros lugares públicos, y que a veces la propia Policía actuaba como proveedor.

[33] La expresión es un colombianismo y, si nos fiamos del DRAE, apenas se usa en el resto de países de lengua española.

[34] El libro de Álvarez se titula Balas por encargo (2013) y en su capítulo segundo hace un recuento de las armas preferidas por los sicarios. 

[35] Incluso si se compara a nivel mundial, Colombia es un país de mitad de tabla en cuanto a número de armas. Ver http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/Weapons_and_Markets/Tools

[36] En los años ochenta no existía en Colombia nada como el actual Sistema Integrado de Proyección Balística. Por esa razón, resulta complejo rastrear qué armas intervinieron en qué crímenes. Sin embargo, existe mucha información de campo, recolectada en libros sobre bandas juveniles, que permiten inferir cuántas veces se utilizaba en promedio lo que los combos llaman un “fierro”. Aportan datos muy reveladores De la barra a la banda, de Diego Bedoya Marín y Julio Jaramillo Martínez (Medellín: Editorial El Propio Bolsillo, 1991), Historia sin fin, de Gilberto Medina Franco (Medellín: Corporación de Promoción Popular, 2006) y Medellín. Tragedia y resurrección. Mafias, ciudad y Estado 1975-2013, de Gerard Martin, en particular el capítulo 6, “Bandas, milicias y sicarios” (Medellín: La Carreta Editores, 2014).

[37] Valencia: Editorial Tirant Lo Blanc, 2014.

[38] “Día de la Paz”, 1 de febrero de 1983, El Tiempo, p. 2.

[39] https://www.bluradio.com/nacion/existe-el-derecho-legitima-defensa-chri

[40] https://caracol.com.co/radio/2020/06/04/politica/1591274014_439467.html#

[41] El 22 de noviembre de 2019, una confusa serie de acontecimientos desató el pánico en algunos barrios de Bogotá y Cali y reveló que muchas personas esconden armas pesadas en sus viviendas. Ver https://www.semana.com/nacion/articulo/violencia-y-panica-en-cali/642888

Fuente

  • Ojo Publico
  • Créditos: Dirección: David Hidalgo. Edición general: Diego Fonseca. Investigación: David Hidalgo, Gianella Tapullima, Carla Díaz en Perú; Diego Fonseca, en Estados Unidos; Carlos Acuña y Heriberto Paredes, en México; Mario Jursich Durán, en Colombia; Suchit Chávez, en El Salvador. Análisis de datos: David Hidalgo y Gianella Tapullima. Visualización de datos: Gianella Tapullima. Fotografías: Camilo Rozo (Colombia), Giancarlo Shibayama, Policía Nacional del Perú. Ilustraciones: Jeremy Kilimajer. Edición de videos y redes: Alonso Balbuena y Carlos Bracamonte.
  • Fotografía principal: Flickr - . Galo Naranjo. Licencia Creative Works.

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