Continúa la represión: dos casos

Compartimos un nuevo texto inédito de un nicaragüense anónimo que toma la voz de muchos para denunciar la represión del régimen de Ortega.

Son muchas las madres de presos políticos que al “analizar la coyuntura nacional” van sabiamente al problema central y dicen: “Cuándo entenderá este hombre que ya no lo queremos”. Tal vez hablan así por su propia historia personal. Saben por experiencia que Ortega, como muchos hombres violentos, no aceptan que su mujer haya dejado de quererlos y decida abandonarlos.

“Mía o de nadie”, dicen esos hombres machistas de sus mujeres. Aunque las protestas multitudinarias del año 2018 y la firme resistencia de 2019 le han demostrado a Ortega que el pueblo de Nicaragua ya no lo quiere, Ortega no entiende, dice con balas y retórica que Nicaragua es “suya o de nadie” y no deja de reprimir…

La etapa de los centenares de asesinatos ya pasó. Pasó también la etapa de las capturas y encarcelamientos masivos. Pero cada día trae una nueva historia de represión que destruye vidas y familias.

Sólo dos casos.

En el norte del país, en Jinotega, Jeisy Lagos, trabajó durante ocho años para la Policía. En 2015 salió de la institución para dedicarle más tiempo a su familia. En abril de 2018, cuando estalló la rebelión cívica, la llamaron para que regresara y participara en la represión contra la rebelión cívica. Jeisy se negó. Convencida de la justicia de las protestas, se unió a la lucha cívica en participando en movilizaciones y en la defensa de tranques y barricadas. A finales de julio de 2018 “unos 40 policías y unos 20 paramilitares armados –relató Jeisy- rodearon la casa donde estaba y me capturaron. Uno me preguntó en tono de burla qué era mejor: que te pongan las esposas o ponerlas vos. Y yo le dije: Si la causa es justa es bueno poner las esposas. Igual, si la causa es justa es bueno que te las pongan. Ponémelas, porque esta causa es justa”. Jeisy fue encarcelada y torturada, primero en los calabozos policiales de Jinotega y después en la cárcel de mujeres de Managua. Estuvo presa hasta el 20 de mayo de 2019 cuando fue excarcelada en el programa de “liberaciones” de la dictadura. Pero, de regreso a Jinotega, las amenazas contra ella fueron tantas, que en menos de un mes, el 18 de junio se vio forzada a irse del país. “La orden es desaparecerte”, le advirtió una fuente confiable.

Hoy son 80 mil los nicaragüenses en Costa Rica, forzados al exilio por amenazas similares.

Uno de esos nicaragüenses era Diomedes Reyes, de 21 años. Huyó a Costa Rica a fines de 2018 porque estaba siendo perseguido por paramilitares por haber participado en las protestas y en las marchas campesinas contra Ortega en Quilalí, en la zona de Nueva Segovia.

En el país vecino, Diomedes escuchó que el gobierno daba seguridad a quienes regresaran. Y decidió regresar a su tierra. “El 27 de mayo –relata su tío Elías- llegaron a las 8 de la noche varias camionetas con policías y paramilitares y sacaron a mi sobrino de la casa a golpes y a patadas y se lo llevaron a saber a dónde, porque no nos dijeron. Yo les digo a todos los que se fueron que no se vengan, porque estos malditos los van a matar o a desaparecer”.

Ésa es la realidad. Los papeles dicen otra cosa. Dicen que el “programa de reconciliación” de la dictadura garantiza la “liberación” de todos los presos políticos y el “retorno seguro” de todos los exiliados. Pero ningún excarcelado se siente libre, porque las amenazas y el asedio a sus hogares y a sus familias son continuas. Y ningún exiliado quiere regresar… y si regresa lo esperan los paramilitares.

La realidad es que la represión continúa. Nadie está ni libre ni seguro si ejerció su derecho de protestar contra la dictadura de Ortega.

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Fuente

  • Fotografía: Flickr - Jon Skilling. Licencia Creative Commons.

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