Controles y trueques comprometen el tradicional negocio del cacao

El mal manejo de tierras, plantaciones y procesos de fermentación producto del delito y la corrupción, ponen en entredicho la fama del cacao venezolano. Tercera entrega del reportaje de Efecto Cocuyo en asocio con CONNECTAS.

Venezuela es un país de incertidumbre. En el negocio del cacao, específicamente el que nace a 90 kilómetros de su capital, la inestabilidad legal se traduce en regulaciones de precios (parecidos al control cambiario de divisas), decretos de exclusividad de venta a empresas gubernamentales, impuestos no oficiales y trueques.

Aunado a esta particularidad del sector, un empresario del cacao en Venezuela debe navegar en la hiperinflación, manejar el cambio del dólar a bolívares, revisar la Gaceta Oficial (medio por el que se oficializa la normativa del país, así como los cambios de funcionarios en entes públicos) y saber “ganarse” a los agentes del Estado para obtener los papeles necesarios. Así, quizás, pueda sobrevivir en el país.

Un ejemplo del empresario cacaotero es Francisco*. Tiene más de cinco años como socio en una exportadora de cacao. Inicialmente trabajaba con materia prima de Barlovento, pero el delito le hizo alejarse de la zona. Su negocio se concentró en comercializar el grano de Aragua y Amazonas.

Ahora, la inestabilidad jurídica acorrala cada vez más a Francisco. Desde 2018 la empresa está parada. Un cambio dentro de la Dirección de Mercado Agrícola del Ministerio para la Agricultura y Tierras (MAT) retrasó la entrega de la licencia de exportación. Este documento es una especie de pasaporte para el exportador, con el que luego debe solicitar un permiso para cada lote de cacao que quiera sacar del país.

Ambos requisitos son necesarios para la movilización de la mercancía y su emisión puede verse alterada por factores de organización dentro del ministerio u otras futilidades, como denunciar estas irregularidades en medios de comunicación. Por eso, Francisco pidió que su nombre fuese reservado.

No es la primera vez que ocurre ni es el único exportador al que le pasa. Entre 2014 y 2015 este gremio estuvo cinco meses con sus sacos de cacao retenidos. El MAT no entregó las licencias, por lo que 5.000 toneladas de la semilla casi se pierden en esa temporada. En abril de 2015, el ministro para ese momento, José Luis Berroterán, no explicó las razones en el retraso, solo manifestó que el Estado retomaría la emisión del documento y habría nuevas normas para la exportación.

En 2016, Jorge Redmond, presidente de Chocolates El Rey, explicó al diario Panorama que los empresarios de esta rama de la economía deben sortear 90 pasos, que incluyen 19 ministerios distintos, hasta cumplir con su entrega final. “Antes de la revolución bolivariana solo había que pasar por cuatro pasos para exportar. Ahora es engorroso y costoso”, dijo.

Dualidad de las políticas locales

Durante diez años, en el estado Miranda hubo dos entidades desde las que emanaban las regulaciones del sector cacaotero. Una era la gobernación, en manos de Henrique Capriles Radonski, opositor a la “revolución bolivariana”. Otra, el MAT y la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, ambos dependientes del Gobierno nacional de Hugo Chávez y, posteriormente, de Nicolás Maduro.

La Coordinación Agroproductora de Miranda (Cordami), bajo el mando de Capriles, inició la carnetización de productores, una labor que adelantó entre 2008 y 2017. El objetivo era legalizar las tierras de cientos de agricultores —cuyas propiedades se heredaron sin documentos— y erradicar la práctica de “los toberos”, como llaman a los ladrones de las semillas.

“El que quería comprar cacao, podía pedir este carnet y saber si era una cosecha legal o robada”, explicó Raúl López, secretario de economía de Capriles. Dijo que, al finalizar su Gobierno, se oficializaron cerca de 1.000 productores, de los 1.500 que, según su registro, hay en los seis municipios cacaoteros de Miranda.

Este plan fue copiado de un plan anterior: el de Enrique Mendoza, quien gobernó la entidad entre 1995 y 2004. No solo le daban legalidad a los productores, sino también a los comercializadores. “Era un certificado que los ayudaba a procesar el título de los predios en el ministerio”, dijo López. Con lamento y resignación, precisó que estos listados fueron “borrados” por Diosdado Cabello, gobernador que sucedió a Mendoza en la entidad mirandina (2004-2008) y aliado del presidente Chávez.

Mientras Capriles informaba de sus jornadas de carnetización, de los programas de capacitación técnica a productores y de la creación o reestructuración de espacios para un secado profesional del cacao, el Gobierno reguló los precios.

La Empresa Bolivariana de Producción Social Cacao Oderí fue creada en 2006 y adscrita a la Vicepresidencia de la República. Su propósito era acopiar todo el cacao de los seis municipios barloventeños y procesarlos, hasta obtener polvo, manteca y licor de cacao. Esta materia prima llegaría a la Planta Chocolatera Cimarrón para inundar el mercado nacional con chocolatería 100% venezolana.

“Para ese fin no tenían dinero. Comenzaron muy bien, pero a la larga se quedaron sin plata y tuvieron que recurrir a otros mecanismos”, indicó López.

En 2010 nació la Corporación Socialista del Cacao Venezolano, ente que pasaría “a administrar, desarrollar, coordinar y supervisar las actividades del Estado en el sector de cacao ...”, según se publicó en la Gaceta Oficial con el Decreto Número 7.471.

Un año después, Hugo Chávez estableció en el decreto 8.157 que el cacao sería un “rubro estratégico”. El Gobierno nacional había visto la importancia mundial que tenía esta semilla y no podía dejar pasar la oportunidad de obtener más ingresos por esta vía. De esta forma, se consideró el cacao como un producto de primera necesidad y “pilar fundamental de la seguridad y soberanía agroalimentaria”.

Con este decreto surge el Plan Nacional de Cacao y, con él, la regulación de precios del grano. El precio del cacao de mayor calidad por su proceso de fermentación, llamado F1, se fijó en 25 bolívares el kilo (1,5 dólares, para el momento ) y el de menor tiempo de fermentación, conocido como F2, en 20 bolívares (1,1 dólares).

Estas categorías en el estándar de calidad del grano fueron implementadas a través del Fondo Nacional del Cacao, una estructura financiera que funcionó entre los años 1976 y 2000 y que buscaba estimular la producción de calidad del grano mediante un proceso que supone mayor de tiempo de fermentación y secado de la semilla. En el período chavista, este mecanismo se abandonó.

Freddy Padrón, un agricultor con 30 hectáreas de cacao en el municipio Andrés Bello, describe su experiencia con la nueva regulación de precios: “Cuando Elías Jaua era ministro de Agricultura y Tierra (2006-2010) el precio del cacao se reguló a uno solo. Recuerdo que valía 17 bolívares el kilo. Entonces, solo se podía vender el cacao a las empresas del Estado porque hubo un decreto presidencial. Yo guardaba 50 sacos, pero solo me compraron cinco. Perdí 3.000 kilos de mercancía”, indicó el agricultor, cuyas tierras, dice, son heredadas desde el siglo XIX.

Era un sistema parecido al control cambiario del dólar: el Estado mantuvo un valor por debajo al de la oferta y demanda, favoreciendo la aparición de un mercado paralelo. Si un agricultor vendía una tonelada con el precio fijado, obtenía en ese momento 1.500 dólares aproximadamente, 31 % menos que lo estipulado en el mercado internacional. En la Bolsa de Nueva York, el fruto se comercializaba en 2.200 dólares por tonelada.

Poco a poco esta regulación fue dejada atrás. Padrón recuerda que nadie quiso vender su producto por un valor tan bajo; por lo que las autoridades estigmatizaron la labor de los comercializadores. “No permitían que ellos compraran. Todo lo teníamos que vender a Cacao Oderí”, aseveró el productor. La comunidad protestó por la pérdida de varias toneladas de cacao. Para 2014, la regulación de precios se mantenía, pero todos transaban con la tasa paralela.

El favorito de la revolución

Llegó 2017 y un cambio de Gobierno se produjo en Miranda: un oficialista retomó las riendas del estado productor de cacao. Se trató de Héctor Rodríguez, un benjamín de la revolución bolivariana y de Nicolás Maduro, actual gobernante de Venezuela.

Rodríguez trajo nuevas políticas públicas que prometían incrementar la producción y fomentar la exportación; al igual que mejorar la seguridad de su estado. Pronto se vieron decenas de funcionarios en la Troncal 9, vía principal que conecta el centro de Caracas con el oriente del país. Esa fue la primera medida del Plan Miranda Huele a Cacao.

Hay entre 9 y 10 puntos de control instalados en el trayecto que empieza cuando se dejan atrás las colindantes ciudades de Guarenas y Guatire, y que llega hasta el municipio Andrés Bello de Barlovento, estado Miranda.

La misión de estas alcabalas es, en teoría, asegurar la integridad de los ciudadanos y verificar la legalidad de la mercancía de los camiones. Pero, en la práctica, se convirtieron en los ejecutores de los decomisos de cacao.

“Se ha intensificado mucho la retención de productores y comercializadores en alcabalas hechas por la GNB, precisamente porque se sabe que hay gente que trabaja este rubro de forma ilegal. Esto ha mermado la irregularidad en el comercio y también el robo del cacao en las haciendas”, aseveró Juan José Martín, director actual del área del cacao en Cordami, específicamente del Plan Miranda Huele a Cacao. Se refiere a la comercialización que pasa por el robo o hurto del cacao.

“El tobero es otro delincuente que es más tradicional en la zona, que toma el cacao de la plantación directamente y lo comercializa por su lado”, explicó Heriberto Araujo, coordinador de proyectos para Barlovento de la Asociación Acción Campesina.

Para el nuevo director en Cordami, esta medida forma parte de la política del gobernador Rodríguez, que persigue potenciar la actividad económica. Dijo que, al retener la mercancía, los funcionarios policiales y militares debían constatar que el dueño tuviese los documentos en regla: registro mercantil, acta constitutiva de la empresa, registro en la Superintendencia Nacional de Gestión Agrícola (Sunagro), permiso de circulación del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) y carta agraria, que emite el Instituto Nacional de Tierras (Inti).

Otro requisito que se comenzó a pedir en las alcabalas fue la autorización de las alcaldías para mover cacao por la región, una medida de Rodríguez impulsada como parte del Plan Miranda Huele a Cacao. “Si alguien sacaba un saco, debía tener una guía, una permisología de la Alcaldía. Si no, la GNB lo retenía. Era un mecanismo para garantizar que la gobernación tuviese cacao para exportar y procesar y obtener así ganancias para la institución”, asomó López, exintegrante de la gobernación.

Se trataba del pago de un “diezmo” o impuesto en kilos de cacao. “Los comercializadores presentaban en la alcabala la facturación de lo que llevaban en la gandola y cancelaban el diezmo de acuerdo al 15% de la carga. Mientras esto se daba, la mercancía permanecía retenida”, explicó Vicente Petit, gerente general de Asoprocave.

Esto significa que si una comercializadora transportaba una gandola cargada, su pérdida económica rondaba cifras de 3.750 dólares (para enero de 2019). Un camión de este tipo tiene capacidad para 25 toneladas, según los cálculos de Petit.

“Hubo casos en los que tuvieron las cargas retenidas en galpones de la gobernación y se perdía el cacao por el mal uso y mal almacenamiento. Los vehículos con la mercancía estuvieron inmovilizados cerca de un mes”, expuso Petit.

Uno de los afectados fue Freddy Galindo, dueño de una de las tres casas de acopio más grandes del municipio Andrés Bello. En diciembre de 2018 dijo a Reuters que, tras varios operativos ocurridos ese año, perdió unas 87 toneladas de cacao, con un valor equivalente a unos 130.000 dólares.

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Acción Campesina alertó en mayo que los productores de Barlovento evitaban vender su cacao bajo el nuevo sistema de comercialización manejado por la Corporación Mirandina de Cacao. Además de los impuestos, la compra del cacao se hacía por debajo del precio internacional de la Bolsa de Nueva York, referencia para el mercado nacional.

Las retenciones de cacao por la policía o la GNB a veces no terminaban con el cobro del diezmo a la gobernación, sino en una extorsión del funcionario que se saldaba con dinero o con parte del cargamento. En Barlovento, el “matraqueo” sirve para algo más que un “fresco”, especie de medida monetaria popularizada por los uniformados venezolanos para pedir sobornos.

Araujo, de Acción Campesina, aseveró que al menos 10 de sus conocidos fueron afectados por estas medidas. Para él se trata de mecanismos no formales que la gobernación implementa para captar cacao a menor precio y cumplir con su promesa de exportación.

En un folleto de Cordami se anunció que el Plan Miranda Huele a Cacao busca la recuperación de 12.000 hectáreas de cacao, del total de 23.000 hectáreas útiles para este tipo de cultivo. El resto de las superficies aprovechables siguen sin atención. Mediante una suma simple, esto revela que Barlovento solo produce cacao con 44% de sus tierras.

Además, en el sitio web de la gobernación se indica que otro objetivo es el de la reinversión de las ganancias provenientes del sector económico. En abril de 2018, Rodríguez afirmó que 30 % de los ingresos del Plan Miranda Huele a Cacao serían destinados al Fondo de Desarrollo de la región barloventeña.

A nadie en el gremio le gustó la estrategia del ungido de Maduro. Productores y comercializadores, representados por Asoprocave, acudieron a la Asamblea Nacional (Parlamento controlado por la oposición) para denunciar la situación.
Mis Poemas se venden en supermercados y farmacias en todo el país. Foto: Boris Vergara

La publicación de la Gaceta Oficial número 41.526 puso luz al final del túnel: “Se prohíbe en todo el territorio nacional la emisión o ejecución de cualquier medida, restricción o gravamen, que impidan de manera directa o indirecta el acopio, transporte, distribución, comercialización o libre movilización de alimentos, bien sea de producción primaria o procesada, incluso sus subproductos, así como cualquier especie de ganadería, pesca o acuicultura”.

¿Qué hizo Rodríguez entonces? Por un lado pactó con los empresarios y, por el otro, ofreció una nueva forma de pago a los agricultores.

“El Gobierno estableció que los grandes industriales deben vender una cuota del cacao a la gobernación. Es un acuerdo de convivencia”, aseveró Araujo. Aclaró que este pacto no está escrito, por lo que los empresarios corren el riesgo de que sus permisos de exportación se retrasen o que otra arbitrariedad limite su negocio.

Con los productores, el nuevo trato es distinto. Se trata del retorno del trueque o del uso del cacao como moneda, tal como se hacía en la era indígena de México. “Están pagando con el intercambio. El trueque socialista. En San José, me han dicho que tú llegas con cacao y te dan la caja con comida. ¿Eso por qué sucede? porque hay productores que no tienen nada en su mesa”, dijo López, el exsecretario de Economía de Miranda.

Las metas del gremio

La historia del cacao en Barlovento es dulce y amarga. Para Frank Huice, las políticas cambiantes hicieron de su ilusión una pesadilla. Comenzó en 2014 a comercializar el fruto con una empresa que lleva su nombre. Era la forma de mantener su iglesia evangélica y expandir su mensaje a los jóvenes en conflicto con la ley.

Pronto se topó con el asedio oficial. Comenzó con funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes lo visitaban en su vivienda y le pedían los papeles. Al ver que ninguno le faltaban, pasaban a exigirle una “colaboración” en kilos de cacao. Él se negó y, después de una charla evangelizadora, los efectivos se marchaban.

Más tarde fue detenido en la carretera por alcabalas de la GNB. Ocurrió lo mismo que en su casa, pero esta vez con varias toneladas de cacao a cuestas. Como pudo, se rehusó a dar su coima la primera vez que tuvo en frente a los funcionarios militares; pero al hacerse frecuente la situación, renunció a la comercialización.

“Que los militares te paren en el camino no es una novedad. Por eso tengo dos años que no vendo más cacao. Cada vez que quería sacarlo de Barlovento, tenía que hablar en cada alcabala y explicarles que tenía todo en regla. Cuando no quisieron entender, cuando la única solución era pagarles tantos dólares a los guardias, entonces dejé de comercializar”, aseveró Huice.

Araujo, representante de Acción Campesina, calcula que más de la mitad de la población en Barlovento vive del cacao. Además de este rubro agrícola, el comercio y el sector público son otras fuentes de empleo. “El turismo ya no existe, aunque hay playas hermosas. Quedaban los caraqueños, que de vez en cuando iban, pero la inseguridad y las fallas en del asfaltado en las carreteras los alejaron”, planteó.

Hay 12.000 familias en riesgo y por eso Acción Campesina y Asoprocave no dejan de insistir en las recomendaciones. Una de ellas es el regreso del financiamiento a los productores. Pero no solo para apoyarlos con el cultivo de sus tierras, sino uno que los estimule a ser procesadores de su propio cacao.

Así lo hace Luisa Amanda González desde hace 40 años. Comenzó con una finca de cinco hectáreas y ahora es dueña de la marca de bombones Mis Poemas. ¿Cómo lo hizo? Fue una de las beneficiadas con créditos de la gobernación. Con el dinero, su yerno elaboró máquinas de secado, aplanadoras y mezcladoras. Todo lo que necesita para hacer chocolate.

“Buscamos que se favorezca entre los productores de cacao la gestión institucional, gerencial y técnica de manera autónoma e independiente a través de sus propias organizaciones que le permitan participar en todo los eslabones del circuito productivo y económico del cacao”, precisó el gremialista.

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Luisa Amanda González tiene 79 años de edad. Es dueña de una finca y una marca de chocolates de cacao mirandino. Foto: Boris VergaraLuisa? Amanda González tiene 79 años de edad. Es dueña de una finca y una marca de chocolates de cacao mirandino. Foto: Boris Vergara

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Luisa Amanda aún bate su chocolate, pese a que una banda delictiva la robó en su finca hace ocho años. Foto: Boris Vergara.

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Los chocolates Mis Poemas se venden en supermercados y farmacias en todo el país. Foto: Boris Vergara.

Fuente

  • CONNECTAS
  • Creditos: Vanessa Moreno Losada –investigación y redacción–, Julett Pineda –asistente en investigación–, Gina Domingos ––, Alejandro Molina –video y montaje–, Ana Lucía Duque –edición CONNECTAS– , Carlos López, desarrollo web–, Boris Vergara –fotografía–, Jesús Hermoso –Edición Efecto Cocuyo–

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“Los toberos”, depredadores del cacao en Barlovento