Creciente presencia y amenaza de industria minera en Centroamérica

Todos los datos coinciden en un aumento creciente de la demanda de minerales y energía por parte de las grandes economías mundiales. Para América Latina esta demanda ha sido tan fuerte que se puede hablar de un fenómeno invasivo. De acuerdo a los expertos, el siglo XX finalizó con una captación en la región de un 12% de la inversión mundial en minería. Para finales de 2010 esta inversión se había triplicado.

Centroamericana es una zona con considerables reservas de minerales tanto preciosos como industriales. Dentro de la lógica de las economías mundiales, Centroamérica sigue siendo una zona abastecedora de materia prima –como ha sido su papel a lo largo de su historia–, en este período con el agravante de que la creciente demanda de extracción de minerales se realiza en un contexto mucho más agresivo desde el punto de vista normativo, pero también en los ámbitos sociales, políticos y ambientales.

Es tan agresiva la demanda de extracción de minerales por parte de las corporaciones multinacionales, como creciente es la presión por que la misma cumpla con la reglamentación y con los convenios internacionales, así como creciente es la conciencia por parte de diversos sectores de la sociedad por la defensa de los bienes naturales desde la armonía en la protección de los derechos no solamente humanos sino también de la naturaleza.

La corrupción e impunidad definen la realidad de la industria extractiva

Estas condiciones han obligado a reformas en las legislaciones y a las propias multinacionales mineras a cumplir con protocolos y convenios que en el siglo XX eran inexistentes. Para el caso, se han dado procesos reformistas impulsados desde el Banco Mundial con el propósito de que las compañías mineras extractivistas cumplan con los diversos tratados comerciales, ya sean bilaterales o multilaterales. Pero según las organizaciones ambientalistas, en realidad esta ola reformista solamente busca garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, establecer un marco de vigilancia conforme a la normativa internacional con el fin de dar legalidad a la explotación minera, pero no disminuye las violaciones de los derechos humanos derivadas de los conflictos socio-ambientales. Y aun en el mejor escenario, en el que la legislación en la explotación minera garantizara el respeto del ambiente y los derechos humanos, la experiencia centroamericana de impunidad y corrupción de funcionarios públicos y legisladores no garantizaría que finalmente los convenios y legislaciones nacionales e internacionales se cumplieran en beneficio del ambiente, las comunidades y los derechos humanos de las personas involucradas directa e indirectamente en la industria minera extractivista.

El caso de Honduras es paradigmático. El golpe de Estado de junio de 2009 fue una enorme oportunidad para que los grupos económicos y las elites conservadoras aprovecharan las confusiones, distracciones políticas y debilidad institucional para lograr que se aprobara un conjunto de leyes para la concesión y explotación de ríos, fuentes de agua, hidrocarburos. También se aprobó una nueva ley de minería favorable a la explotación de las compañías mineras, la ley de creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) conocidas como Ciudades Modelo y muchas otras figuras jurídicas que convergen en un solo objetivo: abrir las puertas y facilitar la inversión del capital transnacional basado primordialmente en la industria extractivista.

En el caso de la ley de minería en Honduras y de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Hondureño de Geología y Minas, a inicios de 2013 existían 97 proyectos mineros de oro y plata aprobados, 320 nuevos proyectos en trámite, 193 proyectos de minería no metálica aprobados y 233 solicitudes de nuevos proyectos en proceso de aprobación. Cuando las comunidades han expresado su rechazo y se han organizado para resistir a esta avalancha extractivista, el gobierno junto con las compañías mineras ha impulsado agresivas campañas publicitarias tanto para mostrar las “bondades” de las inversiones como para criminalizar a las comunidades y sus dirigentes, calificándolos como enemigos del progreso y del desarrollo del país.

A la violencia e inseguridad derivada del narcotráfico y el crimen organizado que ha ubicado al triángulo norte de Centroamérica –constituido por Guatemala, El Salvador y Honduras– como una de las zonas más violentas y peligrosas del planeta, se suma esta creciente demanda de inversión por parte de las compañías mineras extractivistas que aporta nuevos escenarios de violaciones a los derechos humanos y de deterioro ambiental.

Todos estos hechos configuran un escenario donde los grupos de poder político y económico tienen control de las fuerzas de seguridad, de las unidades de investigación, y del poder judicial, lo que garantizaría la impunidad de los agentes estatales y actores privados (empresas) ante delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra la población hondureña y las organizaciones sociales.

Riqueza de unos pocos, miseria para las mayorías

En un seminario centroamericano convocado por la Comisión Provincial de Apostolado Social, CPAS, realizado en septiembre de 2013, los asistentes de los seis países de la subregión coincidieron en que “la explotación minera está basada en la lógica de consumo infinito en un mundo con recursos limitados. La riqueza mineral deja miseria y desastre ambiental en las comunidades ubicadas en las áreas de explotación, en contraposición a la creciente vida de lujo y derroche de los propietarios de las compañías mineras”.

De acuerdo con los estudios y las experiencias de los diversos países centroamericanos, la explotación minera y los proyectos hidroeléctricos van unidos por el mismo modelo extractivista, depredador, consumista, contaminador y concentrador de bienes y recursos. La experiencia en cada uno de los países centroamericanos deja como patrón común comunidades ambientalmente deterioradas y daños humanos casi siempre irreversibles, con sus tejidos sociales y organizativos rotos o fracturados y con condiciones económicas y productivas mucho más precarias que antes. La mayor parte de las comunidades en donde se han realizado explotaciones mineras coinciden con las áreas territoriales y geográficas de mayor emigración hacia otras áreas del país o hacia el exterior, preferencialmente Estados Unidos.

La industria minera ha alcanzado niveles tecnológicos tan altos que cada vez requiere de menos mano de obra local y de menos tiempo para la explotación de una mina, dejando como secuelas un acelerado desastre ambiental y destruidas las formas comunitarias tradicionales de vida. No es cierto, al menos desde la realidad centroamericana, que la industria minera resuelva la demanda de empleo de las comunidades. La oferta de empleo es cada vez menor, es ocasional, temporal y limitada a la mano de obra más barata, reducida a servicios secundarios.

Una comunidad tocada por la explotación minera nunca volverá a ser la misma, sus tejidos culturales quedan trastocados negativamente, y la explotación minera conlleva, promueve e incentiva la división y la corrupción al interior de la organización y de dirigencias comunitarias y sociales.

La lucha de David contra Goliat

En la industria minera existen sin duda dos cosmovisiones, es decir, dos maneras de ver y de relacionarse con el mundo. Una primera manera es la que mira la naturaleza y la tierra como una madre, como fuente vida y don sagrado para pueblos y comunidades. Las comunidades indígenas testimonian que “la tierra es nuestra madre y las mineras la tienen destrozada, le han partido el corazón y eso es un atentado contra Dios”. Una segunda manera de ver la naturaleza es la de los mineros y empresarios extractivistas. Las montañas y las minas, el agua y los bosques son negocios, dinero, crecimiento, desarrollo, bienestar económico. Todo hay que convertirlo en capital.

La industria minera extractiva está íntimamente unida a los proyectos hidroeléctricos contaminantes. La explotación frecuentemente indiscriminada está provocando un fenómeno creciente de resistencia de comunidades muy bien articuladas con organizaciones ambientalistas y populares. Como contrapartida, las mineras en alianza con empresarios nacionales y autoridades públicas, amenazan, persiguen, secuestran y asesinan a dirigencias y comunidades al tiempo que desarrollan campañas publicitarias para desacreditar el valor de las luchas organizadas en contra de la minería.

Las compañías mineras se confabulan con los diputados para aprobar figuras jurídicas, con el propósito de criminalizar las luchas de resistencia contra la explotación minera y las concesiones de agua. También han articulado alianzas con comunicadores para controlar la información, desfigurar las luchas y presentar la industria extractiva y contaminante como “bondadosa” para las comunidades, el Estado y la sociedad. Las comunidades y organizaciones ambientales se apoyan en medios de comunicación alternativos y en las redes sociales, sin alcanzar todavía capacidad para contrarrestar el cerco mediático.

Las compañías mineras han construido un escenario de conflicto y de polarización. Ellas tienen bien definido su objetivo: convertir toda la riqueza natural en capital. Las comunidades, organizaciones ambientales, ecologistas y populares y las iglesias que buscan ser fieles a las personas y sectores más afectados por la industria minera extractivista han comenzado a articular sus esfuerzos particulares en una lucha común por la paz y la vida a partir de la defensa y protección de sus bienes naturales.

Crónica de una tragedia anunciada

En la zona sur de Honduras hubo a mediados del año 2014 una tragedia. Un grupo de trabajadores mineros quedaron soterrados luego de un derrumbe producido en la zona de excavación minera. Con enormes esfuerzos, varios de los obreros lograron salir con vida de las cuevas, pero ocho quedaron atrapados mientras que ni la compañía minera ni el gobierno contaban con rutas de evacuación ni sistemas de emergencia para responder a tales eventualidades. Los ocho mineros murieron y sus cuerpos fueron rescatados cinco meses después de ocurrido el derrumbe. Tanto el gobierno como las corporaciones mineras se esforzaron en mostrar lo ocurrido como un caso excepcional al tiempo que la legislación logró eximir de toda responsabilidad legal a la compañía minera extractivista, reduciendo las consecuencias a pequeñas y puntuales ayudas a las familias de los trabajadores muertos.

Sin embargo, esta tragedia ocurrida en la comunidad de El Corpus en el departamento de Choluteca, en el sur de Honduras, fronterizo con El Salvador y Nicaragua, deja al desnudo la realidad en la que se sitúan las inversiones de las compañías mineras extractivistas en Centroamérica. No obstante los convenios y tratados internacionales, las reformas legislativas en cada uno de los países, las leyes de minería basadas en el respeto a los derechos ambientales, los derechos humanos y a la cultura e historia y a la realidad patrimonial de las comunidades, la industria minera extractivista en cada uno de los países centroamericanos tiene la capacidad de lograr sus objetivos porque cuenta con el respaldo de gobiernos y grupos empresariales locales que suelen actuar por encima de lo que establece la ley. Como ya quedó anotado antes, la impunidad y la corrupción son realidades cotidianas que con frecuencia logran imponerse a las presiones de comunidades y organizaciones ambientales que exigen el cumplimiento de la ley. Las compañías mineras salen adelante con sus objetivos extractivistas en base muchas veces a sobornos de autoridades o en base a contubernios y alianzas con políticos, funcionarios o dirigentes empresariales.

Los caminos de la resistencia a un modelo que amenaza la vida

En el Seminario Centroamericano que antes mencionamos, los jesuitas y laicos asistentes culminaron los análisis y debates con una Declaración que entre otros puntos dice lo siguiente: “Declaramos que nuestras luchas de resistencia se han de apoyar en alianzas con los diversos sectores nacionales e internacionales con los que compartimos el compromiso de defender nuestros bienes comunes y territorios; en estrategias de comunicación alternativa que logren romper el cerco mediático. Si las corporaciones mineras son las mismas que están en nuestros países, ¿cómo emprender luchas que fortalezcan nuestras identidades para hacer frente al peligro de dejarnos deslumbrar por el oro y las regalías de las compañías mineras? ¿Cómo fortalecer nuestros compromisos éticos para saber vencer las tentaciones de los sobornos, las atractivas ofertas de las mineras de mejorar los servicios públicos en nuestras comunidades o los miedos ante las amenazas y chantajes? ¿Cómo conformar plataformas/bloques que articulen nuestras luchas nacionales con luchas centroamericanas y latinoamericanas?”

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