Crisis de la democracia en Chile: ¿y ahora qué?

Vuelven las manifestaciones y las protestas a Chile, que son las más violentas desde octubre 2019. Pero ¿cuál es el estado de opinión general en el país? La respuesta es: más democracia. Entrevista a Ricardo González del Centro de Estudios Políticos.

La encuesta del Centro de Estudios Políticos, CEP, de Chile, es considerada la que se aproxima en mayor medida a la coyuntura del momento. El más reciente estudio publicado el pasado 16 de enero arroja estimaciones de hondo significado y establece prioridades a las que urge darles respuesta.

La encuesta CEP comienza con la pregunta: ¿Cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Aparece en primer lugar el tema de las pensiones. Sin embargo, en la percepción social los temas de la desigualdad y pobreza están muy por detrás de otros, como salud, educación y delincuencia. ¿Cómo se debe entender este resultado?

Todos los problemas sociales de Chile son importantes, pero el resultado a esta pregunta es analizado en relación con otras dimensiones. Tradicionalmente, desde 1990, el tema más relevante para los chilenos es la delincuencia y, en segundo lugar, con distancia, salud y educación.

En la encuesta vemos que las pensiones se ubican muy por encima y la delincuencia baja al quinto lugar. Se trata de un cambio muy importante que está relacionado con las demandas asociadas a las protestas en las calles de Santiago, en particular, y en general en todo el país.

Además, tenemos una pregunta vinculada con las causas de las manifestaciones y se confirma aquí el trío pensiones, salud y educación como el más relevante. Esto no quiere decir que la desigualdad no sea importante, lo es. Aunque la prioridad está en otro lugar, la desigualdad se relaciona con esas tres áreas.

++++ 5% de confianza en el gobierno, 3% en el congreso, 2% en los partidos políticos, 6% en la justicia. No quiero exagerar, pero, en el suelo.

De hecho, no exagera. En CEP llevamos más dos décadas midiendo la confianza en las instituciones y constatamos un paulatino declive en la confianza en los partidos políticos, así como en otras organizaciones en las que tradicionalmente existía una amplia confianza.

Por ejemplo, Chile es un país católico, 55%. Sin embargo, la confianza en la iglesia ha decaído significativamente. Los desplomes más recientes afectan a las fuerzas armadas, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI); los carabineros, que se explican en los tres casos por las investigaciones relacionadas con apropiación indebida de fondos estatales.

No hace mucho, el año 2015 la confianza en las organizaciones políticas no era tan diferente de la que se registraba en Alemania, Estados Unidos y en otros países desarrollados. La corrupción ha erosionado de tal manera la credibilidad que esta se ubica en índices que bordean el margen de error de la encuesta, un 3%.

Este es uno de los problemas chilenos fundamentales.

Una parte de la caída de la confianza se explica por el aumento del nivel de la educación, como también por la presencia de la generación socializada después del año 90, que tuvo acceso a la afluencia material más alta en la historia de Chile, que la hace más cínica, pero que a la vez demanda mucho más a sus instituciones. Como esas instancias no se han reformado a la velocidad que exigen los nuevos desafíos, el malestar se ha traducido en un crecimiento de la desconfianza.

Naturalmente que el resultado de la encuesta CEP que más difusión ha tenido es ese seis por ciento de aprobación y una desaprobación del 82% para el presidente Sebastián Piñera. Da la impresión de que nunca en la historia de Chile, desde que existen las encuestas, un presidente había sido tan pobremente valorado.

Es cierto. Desde el retorno a la democracia nunca se había tenido a un presidente con nivel de aprobación tan bajo y con uno de desaprobación tan alto.

La misma encuesta explica que ello se debe al manejo que el gobierno le ha dado a la crisis. Ocho de cada diez chilenos dicen que esa gestión ha sido mala o muy mala. Asociado hay un problema económico que se arrastra desde mayo del 2019, con expectativas negativas y declive de la aprobación presidencial.

Las percepciones negativas son de lado y lado. De una parte, quienes se identifican con la centroizquierda sostienen que el proceso no ha sido canalizado adecuadamente para resolver los problemas que la población considera más urgentes. Y del otro lado, la centroderecha tiene una evaluación negativa ligada al control de las manifestaciones, que de acuerdo con ellos ha sido deficiente, sobre todo de parte de Carabineros.

A la vista de los resultados, se tiene la certeza de que se vive una crisis institucional, una crisis de la democracia representativa y por eso la inmensa mayoría de los encuestados por el CEP cree que la democracia funciona mal en Chile y un 72% no se identifica con ninguna opción política. ¿Es factible deducir de las cifras que en la participación popular se encuentra una de las claves de superación de la crisis? ¿O esta creencia no es más que el buen deseo de lo políticamente correcto?

La encuesta refleja algo de ese intento. Hoy, no más del 14% de la población se identifica con algún partido político, la cifra más baja desde el año 1990 (el del retorno democrático). Las demandas sociales no son adecuadamente canalizadas por los partidos, que son los llamados a ejercer liderazgo en la materia. La encuesta señala que parte de las soluciones pasan por los cabildos, que son las reuniones para escuchar a la gente. Es decir, hay demanda por ser escuchado más allá de las organizaciones políticas que funcionan deficientemente.

Por lo demás, y he aquí la noticia positiva, hay una exigencia todavía mayor por mejor democracia. Dos de cada tres chilenos sostienen que la mejor forma de gobierno es una democracia, a pesar de todos problemas que estamos viviendo. Una proporción que es más alta que la había hace dos años atrás. Aquí es valioso destacar que son los jóvenes quienes se pronuncian con más énfasis en favor de la democracia.

Son los mismos que justifican formas no convencionales y algunas de ellas violentas como expresiones de la protesta, aunque son números muy minoritarios al lado de quienes valoran en toda su extensión a la democracia como forma de gobierno. En ese sentido, parecería ser que la gente desea una forma de democracia algo distinta que podría incluir mecanismos de democracia directa.

Sirva la próxima pregunta como puente entre las malas y las buenas noticias de la encuesta CEP. Cree usted que la investigación realizada entre el 28 de noviembre y el seis de enero, refleja en su justa medida el rechazo de la mayoría a la violencia.

El rechazo a la violencia es amplio y transversal. No obstante, hay ciertos grupos, más bien jóvenes, que tienden a justificar ciertas formas de violencia para conseguir el cambio social. Me refiero al uso de barricadas y, en mayor medida, la evasión del pago del transporte público. Otras formas son mucho menos justificadas, como el incendio a diversos lugares y el saqueo a establecimientos comerciales.

Ahora, entre las personas mayores de 45 años el rechazo a estas prácticas está muy extendido.

Un país asustado (50%) y a la vez, un país esperanzado 34%. Cómo se interpreta esta dupla.

Agreguemos a esa dupla el enojo. Al inicio de la manifestación se registraba un 46% que sentía rabia. Luego, en el momento de la encuesta, dos meses más tarde, el porcentaje de enojo aumenta a un 50%. En general todas las variantes de la medición se relacionan con la indignación.
Ahora hay un tercio de la población que se declara esperanzado. Esperanza que se ha ido reduciendo con el tiempo, lo que a su vez es un reflejo de la expectativa relativamente moderada sobre lo que se puede lograr con una nueva constitución. Poco más de la mitad de los encuestados piensa que la nueva carta magna va a mejorar la situación del país. No se trata de una abrumadora mayoría.

Cuantiosa mayoría a favor de líderes políticos que buscan el diálogo y no la confrontación. Eso choca la imagen que da el país, porque da la impresión de que se imponen soluciones radicales.

En alguna medida, esa percepción evidencia que los problemas de las pensiones, la salud, la educación, son de vieja data, y una interpretación posible, asociada a los hechos del 18 de octubre, es que las demandas son para ahora, ya. La población ha esperado demasiado soluciones que no llegan. Es un llamado de emergencia: por favor, no esperen más para dar respuestas satisfactorias. Por eso la búsqueda de los acuerdos termina siendo muy deseable y es de esperar que la impopularidad de los políticos los motive a idear reformas que mejoren los servicios en todas las áreas señaladas.

Ya lo decía usted, entre abril y mayo del año 2017 un 52% estimaba que la democracia es preferible cualquier otra forma de gobierno. Hoy lo hace un 64%. Esto parece una excelente noticia si se tiene en cuenta que, tradicionalmente, los pueblos, ante la crisis, optan por forma autoritarias de gobierno.

Se podría pensar que, dados los bajos niveles de aprobación, lo que busca la población es derrocar al gobierno. Y ese no es el caso, porque la democracia sigue siendo la forma más preferida de gobierno.

Son mayoritariamente los jóvenes los que abrazan la idea democrática, con la excepción minoritaria mencionada, y eso le da cierta estabilidad a la actual situación política. Si a ello le sumamos el proceso plebiscitario que está próximo a iniciarse en abril, se va delineando una salida institucional del conflicto, que puede, dependiendo de cómo se dé la elección, conducir al fortalecimiento del sistema político democrático como un todo.

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