Crisis Sociopolítica en Nicaragua

Nicaragua inicia un nuevo año en crisis, un nicaragüense anónimo nos relata los más recientes hechos del asedio de Daniel Ortega a su pueblo.

La Universidad Nacional Agraria (UNA), expulsó a 45 estudiantes y canceló la beca a otros 195 universitarios como represalia por protestar contra elecciones fraudulentas de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) cercana al partido en el gobierno; muchos de los estudiantes expulsados estaban a punto de defender su tesis universitaria.

El asedio del gobierno de Daniel Ortega, no ha frenado el trabajo de nueve organizaciones de la sociedad civil, quienes en 2018 fueron confiscadas y clausuradas. Directivos de las ONG indicaron que mantienen su trabajo por la defensa de los derechos humanos, promoción de la democracia y fiscalización del poder.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), reveló que, como consecuencia del ajuste fiscal de 2019, unas 7800 familias pasaron a ser pobres y 49 mil ciudadanos dejaron de tener un empleo formal. Al mismo tiempo que el gobierno logró aumentar la recaudación tributaria, provocando mayor iliquidez en las empresas que ya adelantaron la mayor parte de todas sus ganancias.

El general en retiro Humberto Ortega, hermano del presidente Daniel Ortega, demandó la liberación de todas las personas presas políticas. En un campo pagado en La Prensa, el único diario impreso que sobrevive en Nicaragua, Humberto, señaló que la liberación de los 168 presos políticos es necesaria para animar la vía cívica y electoral para que quien gane las elecciones pueda convocar a un acuerdo nacional.

La Alianza Cívica (AC) y la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB) presentaron de manera conjunta una propuesta de reforma electoral que busca devolver credibilidad y confianza en el proceso electoral. La propuesta plantea la no reelección al cargo del presidente y la prohibición para que la persona conyugue no sea candidata a un cargo. A la salida del evento, antimotines y partidarios del gobierno agredieron a madres de presos políticos que se manifestaron de manera cívica por “Una navidad sin presos políticos”. Los agentes también agredieron a medios de comunicación que hacían cobertura y a miembros de la AC.

El Departamento del Tesoro de EEUU, sancionó a Rafael Ortega, hijo mayor de Daniel Ortega y Rosario Murillo por lavado de dinero y apoyo a la corrupción. También, fueron sancionadas la red de gasolineras conocidas como DNP Petronic, la empresa de seguridad El Goliat y empresa Zanzíbar, vinculadas a la familia Ortega-Murillo. Rafael, es el tercer miembro de la familia sancionado, primero fue su madre Rosario Murillo y luego su hermano Laureano Ortega.

La dictadura reaccionó a las sanciones contra su hijo con la nacionalización de la empresa DNP Petronic con apoyo de la Asamblea Nacional. Los inventarios de esta empresa pasaron a ser parte del estado, ahora el Estado se encargará de comercializar y distribuir el combustible a todas las empresas industriales y del Estado. Esta es la segunda vez que los Ortega-Murillo compran empresas, a través del Estado.

El jueves pasado en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo aprobó una resolución contra la dictadura de Daniel Ortega con 560 votos a favor y solo 12 en contra, demandando la aplicación de sanciones contra las personas responsables de la represión y la violación de los derechos humanos en Nicaragua.

De acuerdo con José Bauzá, eurodiputado del parlamento europeo, la resolución fue aprobado con “evidencia de la continuada violación a los derechos humanos, el hecho de que existen 300 familias que hoy no tienen a uno de sus familiares vivos y decenas de familias que han tenido que salir del país”.

La resolución contempla que las sanciones a aplicar serán a personas específicas, al mismo tiempo que demanda una nueva convocatoria electoral para el desarrollo de elecciones transparentes e incluso el envío de representantes de parlamentos europeos en Nicaragua para asegurar el cumplimiento de la resolución.

“Los plazos concretos para la aplicación de las sanciones no existen, pero si hay voluntad política para que se apliquen de manera inmediata, misma que fue demostrada en la votación a favor con la mayoría de los eurodiputados”, según el eurodiputado Javier Nart.

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