¿Cuáles son los intereses que motivan el accionar de Rusia y China y qué podrían hacer en favor de una solución política?

Análisis del investigador y consultor venezolano Víctor Álvarez R., quien fue director de PDVSA,e investigador en el Centro Internacional Miranda.

La solución de la crisis venezolana tendrá un alto componente geopolítico. Ante la amenaza de una intervención militar, China y Rusia pueden plantearle a la Unión Europea y México conformar un grupo mediador que haga una oferta creíble al oficialismo y la oposición para conformar un gobierno de coalición, ofreciéndoles como incentivos levantar las sanciones, refinanciar la deuda externa, financiamiento fresco, inversiones extranjeras y ayuda humanitaria, todo a cambio de conformar un gobierno provisional de unidad nacional que tendrá la misión de aplicar las reformas económicas, restituir las funciones de Asamblea Nacional, garantizar la seguridad jurídica y respeto a derechos de propiedad, liberar los presos políticos, legalizar los partidos, renovar el poder electoral y convocar elecciones limpias y transparentes. Así, quien resulte electo en las nuevas presidenciales recibirá una economía saneada y un país pacificado que se pueda gobernar.

1. ¿Cuáles son los intereses que motivan el accionar de Rusia y China y hasta dónde estarían dispuestos a llegar con relación a los tres puntos de la “Agenda Guaidó”?

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en su sesión del 5 de febrero de 2019 el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución. El Estatuto establece las tres etapas que ha planteado el presidente de la AN, Juan Guaidó:

  • Liberación del régimen dictatorial con el cese de la usurpación de los poderes que ejerce Nicolás Maduro.
  • Conformación de un gobierno provisional de unidad nacional.
  • Restablecimiento de la democracia mediante elecciones “libres, transparentes y competitivas”.

1.1. Cese de la usurpación

La usurpación del cargo del presidente de la república tiene su origen en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin antes convocar un referéndum consultivo. La ANC fue creada para anular la AN controlada por la oposición y se arrogó la convocatoria de unas elecciones presidenciales anticipadas, atribución que corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Como era de esperarse, Maduro resultó ganador en las presidenciales del 20 de mayo 2018 y se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no ante la AN, tal como lo establece la Constitución. Obviamente, no se iba a juramentar ante un poder legislativo cuya mayoría opositora no lo reconoce como presidente legítimo.

Como las elecciones del 20 de mayo de 2018 fueron consideradas ilegales, entonces no se reconoce su resultado. Por lo tanto, se considera que Nicolás Maduro lo que ha hecho es usurpar el cargo de presidente de la república y sus actos de gobierno son nulos y deben ser desobedecidos por todos los ciudadanos, tal como lo establece el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV): “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

El desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro también se sustenta en el mandato del artículo 333 de la CRBV, el cual establece que: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

Atendiendo a los mandatos constitucionales, la mayoría del país no reconoce la legalidad de las presidenciales del 20 de mayo de 2018 (20-M) que dieron como ganador a Nicolás Maduro, quien tampoco fue reconocido por la mayoría de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) y por un número de estados cada vez mayor de la Unión Europea.

En consecuencia, a partir del 10 de enero (fecha en la que concluyó el período presidencial anterior) se generó una falta absoluta en la presidencia de la república. En estos casos, el artículo 233 de la CRBV establece lo siguiente:

Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del Presidente o la Presidenta de la República se produce durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el período constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar dicho período.

En atención al mandato de los artículos 233, 333 y 350 de la CRBV, el presidente de la AN, Juan Guaidó, decidió asumir la “presidencia interina de la república”. Sin embargo, no convocó nuevas elecciones presidenciales “en los próximos 30 días”, tal como lo establece el artículo 233 de la CRBV, argumentando la usurpación del cargo de presidente de la república por parte de Nicolás Maduro.

Solo cuando cese la usurpación es que se dará inicio a un gobierno de transición que convocará, a través del poder electoral, las nuevas elecciones presidenciales.

1.2. Gobierno de transición

Según el Estatuto antes mencionado, el “gobierno de transición y unidad nacional” se mantendrá en funciones hasta la celebración de elecciones auténticas, en un período que no puede exceder de los 12 meses. Las presidenciales no serán convocadas en el plazo de 30 días, tal como lo establece el artículo 233 de la CRBV que ha sido invocado para designar al presidente de la AN como presidente interino de la república.

El artículo 14 del Estatuto plantea que el presidente de la AN será el presidente encargado de la república, cuyo mandato se dividirá en dos etapas: antes y después del cese de la usurpación. En la primera etapa, el presidente encargado con la autorización y control de la AN, podrá dictar medidas especiales, tales como nombrar juntas administradoras en entes públicos, incluyendo las constituidas en el extranjero; designar un procurador especial para la defensa y representación de los intereses de la república en el exterior.

Al cesar la usurpación, comenzará la segunda etapa del presidente interino en la que podrá ejercer plenamente todas las competencias inherentes a la presidencia de la república, durará 30 días consecutivos, en los cuales convocará finalmente las nuevas elecciones presidenciales a través del CNE.

La razón por la cual el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución no se ciñe estrictamente al mandato constitucional es porque en las actuales condiciones es imposible llevar a cabo unas elecciones libres, auténticas, trasparentes, competitivas y justas, razón por la cual, el actual presidente de la AN y presidente interino de la república podrá ser autorizado por la AN para que organice un gobierno de transición o gobierno provisional de unidad nacional, tal como se le denomina en el Estatuto.

1.3. Elecciones libres y transparentesUna vez que cese la usurpación, se dará inicio a la reinstitucionalización del poder electoral y los demás poderes públicos que fueron colonizados por el oficialismo.

Como el poder electoral está controlado por el régimen de Maduro, antes de convocar elecciones habría que designar nuevos rectores del CNE, nuevos miembros de mesas electorales, nuevos testigos y, muy importante, actualizar el registro electoral permanente (REP) para que se puedan inscribir en los respectivos consulados más de 3 millones de venezolanos que migraron y puedan ejercer su derecho al voto.

Ahora bien, este es un proceso complejo que llevará varios meses. Si bien el Estatuto señala que las elecciones deben “convocarse” dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que cese la usurpación, estas solo “se realizarán” una vez que se haya relegitimado los poderes públicos y cuando técnicamente sea posible, siempre y cuando este plazo no exceda los 12 meses.

Para cumplir este plazo, será necesario agilizar los trámites y abreviar los plazos para la renovación y repotenciación del poder electoral. Así las cosas, el mandato del gobierno provisional durará hasta la elección de un presidente legítimo, quien asumirá el cargo hasta que finalice el período constitucional 2019-2025.

La situación de la usurpación del cargo de la presidencia de la república nunca se había presentado en Venezuela. Este accidente histórico inédito deberá sentar las bases de una nueva jurisprudencia. Un claro discernimiento constitucional es clave para una solución pacífica a la crisis de gobernabilidad.

2. Confrontación de modelos civilizatorios

Estamos en presencia de un choque entre dos modelos políticos diferentes que tienen en común la economía de mercado. Esos modelos son el democrático deliberativo occidental y el autoritario colegiado al estilo chino y ruso.

En la disputa entre Estados Unidos, Rusia y China por controlar a Venezuela se confrontan dos visiones de organización política y social.

Por un lado, la visión occidental que busca formar repúblicas (siguiendo el ideal romano) y fraguar sociedades democráticas (siguiendo la noción griega). Es la visión occidental de repúblicas democráticas, sujetas al imperio de la ley y no de un dictador, con división de poderes públicos autónomos (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y moral), con alternabilidad en el ejercicio del poder político a través de elecciones libres y competitivas.

Por el otro lado, está el modelo de poder concentrado ruso o de poder colegiado chino. La visión de estas potencias se sustenta en una cultura política diferente, inherente a la tradición autoritaria del socialismo del siglo XX y de los estados totalitarios. A pesar de autodenominarse “democráticos”, imponen un modelo de partido único, pensamiento único, censura y control de los medios de comunicación, intolerancia a la disidencia y persecución y encarcelamiento de los opositores y adversarios políticos. En esa visión hay libertad para un solo pensamiento: el del partido y burocracia en el poder; lo demás es diversionismo ideológico, delitos contra la seguridad del Estado y deben ser prohibidos, reprimidos y encarcelados.

El modelo de democracia liberal occidental es el que Estados Unidos y Europa Occidental defienden de la creciente presencia e influencia Rusa y China en el hemisferio. Pero los acuerdos del gobierno de Venezuela con Rusia y China implican un viraje histórico en la geopolítica venezolana que tradicionalmente se enfocó en Estados Unidos y Europa Occidental. En su afán de contrarrestar los ataques de los Estados Unidos y la Unión Europea contra la instauración del Socialismo del Siglo XXI en el hemisferio, los gobiernos de Chávez y Maduro se dedicaron a cultivar vínculos cada vez más estrechos con Rusia y China, cuyo modelo no es precisamente el de la democracia liberal occidental.

Desde esta perspectiva, lo que se define en la actual crisis venezolana es un asunto más complejo. Detrás de las élites políticas que apuestan a exterminarse y ansían imponer una derrota incondicional y humillante a su enemigo, subyace esta confrontación entre dos formas de organizar política, económica y socialmente una nación.

2.1. El modelo colegiado chino

En el discurso de Xi Jinping, en la celebración del 40o aniversario de la política de reforma y apertura iniciada 1978 por Deng Xiaoping, el presidente chino afirmó que “el desarrollo de su país se debe al liderazgo unido y centralizado del Partido Comunista Chino (PCCh)”.

Para los gobernantes chinos, el PCCh seguirá siendo el garante de la seguridad y prosperidad del país en el futuro. Para ellos, la hegemonía del PCCh en “todas las tareas” no está en cuestión. Ratifican el modelo de economía mixta, pero siempre bajo la hegemonía macroeconómica del Estado y del PCCh y con la prioridad de las empresas públicas.

China reconoce la importancia del capital privado en el desarrollo económico y social, siempre y cuando se someta a la autoridad del Estado y del PCCh.

La defensa de la soberanía nacional e integridad territorial de China fue recalcada por Xi Jinping como un principio no negociable con el occidente: “Nadie puede dictar a China lo que debe hacer”.

2.2. El modelo concentrado ruso

En Rusia hay fuertes grupos con intereses económicos y financieros que ejercen una permanente presión sobre el Kremlin a favor de sus intereses, pero el poder está muy concentrado en Putin quien tiene una capacidad de decisión mucho mayor que el de cualquier líder chino.

China es un modelo más colegiado con una burocracia partidista enorme y grupos de influencia que compiten por el control y necesitan mesurar las distorsiones que genera el poder discrecional, sobre todo la información privilegiada en favor de unos y en detrimento de otros.

2.3. Venezuela en la geopolítica mundial

Venezuela es el principal destino de inversiones de China en América Latina y el segundo socio comercial de Rusia en la región. Esta creciente presencia de China y Rusia en Venezuela atiza la disputa geopolítica que despliegan Estados Unidos y la Unión Europea para mantener a raya la influencia china y rusa en lo que consideran y reclaman como su entorno natural. Pero la realidad es que todas las potencias expanden su presencia y control más allá de su entorno natural, con el fin de asegurar y mantener bajo control las fuentes de petróleo, gas, minerales y otras materias primas que requieren sus aparatos productivos e industria militar.

Venezuela ha estado en el tablero de la geopolítica mundial como una pieza residual para Estados Unidos, pero cada vez más importante para China y Rusia. Mientras Estados Unidos por años ha visto con desdén a América Latina y África, China ha desplegado el colosal proyecto de “La Nueva Ruta de la Seda”, al cual el gobierno de Maduro se incorporó con la firma de un memorándum de entendimiento. Esto pone de relieve la importancia de Venezuela en la estrategia china.

Aunque Venezuela ya no tiene tanta relevancia petrolera para Estados Unidos como un proveedor cercano y seguro, sí lo tiene para China que tiene entre sus proveedores más cercanos al riesgoso Irán. Y China necesita un second best como suplidor de petróleo. Y Venezuela es clave para este objetivo, toda vez que en su territorio y mar subyacen grandes reservas de hidrocarburos, oro, coltán, diamante, cobre, hierro y bauxita, que son minerales de gran importancia estratégica.

2.4. El soft power chino vs el hard power de Estados Unidos

La presencia de China, Rusia y Estados Unidos en el conflicto venezolano expresa la búsqueda de balances entre las grandes potencias. La OTAN intenta frenar el avance de Rusia en Ucrania, pero a su vez Estados Unidos tiene un fuerte vínculo con Georgia y desde 2002 envía consejeros militares para formar, armar y enseñar aspectos tácticos y estratégicos al ejército de Georgia, que limita con Rusia. Además, Estados Unidos mantiene presencia naval en la periferia de China y, como contrapeso, Rusia y China intentan tener presencia en el hemisferio americano.

China enfrenta la insuficiencia de recursos energéticos necesarios para sustentar sus aspiraciones de crecimiento y desarrollo futuros, mientras que Euro-Asia, África y América Latina tienen los recursos energéticos y minerales, pero no cuentan con las tecnologías para transformarlos.

En función de impulsar la expansión de sus economías, ambos necesitan concretar alianzas. China para tener acceso a los recursos naturales y América Latina para tener acceso a tecnología y recursos financieros. América Latina tiene las riquezas naturales y China cuenta con las capacidades tecnológicas y el poder financiero.

Solo en Venezuela, China ha arriesgado más de $ 60.000 millones para posicionarse en un mercado con un importante reservorio de petróleo, gas y minerales estratégicos como es América Latina.

A través del canje de petróleo y minerales por recursos financieros, China hace uso de lo que pudiéramos llamar un soft power, con unas condiciones de negociación diferentes a las impuestas por el hard power de las corporaciones estadounidenses. Se despliega así la pugna entre dos modelos de economía de mercado, con rasgos dominantemente capitalistas, cuya diferencia política radica en una gobernanza autoritaria con poder colegiado en el caso chino, frente a una gobernanza deliberativa al estilo liberal, en el caso de los Estados Unidos y Europa.

En la disputa por el control territorial, esta creciente influencia de China sobre América Latina es la que no está dispuesta a aceptar las transnacionales estadounidenses. Temen perder su área de influencia natural y agravar la vulnerabilidad económica que se ha hecho evidente en las políticas proteccionistas aplicadas por Donald Trump.

Estados Unidos y China, primera y segunda economías del mundo, protagonizan una guerra comercial. Con el fin de reducir el déficit comercial, Trump anunció la imposición de aranceles de 25 % a productos chinos por valor de 50.000 millones de dólares.

Desde entonces ambos países se han impuesto crecientes aranceles. En la cumbre del G-20 celebrada en diciembre de 2018 en Argentina, ambos gobiernos acordaron una tregua en la guerra comercial. Xi Jinping prometió corregir el desequilibrio importando más productos agrícolas, energéticos e industriales de Estados Unidos, mientras que Donald Trump acordó suspender el aumento de aranceles de 10 a 25 % a productos chinos por un valor de $ 200.000 millones de dólares.

“Como resultado de las conversaciones muy productivas aplazaré el aumento de tarifas de Estados Unidos programado para el 1 de marzo”, tuiteó Trump. Y China no quiere poner en peligro este acuerdo asumiendo una actitud beligerante en la crisis venezolana.

3. Diferencias de los intereses rusos y chinos en Venezuela

Los intereses de China son fundamentalmente económicos y comerciales mientras que los de Rusia son geopolíticos y militares. China ha apoyado económica y financieramente a Chávez y a Maduro, mientras que Rusia ha puesto el énfasis en el apoyo militar a través de la venta de armas, helicópteros y aviones.

3.1. El interés de China no es ideológico sino económico

China se ha propuesto ser una gran potencia económica, comercial y financiera global que tiene a Estados Unidos como uno de sus principales mercados y socios, razón por la cual no le interesa retar ni confrontar a la Casa Blanca en el ámbito geopolítico y militar, cazando una pelea por Venezuela.

China reclama su lugar adecuado en la gobernanza del nuevo sistema multipolar, pero afirma que su pretensión no es volverse hegemónico. Si una confrontación violenta estalla, no será por afanes de expansión y dominación de China. De allí su moderación en el conflicto venezolano.

El financiamiento chino no exige reformas económicas obligatorias como las del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Beijing acepta que se le pague con petróleo, minerales y otras materias primas, pero exige la obligación de contratar a empresas chinas para ejecutar los proyectos.

A partir del 2007 la relación entre China y Venezuela entra a otro nivel. Venezuela es el país latinoamericano que ha recibido más préstamos de China. Con la creación del Fondo Chino, el gobierno venezolano comienza a tener acceso a préstamos multimillonarios. Primero fue un tramo de 6.000 millones de dólares, dos años después otro de una magnitud similar, en 2010 la creación del Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo (mejor conocido como el Fondo Pesado) por 20.000 millones de dólares, luego las renovaciones de los préstamos y la firma de otros desembolsos en los años subsiguientes que superan los $ 60.000 millones.

Los proyectos de exploración y producción petrolera en la Faja del Orinoco se llevan 60% de todo el financiamiento que China ha otorgado a Venezuela. Esa deuda no se salda en efectivo sino a través de envíos petroleros a China a precios de mercado. En 2007 se acordó un mínimo 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano. Para el siguiente tramo de financiamiento el mínimo se elevó a 130.000 barriles por día. En 2010, tras la firma del Fondo Pesado, se acordó enviar 200.000 barriles adicionales. En 2012-2013, Venezuela envió más de 500.000 barriles diarios, más del 20% de la producción petrolera venezolana.

Cuando el precio del petróleo era alto, ambas partes se beneficiaban. Si los despachos en físico de petróleo exceden la cuota de amortización e intereses, China reintegra el excedente a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Cuando el precio baja, Venezuela tiene que despachar más petróleo, pero Pdvsa tiene una capacidad de extracción limitada. Cuando los envíos petroleros se tornan excesivos, China y Venezuela ajustan el número de barriles a enviar a través de notas diplomáticas.

Hasta un tercio de los préstamos otorgados por China llegaron a estar no disponibles, toda vez que fueron colocados por Bandes en instrumentos de inversión, en operaciones interbancarias y en bonos que, en algunos casos, eran mantenidos hasta su vencimiento o cuya disponibilidad era restringida. Otro tercio representaba el financiamiento realmente disponible, mientras que el resto estaba representado en “otros activos” que en contabilidad se refiere a propiedades, gastos pagados por adelantado o cargos diferidos.

La gama de proyectos que se financia con el Fondo Chino es muy variada. Incluye ambiente, educación universitaria, finanzas, petróleo, transporte terrestre, acuático y aéreo, servicios penitenciarios, modernización de las empresas básicas y cementeras, la ampliación de plantas petroquímicas, instalación de plantas termoeléctricas, una planta de amoníaco, el desarrollo de proyectos agrarios, importaciones de carros Chery, autobuses Yutong y artefactos electrodomésticos, un sistema de seguridad ciudadana, uno ferroviario y otro para surtir medicinas e insumos a los hospitales, la mejora al teleférico de Mérida, la explotación de una mina de oro y el lanzamiento de un satélite, así como la explotación conjunta del bloque Junín 4 de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Desde que se firmaron los acuerdos en 2007 el gobierno no ha rendido cuentas claras sobre lo pagado y lo gastado del fondo. Su administración ha sido muy opaca.

3.2. China: ¿Maduro o Guaidó?

Lo que más le interesa a China no es tanto la continuidad del modelo político-ideológico venezolano, sino recuperar sus acreencias y proteger sus inversiones. Por eso su posición es muy pragmática. Con ese fin ha entrado en contacto con el gobierno de Juan Guaidó.

Según una reseña de la agencia internacional EFE, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China “está manteniendo contactos cercanos con todas las partes “del conflicto en Venezuela a través de varios canales”. El portavoz de la cancillería china, Geng Shuang, expresó que su gobierno “está preparado para trabajar con todas las partes” y que la cooperación entre ambos países “no debería verse afectada, evolucione hacia donde evolucione la situación (...) Nos gustaría ir en la misma dirección con todas las partes, facilitar conversaciones de paz y asegurarnos de que los esfuerzos por crear condiciones adecuadas para la resolución apropiada del asunto” tienen éxito, informó Geng.

En función de recuperar los préstamos y proteger sus inversiones en Venezuela, para China la primera opción es que Maduro se mantenga en el poder. Como esto es cada vez menos viable y ya luce política y psicológicamente inaceptable, la segunda mejor opción para China sería la continuidad del chavismo pero sin Maduro, y así asegurar el reconocimiento de los intereses y compromisos creados.

Con Maduro o con Guaidó, Venezuela siempre será para China un país de importancia debido a sus reservas de petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y de minerales en el Arco Minero del Orinoco (AMO), con cuantiosas reservas de oro, coltán, diamantes, hierro, bauxita y otros minerales de crucial importancia para China.

En la reunión del Consejo de Seguridad realizada el 27 de febrero, el embajador de China ante la ONU, Ma Zhaoxu, expresó el “rechazo” de su gobierno a las injerencias en los asuntos internos de Venezuela, e instó a los estados miembros a no violentar los principios y propósitos consagrados en la Carta de la ONU: «Nos oponemos a cualquier injerencia exterior, a cualquier intervención militar, y al uso de la ayuda humanitaria con fines políticos para provocar turbulencias (...) Los asuntos de Venezuela son una cuestión de la que se debe ocupar el gobierno venezolano”.

Beijing apela a la diplomacia y ha optado por no comprometerse abiertamente con el régimen de Maduro. Antes que fuerza militar, a China le interesa demostrar que a través de su poder económico puede ejercer influencia diplomática para la concertación de una solución política a la crisis venezolana.

¿Estará un nuevo gobierno dispuesto a reconocer la legalidad de la deuda con China y a proteger sus inversiones en Venezuela?

3.3. El riesgo país visto por los chinos

La continuidad de inversiones y financiamiento ruso y chino dependen de las garantías legales y gubernamentales, sobre todo a los megaproyectos en la FPO) y en el AMO, que tienen retorno a largo plazo y son muy sensibles a cualquier cambio de gobierno que desconozca los préstamos concedidos al gobierno de Venezuela y las inversiones realizadas en territorio nacional.

Los contratos en la FPO y el AMO que no sean aprobados por la AN, tal como lo establece el artículo 187 de la Constitución, corren el riesgo de no ser reconocidos por una nueva administración gubernamental.

Rusia y China se someten al riesgo de que los créditos otorgados a Venezuela sean desconocidos y que sus inversiones queden desprotegidas. El riesgo político que subyace en un cambio de gobierno obliga a China a asumir una posición menos riesgosa y conservadora.

La inversión china en Venezuela no es ideológica, es pragmática y económica. China, el mayor importador de petróleo del mundo, es el segundo mayor comprador en Asia del combustible venezolano, con 16,63 millones de toneladas, o unos 332.000 barriles por día (bpd) en 2018.

Desde 2007, Venezuela recibió un 52% del financiamiento de bancos estatales chinos a la región, equivalente a $ 60.000 millones. Este financiamiento se concentran en dos grandes áreas: infraestructura y actividades extractivas, aunque un porcentaje se destinó a conformar empresas mixtas en áreas que van desde la automotriz hasta la aeroespacial.

China quiere recuperar sus préstamos, pero está consciente del deterioro de la capacidad de pago de Venezuela. A partir de 2013, con la caída de los precios y el deterioro de la capacidad de producción de Pdvsa, la economía entró en un proceso de prolongada contracción. Por eso, los últimos $ 5.000 millones que anunció China en la última visita que realizó Maduro a Beijing están destinados a recuperar la producción de Pdvsa para fortalecer la capacidad de pago de Venezuela, de tal forma que China pueda recuperar los préstamos que hizo, los cuales se pagan con despachos de petróleo.

Ante la inminencia de un cambio de gobierno, las “garantías”, que Maduro ha ofrecido a sus aliados internacionales a través de los Decretos de Emergencia Económica dictados al amparo de un inconstitucional estado de excepción, han disparado dudas y temores en Moscú y Beijing. Tanto así que el pragmatismo chino ya ha comenzado a hacer contactos con Guaidó. No están cruzados de brazos. Tienen mucho que perder.

La unidad de inteligencia de The Economist realiza encuestas entre 110 grandes empresas chinas para conocer sus motivaciones y preocupaciones cuando toman decisiones de inversión en el extranjero. Con base en esas respuestas estructuran el índice de inversión global de China.

Venezuela es evaluada por los inversionistas chinos como el país con menos oportunidades y más riesgos para colocar inversiones. El país quedó en el último lugar de los 59 destinos de inversión analizados por el informe. En el ranking general el país latinoamericano mejor ubicado es Chile (9), seguido de Perú (38), México (44), Argentina (51), Brasil (52), Colombia (55) y Ecuador (57).

El Índice compara el riesgo y la oportunidad. Asigna 67% de ponderación al eje de oportunidad relacionado con tamaño del mercado, recursos naturales, innovación y marcas corporativas. El eje de riesgo tiene un peso de 33% y está relacionado con la estabilidad política, la previsibilidad regulatoria, las tensiones internacionales, la afinidad cultural y riesgos operacionales. Venezuela se encuentra en el extremo de mayor riesgo y menor oportunidad.

PetroChina? Co se ha planteado excluir a Pdvsa del proyecto para la construcción de una refinería de petróleo y una planta petroquímica de $ 10.000 millones en el sur de China, como consecuencia del deterioro financiero de la petrolera venezolana. Esta relación de negocios comenzó a deteriorarse en 2015, cuando Venezuela solicitó un cambio en los términos de pago de la deuda para aliviar el impacto de la caída de la producción de crudo y los precios del petróleo. Esta medida revela el debilitamiento de la relación entre Venezuela y China, que llegó a otorgar préstamos por más de $ 60.000 millones de dólares a Venezuela.

3.4. Los rusos están más interesados en una plataforma para la presión geopolítica

Para Rusia, Venezuela es una pieza en el tablero geopolítico, mientras que para China es una fuente de petróleo y minerales. Si la cooperación con China ha consistido en préstamos e inversiones, la relación con Rusia trasciende el interés económico y financiero para incluir la dimensión militar y geopolítica.

Debido a estos intereses geopolíticos y militares de Rusia, Juan Guaidó no es una alternativa para el Kremlin, toda vez que luce muy comprometido con Estados Unidos por el amplio respaldo que le ha dado la Administración de Donald Trump. Está claro que para un nuevo gobierno será mucho más viable continuar un vínculo económico y financiero con China, que una relación geopolítica y militar con Rusia.

Como el interés de Rusia es más geopolítico, por eso brinda apoyo militar al régimen de Maduro. Putin quiere fortalecer su influencia en la geopolítica mundial y de allí la asistencia militar al gobierno de Maduro, cuestión que coloca a Rusia en un nivel de compromiso geopolítico mucho mayor al que le ofrece China.

En la reunión del Consejo de Seguridad del 27 de febrero, el representante de Rusia, Vasili Nebenzia, dijo que Estados Unidos comete una clara injerencia en Venezuela y que “si toleran este tipo de acción, mañana podría ser ejecutada contra cualquier otro país latinoamericano”.

No es que Rusia esté determinada a intervenir militarmente en Venezuela o en otro país latinoamericano como retaliación, pero pretende disuadir cualquier intento de intervención militar al hacer saber que está preparada para seguir hasta las últimas consecuencias. Si los Estados Unidos no descartan ninguna opción, Rusia juega la misma baraja para disuadir a los Estados Unidos y, a la vez, crear confianza mutua con otros países aliados.

Maduro sabe que cuenta con Rusia, mientras que China asume una posición moderada a medida que la situación se torna más crítica. Para China ya es muy alto el costo de la guerra comercial que tiene con Estados Unidos y no se va a enfrascar en un conflicto bélico con la primera potencia militar del mundo por defender al régimen de Maduro. No lo hizo por Taiwán, mucho menos lo va a hacer por clavar su bandera en Venezuela.

3.5. Putin ordenó incrementar inversiones y apoyo militar

La agenda de cooperación económica entre Venezuela y Rusia comenzó en 2001 y suma casi 264 acuerdos binacionales en el área energética, industrial y de infraestructuras, pero la más importante es la cooperación militar que ha proporcionado armamento y entrenamiento para expandir las capacidades militares venezolanas. Según el grupo empresarial Helicópteros de Rusia “Desde 2005 a Venezuela se han suministrado equipos bélicos de todo tipo por un monto superior a los 5000 millones de dólares“. Además de los fusiles Ak-47, que usan los solados venezolanos, equipos aéreos rusos, especialmente los helicópteros polivalentes Mi-17V-5, Mi-26T y Mi-35M, Cazas Sukoi, y sistemas de defensa antiaérea, han sido adquiridos por Venezuela.

Desde Moscú, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez ratificaron su alianza estratégica al ratificar y expandir los 264 acuerdos firmados entre ambos gobiernos, cuando Nicolás Maduro visitó Moscú, el 5 de diciembre de 2018.

Vladimir Putin, recordó que compañías rusas mantienen inversiones en Venezuela por $ 20 mil millones y ordenó incrementar las inversiones de las empresas petroleras y gasíferas de la Federación Rusa que operan en Venezuela:

Ambos gobiernos acordaron ampliar la participación de las empresas rusas en las empresas mixtas en la FPO y AMO. Delegaciones del Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico se han reunido con el viceministro de Recursos Minerales de Rusia, Evgeny Kiselev, para evaluar inversiones para la explotación de coltán, diamante y níquel.

El Kremlin también está dispuesto a reestructurar la deuda venezolana, tal como los indicó el portavoz de Putin, Dmitry Peskov: “la reestructuración de la deuda es uno de los temas de las negociaciones”.

Vale recordar que en 2011, Rusia concedió a Venezuela un crédito de 4.000 millones de dólares para financiar los suministros de los productos industriales rusos. En 2014, la situación económica y financiera obligó a Venezuela a pedirle a Rusia prorrogar el plazo del préstamo. En 2016, el gobierno ruso aprobó aplazar la prórroga de la fecha límite del pago, cuestión que limitó nuevos préstamos e inversiones rusas en Venezuela.

Aunque Rusia es una gran potencia, ahora está en una situación económica muy comprometida debido a las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, así como al comportamiento errático de los precios del petróleo. Rusia y China han sufrido el peso de las sanciones del Departamento de Estado que castigó a China por comprar aviones caza y misiles tierra-aire a Rusia.

En tales condiciones, se dificulta otorgar más créditos a Venezuela que compensen las fuentes de financiamiento que se han cerrado a raíz de las sanciones de Trump. Según cálculos del propio gobierno de los Estados Unidos, estas le costarán a la economía venezolana 11.000 millones de dólares en ingresos perdidos del petróleo, más del 90 % de las importaciones que realizó el país en 2018.

Putin también dio instrucciones para profundizar los convenios en materia de adiestramiento y equipamiento militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). De allí que la relación con Rusia puede tener consecuencias más profundas y duraderas que la cooperación entre China y Venezuela.

De hecho, las relaciones de Venezuela con Rusia fueron el detonante de la crisis política que se inició con las denuncias de la fiscal Luisa Ortega contra las Decisiones 155 y 156 a través de las que Maduro pretendía evadir el control de la Asamblea Nacional sobre los nuevos contratos en la FPO y el AMO.

Vale recordar que la creación de esas empresas mixtas no fue autorizada por la AN controlada por la oposición. El gobierno quiso legalizar esos acuerdos a través de una maniobra jurídica que le permitía al TSJ no solo asumir las funciones de la AN sino también delegarlas al propio gobierno. Para burlar el control de la AN, el gobierno convocó una ANC que se erigió como un supra estado que terminó anulando a la AN.

3.6. ¿Por qué Gazprombank congela las cuentas de PDVSA?

A raíz de las sanciones del gobierno de Trump contra Pdvsa, la compañía solicitó a sus clientes depositar los pagos por ventas de petróleo en sus cuentas de Gazprombank. Los mercados petroleros fueron sorprendidos con una nota de la Agencia Reuters informando que el banco ruso decidió congelar las cuentas de la petrolera venezolana con el fin de reducir el riesgo de ser sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Gazprombank figura entre los principales bancos de Rusia y cuenta entre sus accionistas a la compañía estatal de gas Gazprom, con un 35% de su capital. Las empresas y bancos rusos quieren respaldar la línea del Kremlin pero se exponen a las sanciones de los Estados Unidos que perjudicarían sus negocios. En 2014, luego de la invasión rusa a Crimea, el banco fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con el banco ruso.

A medida que se han endurecido las sanciones del gobierno estadounidense en contra de Pdvsa, la compañía fue quedando cada vez más aislada del sistema financiero convencional y del mercado petrolero mundial. En tales circunstancias, Gazprombank prácticamente pasó a ser el banco más importante para las operaciones de la compañía petrolera. Los clientes y proveedores interesados en hacer negocios con Pdvsa tenían que abrir una cuenta en el banco ruso o en las filiales de Suiza, Gazprombank Switzerland Ltd., o en Bielorusia, Belgazprombank.

Con esta decisión de Gazprombank, las cuentas de Pdvsa han quedado congeladas y esto impide concretar las operaciones de compra-venta de petróleo venezolano. Pdvsa apenas publicó un par de tuits desmintiendo la noticia, pero no ha habido comunicación oficial de la compañía ni del banco. De confirmarse la congelación de cuentas, esto sería una estocada mortal para el manejo de las finanzas de la compañía petrolera.

A la creciente cantidad de clientes y proveedores que han dejado de hacer negocios con Pdvsa para evitar exponerse a sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos, se suma ahora la decisión de un banco estrechamente alineado con el gobierno ruso, aliado de Nicolás Maduro. Las implicaciones geopolíticas de esta decisión son muy graves, toda vez que se trata del brazo financiero de Gazprom, una de las empresas energéticas con mayor participación del Estado ruso que ha sido un instrumento clave de la política exterior de Vladímir Putin. Por esta razón, la decisión de Gazprombank, más que una medida preventiva para no exponerse a las sanciones, también puede ser interpretada como un desmarque del Kremlin del gobierno de Nicolás Maduro al considerar que el control del país se le fue de las manos.

Por si fuera poco, el brazo comercial de la petrolera rusa Lukoil, Litasco, detuvo operaciones de intercambio con Venezuela desde que Estados Unidos impuso sanciones sobre la petrolera estatal del país sudamericano, informó Vagit Alekperov, presidente ejecutivo de Lukoil.

4. ¿Qué podrían hacer Rusia y China en favor de una solución política?

La gran tarea de la mediación internacional es impedir que la obstinación de los extremistas que solo apuestan a una rendición incondicional y humillante del otro desemboque en una guerra civil, que ahogue en sangre la esperanza de un pueblo y ponga en peligro la integridad del Estado-Nación.

4.1. De la emergencia humanitaria a la catástrofe humanitaria

Si la operación ayuda humanitaria pisa suelo venezolano sin estar previamente convenida con el gobierno de Maduro, su ingreso sería un acto muy temerario, una provocación extrema al régimen. Si la FANB reprime su ingreso, esta acción serviría para justificar ante la opinión pública internacional una posterior invasión militar.

En la última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU se insistió nuevamente en la ayuda humanitaria. Esta operación pareciera ser cada vez más un pretexto para provocar una confrontación con la FANB y forzar que ésta defina de una vez por todas si está con Maduro o con Guaidó.

El gobierno de Estados Unidos apuesta que la FANB dará la espalda a Maduro para apoyar a Juan Guaidó, que lo hará como una sola fuerza armada, sin escisiones entre sus componentes. Pero ¿qué pasa si la FANB cierra filas con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué pasa si no ocurren escisiones dentro de las FANB y el Ejército, Guardia Nacional, Marina y Aviación deciden apoyar a Maduro? ¿Qué pasa si los colectivos armados y los grupos paramilitares del régimen agreden el ingreso de la ayuda humanitaria? ¿Cuál será la posición de los aliados internacionales de Maduro y de Guaidó? ¿Intervendrían en Venezuela para defender sus intereses? ¿Se impondrán los que apoyan a Maduro o los que presionan por un cambio de régimen?

La intervención militar de los Estados Unidos puede ser eficaz para derrocar un gobierno que no le simpatiza, pero también ha demostrado ser muy ineficaz para preservar la paz interna que permita la gobernabilidad del país invadido.

Así lo demuestra en los últimos 18 años las intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia y Siria, las cuales han disparado una espiral de violencia interna que no han podido contener. ¿Qué garantiza que una invasión militar en Venezuela no traiga consecuencias semejantes? ¿Puede convertirse la operación ayuda humanitaria en el detonante de una espiral de violencia que lleve al país a una guerra civil?

Esta es una amenaza real, sobre todo si se tiene en cuenta que la invasión militar puede no ser tan quirúrgica como se ha dicho. Hay que considerar también que Maduro cuenta con el respaldo del chavismo duro que se calcula en un 25 % de la población, así como de buena parte de las fuerzas los militares, de los colectivos armados por el gobierno y de los grupos paramilitares.

En tales condiciones, tensar el conflicto interno con una operación de ayuda humanitaria significa un temerario reto para un gobierno acorralado, que no va a reaccionar con inteligencia y lucidez y puede reprimir indiscriminadamente, pagando justos por pecadores.

Los excesos que se suelen cometer contra la población civil llevarían al país a una situación cada vez más violenta, al extremo de desembocar en una guerra civil que nos lleve de la emergencia humanitaria a una verdadera catástrofe humanitaria. La migración por razones económicas sería ampliamente superada por la diáspora de venezolanos que huirían masivamente del horror de la violencia y de la guerra.

4.2. En lugar de endurecer sanciones ofrecer incentivos a un gobierno de coalición

Para los radicales y extremistas del oficialismo, endurecer las sanciones contra Venezuela aleja las posibilidades de las elecciones presidenciales limpias y transparentes que se requieren para comenzar a superar la crisis. Ya lo dijo el Ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, quien afirmó que: “Venezuela no va a ir a un evento electoral ni va a firmar ningún acuerdo con la oposición venezolana hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha venezolana solicitó frente al Departamento del Tesoro de Donald Trump y frente a las autoridades españolas canadienses o de otra índole”.

La ineficacia de las sanciones puede reeditar en Venezuela la experiencia de Cuba, cuando el bloqueo económico lanzó la isla a los brazos de la URSS, la cual terminó convertida en un satélite soviético en el Mar Caribe. Tan así es, que Maduro ordenó que la oficina de Pdvsa en Europa, que se encuentra en Lisboa, sea trasladada a Moscú. Así lo anunció la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en el encuentro que sostuvo en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Esta cercanía permitirá una mayor influencia de la petroleas rusas como Rosneft y Gazprom sobre Pdvsa.

El régimen cubano acaba de cumplir 60 años y las sanciones internacionales que golpearon las condiciones de vida en la isla se quedaron muy lejos de provocar un cambio político en Cuba. Siria ha sido bombardeada por trece países y, después de siete años de guerra, ya se habla del imparable avance hacia la victoria de Bashar al Asad. El centro de Damasco, la capital, no resultó dañada, a diferencia de la mayoría de los suburbios, que están convertidos en escombros. Otras ciudades han sido atormentadas y convertidas en ruinas por los incesantes ataques aéreos y de artillería en los suburbios, así como los bombardeos de las fuerzas rebeldes. Pero Bashar al Asad sigue allí, con altas probabilidades de ganar la guerra[1].

A medida que se cierren los mercados económicos y financieros en los Estados Unidos y la Unión Europea, Venezuela será lanzada a los brazos de Rusia y China, quienes ya están refinanciando y recomprando con descuento la deuda externa venezolana, y ofreciendo financiamiento fresco a cambio de bloques en la FPO y en el AMO.

El canciller de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, ratificó que su gobierno continuará apoyando al gobierno de Nicolás Maduro ante las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos al que acusa de promover “una campaña cínica que tiene el objeto de dar un golpe a Venezuela”.

Además de suministrar los insumos, repuestos y maquinarias que el gobierno requiere, el gobierno de Maduro anunció que Rusia construirá en Venezuela una fábrica para la producción de fusiles Kaláshnikov. Se impone encontrar una solución pacífica y democrática que evite el resurgimiento de la violencia que en los últimos conflictos de 2017 dejó más de un centenar de muertos, miles de heridos, detenidos, perseguidos, exiliados y una diáspora de venezolanos que ya se cuenta por millones.

El canciller ruso aboga por un arreglo pacífico de los problemas en Venezuela y en respeto a los principios de la carta fundacional de la ONU que contempla la no injerencia en los asuntos internos de otros países: “son los ciudadanos venezolanos los que tienen que arreglar la situación sin presión, instrucciones y por su puesto sin ultimátum de afuera”. Lavrov, expresó la disposición de Rusia de sumarse a los esfuerzos de los mediadores regionales que buscan un diálogo inclusivo y nacional con el acuerdo de las principales fuerzas políticas del país, pero provoca un efecto contraproducente al cuestionar “que la oposición rechace este diálogo, escuchando las instrucciones directas de Washington (...) y que la ayuda humanitaria debe ser resuelta según el derecho internacional y no con pretextos para las ideas intervencionistas”.

La solución de la crisis venezolana tendrá un alto componente geopolítico. Ante la amenaza de una intervención militar, China y Rusia pueden plantearle a la Unión Europea y México conformar un “grupo mediador” que haga una oferta creíble al oficialismo y la oposición para conformar un gobierno de coalición.

A este gobierno provisional, el grupo mediador le ofrecería incentivos como levantar las sanciones, refinanciar la deuda externa, financiamiento fresco, inversiones extranjeras y ayuda humanitaria.

Esta fórmula aliviaría las tensiones y conjuraría la amenaza de una intervención militar, evite una guerra civil y cree las condiciones para recuperar la gobernabilidad del país.

4.3. Facilitar una coalición sin Maduro

En ese gobierno de coalición no podrían estar Maduro ni los responsables de la crisis que sufre Venezuela. Eso es políticamente y psicológicamente inviable. La mayoría del país no quiere a Maduro y no aceptaría su presencia en un gobierno provisional.

El clamor nacional vería con buenos ojos un gobierno de coalición conformado por sectores democráticos y moderados del oficialismo y la oposición que estarían dispuestos a priorizar el interés nacional, aún a riesgo de que los extremistas de lado y lado los califiquen de colaboracionistas con el gobierno o de haber entregado la revolución. Este acuerdo para la superación pacífica y democrática de la crisis lograría gran apoyo internacional, y se basaría en los siguientes principios rectores:

  • Concertación previa del programa de reformas económicas.
  • Concertación previa de la agenda legislativa para reactivar la producción.
  • Levantamiento de las sanciones financieras internacionales.
  • Refinanciamiento de la deuda externa.
  • Nuevo financiamiento internacional, incluyendo transferencias sin reembolso.
  • Inversiones extranjeras para reactivar la economía.
  • Restitución de las funciones de la AN.
  • Convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 2021.
  • Renovación del CNE como un árbitro imparcial.
  • Observación internacional de todo el proceso electoral.
  • Liberación de los presos políticos.
  • Garantía de derechos políticos al sector que resulte derrotado en las elecciones. 


Como puede apreciarse, se trata de concesiones que ambas partes harían para estimular un acuerdo que desemboque en la conformación de un gobierno de coalición que contaría con apoyo internacional para reactivar la economía, superar la escasez y abatir la hiperinflación. 
El gobierno de coalición tomará las medidas económicas necesarias para crear un clima propicio a la inversión extranjera y al financiamiento de la producción. Con base en un principio de reciprocidad, la ayuda internacional se concretará en las inversiones y el financiamiento a la reactivación productiva.

El país y la comunidad internacional podrán apreciar con claridad los avances y ventajas de una solución negociada, en comparación con las consecuencias negativas del recrudecimiento de las sanciones.

El proceso de negociación dejará de ser una maniobra del gobierno para ganar tiempo, en su afán de fortalecerse y estar en mejores condiciones para la nueva confrontación electoral. Se contribuirá también a bajar el volumen y des- radicalizar el discurso de la polarización política, en función de crear un clima de creciente entendimiento nacional.

Así se generará una creciente confianza entre las partes, bajarán las tensiones y se crearán mejores condiciones para convocar unas elecciones presidenciales limpias y competitivas, con un árbitro neutral y amplia observación internacional. Y quien resulte ganador recibirá una economía saneada y evitará el tener que aplicar drásticas medidas que generen malestar social, decepción y desilusión, provocando un acelerado deterioro y hasta caída del nuevo gobierno.

La solución no puede ser el exterminio del contrario al que inevitablemente conduce el desconocimiento entre los actores políticos. El problema para retomar el diálogo y avanzar se deriva tanto del extremismo opositor como del radicalismo del gobierno. Los “todo o nada” no están solo en la oposición, también abundan en el oficialismo. Cada lado tiene factores perturbadores que no están dispuestos a reconocer al contrario ni a darles las garantías básicas para destrancar el juego y permitir que se reactive el proceso de diálogo. Con su obstinada actitud ponen en riesgo la posibilidad real de lograr un acuerdo que evite una salida violenta. No se puede apostar a agravar la crisis de gobernabilidad sin correr el riesgo de caer en cruentos enfrentamientos que lleven al país al borde de una guerra civil.

En un gobierno provisional de unidad nacional, la representación tiene que ser proporcional. Es falso que el país está dividido en dos partes iguales. El chavismo, de ser el 60% en la correlación de fuerzas, ha quedado reducido a no más de 25%, pero buena parte está armado y no puede ser subestimado. Evitar cacería de brujas que desate una espiral de violencia y enguerrille al país pasa por el reconocimiento del chavismo como fuerza política que controla gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos regionales, concejos municipales y mantiene fuerte influencia en las FANB.

En vez de empujar al chavismo duro a la resistencia armada, es preferible lograr su desarme y participación en un gobierno de coalición, reconociendo sus derechos políticos y su espacio en la vida política nacional. Así, la fuerza política y social chavista, en vez sabotear la transición, apoyaría al gobierno de unidad nacional que tendrá la misión de aplicar las reformas económicas, restituir las funciones de AN, garantizar la seguridad jurídica y respeto a derechos de propiedad, liberar los presos políticos, legalizar los partidos, renovar el poder electoral y convocar elecciones limpias y transparentes. Y así, tal como ya lo apuntamos antes, quien resulte electo en las nuevas presidenciales recibirá una economía saneada y un país pacificado que se pueda gobernar.

China y Rusia puede ser interlocutores muy importantes en este proceso, tomado en cuenta el apoyo financiero y militar que le ha dado al gobierno de Maduro, así como los intereses económicos y comerciales que tiene China con los Estados Unidos. La mediación china y rusa sería un gran aporte para lograr una solución política y electoral en la que ninguna potencia imponga su agenda de control y dominación a través de una intervención militar. La reconciliación nacional es clave para la paz. Sin paz no hay gobernabilidad.

Notas

  1. Ver https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44738107

Fuente

  • Maritza Barrios y Marcelinio Visbal (Ed.). (2019). Búsqueda de Alternativas Políticas a la Crisis de Venezuela. Seminario Internacional. Caracas, Venezuela: Publicaciones UCAB (2019)
  • Fotografía: Flickr - prodbdf. Licencia Creative Commons.

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