Del exceso de Hugo Chávez a la Venezuela pospetrolera de Nicolás Maduro

El economista venezolano Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica analiza los cambios de la economía venezolana en los gobiernos de Chávez y Maduro.

El cambio político que sufrió Venezuela en 1998 trajo consigo una redefinición de la estructura institucional y de las bases y principios del sistema económico venezolano. La economía humanista, autogestionaria y competitiva que planteaba la Propuesta de Hugo Chávez para transformar a Venezuela: una revolución democrática, presentada por Chávez en 1998, proponía un esquema alternativo en la conducción de la política económica y social de Venezuela partiendo de un diagnóstico relativamente simple, común en distintos procesos políticos en América Latina.

Con un énfasis particular en la dinámica de crecimiento y, en paralelo, en la distribución del ingreso, la firme creencia de que una suerte de condición especial que caracterizaba a Venezuela como un país, en líneas generales, rico, pero con importantes atrasos en materia social, nutría y guiaba la narrativa oficial hacia lo que, al menos, ex-ante prometía ser un proceso profundamente transformador. Una revolución.

Dieciocho años después, todos los cimientos que sostenían la economía del país han cedido en rápida sucesión. La crisis que ha sobrevenido es de carácter sistémico, avanza de manera vertiginosa y amenaza con arrastrar al país al caos propio de un Estado fallido. Los problemas que enfrenta Venezuela distan de ser exclusivamente técnicos, y difícilmente su resolución implique un mero plan de estabilización de la economía. Es necesario ir más allá.

Una de las relaciones más longevas y visibles a lo interno del imaginario cultural venezolano es la de su principal producto exportable, el petróleo, con la economía. En este sentido es imposible hacer referencia a uno sin hacer mención a su complemento, más durante los años recientes. Para entender por qué, conviene estudiar cómo llegamos hasta aquí y cuál es la magnitud de los desequilibrios más apremiantes que presenta la economía tras casi dos décadas de la génesis del chavismo como fuerza políticaformal.

1. ¿Cómo llegamos hasta aquí?

El Plan de Transición 1999-2000 formulado por el Gobierno del presidente Chávez daba cuenta de los problemas sufridos en el pasado y prometía no pasarlos por alto1. A partir de entonces, se han planteado diferentes instrumentos para orientar la gestión del Gobierno central en materia económica: Programa Económico 2001, Plan de Desarrollo Nacional 2002-2007, Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, Plan de la Patria 2013- 2019, y ahora 2019-2025. Es en estos tres últimos donde se consagra el Estado como un eje central dentro de la dinámica económica. Tendencia que ya se dejaba asomar en los planes anteriores. A partir de ahí, se acentúa de forma significativa y se hace explícito el objetivo de conducir a Venezuela a lo que vagamente se define como el “socialismo del siglo XXI”.

La adopción del nuevo modelo económico a partir de la elección de Hugo Chávez vino acompañada de un aumento sostenido en los precios del petróleo. Desde 1999, con la única excepción de 2001 y 2009, el precio promedio de la cesta petrolera venezolana (CPV) subió todos los años, pasando de un promedio de 10,6 dólares por barril ($/bl) en 1998 a 88,6 $/bl en 2008, y llegó a promediar cerca de 101,7 $/bl entre 2011 y 2013.

Durante los primeros años de la bonanza, el crecimiento en Venezuela fue impulsado a través de una política fiscal, en principio, expansiva y con un sesgo esencialmente procíclico, lo que ubicó al país en una situación peligrosamente dependiente de los precios internacionales del crudo.

Desde el punto de vista del crecimiento, la orientación fundamental de la política económica residió en un papel cada vez más activo del Gobierno como propulsor de la demanda y oferente de bienes. La receta seguida resulta familiar a la propuesta en años y procesos anteriores: un incremento generalizado en los niveles del gasto público de la mano de una progresiva apreciación del tipo de cambio real que trajo consigo un aumento sostenido de las importaciones y un éxodo importante de parte del capital privado.

En este contexto, resulta fundamental destacar que el poder y la capacidad de la política fiscal para estimular el crecimiento de la actividad productiva y compensar los efectos reales de los ciclos económicos se han visto erosionados, ante una economía que ha ido perdiendo densidad y cediendo terreno ante un rol más protagónico de las importaciones en la provisión de bienes y servicios2.

Adicionalmente, el balance fiscal se ha vuelto profundamente más sensible al acontecer del mercado petrolero, por lo que su volatilidad intrínseca ha permeado en mayor medida hacia la dinámica fiscal, elevando así el grado de exposición de la economía a choques de carácter externo y, en especial, en el ámbito del mercado petrolero global3.

La caída del precio petrolero en el año 2001 (5,8 $/bl, 22,3% menos que en el año 2000) provocó un pequeño cisma, una advertencia temprana acerca de la fragilidad que ya para entonces presentaba la economía.

En el año 2002, Venezuela entró en recesión, suerte de causa y consecuencia de la inestabilidad política y los conflictos sociales que abundaron ese año. La crisis de abril y el paro general de actividades convocado en diciembre de ese año afectaron significativamente la capacidad productiva del país y condujeron a la adopción del control de cambio en abril de 2003.

A partir de entonces, el aumento persistente en los precios del petróleo y la tensa calma política que se suscitó desde 2004 hicieron que Venezuela registrara un elevado crecimiento en los años siguientes, equivalente a 29,8% en términos per cápita entre 2004 y 2008. En ese mismo período, el consumo per cápita se incrementó por el orden de 51,0% apuntalado principalmente por el consumo privado, el cual creció cerca de 55,3%.

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PIB vs. Consumo (per cápita)

Fuentes: BCV, INE y Ecoanalítica

La creciente brecha entre el consumo privado y la capacidad de producción fue cubierta con un incremento sostenido de las importaciones, las cuales llegaron a triplicarse (294,2%) entre 2003 y 2008.

La caída de los precios del crudo en el año 2009 arrastró al producto interno bruto (PIB) ese año y el siguiente, lo que sumó un retroceso acumulado de 4,6%. En términos generales, los resultados negativos de 2009 y 2010 estuvieron enmarcados en un ambiente de incertidumbre política y social, bajos niveles de demanda, problemas para la obtención de divisas, fallas generalizadas en el sistema eléctrico, entornos de elevada conflictividad laboral, la desaparición del mercado de valores y una contracción real de importancia en el gasto público.

Para 2011, ya los precios del petróleo habían superado la cota de los 100 $/bl, donde se mantendría por los próximos tres años (2011-2013). Ese año, el PIB registró una expansión de 4,2% sustentada, en esencia, por una política fiscal expansiva (procíclica) en un año preelectoral y por la recuperación parcial del sector eléctrico.

Durante los años siguientes, el país fue testigo del agotamiento del crecimiento venezolano, aun a pesar de los elevados precios del petróleo. Venezuela registró una de las tasas más bajas de crecimiento en América Latina, aun en medio de la bonanza petrolera. En paralelo, el país multiplicó por cinco sus niveles de endeudamiento externo entre 2006 y 2012 con el objetivo principal de financiar importaciones de bienes de consumo y una importante fuga de capitales como consecuencia4.

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Pasivos del Sector Público Restringido

Fuentes: BCV, Pdvsa, Mefbp y Ecoanalítica

Adicionalmente, la fuga de capitales entre 2003 y 2013, sin contabilizar la sobrefacturación de importaciones que caracteriza los períodos de control cambiario, superó los 155.000 millones de dólares5, equivalentes a quince años de importaciones de alimentos. El modelo de crecimiento en Venezuela, con alta incidencia de gasto público y baja inversión, está lejos de ser estable.

Los elevados ingresos en divisas, producto de la venta de crudo, y el mantenimiento del tipo de cambio fijo en un escenario de continua expansión de gasto público derivaron en un aumento sostenido de la masa monetaria, que presionó el nivel de precios al alza a través de un continuo incremento de la demanda interna.

Aunado a esto, los altos precios del petróleo le permitieron al Gobierno importar los distintos productos que la economía requería, al tiempo que la industria doméstica redujo su competitividad frente a productos extranjeros más económicos debido a una importante apreciación del tipo de cambio real.

Dado que las necesidades internas eran satisfechas a través de importaciones, la industria local se fue degradando poco a poco y perdió la capacidad de generar empleo y de diversificar la matriz productiva del país.

El tipo de cambio real se ha apreciado de manera importante, especialmente desde 2008, debido a que el tipo de cambio oficial se mantuvo anclado por varios años dentro de un ambiente de alta inflación. Esta política, en la práctica, logró el poder adquisitivo en el exterior ante los bolívares que gradualmente lo perdían en Venezuela.

Esto, junto con las numerosas trabas y regulaciones impuestas sobre el aparato productivo privado, además de las numerosas expropiaciones y confiscaciones, terminó por mermar la capacidad productiva y la competitividad del país. Al cierre de 20166, el Banco Central de Venezuela (BCV) indicó que las ventas al exterior de bienes no petroleros llegaron a 1.461 millones de dólares, 80,8% menos que en 2006 (7.606 millones de dólares).

La caída de 49,7% en los precios del petróleo registrada en 2015 encontró a Venezuela en una situación extremadamente vulnerable en lo externo: con una capacidad productiva erosionada e incapaz de sustituir importaciones, con una deuda externa entre cuatro y cinco veces más grande que en 2006 y con acceso limitado a los mercados internacionales. El ajuste parecía ineludible.

Ante una necesidad importante de divisas y un recrudecimiento significativo de su restricción presupuestaria, la respuesta del Gobierno no ha sido otra que contracción sustancial del volumen de importaciones, disminución importante de la posición de activos externos de la República y renegociación de ciertos elementos puntuales en distintas cuentas por pagar con naciones como Rusia, China y otras.

A pesar de que la posición de activos externos haya sufrido un deterioro de importancia, la variable de ajuste por excelencia ha sido el nivel de importaciones. En 2015, las importaciones presentaron una caída cercana a 23,2%, a lo que se le añade una caída próxima de 50,7% en 2016, para cerrar el año en 17.977 millones de dólares, con lo que se obtiene una contracción acumulada de 62,2% entre 2014 y 2016.

Adicionalmente, en ese contexto, se acentuó una tendencia de mayor participación del Estado en las importaciones, lo que se había iniciado a mediados de la década pasada. En 2015, por primera vez, las importaciones públicas alcanzaron 52,0% del total, un máximo desde que se llevan cifras del sector externo y 16,0 puntos porcentuales (pp) por encima de lo registrado en 1998. Únicamente superado durante el año 2016, cuando el sector público se encargó de ejecutar cerca de 62,0% del total de importaciones de la economía, y el año 2017 (75,1%).

La escasa liquidación de divisas hacia el sector privado, junto con la baja efectividad de las importaciones públicas, produjo una importante contracción en la oferta de bienes y servicios finales, así como un desalineamiento importante de ciertos precios relativos ante la existencia de múltiples tipos de cambio en un entorno inflacionario.

La contracción se concentró en bienes de consumo intermedio, lo que forzó a lo que queda del aparato productivo privado a agotar sus inventarios y, con el paso del tiempo, llevó a su paralización.

Este cuadro, junto con las presiones inflacionarias derivadas del financiamiento monetario del déficit fiscal, alimentó la presión inflacionaria y, de la mano de una rápida depreciación del tipo de cambio paralelo y su peso cada vez mayor en la estructura operativa del sector privado, amplificó las presiones inflacionarias y catapultó la inflación a 180,9%7 en 2015 y a 525,1% en 2016 hasta empujar definitivamente a Venezuela hacia un ciclo hiperinflacionario al cierre del año 2017 (2.874,3%).

Para el año 2015, la caída en el nivel de importaciones (23,2%) fue considerablemente menor a la registrada en las exportaciones petroleras (50,2%), por lo que el Ejecutivo debió liquidar ciertos activos en aras de poder financiar el déficit en cuenta corriente y cumplir con los pagos por amortizaciones de la deuda. Así, se agotaron parcialmente los Derechos Especiales de Giro (DEG) líquidos disponibles de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional (FMI), se incrementó la deuda de Citgo, se descontaron ciertas acreencias petroleras con Petrocaribe y se liquidaron y pignoraron un número todavía indeterminado de reservas de oro.

El año 2015 pareció marcar la pauta de lo que sería la política económica en materia externa para los próximos dos años. Ante la persistente acción negatoria de hacer frente a las distorsiones vigentes en distintos frentes de la economía (principalmente de los precios relativos), la respuesta ante una nueva desmejora de nuestros términos de intercambio y, por consiguiente, de las exportaciones, no fue otra que un recorte más profundo de las importaciones, el roll-over de ciertos tramos de la deuda a un costo relativamente elevado y préstamos no convencionales.

La liquidación de activos, el dramático recorte de las importaciones y un aumento no menor en nuestro nivel de endeudamiento hicieron posible que Venezuela cerrara el año 2016 sin caer en un evento de cesación de pagos o default. Sin embargo, nada es eterno en el mundo. Ante un colapso sostenido de la producción petrolera y el rechazo de la comunidad internacional ante la dinámica de la política interna (materializado en forma de sanciones), tanto la República como PDVSA entraron en default al cierre del 2017, año durante el cual la contracción acumulada del producto superaba 35,0% en tan solo cuatro años.

Durante la bonanza petrolera el chavismo logró construir un modelo que, sostenido por la expansión constante del gasto público, consiguió apoyo en muchos sectores de la sociedad. Esa era su marca de fábrica. Apoyado en el incremento de los precios de crudo, el Gobierno, en términos generales, destinó un gasto público cada vez mayor afinanciar el consumo corriente de los sectores menos favorecidos.

Esta política le permitió estimular el crecimiento de la demanda agregada y del PIB, generando así (artificial y discrecionalmente) una situación de “bienestar” que le sirvió como plataforma para mantener elevados niveles de popularidad dentro de la población y conseguir el triunfo en veintiuna de las veintitrés elecciones llevadas a cabo hasta el año 2016.

La evidencia que se observa desde finales de 2012, aun antes de la caída de los precios petroleros, es que el modelo se había agotado. El gasto público ya no tiene la fuerza para sostener el amplio apoyo del chavismo, el cual parece haberse convertido en minoría en medio de una crisis económica que ha reducido de manera dramática los supuestos avances sociales obtenidos. El incremento del gasto ha terminado siendo, en última instancia, un círculo vicioso para el Gobierno, pues la liquidez y la inflación hacen que el gasto vaya perdiendo efectividad a la hora de generar consumo y crecimiento económico, así como bienestar para la población.

El Gobierno ha producido un ajuste dentro de su concepción limitada de la política económica. Está induciendo una fuerte caída en las importaciones que ha arrastrado al país hacia una crisis humanitaria, mientras la inflación desbocada acaba con el poder adquisitivo de los salarios.

La caída en los precios del petróleo, junto con la destrucción de la actividad económica privada y el agotamiento del crédito internacional, ha dejado al Estado sin la capacidad institucional y financiera para proveer servicios sociales básicos como salud, educación, electricidad, agua y seguridad y el abastecimiento regular del país, lo que ha producido una crisis humanitaria cuyas últimas consecuencias aún se desconocen.

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Notas

  1. Balza, R. (2010): Una descripción de la economía venezolana a partir de su sector público: 1999-2009. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
  2. Zambrano Sequín, L. (2015): “El petróleo y la política macroeconómica en la Venezuela contemporánea” en el foro La economía del petróleo en la Venezuela.
  3. Idem.
  4. Reinhart, C., y Santos, M. (2016): “From financial repression to external distress: The case of Venezuela”, en Emerging Markets Finance & Trade (Vol. 52). Abingdon, Virginia, USA: R. T. Group, Ed.
  5. En dólares constantes de 2013.
  6. Última cifra oficial disponible.
  7. El 18 de febrero de 2016, casi un año después de haber dejado de hacerlo, el BCV volvió a publicar cifras de inflación. Pese a lo elevado de la cifra, varios analistas venezolanos consideran que la medición oficial está subestimada al suponer un cambio implícito en las ponderaciones de la canasta que nutren el indicador. Si se consideran las ponderaciones originales del Índice Nacional de Precios al Consumidor (2007), la inflación cerró en 2015 en 240,5%.

Fuente

  • Maritza Barrios y Marcelinio Visbal (Ed.). (2019). Búsqueda de Alternativas Políticas a la Crisis de Venezuela. Seminario Internacional. Caracas, Venezuela: Publicaciones UCAB (2019)
  • Fotografías de migrantes venezolanos en tránsito a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta. Cortesía de George Castellanos.

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