El pueblo nicaragüense hace un llamado anónimo, a muchas voces, a la comunidad internacional

Mientras los testigos del Vaticano y la OEA, el BCIE y el resto de la Comunidad Internacional sigan dando “últimas oportunidades” a Ortega y Murillo, estos las seguirán usando para matar...

El 16 de mayo, al año de comenzar el primer Diálogo Nacional entre la Alianza Cívica y el régimen de Ortega y Murillo, que mediaron los obispos, fue baleado por la espalda en la Cárcel Modelo de Tipitapa, Eddy Antonio Gómez Praslin, abogado y notario.

Llevaba más de cinco meses encarcelado, acusado de “terrorismo”, en uno más de los viciados juicios que emplea el régimen como venganza contra quienes protestaron en la rebelión ciudadana que inició en abril de 2018. El verdadero “delito” de este hombre fue unirse a las protestas de la juventud en Matagalpa, en donde nació. “Yo lucho por ustedes porque mi tiempo ya pasó”, les decía a los muchachos. Gómez Praslin tenía 57 años y doble nacionalidad: nicaragüense y estadounidense.

En una más de las protestas que protagonizan los presos políticos en la cárcel, los custodios de la penitenciaría atacaron con armas a los presos, con un balance de decenas de lesionados, dos heridos graves y un ajusticiado, Gómez Praslin.

La comunidad internacional no puede dejar de mirar a Nicaragua suponiendo que si ya se ha instalado una mesa de diálogo entre el régimen y la oposición, ya se están abriendo caminos de solución. No, la pesadilla continúa y se agrava.

El régimen de Ortega y Murillo lleva ya casi tres meses en esa mesa, ha firmado dos acuerdos y no ha cumplido nada de lo firmado. Desde el 3 de abril el diálogo permanece estancado.

La Alianza Cívica exige a diario el cumplimiento de lo ya firmado y el gobierno afirma a diario, en comunicados salpicados de citas bíblicas, que está “cumpliendo” y que el diálogo está “avanzando”.

El primer acuerdo de la mesa de negociación fue precisamente la liberación de los presos políticos. Se calculan unos 600, hay distintas cifras. Ambas partes acordaron como garante internacional del proceso de liberación a la Cruz Roja Internacional. El acuerdo estableció que serían liberados a más tardar en 90 días, que se cumplen el 19 de junio. El acuerdo firmado incluye la anulación de los juicios por los que algunos ya fueron acusados y otros sentenciados, juicios con vicios legales en todos los casos.

Incluía también mejorar la situación de los centenares de presos políticos encarcelados, muchos de ellos, después de ser torturados, aislados en condiciones infrahumanas en celdas de castigo: mínimas, cerradas herméticamente, con falta de aire, con escasa agua, sin salir al sol...

Hasta el momento, el régimen no cumple los protocolos acordados, ni siquiera cuenta con la Cruz Roja Internacional, y ha excarcelado, no liberado a unos 200 presos políticos, pero otorgándoles “casa por cárcel”, lo que representa que no pueden trabajar, no pueden salir de su municipio, se deben presentar ante jueces de Managua, y lo que es peor, son asediados e intimidados por paramilitares y fanáticos del régimen. Tampoco cumple el régimen el mejorar los malos tratos y las condiciones infrahumanas en que mantiene a los presos políticos.

Mientras la comunidad internacional siga dándole tiempo a Ortega y a Murillo, ellos aprovecharán ese tiempo para seguir reprimiendo. Y matando... también en las cárceles.

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