El rastro de destrucción dejado por transnacionales en América Latina

¿Qué tiene que ver la lucha por justicia en la Amazonía ecuatoriana con los movimientos que luchan por justicia ambiental y por derechos humanos en Brasil? En este artículo, Diana Aguiar, de FASE, responde a esta cuestión señalando la impunidad de varias empresas en todo el continente

El crimen de Samarco/Vale/BHP en la cuenca del río Doce, que inició con la ruptura de las represas que contenían desechos de minería en Mariana (MG) el 5 de noviembre de 2015, sin lugar a dudas se sumó a la lista de los mayores crímenes ambientales de los últimos 50 años, junto con los de Chevron en la Amazonía ecuatoriana; Shell en el territorio Ogoni, en Nigeria; entre otros. Y así como en el caso de esos otros crímenes emblemáticos causados por las operaciones de las transnacionales, la solución al caos generado, la reparación al medio ambiente y la necesidad de acceso a la justicia para los pueblos afectados está lejos de encontrar desenlaces razonablemente dignos.

Después de desastres como estos, en donde vidas y territorios enteros han sido devastados, la recuperación plena no es un horizonte posible. En todos estos casos, son escandalosos los malos tratos a las víctimas, la impunidad de las empresas y el descuido en establecer marcos que apunten a evitar la repetición de crímenes similares. Ya que el tiempo no da marcha atrás, mirar el retrovisor de forma detenida y cuidadosa debería garantizar el papel de la memoria en inspirar la futura orientación de los sistemas de Justicia.

Teniendo en cuenta lo anterior y ante la falencia de los sistemas de justicia de diversos países para hacer frente a los crímenes y violaciones en sus territorios, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y articulaciones de personas afectadas han documentado casos para sistematizar el aprendizaje adquirido a través de las resistencias. Aunque la mayor parte de los casos permanezca invisibilizada y sea constantemente naturalizada, la experiencia muestra similitudes aterradoras en el modus operandi de las grandes empresas, los Estados y la justicia.

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Fotografía: Flickr Omer Bozkurt

Durante tres audiencias (Viena en 2006, Lima en 2008 y Madrid en 2010) el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) escuchó 48 casos de violaciones a los derechos humanos y de los pueblos perpetrados por transnacionales en América Latina. El veredicto final señala el carácter sistemático de esas violaciones; la repetición de ciertos patrones en las operaciones que violan derechos; la persistencia de la impunidad; la tolerancia y complicidad tanto de los Estados que son sede de las empresas inversoras como de los Estados receptores de estas inversiones; el papel de las estrategias de responsabilidad social de las empresas en dotarlas de una fachada de legitimidad y la interdependencia y el tráfico de influencias entre los sectores público y privado, que generan una alianza que se ha transformado, a lo largo de los años, en una verdadera arquitectura institucional de la impunidad.

Esta arquitectura de la impunidad se asienta no solo en la asimetría del poder entre las grandes empresas y los pueblos que resisten y sufren las expoliaciones causadas por megaproyectos de inversión, sino también sobre la asimetría de poder entre esas empresas y muchos Estados receptores de las inversiones. Es una arquitectura que posibilita y favorece la injusticia sistemática, la continuidad de los patrones observados en los casos presentados y la certeza de impunidad para las empresas.

En ese contexto, la frecuente judicialización de los conflictos ambientales, en vez de demostrar la pujanza de un sistema de justicia, es un síntoma de que las violaciones de derechos son cada vez más inherentes al actuar de las empresas en los territorios y de que el Estado, en sus diferentes instancias, ha sido frecuentemente cómplice –por omisión o acción- de esas violaciones.

No por casualidad la lucha por justicia para los 30.000 afectados por Chevron en la Amazonía ecuatoriana se volvió un referente para movimientos sociales de justicia ambiental y de derechos humanos. Enfrentar una batalla jurídica contra una gigantesca petrolera es una tarea hercúlea. Es más, hacerlo a lo largo de dos décadas manteniendo la cohesión comunitaria y la firmeza del propósito, aún con todas las persecuciones e intentos de difamación por parte de la empresa, es digno de la admiración que la Unión de Afectados y Afectadas por la Petrolera Texaco (UDAPT) ha despertado alrededor del mundo. A pesar de que éste es el caso más grave y emblemático de los actos de Chevron, la resistencia a la petrolera ya demostró que sus características expresan un modo de operar de la empresa³.

A lo largo de los casi 30 años de la operación en Ecuador, Texaco (actual Chevron) utilizó tecnología entonces obsoleta para la extracción de petróleo y tratamiento de los residuos, derramando 60 billones de litros de desechos tóxicos de petróleo en cerca de 1000 “piscinas” que contaminaron un total de 480.000 hectáreas de selva amazónica. La UDAPT después de un litigio iniciado en los años 1990 en cortes estadounidenses y después ecuatorianas, obtuvo una decisión favorable para las víctimas, que determinó el pago por parte de la empresa de 9,5 billones de dólares a un fondo de reparación ambiental administrado por la población afectada. Desde entonces, la empresa ha dedicado una suma enorme de recursos en abogados, lobby, propaganda y persecuciones para evitar pagar la reparación. Como no existen más activos de Chevron en Ecuador, la UDAPT decidió buscar la homologación de la sentencia en otros países.

Uno de estos países es Brasil. El caso se encuentra en evaluación en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ). El sistema de justicia brasilero tiene la oportunidad histórica de hacer valer la justicia para los 30.000 afectados de la Amazonía y abrir un importante precedente para las víctimas de crímenes socioambientales, que buscan un amparo legal para las violaciones que sufrieron. Al participar del Tribunal por los Derechos de la Naturaleza durante la COP 21 en París, en diciembre de 2015, Pablo Fajardo, abogado de la UDAPT y originario de la región afectada, hizo una conmovida referencia al crimen ambiental de Samarco/Vale/BHP en la cuenta del río Doce en Brasil, ocurrido un mes antes de la realización del evento. Pablo y la UDAPT además de ser importantes referencias en la lucha global por la justicia ante la impunidad corporativa, ha actuado en solidaridad con otras comunidades afectadas que enfrentan crímenes ambientales y violaciones cometidas por las empresas.

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Fotografía: Flick Pablo Ricco. Creative Commons

En el aniversario de un año del crimen socioambiental de Samarco/Vale/BHP, Robinson Yumbo, presidente de la nación indígena Cofan, una de las cinco nacionalidades afectadas por la Chevron en la Amazonía ecuatoriana, hizo parte de la la delegación de la Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por Vale en una Marcha y Encuentro de los Afectados que recorrió toda la cuenca del río Doce, desde Regencia (ES) hasta Mariana (MG), en solidaridad con los afectados por Samarco/Vale/BHP. Esa actividad, entre otras, ha demostrado que el desmantelamiento de la arquitectura de la impunidad que favorece a las empresas es una lucha que une a todas las víctimas de violaciones y crímenes corporativos y a los pueblos que resisten los megaproyectos expoliadores en todo el planeta. Empapada de este espíritu la UDAPT junto con la FASE y más de 200 movimientos, redes y organizaciones de todo el mundo, componen el esfuerzo colectivo de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Parar la Impunidad.

Notas

  1. Edición del artículo de Diana Aguiar, integrante del Grupo Nacional de Asesoría (GNA) de FASE. El texto original fue publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo Brasil en el boletín Ponto de Debate junto a otro elaborado por Pablo Fajardo, de la UDAPT.
  2. De las 100 economías más grandes del planeta, 59 son países y 41 son empresas transnacionales. Diversas empresas son más grandes que la economía de varios países, que muchas veces eligen flexibilizar legislaciones ambientales, trabajadoras y sociales y mecanismos de protección de sus poblaciones en pro de la atracción de inversiones. Fuente: Planeta Tierra: un Mundo Corporativo, em Transnational Institute: Estado del Poder, 2012.
  3. A Planet in Danger: the World of Chevron (EjaAtlas?).

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