En Barlovento se siembra bajo la amenaza delictiva

Compartimos la segunda de cuatro entregas del especial del Efecto Cocuyo en asocio con CONNECTAS sobre los problemas de la producción del Cacao en Venezuela y su relación con los tiempos difíciles en Venezuela. Reportaje de Vanessa Moreno Losada.

Barlovento es una región del estado Miranda azotada por la delincuencia. Los robos, secuestros y asesinatos manchan la tradición de la localidad: el cacao. Para los agricultores, comercializadores y exportadores, la falta de una política de seguridad rigurosa perjudica la producción. El delito es una de las causas por las que la subregión dejó de ser la principal productora de la semilla

En tierras barloventeñas se pueden perder hasta 6.650 dólares en media hora. Una operación ejecutada por seis hombres encapuchados, armados con fusiles de guerra y vestidos de negro facilitó la sustracción del equivalente a tres meses de trabajo en cultivos de cacao a dos hermanos y a sus 10 obreros.

En una camioneta último modelo, los delincuentes cargaron con 20 sacos de cacao seco (una tonelada), 15 latas sin fermentar y 300.000 bolívares en efectivo destinados al pago de nómina de los trabajadores, equivalentes a 3.000 dólares para ese momento. Los ladrones dejaron a las víctimas amarradas y amordazadas en distintos espacios de una casa cercana a la plantación de cuatro hectáreas, ubicada en el sector Cumbo del municipio Andrés Bello en Miranda, una comunidad con caminos derruidos y sin iluminación.

El robo a los hermanos en diciembre de 2014 no fue escrito en los diarios del país ni en actas policiales, pero sí se encuentra entre los cálculos de la Asociación de Productores de Cacao de Venezuela (Asoprocave) como parte del 40 % de los agricultores de la región mirandina que han sido afectados por la delincuencia.

Entre 2013 y 2016 los integrantes de la asociación llegaron a registrar hasta cinco reportes semanales por el robo, extorsión y/u homicidio de los cacaoteros de Barlovento, que ronda la cantidad de 1.500 agricultores según datos gremiales.

En esos cuatro años, los seis municipios se mantuvieron en el primer lugar de la tasa de homicidios del estado: 1.427 personas fueron asesinadas durante ese período, lo que equivale a 29 personas cada mes en los 4.610 kilómetros cuadrados de la subregión. Con una tasa de entre 135 y 204 homicidios por cada 100.000 habitantes, Barlovento supera a Caracas, que tiene la reputación de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo.

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La violencia delictiva está casi tan arraigada en el eje mirandino como la cultura de los tambores y el cacao. Su superficie está repleta de boscosidad, ríos y zancudos. Es una zona rural cuyas ciudades principales apenas poseen vías de asfalto agrietado, pero los caseríos alrededor de estos caminos carecen de urbanidad y servicios básicos.

En las entrañas de Barlovento es donde nacen bandas como la de El Junior. El asesinato de un primo y la búsqueda de venganza lo introdujo en el mundo de la delincuencia cuando solo tenía 14 años de edad. A sus 34 ya era el líder de un grupo de jóvenes armados que se escondía en El Morro, comunidad del municipio Andrés Bello.

En una extensión de 10 kilómetros entre Río Chico y Cumbo hay al menos 12 caseríos. Cada uno asediado por un grupo delictivo armado con machetes, pistolas, escopetas y fusiles. Los más organizados tienen radios portátiles para monitorear quién pasa por la vía. Entre sí, estas bandas son enemigas.

Los conflictos a tiros que El Junior protagonizó contra pandillas rivales y con la policía, alejaron a varios vecinos. Sus casas se ven a lo largo de la ruta hacia El Morro como cascarones vacíos, prueba del miedo que consume a la población.

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El servicio de transporte escasea hacia la zona rural de Barlovento. Foto: Vanessa Moreno Losada


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Las comunidades de Barlovento están rodeadas de pobreza y olvido gubernamental. Foto: Vanessa Moreno Losada

De esta forma, Junior logró apoderarse de dos hectáreas de plantación de cacao. Para 2013, cuando el Gobierno intentó implementar un plan de pacificación en la zona, el campo ya se había convertido en una actividad de la banda. En una labor paralela a la delincuencia.

El proyecto de pacificación fue conducido por el entonces viceministro de Política Interior, José Rangel Ávalos. El funcionario se reunió con grupos delictivos de Barlovento para un intercambio: trabajo a cambio de deponer sus armas. Les ofreció una “segunda oportunidad”.

Cuando los delincuentes aceptaron la propuesta, el Gobierno cantó victoria y catalogó al sector como un “territorio de paz”. Videos transmitidos por el canal del partido gobernante, Venezolana de Televisión, dan cuenta de las esperanzas que depositó el Gobierno en que esos jóvenes, que lucían su mejor armamento en televisión nacional, pudieran regenerarse.

“Nos ofrecieron que nos iban a sacar del caserío, que nos iban a dar una casa. Muchos no captaron. Uno captó porque era un beneficio para uno. Pero muchos no captaron y se rompió esa paz, esa palabra. Luego, ellos (las bandas renegadas) venían por los fundos a cazarnos porque nosotros éramos lo que estábamos captando. Al final, nosotros tampoco captamos, porque hay que defenderse”, dijo Junior en una entrevista que se realizó en sus tierras en 2015.

Rangel Ávalos dijo públicamente que hasta 2015 conversó con 300 grupos delictivos de Sucre, Aragua, Guárico, Miranda y Distrito Capital. Ese diálogo acabó con la Operación para la Liberación y Protección al Pueblo (OLP), despliegues agresivos de la policía y militares que se extendieron por todo el país. Específicamente en Miranda, estos procedimientos mataron a cerca de 560 personas según una investigación del portal informativo Runrunes.

Desde 2014, Junior decidió abandonar la delincuencia. El hombre, a sus 38 años de edad, se convirtió en agricultor de tiempo completo y evangélico después de ver a los suyos atravesados por las balas o los machetes. Se quedó con el cultivo del cacao que, aun sin registro de tierras, pudo comercializar ampliamente.

“Nosotros sacamos el cacao para las cacaoteras de San José. De ahí lo transportan, lo seleccionan y lo llevan a la aduana para hacer chocolate. Yo no tengo carta agraria, por eso le pido a alguien que sí la tiene que me venda el cacao. No puedo tener estas tierras a mi nombre porque tengo problemas con el Gobierno (término utilizado para nombrar a la policía)”, indicó Junior en 2015.

La Policía del estado Miranda tenía el expediente de la banda de El Junior. A sus integrantes los buscaban por homicidio y secuestro. Un funcionario aseguró que el grupo era responsable de muertes dantescas, en las que fueron empleadas armas como sierras y machetes. Este fue el argumento que dio el agente de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que disparó al líder de la banda en febrero de 2019.

Ahora las plantas de Junior son trabajadas por su familia.

Cacao manchado

No todos los agricultores en Barlovento usaron el delito para obtener sus tierras. Se calcula que hay cerca de 1.500 productores en la localidad de Miranda, la mayoría de ellos con terrenos heredados desde hace más de 50 años.

El presidente de Asoprocave, Ciro Martínez, explicó en una entrevista de 2015 que la producción agrícola en la zona tuvo una disminución que se debió, en gran parte, por la ausencia de políticas de seguridad. “La producción de la zona bajó de 8.000 toneladas en 2012 a menos de 5.000 toneladas en 2014. En la zona siempre se han registrado hurtos de la semilla, pero sin violencia. Ahora hasta matan a los dueños de las haciendas y a sus jornaleros”, reconoció Martínez en ese año.

Guarda en los expedientes de Asoprocave el caso de un agremiado que recibió siete impactos de bala entre los matorrales de su casa, en el sector Perdomo del municipio Acevedo. Era 2014 cuando el hombre fue atacado después de descubrir a unos malhechores robando cacao. “Se salvó porque los vecinos salieron al escuchar los disparos y los ladrones prefirieron huir”, agregó. Señaló que la víctima sufrió el mismo modus operandi en tres oportunidades previas.

Después del ataque a tiros, un delincuente que vivía en su comunidad comenzó a pedirle al agremiado 6.000 bolívares fuertes (60 dólares al cambio paralelo de ese año) cada semana. El cacaotero se negó, pero las amenazas a su integridad y a la de su familia llegaban con frecuencia. Finalmente, tomó la justicia por su cuenta. “Le pagó a alguien de afuera para que lo matara”, confesó el presidente de Asoprocave.

Para los productores, la delincuencia es el principal problema al que se enfrentan. No solo les resta ganancia, sino también desmejora el trabajo de calidad. Las semillas arrebatadas son introducidas en el mercado formal y, aunque no están procesadas con los estándares internacionales, son vendidas al mismo precio de aquellas que sí cumplen con todos los requisitos. Esto hace que el tiempo de fermentación sea menor, restando calidad a la semilla, aunque ello no implique un daño para su consumo.

Freddy Padrón, productor desde hace más de 40 años, explica que esa es la forma en la que venden la semilla “los toberos”, como llaman a los delincuentes que roban o hurtan cacao de las haciendas, son aquellos que entran a las plantaciones y cortan la mazorca, algunos sin ocasionar daños a los productores.

Es un proceso más sencillo que solo lleva dos o tres días de trabajo, mientras que fermentar el grano implica alrededor de 15 días. Así se consigue el cacao fino de aroma del que tanto presume Venezuela.

En el mismo renglón de preocupación están los “pranes” o líderes de bandas organizadas. Estos aparecen como un ente de seguridad que promete proteger a los agricultores de “los toberos”. Para custodiar, cobran un porcentaje en cacao de la producción de su víctima o parte del efectivo de la venta del producto.

Según Acción Campesina, organización con 10 años de trabajo en el área, ambos tipos de delincuencia se ven en las zonas más alejadas de los centros urbanizados, como Río Negro, Pele El Ojo, Marcelo y Cumbo.

El Estado, específicamente la autoridad local, no tiene un mecanismo efectivo para detectar y erradicar esta irregularidad. La solución que implementó Héctor Rodríguez, al asumir la gobernación de Miranda en 2017, fue el reforzamiento de la seguridad en las vías. Es decir, alcabalas con funcionarios policiales y militares que revisan los camiones de carga y evalúan que los papeles estén en regla.

En la práctica, la medida acrecentó la extorsión policial. Ya no solo había una o dos oportunidades de “caer” en un punto de control. Desde 2018 se instalaron más de 10 puestos policiales o militares entre Caracas y Barlovento.

“Otro nivel delincuencial son las alcabalas. Cuando tienen la carga de cacao, la retienen y se obliga al dueño de la carga a darle un porcentaje de cacao para liberarle el resto de la carga. Eso es muy frecuente en todo Barlovento”, aseguró Heriberto Araujo, coordinador de proyectos de Acción Campesina.

Lamenta que este “mal de años” no se haya acabado. “Los productores hoy están profundamente vulnerados por bandas de delincuentes armados que actúan impunemente en las comunidades. Usan los caseríos como guaridas. Mantienen extorsionados a los agricultores, obligando a estos a entregarles parte del cacao que cosechan”, detalló el gremialista, quien exigió el restablecimiento de la seguridad.

El cacao sembrado por Junior, quien terminó muerto por balas policiales, termina en alguna comercializadora o exportadora. Lo mismo ocurre con el que “el tobero” saca en silencio de las haciendas y el que las bandas organizadas obtienen como garantía de protección.

¿Denuncia? Padrón asegura que en 2014 interpuso una demanda en la Fiscalía del municipio Andrés Bello. Allí le indicaron que llevarían a un fiscal a las haciendas para corroborar la situación, pero “se quedó así, dijeron que iban a hacer una inspección y nunca fueron”.

El gerente general de Asoprocave, Vicente Petit, usa otra expresión para evidenciar la impunidad con la que a los agricultores y comercializadores son despojados de lo suyo: “Uno no puede hacer nada”.

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Planta procesadora de cacao, ubicada en la vía entre Río Chico y Cumbo. Fue abandonada por la acción delictiva . Foto: Boris Vergara

Fuente

  • CONNECTAS
  • Creditos: Vanessa Moreno Losada –investigación y redacción–, Julett Pineda –asistente en investigación–, Gina Domingos ––, Alejandro Molina –video y montaje–, Ana Lucía Duque –edición CONNECTAS– , Carlos López, desarrollo web–, Boris Vergara –fotografía–, Jesús Hermoso –Edición Efecto Cocuyo–

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