En su laberinto

La politóloga Paula Orsini nos comparte más información y argumentos que sustentan su crítica mirada al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Publicado en la Revista Factum.

El 12 de febrero de 2019 fui invitada por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) a brindar una reflexión inicial en el marco de un foro que ellos organizaban, con el objetivo de evaluar las características del nuevo escenario político que se abría con la elección de Nayib Bukele para la Presidencia de la República.

En ese contexto, compartí un análisis que constaba de tres escenarios. El primero de ellos presentaba una hipótesis fatalista: nos encontraríamos con un presidente y un equipo sin interés en gobernar –en administrar el aparato estatal y su compleja burocracia–, sino completamente dedicado a la acumulación de poder y a la generación de nuevas correlaciones a favor del presidente y su entorno directo, aunque esto implicase socavar el ordenamiento jurídico existente. Indicadores de este escenario serían la ausencia de planes, el debilitamiento de los sistemas de registros y estadísticas, la nula transparencia, el estancamiento de los programas sociales y, en general, de todas las políticas públicas.

Un segundo escenario mostraba una hipótesis moderada: el nuevo presidente sí mostraría interés en gobernar –en administrar el sistema político vigente– y se valdría para ello de las reglas formales e informales del mismo, aprovechando las capacidades de “negociación” que tiene el ejecutivo (en un juego inventado por Arena y el FMLN) y el apoyo popular obtenido en la elección. El último escenario era optimista: nos encontraríamos con un presidente que aprovechaba la ocasión que presentaba el cierre del largo ciclo político de la guerra y posguerra (por primera vez, ninguno de los dos actores centrales del conflicto accedía a la presidencia), introduciendo medidas novedosas de política pública que abrían perspectivas nuevas y oxigenaban el sistema político salvadoreño.

A casi un año de haber asumido, el escenario que parece haberse impuesto indiscutidamente en todas las dimensiones del quehacer político y gubernamental ha sido el primero: un presidente obsesionado por acumular poder a como dé lugar, por más que para eso tenga que basarse en mentiras y difamaciones, en el desacato al orden constitucional, en el ridículo internacional y en el atropello de los derechos humanos, principalmente de las mayorías más pobres y postergadas.

Pero el presidente debería recordar que las mentiras tienen patas cortas.

Pronto, en algún momento, cuando salgamos de esta situación de cuarentena, se pondrán en disputa dos nuevos escenarios: en el primero de ellos, podemos imaginar una institucionalidad que vuelve lentamente a pseudofuncionar, dando respuesta (trámite al menos) a las exigencias de rendición de cuentas que tanto se han esforzado en evadir los funcionarios durante el período de excepción.

La presión social que ya empieza a sentirse –por ahora en la forma de pitidos y cacerolazos– de un sector de la población que viene en aumento (y que todos sabemos que ni en Santa Tecla, Mejicanos o la Zacamil viven ricos) expresa el hartazgo que causan la opacidad del gobierno (¿deberíamos ya decir corrupción?), los abusos de poder que promueve y el discurso de odio que enarbola contra todo aquel que tenga una opinión distinta.

En este escenario, el gobierno deberá responder –ante todas las instancias de control que establece la Constitución– quiénes se beneficiaron de las compras directas durante la emergencia, a qué precios fueron adquiridos los insumos –y si eran los indicados para proteger al personal de salud que se está jugando la vida en la primera fila–; si hubo defraudación al erario público y a la patria; qué sanción corresponderá al desacato presidencial si se confirma que lo hubo; qué sentencias deberán enfrentar los elementos de las fuerzas de seguridad que cometieron delitos durante la etapa de confinamiento; y cómo se saldará el perjuicio ocasionado a los miles de varados que siguen esperando, al menos, por un mínimo plan. Porque una cosa es aprovechar la excepción para actuar con rapidez y eficiencia evitando muertes y otra muy distinta es hacerse el vivo.

En este escenario, el gobierno del presidente Bukele tendrá la oportunidad de demostrar que si Flores tuvo los cheques de Taiwán, Saca la estafa de la Diego de Holguín y Funes El Chaparral, su gobierno no ha aprovechado la emergencia sanitaria para hacer su coronabusiness, con el agravante de que en este caso la moneda de cambio es nuestra vida, y que ahora la ambición es millonaria: serán cientos, miles, millones de dólares (pagados por el pueblo salvadoreño) los que habrá que auditar, para mostrar que no utilizaron la misma fórmula –vieja como la historia de la república– de mano dura por un lado y robo a manos llenas por el otro.

En su laberinto, cada día se acorta el margen de acción del presidente. Este callejón sin salida en el que se ha metido (oficialmente a partir del 9-F y que agravó la pandemia) se expresa en claros indicadores que todos podemos ver: por un lado, el planteamiento de falsas dicotomías (la vida o la salud; la salud o la economía; la prevención que justifica la represión, etcétera) que muestra –además de la incapacidad del gobierno para considerar todas las aristas del problema y pensar una respuesta integral– que todo el tiempo estamos empujados a escenarios que anulan la libertad, porque vuelven imposible la elección. ¿Prefiere pasar hambre o arriesgarse a ser llevado a un centro de detención, donde además posiblemente se contagie?

Otro indicador es el aislamiento cada vez mayor en que se encuentra el gobierno, agravado por un motivo impensable hace un año atrás: la estrategia de marketing político del presidente está fallando. Es notable el desmejoramiento en tan corto plazo, sobre todo luego de una campaña impecable. Con cada cadena nacional, el llamado “3%” crece. El recurso a las mentiras, a las fake news como relato oficial, a las difamaciones y agravios que se hacen desde cuentas del gobierno, a las campañas de ciberacoso montadas por troles en las redes y lo predecible que se vuelve el recurso de lanzar cortinas de humo como distractores para la opinión pública están mostrando su límite y, paradójicamente, están desgastando lo que hasta hace poco era su principal capital político: una estrategia de marketing con capacidad de generar apoyo masivo. Como bien dice la sabiduría popular, lo peor que le puede pasar a un ilusionista es que el público se dé cuenta de cómo funcionan sus trucos.

Pero, así como un escenario posible es el lento retorno hacia la disputa política dentro del escenario constitucional, puede existir también otro escenario: un escenario donde el gobierno (que, por cierto, saldrá muy golpeado de esta crisis) acelera el desgaste de lo que queda de orden “democrático”. Esta hipótesis se basa en la idea de que no hay situación más incómoda para esta administración que la “normalidad”: porque es allí donde la incapacidad se muestra más agigantada, producto de su desconocimiento del funcionamiento de la administración pública; del rechazo a expertos que lo puedan orientar; de la ausencia de un aparato partidario que le permita disponer de cuadros técnicos con experiencia en las distintas carteras de estado; y del hecho de que muchos de sus actuales ministros ya exigen con urgencia un cambio ante el fracaso de sus gestiones. Solo por citar un ejemplo, la reciente renuncia en pleno del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (constituido por organizaciones de un espectro ideológico amplísimo) es un escándalo. El lector podrá hacer el ejercicio de completar ese listado a su gusto.

En la “normalidad”, ANDA no puede garantizar que el agua cumpla los mínimos para consumo humano; Osiris Luna no puede justificar sus viajes; el plan de gobierno no existe; las políticas sociales no arrancan; el PIB ha quedado endeudado en más de un 90%; y la mayor apuesta del gobierno es un proyecto inmobiliario privado rebautizado como Surf City.

Si este escenario se consolida, seguiremos viendo señales de agravamiento de la violencia institucional y de despliegue de la fuerza militar –mucho más allá del cumplimiento de funciones vinculadas a la emergencia sanitaria– produciendo sistemáticamente nuevas amenazas a la frágil “democracia” que tenemos. Y lo más preocupante: esta situación ocurre recién acercándonos al primer año de gobierno.

Ante este panorama, es imperioso empezar a imaginar un frente grande, amplio, inclusivo, donde quepan todos los que al menos no quieran que el esplendor autoritario que se mostró el 9-F retorne. Serán nuevos actores y actrices quienes lideren esta conformación, que deberá estar atenta a no caer en el juego de los viejos clivajes de un pasado que ya no existe. Por el contrario, están llamados a inventar el «por-venir», ya que serán los encargados de animar la historia nacional durante las próximas décadas. Si febrero de 2019 marcó el cierre del sistema político que conocíamos; febrero de 2020 el intento de volver al esplendor autoritario; ¿qué podemos esperar de febrero de 2021? Haya o no elecciones (posibilidad ya enunciada por el presidente y el ministro de Hacienda), se acercan tiempos cruciales.

Este frente democrático que en el corto plazo habrá que construir podrá sorprender a más de uno, porque tendrá de chicha hasta limonada. La razón es sencilla: ningún actor cuenta hoy por sí mismo con la fuerza suficiente para actuar solo. Al menos en este momento inicial, todos y todas quienes quieran oponerse al eje autoritario deberían encontrar un lugar y sentirse incluidos.

No esperemos de este frente que consolide una nueva identidad política. No empecemos pidiéndole lo que no puede dar. Primero, porque ya aprendimos a sospechar de las identidades políticas como esencia, inmutables, eternas, exigentes de una lealtad que las más de las veces resultó ser complicidad. El frente que urge construir si avanza el escenario de desgaste “democrático” (agudizado materialmente por el hambre, el desempleo y la pobreza que puede profundizar la pandemia ante la falta de una respuesta planificada) no es un frente al que se le deba exigir que consolide una identidad política que permee y configure la cultura política salvadoreña de las próximas décadas, no. Es un frente para evitar el avance de la dictadura; evitar el atropello de los derechos; evitar la militarización total del país; y, de alguna forma, evitar el escenario que permita a las fuerzas represivas tomar nuevamente el control del estado. Porque, seamos serios: ¿cuánto puede durar Nayib Bukele en un escenario autoritario, antes de que los núcleos más duros y reaccionarios de las fuerzas armadas decidan tomar por su propia cuenta las riendas de la situación?

Se trata entonces de un movimiento para enfrentar ese momento, cuya sombra, sino comenzamos a actuar ya, crecerá cada día. La valentía demostrada por la UCA al denunciar públicamente la nula disposición del gobierno a dejarse asesorar y controlar en el uso excepcional de los recursos de la emergencia que nos pertenecen a todos no solo retoma una tradición santa –la de los mártires–, sino también señala un camino: hablar con verdad, abrir el espacio de la deliberación pública (porque el aislamiento no tiene por qué ser incomunicación); y, retomando al rector Ellacuría, plantear la exigencia de “desideologizar” la realidad: dejar de verla como nos la pintan, o cómo a nosotros nos gustaría que sea, para poder captarla en su novedad, para poder descubrirle sentidos actuales que nos ayuden a descifrar este aquí y este ahora como oportunidad para relanzar la historia en otra dirección.

Luego, y a partir de la diversidad de actores que se encontrarán, que convergerán en ese esfuerzo, habrá que dar los debates por el “por-venir”. En ese marco, quienes estamos convencidos de que El Salvador no tiene una “normalidad” aceptable y digna para todos y todas a la que valga la pena regresar, deberemos encontrarnos y radicalizar nuestras propuestas. Porque la pandemia de la COVID-19 abrió la posibilidad de poner todo el ordenamiento sistémico en discusión. De hacer nuevas todas las cosas. De patear la pelota fuera de la cancha, abandonando la pretensión de poner parches a un sistema que está estructuralmente viciado y podrido, y avanzar hacia alternativas que pongan en el debate público, al menos, la importancia de la vida y de lo comunal junto a la importancia de lo privado y lo público.

Desde esta perspectiva, que necesariamente entrará en disputa con otras, con las que no obstante podrá mantener algunos acuerdos, como el rechazo rotundo a la salida autoritaria, habrá que plantear que ya no se trata solo de cuidar la democracia (donde “el pueblo” tiene un rol imprescindible), sino también de cuidar la vida, es decir, de proponer una política que permita establecer una nueva relación con la naturaleza, con la creación, con nosotros mismos y con el medio que nos rodea, sin el cual se volverá cada vez más invivible nuestra propia existencia. Esto implica cambiar toda nuestra forma de pensar (¿y de sentir? ¿cuánta más inhumanidad aguantaremos?).

Implica, por ejemplo, empezar a ocuparnos del volcán que alberga la ciudad de San Salvador desde otras perspectivas que las del mercado inmobiliario. De los ríos, de la biodiversidad que permite nuestra existencia, de las semillas que permiten este equilibrio que nos hace vivir con relativa comodidad. Implica poner en el centro la necesidad de la soberanía alimentaria, porque en el país que habrá que proponer todos tenemos que poder comer tres veces al día. Porque vamos a necesitar tomar agua. Y porque vamos a necesitar circular libremente para hacer nuestras actividades artísticas, comerciales, culturales, espirituales, científicas, deportivas, afectivas. En esta cuarentena hemos visto que necesitamos proponer un nuevo reparto entre el tiempo de trabajo productivo y reproductivo y reconocer el valor (también monetario) de ambos. Que para ello hay que aplanar la curva espantosa de los feminicidios. Que nos urge diseñar tecnologías que nos permitan seguir habitando el corredor seco, que ya casi abarca todo el territorio nacional. Que es un acto de justicia elemental acabar con la epidemia de insuficiencia renal crónica. Que es imprescindible modificar la relación, tan desventajosa e inútil hoy, entre propiedad privada y formas de propiedad colectiva. Que sin trabajadores no hay riqueza.

Hoy, a más de sesenta días de cuarentena, todo esto ya no es tan difícil de imaginar. Ya está pasando. Cada día crece la conciencia de todo lo que necesitamos transformar para que nuestras vidas no sean la sucesión de una pandemia tras otra.

Escribimos mientras pitan los carros y suenan las cacerolas. Ojalá esto que por ahora es ruido, hecho por personas de carne y hueso que posiblemente votaron al gobierno pero que no quieren esta deriva autoritaria y fascistoide, orienten al presidente no hacia el callejón sin salida de la violencia, sino a desandar el laberinto y aprovechar los años que le quedan de mandato para honrar la memoria de su padre y la esperanza de la población que lo votó.

A nosotros nos queda seguir trabajando. Después de todo, esa es la única manera que conocen los topos para salir de un laberinto: yendo a la raíz de las cosas. Por abajo.

Fuente

  • Paula Orsini es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, máster en Estudios Políticos Aplicados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Políticas Públicas (FIIAPP) de España y egresada de la Maestría en Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Integra la Comunidad de Estudios Decoloniales de El Salvador.
  • Fotografía principal: Vista de San Salvador desde El Mirador. Flickr - Sebastian Oliva. Licencia Creative Commons.

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