Indicadores de la situación social actual en Venezuela

Anitza Freite, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello nos presenta un balance de la situación social en Venezuela.

Venezuela ha venido registrando la peor crisis de su historia republicana, producto del fracaso de un modelo político y productivo (socialismo del siglo XXI) y de la progresiva desinstitucionalización, en medio de un clima de conflictividad y polarización. Todo ello llevó a la situación de recesión económica y de crisis humanitaria que enfrentamos actualmente, después de haberse producido una bonanza de ingresos que no fue aprovechada por el régimen chavista para realizar las reformas estructurales que el país necesitaba a fines de encaminarse por un rumbo sostenible de desarrollo. Ese nuevo boom económico permitió el incremento del gasto público y, en general, la mejora transitoria de ciertos índices de bienestar, los cuales han venido revirtiéndose y remontándose a los niveles que se registraban en el país varias décadas atrás.

Dimensionar el impacto de esta crisis en el plano social ha sido posible gracias a la disponibilidad de información sobre las condiciones de vida de la población proveniente del proyecto ENCOVI[1], la cual ha permitido establecer el grado de empobrecimiento, no sólo en términos de la privación ocasionada por la pérdida de la capacidad adquisitiva en los hogares, sino también por el desmejoramiento en el ámbito de los servicios públicos, las condiciones del hábitat, los logros educativos, la seguridad alimentaria en los hogares y la seguridad ciudadana. Frente al cuadro de deterioro que mostraremos seguidamente, que bien configura esta situación de “crisis humanitaria”, vastos sectores de la población de todo el espectro social se han visto forzados a migrar para buscar en otros países oportunidades para atender necesidades esenciales y generar ingresos que ayuden a sostener la sobrevivencia de familiares en Venezuela.

1. Empobrecimiento absoluto luego del boom petrolero más fabuloso

El deterioro de las condiciones de vida de la población venezolana ha sido el mayor registrado desde el inicio de la era petrolera[2]. Una de las expresiones de esa pérdida de bienestar viene dada por el incremento sostenido de los hogares en situación de pobreza, luego de un lustro consecutivo de recesión económica. Considerando la medición de la pobreza basada en los ingresos, se ha venido alertando sobre la pérdida de pertinencia de este indicador en el contexto hiperinflacionario de Venezuela, porque ha dejado de discriminar la condición social, reportándose en 2017 que 87% de los hogares no percibían ingresos suficientes para cubrir las necesidades de la canasta básica, y para el 2018 esa proporción se elevó todavía más (94%) llegando probablemente a su techo.

A objeto de restarle peso al ingreso como determinante de la pobreza y discriminar mejor la situación social, toda vez que ella es producto de una multiplicidad de factores, se ha trabajado en la estimación de la pobreza multidimensional, la cual toma en cuenta 13 indicadores de privación relacionados con 5 dimensiones[3]. Bajo este enfoque se tiene que casi la mitad de los hogares se encuentran en situación de pobreza (51%). Indudablemente que la dimensión estándar de vida, al incluir la variable ingresos, es la que más contribuye en la determinación de la pobreza y, además, aumentó claramente su participación de 39% a 43% en los últimos dos años. Las dos dimensiones siguientes que más contribuyen tienen que ver con el aprovisionamiento de servicios (18%) y las condiciones estructurales de la vivienda (15%). Específicamente es de hacer notar el deterioro en la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable por acueducto, al punto que durante el año 2018 solamente en 29% de los hogares el suministro era diario cuando el año anterior esa fracción era del orden de 45%.

Del mismo modo se han intensificado las fallas en el servicio eléctrico reportándose que en 1 de cada 4 hogares diariamente se registran interrupciones por varias horas. Las dificultades que hay con el funcionamiento de estos servicios, por las deficiencias de todo tipo en la gerencia de las empresas que los ofrecen, ha significado alteraciones de la vida cotidiana al punto que han devenido en factores que impiden la asistencia regular a clases de niños, niñas y adolescentes.

Las estructuras de oportunidades no están distribuidas de manera uniforme en el territorio y ello tiene expresión clara en las discrepancias en la incidencia de la pobreza. El riesgo de ser pobre es dos veces superior en los hogares del conjunto de las ciudades pequeñas y zonas rurales del país si se compara con los hogares en el área metropolitana de Caracas.

Desde mediados de la década 2000, la política social del régimen chavista se organizó a través de las llamadas misiones sociales, conformando un menú amplio de programas sociales para atender cada demanda o problemática específica. Ante la profundización de la crisis económica, el deslave social concomitante y la ineficiencia de la gestión gubernamental, los programas de protección social van quedando reducidos a la misión alimentación, la cual comenzó creándose una red popular de abastecimiento de alimentos aunque, posteriormente, se ha concentrado en la distribución de un grupo de alimentos a precios subsidiados en los hogares. Ello es lo que se ha conocido como las bolsas o cajas CLAP[4]. Los resultados de las ENCOVI bien han mostrado el crecimiento de los beneficiarios de la misión alimentación (6,7 a 16,3 millones de personas entre 2016 y 2018) y, por otro lado, la pérdida de importancia de las misiones orientadas a la atención en salud, educación y vivienda, las cuales fueron estratégicas para el proceso revolucionario en su fase inicial.

Esa variación responde al enorme desabastecimiento de alimentos, agravado durante los últimos años por la caída de la producción nacional en razón de todos los desincentivos generados por las políticas económicas de los presidentes Chávez y Maduro y, en general, por la falta de seguridad en todos los órdenes en un país que ha vivido una profunda desinstitucionalización. La recepción de las cajas CLAP ocurre con una periodicidad al menos mensual solamente entre 43% de los beneficiarios, mientras que en una proporción similar no hay una periodicidad establecida.

No obstante, la crítica efectuada al gobierno por el uso de los programas sociales como instrumentos de control y para el proselitismo político, la ENCOVI no parece evidenciar que sea frecuente la exclusión de estos beneficios por la preferencia política. El último instrumento de control que ha implementado el gobierno nacional es el Carnet de la Patria. Según la ENCOVI’2017 en casi 75% de los hogares al menos uno de sus miembros tenía el Carnet de la Patria y para el 2018 esa fracción se elevó a más del 90%. De ningún modo puede interpretarse que el respaldo o aprobación de este gobierno pudiera llegar a esa magnitud, de manera que cabría interpretar que la población ha entendido que ese registro es necesario si se quiere tener acceso a ciertos bienes que pasan por los mecanismos distributivos del gobierno.

2. Inseguridad alimentaria

Teniendo en cuenta el factor de la periodicidad y además la composición de los alimentos incluidos, no pareciera que las bolsas o cajas CLAP representen la alternativa adecuada para atender los requerimientos alimenticios de una familia. Los resultados de las ENCOVI han venido revelando cómo la compra de alimentos se ha concentrado en arroz, harinas, tubérculos y en menor medida grasas. La adquisición de alimentos fuentes de proteínas de origen animal se han reducido considerablemente así como de leche y los derivados lácteos. La contracción en el consumo de estos productos causa perjuicio en la población infantil, las mujeres embarazadas y en período de lactancia y los adultos mayores, porque disminuyen la ingesta de micronutrientes esenciales. La capacidad de los hogares para encarar los efectos de la hiperinflación sobre la merma del poder adquisitivo se encuentra cada vez más disminuida, y ello se traduce tanto en el incremento de la percepción de la inseguridad alimentaria debida a la insuficiencia de los ingresos que ya es reportada por 9 de cada 10 hogares, como también por la escala de seguridad alimentaria (ESA)[5] cuya aplicación, basada en ENCOVI’2017, arrojó que la inseguridad alimentaria está presente en 81% de los hogares[6].

3. Aumento en los riesgos de muerte y retrocesos en la sobrevivencia

En materia de salud la situación también se ha tornado crítica porque se ha intensificado la pérdida de la capacidad operativa del sistema nacional de salud, afectándose la prestación de servicios de atención. Muchos hospitales funcionan en condiciones muy precarias por la falta de equipos e insumos médico-quirúrgicos y el déficit de profesionales en determinadas especialidades, debido a la emigración y la discontinuidad de algunos programas de postgrado es considerable, al igual que la escasez de medicamentos. Este cuadro, sumado al contexto ya descrito de empobrecimiento generalizado de la población y crecimiento de la inseguridad alimentaria, ha impactado indefectiblemente la morbilidad y mortalidad de la población. Ha crecido el número de casos de enfermedades relacionadas con las deficiencias nutricionales, así como la letalidad de enfermedades que requieren de un sistema inmunológico fortalecido para poder enfrentarlas adecuadamente. Correa ha reportado, citando cifras reveladas en un informe de la OPS (2018), que en Venezuela ha continuado el repunte de la malaria llegándose a más de 406 mil casos, cifra que supone una variación de 69% en el período 2017- 2018 y las muertes por malaria han podido superar la cifra de 40 mil en 2017. En ese mismo año la difteria alcanzó 1.040 casos con una letalidad de 14%, estimándose en 150 el número de defunciones causadas por la reemergencia de una enfermedad que ya había sido erradicada durante los noventa. Dado el contexto descrito es de esperar que los riesgos de muerte se hayan intensificado. En efecto, con base a los resultados de la ENCOVI’2017, Correa ha estimado la tasa bruta de mortalidad (TBM) en 8 defunciones por cada mil habitantes, valor que da cuenta de una sobremortalidad de 45% cuando se le compara con la TBM implícita en las proyecciones de población (5,6 por mil); y expresada en términos absolutos da cuenta de 74 mil defunciones[7]. Correa compara el incremento de la TBM obtenido a partir de la ENCOVI con las experiencias de otros países que han tenido crisis de mortalidad, encontrando que ha sido superior a lo observado en la Federación Rusa y Bielorrusia durante el colapso de la URSS y solamente superado por la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y Camboya.

Asimismo, con base a los resultados de la ENCOVI, Correa estimó la esperanza de vida en 70,5 años, ese valor representa una pérdida de 3,5 años, si se compara con la esperanza de vida derivada de las tablas de mortalidad usadas en las proyecciones de población, la cual representa la esperanza de vida al nacer estimada para Venezuela en un escenario sin crisis humanitaria. Ese retroceso en la esperanza de vida no tiene referentes en América Latina, solamente hay experiencias similares en el extinto bloque soviético después de su colapso.

4. Se revierten algunos logros educativos

Desde 1999 se registró en Venezuela una segunda masificación en el acceso a la educación, observándose un incremento apreciable de la matrícula educativa en todos los niveles de enseñanza. Ese proceso, donde nuevamente fueron sacrificados los aspectos sobre la calidad educativa, rápidamente se estabilizó y alcanzó techo en plena etapa de expansión económica, sin que se llevarán adelante cambios estructurales que le dieran sostenibilidad al aumento de la cobertura, hasta alcanzar las metas de universalización en el acceso a una educación de calidad en todos los niveles del subsistema de educación básica. Con la llegada de Maduro a la presidencia, en un contexto de prolongada y severa crisis económica y social, con altos índices de inflación, hay señales claras de reversión de los logros educativos alcanzados, en la medida que se están potenciando los riesgos de exclusión escolar en los sectores más empobrecidos, toda vez que la vulnerabilidad de muchas familias se ha incrementado y se impone la necesidad de que adolescentes y jóvenes se incorporen al mercado de trabajo. Por otra parte, la seguridad alimentaria de los hogares está cada vez más comprometida y el entorno comunitario en general se ha degradado si se toma en cuenta la precariedad de los servicios básicos y de la inseguridad personal. Las respuestas de políticas públicas del gobierno del presidente Maduro a través del relanzamiento de las misiones educativas y de toda suerte de bonificaciones para compensar la pérdida del poder adquisitivo en los hogares, no parecen ser suficientes ni adecuadas para retener a la población en el sistema educativo.

La serie de mediciones de la ENCOVI dejan ver la acumulación de las pérdidas de cobertura educativa entre 2014 y 2018, al variar de 78% a 70% la proporción de población de 3 a 24 años que asiste regularmente a un centro de enseñanza. Esa caída se ha producido en mayor medida entre los jóvenes de 18 a 24 años, quienes son los primeros en interrumpir su trayectoria educativa para incorporarse al mercado laboral y aportar al ingreso familiar. En esta situación de crisis nuevamente tiende a ampliarse el gradiente de variación de la cobertura educativa en función del grado de urbanización, siendo las zonas rurales y ciudades pequeñas donde hay más registro del abandono escolar porque se ha elevado el costo de oportunidad de permanecer estudiando.

Durante los últimos años la cotidianidad de la sociedad venezolana se ha visto alterada por todo tipo de eventos, desde las interrupciones de los servicios de electricidad y agua, las deficiencias en el transporte público, las huelgas y protestas en las calles, la falta de efectivo, las colas para aprovisionarse de distintos productos, pero además, en el caso de la población escolarizada, se añaden a esa lista otras razones que impiden la normalidad de la vida escolar, como es la falta de comida en los hogares y/o en los establecimientos de enseñanza, encontrándose así que hay cierta diferenciación social en la regularidad de las dinámicas escolares en la medida que ese tipo de factores señalados están más presentes en poblaciones más vulnerables, con lo cual se están reforzando las desigualdades y potenciando la exclusión educativa. Vale destacar que según la ENCOVI’2018, de la población de 3 a 17 años que asiste regularmente a un centro de enseñanza, solamente la mitad vive su cotidianidad educativa con aparente normalidad, mientras que para el otro 50% (y estamos aludiendo a poco menos de 3 millones de estudiantes) la asistencia a clases resulta bastante azarosa porque frecuentemente requieren sortear algún obstáculo. Efectivamente se tiene que, en el ámbito nacional, 28% de niños, niñas y adolescentes escolarizados faltan a clases alguna vez porque no hay servicio de agua, 11% por inasistencia o protestas del personal docentes, 15% por falta de servicio eléctrico, e igual proporción por protestas de calle, 17% por falta de transporte, 22% por falta de comida en el hogar, y 13% por falta de comida en el plantel educativo.

No es posible alcanzar un rendimiento escolar satisfactorio si se tiene hambre o fatiga debido a que las familias más pobres no disponen de recursos para proveer todas las comidas que se requieren. El Estado venezolano está incurriendo en una doble violación de derechos en la medida que no hay garantías sobre el derecho a la alimentación ni tampoco sobre el ejercicio del derecho a estudiar. A tales efectos, son insuficientes e ineficientes los programas sociales orientados a facilitar el aprovisionamiento de alimentos básicos como las bolsas CLAP. Es fundamental que se revise y fortalezca el Programa de Alimentación Escolar a objeto de garantizar que, diariamente, al menos se ofrezca una comida que contenga el balance nutricional y energético adecuado a la población infantil y adolescente. Con ello no sólo se contribuiría a reducir la inasistencia y la caída del rendimiento escolar, sino también a prevenir las enfermedades asociadas a carencias nutricionales.

5. El derecho al trabajo

La prolongada crisis económica que afecta al país igualmente ha tenido incidencia sobre el mercado laboral. Desde el punto de vista de la demanda de trabajo, se acusan los efectos acumulados de una serie de políticas dirigidas a regular, fiscalizar y penalizar la actividad productiva, a través de medidas de: expropiación e intervención de unidades productivas; controles prolongados de precios y de cambio; modificaciones de los instrumentos regulatorios (decreto permanente de inamovilidad laboral, elevación de los costos de despido, incorporación obligada de trabajadores tercerizados); constantes incrementos del salario mínimo establecidos en forma unilateral; entre otras. Con ello se ha creado un ambiente que no incentiva la inversión ni la creación de nuevos puestos de trabajo, por el contrario, fomenta el cierre de empresas, la destrucción del empleo y la caída de la producción nacional[8].

Como se mencionó antes respecto a la educación, muchos de los factores de la cotidianidad de esta crisis también han afectado las relaciones laborales debido a la escasez de productos básicos, la crisis de efectivo, las deficiencias en el funcionamiento del transporte público, las interrupciones en los servicios de agua y electricidad, todo lo cual redunda en ausentismo laboral, pérdida de la calidad de vida de los trabajadores y, por último, en una merma de la productividad laboral dentro de las empresas.

El nivel de participación de la población en la actividad económica había registrado una tendencia creciente en el período 2014-2017, variando de 53% a 59%. Para el año 2018 la tasa de actividad aparentemente disminuyó dos puntos debido a que pudo darse cierto trasvase a la inactividad en razón de un incremento en el orden de 500 mil pensionados/jubilados respecto al año 2017. Asimismo, luego de que la tasa de desocupación abierta se mantuviera poco sensible a la crisis económica, manteniéndose alrededor de 7-7,5% durante 2014-2016, se ha venido observando un incremento en el nivel de desempleo colocándose en 9% en 2017 y 10% en 2018. Este aumento en la desocupación ha sido más intenso entre la población de 15 a 24 años, cuyo nivel (23%) dobla el promedio nacional.

6. Inseguridad ciudadana

En medio de la severa crisis económica y social y del proceso de destrucción institucional agravado en los últimos años, también se ha conocido un incremento de la violencia y la inseguridad. Según las estimaciones de las tasas de homicidio elaboradas por el Observatorio Venezolano de la Violencia reportadas por Briceño-León y Camardiel, el número de homicidios por cada cien mil habitantes se elevó de 82 a 89 entre 2014 y 2017, posicionándose así Venezuela como el primer país más violento de América Latina y el quinto en el ranking mundial. Además de la mortalidad por violencia en general en Venezuela hay un crecimiento del delito[9]. La ENCOVI ha revelado que los delitos más comunes en la comunidad donde se vive son la venta de productos regulados con sobreprecio (bachaqueo) (60%), los robos y asaltos (34%) y la venta de drogas (24%). Además se ha reportado para el año 2017 que 22% de los encuestados había sido víctima de algún delito durante el año anterior, cuando la ENCOVI 2015 daba cuenta de 15%. La intensificación de la violencia en el país es un hecho percibido por 90% de los informantes, mientras que alrededor de 60% reconoce que la violencia ha aumentado en la comunidad, cifra que indica menor frecuencia pero no deja de ser muy alta.

La cotidianidad en Venezuela no sólo está alterada permanentemente por las condiciones que ya hemos señalado sino también porque se vive en condiciones de miedo. Ese temor de ser victimizados crece en la medida que las personas se alejan de su vivienda, de su calle o comunidad y van a otras partes de la ciudad o usan el transporte público. Bien han señalado Briceño- León y Camardiel que la consecuencia del miedo es la renuncia a realizar ciertas actividades o efectuarlas en determinadas horas en lugares que suponen riesgos. Ello ha significado “un retraimiento de la vida urbana y la limitación de las relaciones sociales”[10], afectando no sólo los niveles de sociabilidad sino también la economía. Al respecto vale destacar que la mitad de los encuestados en la ENCOVI’2017 han reportado que por temor a ser victimizados han cambiado los horarios o lugares de estudio/trabajo y alrededor de 70% han restringido las actividades de compras o diversión.

7. Migración forzada en tiempos de crisis

En otros momentos de crisis en el pasado, la población venezolana no percibía, como ocurre hoy, que su nivel de vida futuro estaba en riesgo y tampoco sentía que forzosamente debía migrar a otro país en la búsqueda de oportunidades para atender la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su grupo familiar. Por consiguiente, en esos años nunca se registró una escalada de la afluencia emigratoria de venezolanos hacia otros países como se viene observando en estos tiempos, particularmente desde el año 2015 hasta el presente. La crisis que vive la sociedad venezolana en todos sus órdenes responde al rotundo fracaso del régimen chavista y un intenso proceso de desinstitucionalización que ha vulnerado a todas las esferas de la vida ciudadana, incluyendo el ejercicio de los valores democráticos. En este contexto, las dudas frente al futuro no sólo han generado frustración, particularmente entre la población joven con educación universitaria, profesionales recién graduados, sino que ya ha transversalizado todo el espectro social, toda vez que la recesión económica y el fuerte proceso inflacionario ha significado el empobrecimiento generalizado de toda la población, como ya se ha dado cuenta en secciones precedentes. Este contexto adverso ha forzado a que muchas personas migren a otros países, ya no como una elección para buscar oportunidades de desarrollo personal y profesional que actualmente están negadas en Venezuela, sino como una alternativa para resolver los problemas de sobrevivencia que agobian la vida de los venezolanos.

Las estimaciones elaboradas por Naciones Unidas dan cuenta de una variación del stock en el período 2015-2017 de 606 mil a un millón 622 mil. Ello supone que en ese lapso salieron del país cerca de un millón 15 mil emigrantes, en tanto que la ENCOVI’2017 estaría dando cuenta de casi 815 mil emigrados en el período 2012-2017, siendo que casi 90% de esas emigraciones ocurrieron entre los años 2015 y 2017[11]. La ENCOVI’2018 ha acusado el incremento de la afluencia emigratoria ocurrida desde finales de 2017 y la mayor parte del año 2018, estimándose que aproximadamente 1,6 millones de personas dejaron el país entre 2013 y 2018. Esta emigración más reciente mostró cambios en su composición por lugar de destino: Colombia desplazando a Estados Unidos y a España como el principal receptor de población proveniente de Venezuela, y al mismo tiempo es un país de tránsito para el flujo migratorio venezolano que se dirige a países más al sur como Perú, Chile y Argentina.

Este proceso migratorio es inédito en la región latinoamericana, obligando a la comunidad internacional, en general, a activarse para ofrecer diferentes formas de apoyo a estos contingentes de población que están arribando en forma creciente a los países receptores. Dada la celeridad e intensidad de la afluencia de emigrantes venezolanos, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las Naciones Unidas están actualizando frecuentemente el stock de venezolanos en el exterior estimándose que al cierre de 2018 ya se remontaba la cifra de 3 millones[12].

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Notas

  1. El Proyecto ENCOVI surgió en el año 2014, de una alianza con investigadores de las universidades Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar (UCAB-UCV-USB), para hacer frente al cerco gubernamental sobre las fuentes oficiales de información. La navegación a través de los portales web de las instituciones responsables de la generación de estadísticas económicas y sociales permite constatar que, en términos informativos, se quedaron congelados en los años 2012-2014. En el seno de este proyecto, coordinado desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, hemos levantado cinco encuestas a nivel nacional para investigar las condiciones de vida de la población venezolana.
  2. España, L. (2018): “Del mayor nivel histórico de póbreza a la crisis humanitaria”. En A. Freitez (coordinadora), Espejo de la crisis humanitaria venezolana. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017. Caracas: Abediciones, pp. 27-40.
  3. Las dimensiones y los respectivos indicadores asociados son los siguientes: vivienda (precariedad de los materiales, tenencia insegura, hacinamiento); servicios básicos (carencia de saneamiento mejorado, carencia de energía y carencia de fuentes de agua mejoradas); estándar de vida (carencia de bienes duraderos, insuficiencia de ingresos); educación (inasistencia escolar, logro educativo insuficiente, rezago escolar); empleo y protección social (desocupación y precariedad de la protección social).
  4. Esas bolsas o cajas con alimentos son distribuidas a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), la cual es una de las diferentes figuras creadas por el gobierno nacional para la organización del poder popular.
  5. Para medir la seguridad alimentaria fueron incluidas seis preguntas en la ENCOVI dirigidas a captar información sobre: insuficiencia de alimentos por falta de dinero; insuficiencia de dinero para la compra de alimentos saludables; reducción del número de comidas al día; menos comida por insuficiencia de alimentos en el hogar; menos comida por escasez de oferta de alimentos en el mercado; presencia de adultos que se acuestan con hambre.
  6. Landaeta, M., Herrera, M., Ramírez, G., y Vásquez, M. (2018): “Las precarias condiciones de alimentación de los venezolanos.” En A. Freitez (coordinadora), Espejo de la crisis humanitaria venezolana. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017. Caracas: Abediciones, pp. 151-175.
  7. Correa, G. (2018): “Mortalidad general y esperanza de vida en el contexto de la crisis humanitaria de Venezuela”. En A. Freitez (coordinadora), Espejo de la crisis humanitaria venezolana. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017. Caracas: Abediciones, pp. 207-217.
  8. Marotta, D. (2018): “Las distorsiones del mercado laboral venezolano”. En A. Freitez (coordinadora), Espejo de la crisis humanitaria venezolana. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017. Caracas: Abediciones, pp. 109-125.
  9. Briceño-León, R., y Camardiel, A. (2018): “El impacto de la inseguridad en las condiciones de vida. La urbanización, la educación y la pobreza (2014-2017)”. En A. Freitez (coordinadora), Espejo de la crisis humanitaria venezolana. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017. Caracas: Abediciones, pp. 127- 150.
  10. Briceño-León y Camardiel, op. cit., p. 134.
  11. Freitez, A. (2018): “La emigración venezolana en tiempos de crisis”. En A. Freitez (coordinadora), Espejo de la crisis humanitaria venezolana. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017. Caracas: Abediciones, pp. 219-239.
  12. OIM (2018). Tendencias migratorias en las Américas. República Bolivariana de Venezuela. Septiembre 2018. Ver https://robuenosaires.iom.int/sites/default/files/Informes/Tendencias_Migratorias_ Nacionales_en_Americas__Venezuela-Septiembre_2018.pdf

Fuente

  • Maritza Barrios y Marcelinio Visbal (Ed.). (2019). Búsqueda de Alternativas Políticas a la Crisis de Venezuela. Seminario Internacional. Caracas, Venezuela: Publicaciones UCAB (2019)
  • Fotografías de migrantes venezolanos en tránsito a Colombia por el puente internacional Simón Bolívar en Cúcuta. Cortesía de George Castellanos.

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