La política de la venganza

Compartimos una voz anónima en Nicaragua que recoge el sentimiento de rechazo al régimen de Ortega que gritan los nicaragüenses.

Dicen que el 25 de febrero de 1990, al conocer que él y el Frente Sandinista habían sido derrotados en las urnas, Daniel Ortega repetía incesantemente “El pueblo no agradece”. Y así durante varios días. Estaba convencido que ganaría… y había perdido. “Si hubiéramos sabido que íbamos a perder, hubiéramos preparado el fraude”, confesó años después uno de sus más cercanos asesores.

Años después, aquel despecho seguía presente, y desde su regreso al gobierno en 2007 comenzó muy pronto a valerse de las instituciones y las leyes para aplicar todo tipo de arbitrariedades –incluida la muerte-, a sus adversarios, a quienes no le agradecían…

“No olvida la derrota de 1990, está pasándonos la cuenta”, decían quienes lo conocían más de cerca. En Nicaragua, “pasar la cuenta” significa vengarse.

Ha sido a partir de abril de 2018 que Ortega ha institucionalizado en todo el país la política de la venganza. A los rebeldes, a los malagradecidos, a los que no agradecen, a los que no se someten, a los que piensan diferente… Para esos hay censura, persecución, represión, torturas, muerte…

El 23 de mayo la Alianza Cívica convocó a un paro nacional en rechazo a la dictadura de Ortega. La ciudadanía respondió mayoritariamente, quedándose en sus casas. Hubo también un significativo apoyo de empresas y de comercios de todo tamaño. Antes del paro, el gobierno amenazó con multas a los bancos que cerraran sus puertas. Las abrieron, pero prácticamente nadie llegó. El paro lo protagonizó la gente.

En los días siguientes al paro, operarios del régimen comenzaron a girar órdenes de cierre a los comercios y empresas que cerraron el día 23 con cualquier excusa. Una nueva versión de la política de la venganza.

Más de 19 farmacias han sido cerradas por todo el país. Una es la Farmacia Morazán, la única que hay en San Ramón, un municipio de unos 30 mil habitantes, en el departamento de Matagalpa. Su dueña es Ada Luz Morazán, hermana del preso político y militar en retiro del Ejército Sandinista, Alfonso Morazán, excarcelado el 30 de mayo.

Alfonso Morazán fue capturado por la Policía en octubre de 2018 por haber participado en las protestas azul y blanco contra el régimen de Ortega. Fue llevado a El Chipote. Allí pasó varios días en uno de los calabozos de castigo, oscuro y caliente, tan pequeño que sólo se puede estar de pie, resulta imposible sentarse. “Es un cajón de muerto vertical”, dijo de él otro preso político que allí sufrió esa tortura. Después, Morazán pasó “55 días en calzoncillo tirado en las locetas de una celda, cubierto de zancudos”. Eso contó al ser excarcelado. De El Chipote, Morazán pasó a la Cárcel Modelo, en donde estuvo encerrado seis meses.

Su hijo, Yaser Morazán, uno de los jóvenes nicaragüenses más activos en las redes sociales, escribió después de saber del cierre de la farmacia de su tía este mensaje: “Esta gente nos ha agarrado como piñata: secuestraron, encarcelaron y torturaron a mi papá, tienen orden de captura contra mi hermana, obligaron a renunciar a su trabajo a mi hermano, dispararon a mi primo, exiliaron a todos mis hermanos y ahora le cierran el negocio a mi tía, la única persona que pudo ayudar a mi papá en su tiempo en la prisión”.

La farmacia Morazán abrió hace doce años en San Ramón. Con su amplio surtido de medicamentos beneficiaba a todas las comunidades cercanas. Con el cierre, quien a partir de ahora necesite medicinas tendrá que recorrer 12 kilómetros para encontrar la farmacia más cercana.

Los Morazán, simpatizantes históricos del Frente Sandinista y votantes por Ortega, no “agradecieron”. Se rebelaron contra Ortega en abril, reclamando derechos ciudadanos y pidiendo un cambio en el país. En consecuencia, se les ha aplicado la política de la venganza.

La política de la venganza se le ha aplicado a dueños de 32 fincas. Sus tierras permanecen invadidas por paramilitares, según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua. Se le ha aplicado a más de 300 médicos y médicas, despedidos de sus trabajos en el Ministerio de Salud por haber atendido a heridos durante las protestas o haber expresado críticas al régimen, según la Unión Médica Nicaragüense. Se le ha aplicado a un número incontable de empleados públicos que ha criticado la represión desatada por el régimen desde abril. Se le ha aplicado a 9 mil estudiantes que desertaron de la Universidad Nacional de Nicaragua, después de su expulsión o previendo que los expulsarían, por no estar de acuerdo con la falta de autonomía universitaria y la ausencia de libertad de cátedra…

La política de la venganza tiene a Nicaragua en una gravísima sumida en una crisis de derechos humanos, la mayor experimentada por el país en tiempos de paz.

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