La república de las injusticias

República Dominicana vive una crisis de impunidad. Mientras la Justicia demora la resolución de casos y conflictos, avanzaron los linchamientos: 202 en diez años. Reportaje de Indhira Suero Acosta para CONNECTAS.

En los últimos cuatro años, los tribunales dominicanos condenaron a 8.063 personas por robo aunque hubo un total de 95.575 denuncias por ese crimen. En ese tiempo, se denunciaron 6.665 homicidios, pero las autoridades no presentan cifras que indiquen cuántos de estos recibieron sentencia en el período que les correspondía. Mientras la Justicia demora la resolución de casos y conflictos, avanzaron los linchamientos: 202 en diez años.

A casi tres años de su asesinato, los familiares del segundo teniente Genaro Javier Araujo aun deambulan por oficinas judiciales. El 13 de mayo de 2016, en la comunidad Rincón de Yuboa, de la provincia Monseñor Nouel, Genaro se encontraba de servicio y conducía una camioneta policial. Recibió dos disparos mientras estaba dentro del vehículo, uno en la espalda y otro en la cara. Genaro llevaba 17 años de labor policial. Su caso aún no tiene justicia.

Ser policía en servicio no da garantías en la república de las injusticias.

1

Desde la muerte, la familia empezó un largo camino. Fueron a ver al Procurador Fiscal de la provincia Monseñor Nouel para que agilizara las investigaciones y señalara a los culpables del hecho, pero no recibieron respuesta. Luego, solicitaron al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, la designación de un fiscal particular para investigar el caso. Lo hicieron dos veces hace dos: el 14 de febrero y el 1 de mayo del 2017. Pero tampoco se hizo nada.

Cansados de esperar, el jueves 22 de noviembre de 2018 fueron a protestar frente a la Procuraduría General de la República. Mientras mostraban carteles en los que se veía el cuerpo ensangrentado de Genaro, pedían que designaran a un fiscal para que hiciera las investigaciones de lugar.

Representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acompañan en el proceso, se quejan de que a pesar de los numerosos esfuerzos ante la Policía Nacional y el Ministerio Público todo ha sido en vano. Según la legislación dominicana, el proceso debió terminar en máximo un año.

Lo que le pasó a Genaro, le ocurre a muchos: el año de su muerte hubo 1,616 denuncias por homicidios. Pocas avanzaron. Una muestra de la lentitud de la justicia en República Dominicana.

Entre las denuncias presentadas a la policía, la investigación que deben seguir los fiscales y, finalmente, el proceso de condena que recae en los jueces hay un problema: la lentitud, falta de coordinación y acceso. Esto hace que haya que esperar años por la justicia que, a veces, ni esperando llega. Los más pobres la pasan peor. Para que un caso avance no alcanza con los hechos, los testigos y el seguimiento. Hay que conocer el mecanismo para acceder o contratar abogados que lo conozcan, y eso dificulta el acceso a la justicia.

Muchos recurren a una idea de justicia por mano propia. Desde 2008 hasta mediados de 2018, hubo 202 linchamientos en el país, casi todos en comunidades al margen de Justicia y de todo lo demás. Lugares con altos índices de pobreza, como Tamayo; con falta de acceso a servicios básicos como Villa Mella; con elevados niveles de violencia como Santiago y San Cristóbal; con poco patrullaje policial, como Boca Chica o con un incremento del narcotráfico como Peravia. Un recorrido por esas localidades muestra la postergación.

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2017, expone que “más de tres cuartas partes de los hogares dominicanos consideran la delincuencia como uno de los principales problemas del país (76.6%)”. El mismo porcentaje consideró que la delincuencia se debe al desempleo, mientras que el 30.0% dijo que es por la pobreza y un 15.8%, por la falta de oportunidades para estudiar.

Las cifras demuestran que la percepción de la criminalidad empeoró. En Enhogar 2015, el 70% de los encuestados destacó a la inseguridad ciudadana como el principal problema del país.

Listín Diario, con el apoyo de la Iniciativa de Periodismo de Investigación para las Américas de ICFJ en alianza con CONNECTAS, presentó un total de 17 pedidos de acceso a información a la Policía Nacional, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, la Oficina Nacional de Estadísticas, la Procuraduría de la República, la División de Estadísticas Judiciales del Consejo del Poder Judicial, la Dirección General de Prisiones y al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario para conocer la cantidad de denuncias de robos y homicidios por año y saber cuáles de esos casos tuvieron condena.

2

Las respuestas muestran que la Justicia ni siquiera cuenta: no existen registros de cuáles denuncias terminaron en sentencias. La falta de cultura estadística en República Dominicana evidencia una carencia fundamental para analizar la gestión y tomar decisiones.

Además, se observaron las cifras de linchamiento recolectadas por el Departamento de Información y Estadística de la Policía y se construyó una base de datos propia de acuerdo a información publicada en los medios. Eso demostró que la poca respuesta y condena en hechos de robos y la lentitud del sistema judicial al juzgar homicidios tienen consecuencias fatales, como los linchamientos, en los que pierden culpables e inocentes.

Las estadísticas oficiales de Policía muestran 167 casos de linchamientos en el país desde 2008 y hasta mediados de 2018. Pero en esta investigación se identificaron 202 a nivel nacional al volver a sumar las cifras de Bahoruco, Barahona, Distrito Nacional, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, San Cristóbal, Santiago, Santo Domingo y Valverde. La mayoría ocurrió en comunidades de escasos recursos.

“La gente se cansó de llevar las personas a la fiscalía más cercana y ver que le ponen tres o dos meses (de prisión) y luego vuelven a lo mismo”, explica Zoila Martínez, la Defensora del Pueblo.

Las estadísticas de la Policía Nacional muestran que en 2017 se dieron los niveles más altos de linchamientos en los últimos tres años. El año coincide con la mayor cantidad de denuncias por robo (58,286) y menor número de personas condenadas por ese crimen (1,701). Desde 2008 a 2018, Santo Domingo encabeza el listado con 67, siguen San Cristóbal (27) y Santiago (18), luego el Distrito Nacional, con diez; y Duarte, con ocho. La Vega, Monte Plata y Barahona empatan con siete casos.

La mayoría de los linchamientos se dio en comunidades apartadas del centro de la ciudad y la principal causa que los genera es el robo. También hay casos en que fueron una respuesta por homicidio; asesinato de niños o niñas; violaciones e intento de violación, o violencia intrafamiliar. En algunas muertes, a la poca efectividad del sistema judicial y policial, se agregó el aumento de robos y homicidios y rechazo a los extranjeros.

En todos aparece una saña casi primitiva, visceral: golpes, disparos y heridas punzantes o pedradas, esas formas de asesinato las utilizaron en Villa Mella y en San Cristóbal. También queman vivas a las personas o incendian sus cuerpos luego de matarlas. Algunas veces, sacan a las víctimas de ambulancias, destacamentos policiales y centros hospitalarios, como ocurrió en Tamayo en 2015 cuando una multitud sacó de la sala de emergencias del hospital Julia Santana a un joven apodado Francis, y le quitó la vida tras acusarlo de un atraco.

Fallas en el sistema

En 2017 Mairobi Herrera, una mujer de 30 años de edad, fue víctima de robo en la ciudad turística La Romana. Dos individuos entraron a su casa en la madrugada y, apuntando sus pistolas hacia ella y su esposo, amenazaron con llevarse a su hija si no le daban todo lo que tenían. Ellos dieron dinero, celulares, electrodomésticos y equipos fotográficos. A pesar de que el hecho quedó grabado en cámaras de seguridad, la Policía no encontró a los culpables. Tampoco apareció nada de lo robado.

Mairobi insistió durante un mes con viajes a la Policía y la Fiscalía. Se encargó de buscar pruebas y posibles sospechosos. Nada de esto funcionó. Solo le quedaron pesadillas y angustia: “Es algo que nunca voy a olvidar. Me siento impotente”, dice.

La escasa sentencia para los robos se evidencia en las cifras. De 2014 a 2017, hubo 95,575 denuncias y sólo 8,063 personas condenadas a nivel nacional.

En el caso de las muertes, como las del oficial Genaro Javier Araujo, no podemos conocer cuáles de las 6,665 denuncias presentadas por homicidios entre 2014 a 2017 fueron condenadas: la Justicia no lleva un seguimiento de avance de casos.

No podemos saber eso, pero sí otras cosas.

En los primeros nueve meses de 2018, 237 personas murieron a manos de la delincuencia. Las personas juzgadas por homicidio fueron 5,797 de 2014 a 2017, pero puede que muchas de ellas hayan recibido condena en primer grado y luego haber sido liberadas tras una apelación.

3

Algo más que sabemos: el embudo en la Justicia en los casos de homicidios, robos y otros delitos, llena las cárceles de presos sin condena: 11,285 en el Modelo Tradicional y 4,588 en el Nuevo Modelo hasta el 10 de enero del 2019. A esto se suma el aumento de la violencia en las calles y la falta de conciencia del funcionamiento de la Justicia por parte de la propia Justicia: ni siquiera tienen estadísticas que permitan analizar el funcionamiento y la evolución de esos crímenes.

“Los tribunales no dan a basto. Un juez ve 30 o 40 casos diarios. Hay que promover salidas alternas, como mediación comunitaria, criterio de oportunidad y suspensión condicional, pero eso requiere un cambio cultural de los actores, porque al fiscal no se le forma para entender el proceso penal como última ratio”, sostiene la abogada y docente universitaria Orlidy Inoa.

En el caso de que atrapen a los culpables, las probabilidades indican que pasarían a formar parte de la montaña de internos bajo investigación en el Viejo y Nuevo Modelo Penitenciario que empezó a regir como plan piloto desde 2003 y modificó las reglas de juego, y que esperan mucho más del año que ordena la ley para ir a juicio. De 2014 a 2017, hubo 2,217 presos preventivos por homicidio en el sistema tradicional y 4,321 en el nuevo. Algunos de esos preventivos esperan su condena desde hace años.

Al finalizar diciembre de 2018, el Viejo Modelo presentaba un acumulado de 4,642 preventivos por homicidio y 5,215 por robo. La mayor cantidad en la Penitenciaría Nacional de La Victoria con 2,301 y 2,597 respectivamente.

En cierto modo, generalizan el problema de los preventivos.

4

Linchamientos

Con el más reciente caso de linchamiento ocurrido en Santo Domingo Oeste, el 8 de diciembre de 2018, la cifra va en aumento. Ese día, moradores del barrio Los Caballeros, en Pantoja, asesinaron al cabo de la Policía Emilio José Urbaez Encarnación al que “habían visto cometiendo múltiples asaltos en la zona”. También quemaron la motocicleta en la que viajaba junto a otro hombre que logró escapar de la furia de la multitud.

Según la Dirección Central de Investigaciones Criminales, el caso se encuentra “bajo investigación” y hasta la fecha hay una persona apresada.

Para estos reportajes, se examinaron en publicaciones de la prensa 67 casos de linchamiento y 53 intentos. Se escogieron estos casos debido a que proporcionaban detalles de lugar, nombres de las víctimas, entre otros.

5

En un recorrido por las comunidades de Villa Mella, Boca Chica, Santiago, San Cristóbal, Tamayo y Baní, la población se quejó ante la poca acción de la Justicia. En Villa Mella dijeron que en sus barrios el Estado se ausentó por completo: hay pocos policías, no hay iluminación, y desde hace más de 20 años reclaman el arreglo de sus calles y la instalación del servicio de agua. Además, temen al involucramiento de la Policía en los crímenes.

En Boca Chica, tanto nacionales como turistas, sufren por los robos continuos que quedan en nada. En Santiago, los remanentes de un linchamiento mantienen en agonía a la comunidad haitiana, mientras que negocios en otros sectores de esa ciudad cierran más temprano debido a la delincuencia.

Para la socióloga Tahira Vargas, la venganza es una práctica muy vieja en la sociedad dominicana y se fortaleció durante las dictaduras de Rafael L. Trujillo y Joaquín Balaguer. Vargas considera que al igual que en el resto de la nación, en San Cristóbal quedan restos de la cultura autoritaria heredada de los 30 años del régimen trujillista.

En Tamayo, la falta de conocimiento de los derechos hace que el homicidio de un joven se mantenga impune. En Baní, las víctimas de robo no creen en darle seguimiento a las denuncias. En todos esos lugares, los linchamientos e intentos de ajusticiamiento se mantienen constantes.

Las vivencias de vecinos, los casos que no llegan a denuncia, las denuncias que no llegan a condenas, las cifras sueltas de la Justicia y la poca respuesta del Estado, terminan en eso. Desde hoy, Listin Diario publica un reportaje en entregas de un recorrido por la república de las injusticias.

Fuente

  • CONNECTAS
  • Indhira Suero Acosta es periodista cultural, locutora y docente universitaria. Becaria Fulbright, con investigaciones sobre medios afroamericanos y nuevas tecnologías. Creadora de Negrita Come Coco, personaje web para promover la cultura popular dominicana y la afrodescendencia. Embajadora SembraMedia? en República Dominicana.
  • Este reportaje fue realizado por Indhira Suero para Listín Diario en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
  • Ilustraciones: Nathalie Rodríguez
  • Gráficos: Shawn Fok
  • Fotografía principal: Yonmauri Escanio, asesinado para robarle en 2018.

Comentarios