Nicolás Maduro: Las claves del nuevo Noriega

EE.UU pasó de proponer una recompensa de 15 millones de dólares para capturar al venezolano a formar un gobierno de transición que convoque a elecciones a finales de 2020. Es un camino distinto al que desalojó del poder al general panameño en 1990. Nota de Octavio Enriquez para CONNECTAS.

A finales de los años ochenta, cuando el general Manuel Noriega ejercía el poder en Panamá, agitó un machete desde la tribuna en que se dirigía a sus simpatizantes, profiriendo amenazas contra Estados Unidos. Lo habían acusado por narcotráfico en 1988 y finalmente lo capturaron dos años después, luego de una invasión militar que sorprendió al mundo. 31 años después de aquellos acontecimientos, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió con molestia la formulación de cargos realizada por el fiscal general William Barr, quien ofreció por información que llevara a su captura después de acusarlo de “narco terrorismo”.

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Imágenes tomadas de Yotube

En cadena televisiva, posterior al anuncio del Departamento de Justicia, Maduro empuñó sus manos y advirtió que sus enemigos, entre los que mencionó al imperialismo y la oligarquía colombiana, se enfrentarían a la “furia bolivariana” si atacaban a Venezuela, mientras sostuvo que tenían todo tipo de planes para enfrentar las amenazas. El venezolano Diego Arria, ex presidente del consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 1992 y ex secretario general adjunto de la ONU en 2007, siguió de cerca la noticia que suscitó interés en el mundo, pese a que fue divulgada en pleno desarrollo de la pandemia del coronavirus, que ha golpeado también a EE.UU con más de tres mil muertos hasta el cierre de esta nota.

“Su lenguaje fue el de un guapo de barrio, de un matón”, dijo Arria a CONNECTAS, desde República Dominicana. El experto consideró más seria esta acusación a Maduro que la realizada al militar panameño el cinco de febrero de 1988, cuando el gobierno estadounidense hizo público el caso, que fue llevado en Tampa y Miami, en el golfo de la Florida; una historia que terminó en diciembre con la operación “causa justa”, como se conoció a la invasión que duró poco más de un mes, hasta que agentes de la DEA apresaron a Noriega en la Nunciatura Apostólica, el 31 de enero de 1990.

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La diferencia con el caso del venezolano radica precisamente en los cargos, dado que, además del trasiego de estupefacientes, a Maduro se le imputa por terrorismo. Arria ha dado seguimiento a las acusaciones por la comisión de delitos de lesa humanidad contra el chavismo en la Corte Penal Internacional y considera que la asignación de una recompensa para la captura de Maduro complica su situación, su seguridad y puede redundar en un sentimiento de inseguridad en su círculo cercano

La Fiscalía de EE.UU. acusó a Maduro de ser el jefe del cartel de los soles, una organización que traficó 250 toneladas de cocaína al año, de acuerdo con la investigación realizada por la DEA, cuyas pruebas describen operaciones en los últimos veinte años también de lavado de dinero, lo que ha resultado en incautaciones por el orden de los 450 millones de dólares. La organización está formada por 15 miembros, entre quienes se encuentra el presidente del poder judicial Maikel Moreno, el ministro de defensa general Vladimir Padrino, el vicepresidente para asuntos económicos Tarek Al Aissami y dos miembros del directorio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Aunque en estos días proliferen las comparaciones entre Maduro y Noriega, imputados por narcotráfico en el sistema de justicia norteamericano, es poco probable que corran el mismo destino. Cuatro días después del anuncio del Departamento de Justicia, el secretario de Estado, Mike Pompeo, le propuso a Maduro un gobierno de transición, que sería integrado  por cinco miembros y en el que no participaría ni Maduro ni el presidente encargado Juan Guaidó, líder de la oposición, pero que convocaría a finales de este año a elecciones. Eso marca una diferencia con la invasión militar que desalojó del poder al general panameño en 1990.

La situación interna es también distinta. Según la información que puede leerse en el sitio web del ex embajador Guillermo Cochez, antes de la invasión, Noriega fue objeto de dos intentos de golpes de Estado: uno en marzo de 1988 y otro en octubre de 1989. También hubo un intento presidencial por destituirlo cuando se conocieron los cargos formulados por los estadounidenses, lo que revela la débil cohesión interna que lo sostenía.

En sentido opuesto, las fuerzas armadas en Venezuela parecen hasta ahora estar bajo control del régimen, pese a la oposición que enfrenta Maduro, acrecentada por las denuncias de violaciones a derechos humanos y la destrucción de la economía. El propio general, Vladimir Padrino, otro de los imputados por narcotráfico por el que EE.UU. no pidió recompensa, calificó de burda patraña “en el rincón más oscuro de sus miserias que delatan a gritos que algo no anda bien en su carrera por la reelección”, refiriéndose a la situación de ese país que este año votará la continuidad o no de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

Precisamente por ser un año electoral, la presión a Venezuela es un acto de búsqueda de respaldo entre la comunidad de venezolanos en Estados Unidos, igual que en los cubanos y nicaragüenses.  Sin embargo, el tema doméstico interno de la pandemia del coronavirus ocupa la agenda principal y Trump lo sabe. En estos días, la crítica que le hacen es que ha convertido sus comparecencias, informando sobre la enfermedad, en una especie de reality.

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Con el número de muertos y contagios en alza, tanto que la Casa Blanca estimó que los próximos meses serían dolorosos pues se espera que las muertes alcancen los 100 mil y 240 mil, es poco probable que el Presidente de Estados Unidos se aventure a una escalada militar en la región. De hecho, el gobierno de Trump se ha enfocado en presiones económicas con Venezuela y concretar el aislamiento, lo cual ha significado que Maduro no sea reconocido por 54 países como gobernante legítimo. Atrás quedó la visión del antiguo asesor de seguridad, John Bolton, quien en marzo de 2019 advirtió que los días de Maduro estaban “contados”. La salida luce ahora como más diplomática.

Esta nueva idea de intervención es conceptualmente distinta a la del pasado, pero Estados Unidos continúa siendo protagonista. Según el libro “El Continente Olvidado”, una historia de la nueva América Latina, escrito por Michael Reid, editor senior de The Economist, el intervencionismo marcó la política de Estados Unidos hacia la región. Entre 1898 y 1934,  el autor registró alrededor de 30 intervenciones en nueve países de América, todas en las Cuenca del Caribe.

La propuesta de Pompeo puede ser contraproducente para el interés del desalojo de Maduro del poder y provocar un mayor atornillamiento del venezolano, quien asumió el poder el 13 de abril de 2013 tras el fallecimiento de Hugo Chávez. El mismo Reid en su cuenta de Twitter lo dijo de esta manera, al conocerse la imputación contra los chavistas por tráfico de drogas en EE.UU.: “De esto queda claro que la administración Trump no está interesada en ningún acuerdo político en Venezuela. Es muy posible que hayan aumentado la longevidad de la dictadura de Maduro”.

La presión diplomática, que ha logrado que 54 países no reconozcan a Maduro como presidente, seguirá sin importar la reacción del gobernante. En este orden, el primer aviso fue la reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien mantiene una agenda crítica contra esa administración.

Trump nominó además al embajador Carlos Trujillo, quien ocupó el cargo en la OEA desde 2018, al cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Este último ha dado seguimiento a la situación de Nicaragua y conoce el caso de Venezuela y Cuba, países que integran una “troika de tiranías en la región” a los que Washington cuestiona.

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En contraste con la presión judicial que prometió garrote contra Maduro, Pompeo presentó el plan para la integración de un gobierno de transición, sin la participación de Maduro ni el presidente interino, Juan Guaidó. Ese órgano formado por cinco miembros permitiría la realización de elecciones libres a finales de 2020.  A cambio, EE.UU. levantaría las sanciones impuestas que Maduro califica como criminales en el discurso oficial, mientras cuestiona a los “cowboys” de la administración estadounidense. 

Hasta ahora, las sanciones han sido en general un mecanismo de presión usado por la comunidad internacional contra el gobierno venezolano. Según el analista venezolano, Moisés Naím, 184 funcionarios venezolanos han sido castigados por EE.UU., Canadá, la Unión Europea, Suiza, Panamá y países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). A través de Cancillería, Maduro ya rechazó la propuesta de Pompeo, diciendo que jamás aceptarán el tutelaje de una potencia extranjera. En una escalada de las tensiones, acompañado del secretario de Defensa, Trump anunció el primero de abril pasado la más grande operación , enviando buques de guerra frente a costas venezolanas para proteger “al pueblo americano de la escoria de los narcóticos ilegales”.

El jefe del Pentágono, Mark Esper,  sostuvo que “el régimen ilegítimo de Maduro se beneficia del tráfico de drogas”, en plena sintonía con la judicialización del caso de Maduro. Esa acusación abre la ventana a un endurecimiento de lo que se puede esperar contra el régimen, por mucho que los voceros de este, como el vicepresidente Jorge Rodríguez, a última hora haya prometido colaboración con la operación que llevará a cabo el Comando Sur.

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La acusación contra el venezolano, cuyo proceso legal inició en New York, Miami y Washington, conlleva también un golpe mayor a su imagen deteriorada en la comunidad internacional. Como dice Arria, el nombre de Maduro se une a un club de criminales buscados por Estados Unidos, entre los cuales se cuenta grandes narcotraficantes y terroristas de gran escala.

La mayor recompensa que la justicia estadounidense ofreció contra alguien fue de 25 millones de dólares por Osama Bin Laden, el principal dirigente de la organización terrorista que perpetró el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 y que fue eliminado casi diez años después en una operación militar en Pakistán supervisada por Barack Obama.

En la actualidad, junto a Maduro se puede encontrar al número dos de Al Qaeda, el médico egipcio Aymán az Zawahirí, por el que ofrecen el mismo monto de su jefe asesinado; al narco mexicano Rafael Caro Quintero, por quien dan 20 millones de dólares más. El monto de la recompensa por el venezolano es mayor incluso que lo que un día ofrecieron por Joaquín “el Chapo” Guzmán: 8.5 millones de dólares.

Las recompensas diferenciadas, dado que EE.UU. ofreció diez millones de dólares por información que conlleve a la captura de Diosdado Cabello y de los generales retirados Hugo “el pollo” Carvajal y Cliver Alcalá Cordones, abren la oportunidad de que los miembros de la red acusada por EE.UU. negocien un mejor trato con la Fiscalía y terminen de abrir la caja de pandora de una organización que tenía años de generar comentarios sin que se supiese a profundidad el nivel de contactos que tenía en el palacio de Miraflores. Los primeros casos ya se están dando en ese sentido. Mientras Carvajal está en proceso de negociación de entrega a la justicia estadounidense, el segundo lo hizo en Colombia donde incluso dio una entrevista asumiendo que un extraño arsenal, recientemente incautado por sus autoridades, era para la “liberación de Venezuela” según el relato publicado por la revista Semana.

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“Con Maduro todos saben dónde están, dónde lo pueden ubicar. Eso hace que tengan un mayor temor, porque hay algo para mí fundamental: El hecho que el poder judicial haya judicializado este acto significa que todas las acciones que puedan tomar para atrapar a estos acusados es legal”, explica Arria.

El especialista opina que el sistema de justicia de Estados Unidos es independiente y no como ocurre en Nicaragua o Venezuela donde son parcializados. Más bien cree que la decisión de la justicia estadounidense se basa en que finalmente se reunieron las pruebas y, si alguna lectura política puede hacerse de sus implicaciones a futuro, es que estos 15 jerarcas chavistas acusados han salido de cualquier tipo de juego político, dejando el espacio para la toma del poder, en la que pueden participar los militares como ha ocurrido en la región en innumerables ocasiones.

Cuando en 1990 Noriega fue arrestado por EE.UU., el país centroamericano había transitado durante 21 años por una dictadura precisamente militar, un período iniciado con el general Omar Torrijos en 1969 y que terminó con el general del machete. Arria se encontraba en New York, Estados Unidos, cuando ocurrió la detención del conocido militar de su país. Ese instante quedaría mezclado en su memoria con las bravuconadas del dictador, quien murió en prisión a sus 83 años en 2017. La llegada de buques a las costas de Venezuela suponen una escalada en las tensiones, pero aún falta mucho para ver si finalmente Trump repite lo actuado por George Bush padre en 1990.

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Fuente

  • CONNECTAS
  • Octavio Enriquez es periodista nicaragüense. Editor de CONNECTAS y miembro destacado de su Comunidad Periodística. Ha podido escribir en varios medios de su país, por ejemplo, el sitio web Confidencial, además de colaborar con publicaciones en España, México y El Salvador.
  • Fotografía principal: Flickr - Matt Niemi. Licencia Creative Commons.

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