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  •   Enero 25 de 2017

No hay cárcel para tanto preso

Con más de 80 muertos al comenzar el año en cárceles brasileras, Latinoamérica se debate entre tres opciones para desactivar la bomba de tiempo en que se ha convertido el tema carcelario.

La situación carcelaria en América Latina está llegando a límites insospechados. Masacres, hacinamiento, horrores. Un problema estructural al que no se está prestando suficiente atención. En el norte de Brasil sonó la más reciente señal de alarma: la primera semana del año ocurrieron dos episodios sangrientos en dos cárceles del país, en donde fueron asesinadas 89 personas en motines.

El primero de los dos motines ocurrió entre el 1 y el 2 de enero de el Complejo Penitenciario Anisio Jobim en Manaos, capital de Amazonas, donde murieron 56 personas. Las investigaciones señalan que se trató de un ataque orquestado por el poderoso grupo de Río de Janeiro Comando Vermelho y ejecutado por algunos miembros de sus aliados, la pandilla Familia do Norte, contra otro de los grandes grupos criminales del país, el Primeiro Comando da Capital de Sao Paulo.

El segundo tuvo lugar el pasado 6 de enero, cuando una aparente venganza se llevó a cabo en la Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo, capital de Roraima, dejando un saldo de 33 personas asesinadas.

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Fotografía: Flickr - oswaldo. Licencia Creative Commons.

Las autoridades locales pidieron apoyo a la Fuerza Nacional a través de un grupo elite de la policía, para solucionar la situación momentáneamente. El recurso se convierte en paños de agua tibia para una enfermedad más grave que viene corroyendo el sistema carcelario brasileño hace años. Los reos de las cárceles de Brasil, el cuarto país con más presos en el mundo (después de Estados Unidos, China y Rusia), viven en hacinamiento, y no son los únicos.

Al enterarse de los motines, el presidente Michel Temer prometió construir cinco nuevos centros penitenciarios para criminales de alta peligrosidad, lo cual constituye una política represiva y no preventiva, como recomiendan varias de las organizaciones de la sociedad civil brasileña.

Brasil no es un caso aislado. Según un informe del Centro Nacional para los Derechos Humanos de México, publicado en octubre de 2015, casi la totalidad de los sistemas penitenciarios de América Latina tiene situación de sobrepoblación critica “con densidades iguales o superiores al 120% de su capacidad”. Allí se presenta un cuadro de 2013 por países de América Latina, en el que Brasil está apenas en el noveno lugar, después de El Salvador (que lidera la lista con un 334%), Bolivia, Perú, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Panamá.

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En el reportaje “El infierno extraordinario de las cárceles para pandilleros”, publicado a finales de 2016 por el medio salvadoreño El Faro se presentan las condiciones infrahumanas en las que viven los presos que van a las cárceles destinadas exclusivamente para pandilleros, como parte de las medidas extraordinarias implementadas por el gobierno del actual presidente Salvador Sánchez Cerén, como política para combatir el crimen.

Enfermedades como tuberculosis, contrastadas con falta de atención médica, poco abastecimiento de vestimenta y alimentación, paupérrimas condiciones de higiene y problemas de seguridad, son algunas de las condiciones que atentan contra los derechos humanos que se sufren dentro de las paredes de los recintos penitenciarios. Puede haber hasta 130 personas en celdas con capacidad para 28, y un baño que deben ocupar 350. Sin embargo, entidades de control y asistencia internacional, como la Cruz Roja, no tienen acceso a estos recintos.

Bolivia, que ocupa el preocupante segundo lugar, alcanzó en 2016 su propio récord, llegando a tener 15.200 personas privadas de su libertad, por lo cual se ha presentado un proyecto de indulto presidencial. Según un informe publicado en junio de 2016 solo el 31% de los presos tienen sentencia condenatoria y el resto tienen detención preventiva.

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Fotografía: Flickr - Javier Rubilar . Licencia Creative Commons.

Por su parte en Colombia, que ocupa el puesto número 10 después de Brasil, un informe de la Contraloría General de la Nación señala que la situación en el país es incontrolable y que ha empeorado en los últimos 20 años, pasando de 10% de sobrepoblación en 1995 a 54% en 2016.

El informe, enviado a la Corte Constitucional, fue evaluado y dio como conclusión que las cárceles están en “estado de cosa inconstitucional”, que quiere decir que hay una “violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales en las prisiones del país”.

De vuelta a Brasil, donde hay alrededor de 656.000 personas detenidas, pero espacio para 400.000, el sistema penitenciario presenta otro problema, no menor: funciona en condiciones de desigualdad. Según el diario New York Times, los criminales con alto perfil económico gozan de mejores condiciones que aquellos que no tienen recursos para pagar abogados.

“No sorprende que quienes tienen la mayor probabilidad de ser asesinados en prisión sean los hombres negros”, señala el artículo, que también hace mención a cómo la justicia brasileña hace caso omiso a la recomendación de no privar de la libertad a aquellas personas que comenten delitos no violentos o que son capturados con drogas, que son los más comunes en las prisiones.

Las declaraciones de la directora de Human Right Watch en Brasil, María Laura Canineu, señalan que entre 2004 y 2014 la población en las cárceles de Brasil aumentó en un 85% y culpó a las políticas de encarcelamiento del país, que considera demasiado estrictas.

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Fotografía: Flickr - Gabri Solera. Licencia Creative Commons.

El Papa Francisco se cuenta entre quienes aboga por una respuesta estructural a esta crisis y se manifestó después de las masacres de la primera semana del año, haciendo un llamado al gobierno brasileño para que las cárceles sean espacios de reinserción social y no de potenciación del crimen.

Mientras Brasil se decanta, por ahora, por la construcción de más centros de reclusión y mayor inversión en infraestructura, sin plantearse un cambio del modelo de prisiones, el presidente Barack Obama, a dos semanas de su traspaso del mando de la Casa Blanca, defiende la “urgencia” de cambiar el sistema penal de Estados Unidos. El jefe de Estado saliente solicitó, en un artículo académico de 56 páginas publicado por el Harvard Law Review, acabar con un “interminable ciclo de marginación y castigo”, y poner fin a un encarcelamiento masivo que cuesta millones de dólares a las arcas del Estado. Fue una de las apuestas de cambio de su gestión que no pudo llevar adelante.

Y en la región una cárcel de Uruguay apuesta por la dignificación de la población confinada y por ganarla hacia el emprendimiento: una tasa de reincidencia inferior a 3% es el resultado de este esquema punitivo. Una alternativa intermedia que otros países de la región, acosados por la violencia y el hacinamiento en sus penitenciarías, bien pudieran considerar.

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