¿Qué pasó con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala? Entrevista a Iván Velásquez

¿Por qué Jimmy Morales y la élite política del país no quieren a la CICIG en Guatemala? Iván Velásquez, el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo explica en esta entrevista de Knut Henkel para Nueva Sociedad.

El mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) terminó el 3 de septiembre, debido a que no fue prorrogado en agosto de 2017 por el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales Cabrera. La CICIG había iniciado un proceso contra él por financiación ilegal de campañas y acaba yéndose del país luego de 12 años. ¿Qué conclusiones saca de este proceso?

Creo que la CICIG ha sido una experiencia muy interesante e instructiva. Por supuesto, ha habido una dura y, en última instancia, exitosa resistencia por parte de todos aquellos contra los que hemos investigado y de aquellos que tenían miedo de las investigaciones. Eso llevó al fin de la CICIG y, en este sentido, el final del proceso puede describirse como una oportunidad perdida para Guatemala. Pero opino que esta es solo la mitad de la verdad, porque en las últimas elecciones al Congreso vimos que las condiciones han cambiado, al menos en el Parlamento: las nuevas fuerzas políticas, pero también los viejos partidos comprometidos con la democratización, han tenido éxito. Espero que este sea el comienzo de un lento proceso de transformación.

La CICIG fue considerada como un modelo para toda la región. ¿Qué se puede aprender de su experiencia?

Los países de América Latina no están condenados a la corrupción ni a la impunidad. El principio de que nadie está por encima de la ley ha ganado nueva credibilidad en Guatemala a través del trabajo conjunto de la CICIG y la Fiscalía General. La corrupción y la impunidad en el nivel institucional se han reducido gracias a toda una serie de demandas. Esta es una experiencia central de la CICIG. Sin embargo, la población debe decidir en qué dirección quiere ir.

¿Está la población en condiciones de hacerlo? En Guatemala, en Honduras o incluso en su país natal, Colombia, una gran cantidad de información falsa está circulando e influye sobre la opinión pública, no solo antes de las elecciones.

Se trata de un problema grave: la población no está bien informada. En Guatemala siguen apareciendo noticias falsas. Un ejemplo: durante la campaña electoral, hubo repetidas advertencias de una amenaza del comunismo. Esta información falsa fue una carta de triunfo del bando conservador. Pero también se han utilizado noticias falsas para detener las investigaciones de la CICIG o para cuestionar progresos en el Ministerio de Justicia.
Hay un paralelismo con Colombia. Aquí, en vísperas del referéndum sobre el Acuerdo de Paz entre las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el gobierno, se difundieron toda una serie de noticias falsas, que finalmente contribuyeron a que la mayoría votara en contra del Acuerdo. Por ejemplo, hubo noticias falsas que sostenían que el Acuerdo de Paz pondría las relaciones entre personas del mismo sexo al mismo nivel que el matrimonio. Varios millones de votantes de la Iglesia católica y de las iglesias evangélicas votaron en contra de la firma del Acuerdo de Paz. Esto no hubiera ocurrido en una sociedad mejor informada y educada. Necesitamos una educación mejor y más democrática en América Latina.

¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación en este contexto? ¿Qué experiencia han tenido usted y la CICIG en Guatemala?

Hemos tenido buenas experiencias con los medios impresos en Guatemala. La situación es diferente con la televisión y la radio. A menudo están en manos de unas pocas empresas y son responsables conjuntamente de la difusión de noticias falsas y de la falsificación de la verdad. Las redes sociales tienen también un rol importante para los políticos y empresarios dudosos. Este es un problema que no debería subestimarse fácilmente.

¿Cómo se puede contrarrestar esto?

En principio, necesitamos no solo la independencia de jure, sino también la independencia del Poder Judicial, tanto interna como externamente. Es un problema estructural que requiere reforma. La CICIG ha tratado de iniciar este proceso. Tanto en el plano constitucional como en el de la formación, estamos comprometidos con el fortalecimiento del principio de la independencia del Poder Judicial. Esto es esencial si queremos avanzar en la lucha contra la corrupción. Hoy, la lucha contra la corrupción juega un rol importante en el discurso público, pero en la práctica está progresando lentamente.

¿Qué papel puede jugar una comisión de la Organización de las Naciones Unidas como la CICIG en este contexto? Tuvo un éxito enorme en Guatemala, pero finalmente fracasó debido a las estructuras existentes dentro del país. ¿Son necesarias nuevas estrategias?

El desafío central es la democratización de la sociedad. El objetivo debe ser establecer un Estado de derecho social y democrático. En este contexto, el Poder Judicial es solo un elemento. Puede contribuir a este proceso, pero no puede ponerlo en marcha por sí solo. Un sistema de medios de comunicación independiente y una sociedad participativa y comprometida son igualmente importantes. Solo la interacción de estos tres factores hace posible la transformación de una sociedad clientelista y corrupta en una sociedad democrática. Una comisión como la CICIG puede aportar visiones a este contexto, procesos de apoyo. Sin embargo, estos procesos deben ser aplicados por las instituciones locales y la sociedad que los respalda.

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¿Qué papel juega Estados Unidos en el estancamiento de estos procesos en Guatemala?

Durante los últimos años, Estados Unidos ha reducido continuamente su apoyo a la CICIG. Desde mi punto de vista, esto es un gol en contra, porque el aumento del número de migrantes es una consecuencia directa de la corrupción omnipresente en Guatemala. Solo un ejemplo: en Guatemala casi la mitad de todos los niños están crónicamente desnutridos. Esta realidad lleva inevitablemente a la gente a buscar mejores condiciones de vida y, por lo tanto, muchos emigran. Otro factor que alimenta la migración es el tráfico de drogas. Regiones enteras y sus instituciones están controladas por las bandas de narcotraficantes. Esto se demuestra por el hecho de que de las 1.400 toneladas de cocaína que se introdujeron de contrabando a través de Guatemala en Estados Unidos en 2017, solo 1% fue confiscado por la Policía y el Ejército, según cifras oficiales.

Dadas estas circunstancias, sería lógico un cambio en la política de los Estados Unidos. Pero parece muy lejos.

A finales de 2015 y principios de 2016, la CICIG tenía estatus simbólico intocable en Guatemala. El presidente Jimmy Morales, que prestó juramento en enero de 2016, había sido elegido como un «luchador» contra la corrupción y quería prorrogar, incluso con antelación, el mandato de la CICIG por varios años. Luego, la Fiscalía y el CICCIG investigaron a miembros de la familia del presidente y la situación cambió. ¿Fue un error estratégico?

No, si hay un consenso básico de que nadie está por encima de la ley, entonces este consenso básico debe ser aplicado en la realidad. Las excepciones tendrían un efecto devastador tanto interna como externamente. Para mí, dejar a los poderosos sin tocar no es una opción para el cálculo político. Ese habría sido un paso atrás en las mismas estructuras contra las que estamos luchando y, por lo tanto, una violación del mandato de las Naciones Unidas.

¿Es la CICIG una víctima de su propio éxito?

Sí, por supuesto. La presión sobre la CICIG aumentó cuando presentamos las investigaciones sobre la cooptación, es decir, sobre la captura de las instituciones estatales por parte de estructuras corruptas. Círculos influyentes acordaron tomar acciones conjuntas contra la CICIG porque se sentían amenazados. Habían comprendido que no eran intocables como en el pasado. Habríamos sido tolerados si nos hubiéramos quedado en el nivel medio de la política y del sector económico de ese momento. Pero una vez más: nadie está por encima de la ley.

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