Quedarse en casa aumentó el riesgo de sufrir violencia

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres consultadas para esta investigación advierten un incremento de los niveles de crueldad y letalidad por parte del agresor en contra de las mujeres. Nota de María José Martínez para CONNECTAS.

Como un virus que se expande sin control, y con pocas medidas, la violencia doméstica, basada en género, está acabando con la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el mundo sin importar su origen, credo, condición social u orientación sexual. Es la pandemia en la sombra, la guerra que se libra en silencio, como la califica ONU Mujeres.

Antes que la humanidad quedara confinada por la propagación del coronavirus, una de cada tres mujeres sufrió violencia a lo largo de su vida, según datos del organismo.

Los resultados de los estudios señalan que alrededor de 243 millones de mujeres, entre 15 a 49 años, padecieron violencia sexual o física por parte de su pareja en el último año, “una violación de los derechos humanos que también conlleva un costo económico de 1,5 billones de dólares”, afirma ONU Mujeres.

Así que cuando los Estados respondieron a la emergencia sanitaria mundial y pidieron a la población quedarse en casa para evitar contagiarse por el COVID 19, olvidaron las alarmantes cifras oficiales y llamados de las organizaciones de la sociedad civil, quienes advertían que el hogar sigue siendo el lugar más inseguro.

Desde el confinamiento, mujeres y hombres fueron afectados por mayores niveles de ansiedad y depresión, tal como advierten especialistas consultados en esta investigación. En el caso de las mujeres, la vulnerabilidad fue mayor. Las víctimas quedaron atrapadas con su agresor en ambientes que se hicieron cada vez más hostiles y conflictivos.

En consecuencia, la violencia se intensificó y las denuncias o llamadas relacionadas con violencia doméstica se incrementaron, de manera dramática, a medida que las economías colapsaron y el desempleo creció en el mundo. La situación también aumentó dramáticamente para los sectores más empobrecidos de la sociedad que se quedaron sin la garantía de un sustento diario, en el caso de América Latina.

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Violencia en el mundo

Los primeros reportes de violencia de género registrados desde el mes marzo en países de Europa, como Reino Unido, reportaron un aumento del 65% de las llamadas de emergencia, solo en un fin de semana. Una situación muy similar a lo vivido en Francia, Alemania, y otros continentes, como reportó la ONU.

Como efecto dominó, el aislamiento obligatorio en la mayoría de los países de Latinoamérica significó un incremento de la carga de trabajo en los hogares, aunado al cierre de escuelas, y de las afectaciones de los diversos sectores de la economía. En particular para las mujeres en la región, quienes antes dedicaban entre 22 y 42 horas semanales a las actividades del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Ahora en casa dedican el triple del tiempo que hacen los hombres a las mismas tareas, de acuerdo con el informe La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Bajo este escenario se dieron situaciones de violencia que, posteriormente, escalaron a niveles mortales donde agresores y feminicidas fueron principalmente parejas o exparejas de las víctimas, en la mayoría de los países latinoamericanos.

“En Ecuador, Uruguay y Perú este tipo de femicidios supera 85% del total en el país”, indicó Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de la CEPAL en el informe América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales e impacto en la vida de las mujeres.

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Respuestas de los Estados

Durante el confinamiento mundial, los Estados pusieron en marcha la reactivación de servicios permanentes las 24 horas del día, y siete días a la semana, para brindar apoyo psicológico y legal a las mujeres tanto de manera virtual como telefónica.  Sin embargo, los datos recabados en esta investigación muestran que la mayoría de los poderes ejecutivos dieron prioridad a la atención de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, por encima de los riesgos que enfrentan mujeres y niñas y adolescentes durante la aplicación de las medidas de aislamiento obligatorio.

La mayoría de las decisiones para crear algunas estrategias que atendieran de manera más oportuna a las víctimas, se dieron luego de los primeros reportes de violencia en países como Argentina y Chile. En otros fue evidente la ausencia de planes especiales.

De allí el llamado de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, quien exhortó a los Estados a tratar el tema de la violencia de género como un asunto de salud pública con la misma importancia con la que se atiende la otra pandemia, el coronavirus. La advertencia tenía como antecedente la experiencia de otras crisis sanitarias en el pasado como, por ejemplo, lo sucedido durante la crisis del ébola en África, donde mujeres y niñas experimentaron mayores tasas de violencia física y psicológica en el seno de sus familias, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

António Guterres, secretario del organismo, manifestó su preocupación por el “estremecedor repunte global de la violencia doméstica” y por los “centros para víctimas de violencia de género cerrados”. En consecuencia, “instó a todos los gobiernos a que la prevención y la reparación en los casos de violencia contra las mujeres sean una parte vital de sus planes nacionales de respuesta contra el COVID-19, así como asegurar “que los sistemas judiciales sigan enjuiciando a los maltratadores”.

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Agresores fueron más crueles

Investigadores y organizaciones defensoras de los derechos de la mujer consultadas para esta investigación coinciden en que los diversos casos de violencia registrados en la cuarentena mundial, muestran un aumento de la crueldad por parte de los agresores en contra de las víctimas.

“Es un incremento que hemos visto como el extremo de la violencia, de someter a la otra persona a un tratamiento violento sobre su cuerpo, hacerle padecer torturas, o ponerlas en una bolsa de residuos, porque tiene que ver con la forma en que el agresor considera a las víctimas, como un desecho”, indicó Marta Fernández Boccardo, autora del libro Mujeres que callan y efectos en la subjetividad femenina.

A juicio de Fernández Boccardo, especialista en temas de género, el escenario empeoró para las familias y parejas con antecedentes de conflictos, quienes fueron sorprendidos por la pandemia.

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Algunos indicadores reportados en la investigación

En países como Puerto Rico, Colombia y México las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres han insistido, en años anteriores, en pedir que se declare la emergencia nacional por la violencia contra las mujeres para exigir políticas públicas que aborden de manera contundente las denuncias de abuso sexual, trata de mujeres, desapariciones, entre otras múltiples formas de violencia.

Entre los datos recopilados en esta investigación, realizada en 21 países de habla hispana y Brasil, se detalla el aumento de las denuncias por abusos sexual contra menores de edad en países como Cuba, Perú y Colombia. En especial, hacia poblaciones pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y en edades menores de 15 años.

Tal como lo señala la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos en su informe COVID-19 en la vida de las mujeres,  “el confinamiento hace que las niñas estén más expuestas al abuso y la violencia, a lo que se adiciona el riesgo de abandono y exclusión escolar post pandemia”.

Los reportes diarios de abusos sexuales dentro de las parejas fueron muy frecuentes en Costa Rica, según datos de la organización Casa de las Mujeres, una ONG que brinda apoyo a víctimas en ese país.

En Brasil, expertas observaron una mayor letalidad en los ataques con “armas blancas” en momentos de confinamiento. El uso de cuchillos, tijeras, dagas y objetos de perforación de una manera más cruel por parte del agresor fueron frecuentes en los casos que  recibió el Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer de Río de Janeiro y también por las instituciones y ONGS defensoras de la mujer.

En México, mientras el Ejecutivo aseguraba que la violencia machista se había reducido en el tiempo de aislamiento, las organizaciones reclamaron por la muerte violenta de 1.641 mujeres, de las cuales el Estado reconoce solo 211 feminicidios entre marzo y mayo de 2020 por las diferencias de criterios legales.

Otra de las situaciones que se vivieron en la cuarentena fue la pérdida de espacios que las mujeres habían conquistado en el pasado, como ocurrió con casas de refugio en Bolivia, en Santa Cruz, destinadas para brindar asistencia a mujeres víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus parejas. En cuarentena, el lugar fue sustituido para la atención de personas afectadas por el COVID-19.

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La aplicación de las medidas de aislamiento obligatorio que restringen la movilidad de las personas incluso por género, día y hora, como en el caso de Panamá, donde las mujeres solo podían salir determinados días y horas, dejó que muchas quedaran golpeadas y confinadas con su agresor, porque no le correspondía salir ese día.

En Argentina, donde se contabilizaron 82 asesinatos hasta finales de junio, según las organizaciones Mujeres de Negro y Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaL?á), las víctimas fueron afectadas por la falta de refugios temporales.

En Puerto Rico, Cuba y Chile, además de otros países, organizaciones de mujeres registraron casos de violencia obstétrica en contra de embarazadas que quedaron incomunicadas y a quienes se le obligó a tener sus partos sin la compañía de algún familiar, como consecuencia de las medidas sanitarias aplicadas por la emergencia.

En España, de acuerdo con el Ministerio de Igualdad, durante el estado de alarma —entre el 14 de marzo y el 31 de mayo— las llamadas de ayuda recibidas a los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género registraron un alza del 41.4%, con respecto al mismo periodo de 2019 y las consultas online por correo electrónico se han incrementado un 450.5 %.

En Guatemala, datos del Observatorio de la Niñez de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez evidencian que, entre enero y junio de 2020, fueron asesinadas en el país 54 niñas. Entre ellas 24 por armas de fuego, 18 ahorcadas, seis asesinadas por arma blanca; tres niñas decapitadas y otras tres estranguladas.

En Honduras, la recientes reformas al Código Penal para reducir las penas de algunos delitos como el femicidio y violencia doméstica mantienen encendido el debate en la opinión pública para un país que, en 2019, cerró con 390 femicidios, según organizaciones de la sociedad civil.

El confinamiento tampoco impidió que las mujeres venezolanas siguieran expuestas a la trata de personas con fines de explotación sexual, en especial, migrantes venezolanas que se han movilizado huyendo de la crisis en su país, por parte de grupos irregulares armados del lado venezolano, aún sin identificar, de acuerdo con datos de Observatorio de Género del Norte de Santander y otras organizaciones que atienden a comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Estos y más son algunos de los hallazgos que dejó esta investigación realizada en 21 países.

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La investigación

Violencia contra las mujeres: la pandemia invisible es una investigación transnacional y colaborativa que abarca a 21 países de habla hispana y Brasil.

Al respecto, se reconoce que, dentro de las violencias basadas en género que sufren miles de mujeres y niñas, se incluyen a mujeres transgénero y personas intersex. Sin embargo, en el caso de este estudio la investigación se delimita hacia la situación padecida por las mujeres en el entorno familiar.

El estudio reconoce como violencia en contra de las mujeres todos aquellos actos que menoscaben o transgredan la integridad física, moral, psicológica, sexual y patrimonial de las mujeres, niñas y adolescentes durante el tiempo de confinamiento mundial.

Para ello, se valoraron las muertes de mujeres que perdieron la vida de forma violenta, de acuerdo con el reconocimiento que hacen las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en cada país y en contraste con los datos de los Estados que evalúan los feminicidios en correspondencia con el marco jurídico de cada país.

Dentro de las violencias descritas en esta investigación que abarcan la física, psicológica, sexual, económica o patrimonial también fueron valoradas otras como la violencia obstétrica, que la sufren las mujeres durante el tiempo de maternidad. De igual forma, la violencia política que impide a las mujeres ejercer sus derechos políticos en libertad; la violencia religiosa descrita por algunas organizaciones defensoras como el acoso, hostigamiento y persecución en contra de las mujeres por sus creencias religiosas y la violencia institucional que, a criterio de las organizaciones, la ejerce el Estado por omisión o por tratos de forma abusiva por parte de funcionarios públicos.

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Los testimonios

Esta investigación ofrece un retrato periodístico de lo ocurrido en el tiempo de cuarentena mundial respecto a la violencia contra las mujeres. Los testimonios que se relatan se hicieron con el objetivo de proteger la dignidad e integridad de las víctimas y sobrevivientes. Por tal motivo, se reservan los nombres, apellidos y ubicaciones más específicas sobre las afectadas. A excepción de los casos de feminicidios que han sido públicos y notorios, cuyos testimonios incluyen entrevistas a familiares y conocidos de las víctimas.

Los nombres descritos son seudónimos para proteger la confidencialidad de las víctimas. También en algunos casos, por petición de las organizaciones, se reserva el nombre de las instituciones que les brindaron apoyo o llevan sus expedientes en la actualidad.

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Los datos

La ausencia de cifras oficiales sobre la situación de violencia en contra de las mujeres es una deuda institucional que mantienen los Estados con las víctimas y organizaciones que las defienden. Son estas quienes alertan que muchas de las violencias que ocurren quedan por fuera y en subregistros.

En primer lugar, porque son pocas las víctimas que se atreven a denunciar o buscar ayuda: menos del 40%. Mientras que quienes sí deciden hacerlo representan menos del 10% que acuden a la policía. En segundo aspecto, por las propias trabas en las instituciones para investigar y publicar los reportes oficiales, de manera actualizada.

En aquellos países donde existe acceso a la información pública las cifras fueron comparadas con el registro que también llevan las organizaciones civiles, quienes en determinadas situaciones consideran casos de violencia como femicidios o intentos de femicidios cuando se atenta contra la vida de una mujer, pero que para algunas instituciones pueden ser solo homicidios o lesiones leves, tal como ocurre en Perú o  en México, entre otros países.

Por su parte, en los Estados sin acceso a la información libre, el diagnóstico de la situación se apoyó en los datos recopilados por diversas ONG que traten temas de violencia relacionados a la mujer.

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Fuente

  • CONNECTAS
  • Ilustraciones de Pierre Daboin y Johnny Lain.
  • Fotografía principal: Flickr - Galo Naranjo. Licencia Creative Commons.
  • El equipo. Esta investigación reunió a un equipo profesional en el área de la comunicación conformado por 36 personas, quienes se capacitaron en violencia de género y machista para el abordaje de la información. Entre ellos se encuentran periodistas (26), ilustradores (6) y infógrafos (4), quienes trabajaron de manera colaborativa desde 14 países.

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