Regulados en Cuba, prisión a cielo abierto

Ser hombre y activista político se convirtió en un riesgo de primer orden en La Isla. Así lo revela un documento que detalla el perfil de 245 personas a quienes les han prohibido salir del país desde enero de 2019. Reportaje de You Suárez para CONNECTAS.

873. Esos son los días que el periodista Osmel Ramírez lleva sin poder salir de Cuba. Las fronteras del país son barrotes, la Isla una prisión a cielo abierto. Está regulado.

En noviembre de 2017 agentes del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE), la policía política que castiga a quien disienta del Partido Comunista, registraron su casa en Mayarí y decomisaron los medios con que reporta para diarios independientes. Lo encarcelaron tres días.

Días después recorrió 900 kilómetros en bus hasta el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Chequeó sin contratiempos su boleto a Perú, donde viajaría a un taller de periodismo, pero en la caseta de control de frontera le dijeron que no podía viajar. Artistas, religiosos, comunicadores, activistas. 245 residentes en Cuba fueron o siguen regulados desde enero de 2019 al 22 de marzo de 2020 por motivos políticos.

“Te regulan y no sienten obligación de comunicarlo. Es una violación tajante al derecho a la libre circulación”, dice Osmel en referencia al Artículo 13 de la Declaración Universal de DDHH que defiende la libertad de salir de cualquier país, incluso el propio, y poder regresar.

La ley cubana prohíbe dejar el país por estas causas: purgar sanción o estar en medio de un proceso penal, durante el Servicio Militar, por razones de Defensa y Seguridad Nacional, ser parte de fuerza laboral sensible para el desarrollo social y científico técnico, o por “razones de interés público”. Sin embargo, desde hace poco más de una semana, todos los cubanos tienen regulada su salida no por motivos políticos sino por el avance del Covid 19, pandemia que al cierre de esta nota llevaba 170 casos positivos.

En tiempos normales y ante la falta de independencia de los tribunales pocos denuncian la arbitrariedad, pero Osmel denunció, e insistió cuando fingieron “que la queja se había extraviado”. Y consiguió una respuesta de la Fiscalía General de la República. “Dos fiscales la leyeron. Se negaron a dármela, para no dejar pruebas –sostiene. El documento, evidentemente entregado por el DSE, decía que ´por la naturaleza del delito´ no podían devolver mis medios de trabajo ni resolver la regulación”.

Osmel preguntó cuál era su delito. “No he sido juzgado ni se me ha informado”. Y ripostaron las fiscales: “Este no es el marco apropiado para responder esa pregunta”. Luego el DSE lo citó varias veces para “negociar” la regulación. Lo dejarían salir si firmaba “un compromiso de ser agente encubierto, primeramente, o al menos no participar en política opositora”. La izquierda democrática, facción en que milita Osmel, es un movimiento ilegal. “Según ellos soy un líder potencial, y no pueden arriesgarse conmigo -apunta. Debe ser una estrategia, elevarte el ego para entrarte y que firmes. Como no acepté sigo regulado indefinidamente”.

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Ilustración: Boca de Lobo

Osmel siente “gran impotencia” por “lo desprotegidos que están los cubanos frente al gobierno y su policía política. No hablan de ley, derechos o libertad, solo de amenazas y coacción”.  Y pocos conocen esto como Yoaxis Marcheco. Desde el exilio Washington, USA, roba tiempo a su periodismo, al pastorado y a ser madre de dos adolescentes para actualizar “la lista negra” de regulados, mes tras mes. Escruta noticias y aprovecha la amplia red de colaboradores del Instituto Patmos, oenegé pro DDHH que fundó y coordina con su esposo aún tras partir de Cuba en 2016.

La paciencia de ambos fructificó: su directorio de regulados lo usan medios, informes, y entidades dentro y fuera de la Isla. En 2018, cuando empezaron, la lista fue entregada el 13 de julio al Departamento de Estado de EEUU. “Aquella primera versión incluía 52 nombres para ser expuestos en conversaciones bilaterales con representantes de Cuba, los mismos que se negaban a escucharnos directamente”, cuenta Yoaxis viendo caer la nieve. “Incorporamos nombres, al menos un apellido, y lugar de procedencia del regulado”. Un año después, en julio de 2019, la lista casi se triplicó: tenía 130 casos.

Al empezar, Yoaxis pretendía llevar una lista en tiempo real, que sumara y retirara nombres según fuera aplicada o retirada la restricción. “Pero es un trabajo complicado y mi tiempo es complicado también -dice-, todo lo que hago por Cuba es de forma voluntaria”. Entonces abrió el espectro.

La lista vigente recoge a aquellos regulados, al menos una vez, en 2019 y hasta marzo de 2020, y a los que llegaron en tal condición de años anteriores. Ese inventario, completado con las ocupaciones y ámbitos donde fueron reguladas las víctimas, ofrece un mapa revelador del fenómeno.

245 casos recogidos por Yoaxis hasta marzo de 2020 fueron verificados independientemente para este reportaje. Del total, la mayoría (96) está en La Habana. Ni sumando las siete provincias que le siguen se llega al número de la capital.

Asimismo, los hombres (145) sufren las regulaciones más que las mujeres (100). Entre las ocupaciones, los activistas políticos (150) son el blanco principal de la medida represiva, después están los comunicadores (61), y los líderes religiosos (15). Para José Raúl Gallego, académico cubano residente en México, es lógico que tanto activistas políticos como periodistas sean mayoría entre los enlistados. Cree que “son los dos sectores que de manera más abierta se enfrentan al poder, que más incómodos le resultan”.

El comunicólogo e investigador de temas como libertad de expresión y constitucionalidad en el castrismo, subraya que “en el caso de los comunicadores constituyen una amenaza para un sistema totalitario que necesita controlar el flujo de información, y este grupo de personas se lo están disputando”.

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Los regulados recurren a todos los métodos de lucha pacífica posibles. Foto: Instituto Patmos.

La lista negra, la resistencia

Sucede que, parafraseando a Roberto Saviagno, el silencio sobre las regulaciones no existe. Existe el murmullo: notas de prensa, tuits denunciantes, informes con cierta frecuencia. Se ha vuelto fisiológico. Y cuando todo se vuelve fisiológico ya nadie es consciente de ello.

Pero un suceso, en julio de 2019, puso ojo sobre esas arbitrariedades. Álida León y Moisés de Prada, frente a la Liga Evangélica y Asambleas de Dios, respectivamente, supieron que estaban regulados antes de tomar un vuelo. Ambos habían cuestionado la nueva constitución comunista y recibían la reprimenda.  Ya antes el gobierno aplicaba la medida a activistas pro libertad religiosa y líderes de iglesias no legalizadas, pero esta era la primera vez que iba contra dos inscritas en el Registro de Asociaciones.

El Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, aquel suceso como muestra de “la naturaleza intolerante del régimen de La Habana”. Y así, el tema de los regulados entraba a la escena política internacional. Un periodista extranjero preguntó al canciller cubano, Bruno Rodríguez, por los ciudadanos a quienes se les limitaba la libertad de movimiento. El funcionario dijo no saber por qué pasaba eso.

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Impedir la salida del país a los incómodos no es nuevo en la Revolución. Autores marginados en los 60 y 70 lo testimoniaron. Pablo Armando Fernández indicó en el libro Junto a las voces del designio que después de 13 años, en 1980, pudo “recuperar” su “pasaporte y viajar a Estados Unidos”. El novelista Humberto Arenal, declaró en 2013 a la revista Palabra Nueva que desde 1970 le fue prohibido salir. “Tuve dos invitaciones –narró-: a Estados Unidos y a Polonia. No me dejaron ir”.

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Ilustración sobre la regulación en Cuba. Crédito: Boca de Lobo

La Asociación Pro Libertad de Prensa documenta esa clase de arbitrariedades. Su presidente, José Antonio Fornaris, recuerda la existencia del Permiso de Salida o Carta Blanca, implantado por la Revolución como instrumento para permitir o no viajar. “Esto era una gran cárcel a cielo abierto”, cree. Toda la población dependía del mismo permiso, como niños a expensas de un padre posesivo.

Es ese sentido, la Reforma Migratoria de 2013 fue un hito. Salía de la ecuación la Carta Blanca, y para viajar los cubanos solo pagarían pasaporte, ticket aéreo y visa. Pero ya en 2018, el Instituto Patmos denunciaba las regulaciones como un “retroceso”, pues volvía a suceder lo mismo contra los “regulados, como evidente represalia política o discriminación por similares motivos”.

Fornaris coincide en que la muerte de Fidel y la salida paulatina de Raúl Castro de los principales cargos de poder hace necesarios ciertos movimientos para la pervivencia del régimen, ahora en manos de Miguel Díaz Canel, el primer “no histórico”. Para ello se está combinando un “atornillamiento” legal, a través de una nueva constitución, y mayor represión. Regular es oprimir.

Pero, ¿qué persiguen las ascendentes y constantes regulaciones? Veintidós defensores de DDHH, comunicadores y artistas en la isla y el exilio, fueron encuestados para este reportaje. De ellos, ocho creen que el Estado busca cortar vínculos de la sociedad civil cubana con otros actores en el exterior, aunque actualmente, en tiempos de Internet, es más fácil tener vínculos virtuales. Igual porción piensa que el Estado quiere “disuadir” a otras personas “de seguir el ejemplo de quienes son regulados”. Y solo seis consideran que las autoridades presionan a las víctimas para que, después de un tiempo, marchen al exilio. Algunos medios alternativos le llaman a eso Operación Jaula abierta.

La inconformidad ante las regulaciones también amenazó con tomar el espacio público el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los DDHH. En La Habana, el bloguero Agustín López convocó a una protesta en el Aeropuerto Internacional José Martí, pero un día antes fue arrestado por agentes de la policía y el DSE al salir de su domicilio. Fue empujado a un auto oficial y acabó en la estación policial de Santiago de las Vegas más de 24 horas.

Los regulados recurren a todos los métodos de lucha pacífica posibles, incluso los más extremos. Así lo hizo Guillermo del Sol, líder de la Iglesia Católica Antigua, en Villa Clara, al iniciar una huelga de hambre el 15 de agosto, después que el DSE prohibiera a su hijo, Adrián, montar un avión. Pero del Sol, diabético y anciano ya, parecía el menos indicado para emprender una protesta de esa clase. Dijo estar dispuesto a llegar “hasta el final”, y se tendió en su cama, a esperar.

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Semanas después, Marelys Fonseca, reportera del diario Cubanet en la ciudad de Bayamo, debía tomar un vuelo a Jamaica para asistir a un taller periodístico. Pero a las 7:30 a.m.,  en la Terminal Tres del Aeropuerto Internacional José Martí, agentes de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) le notificaron que tenía prohibido dejar el país. El diálogo, por lo que recuerda Marelys puedo haber sido así:

-¿Tiene alguna deuda con el Estado, está sancionada?

-No. ¿Qué otra cosa puede ser?

-No sabemos, solo que es una orden de Bayamo. Debe resolver esta situación en su provincia.

Y su primer viaje al extranjero se convirtió en un largo retorno por carretera al oriente de Cuba. En Bayamo le “dijeron que esa misma mañana había caducado la restricción, que fue por 20 días y la impuso un oficial del DSE llamado Ernesto”, cuenta, alternando con la atención a su bebé. Entonces formalizó una solicitud para saber los motivos de la regulación ante el jefe jurídico de la DIIE. No imaginaba qué pasaría luego.

En Santa Clara, Adrián del Sol llevaba días asistiendo a su padre en el hospital. El huelguista, que apenas podía mantenerse sentado por la debilidad y un creciente dolor en la espalda baja, recibió el 30 de septiembre a un emisario: llevaba una carta firmada por más de 80 activistas, intelectuales, artistas y hombres de fe. “Deseamos que usted se preserve, lo queremos vivo para alcanzar juntos nuestro objetivo final, que es disfrutar de una Cuba libre”, decía la misiva.

En La Habana habían sido detenidas varias personas que planeaban un performance público para apoyar a del Sol. Dentro y fuera de la isla, pedían al católico punto final. Ya había llamado la atención del mundo sobre el tema de los regulados, y temían por su vida. El 5 de octubre un fatigado del Sol depone la huelga de hambre tras 55 días.

72 horas después, en el extremo oriental del país, Marelys Fonseca es citada al cuartel provincial de la policía política. Allí tendría la confirmación a su pregunta: ¿quién regula en Cuba? Un oficial, de sobrenombre Andrey, le explicitó que el DSE lo había hecho, que no emitiría ningún documento al respecto y que “podía presentar la queja donde quisiera, que ellos son los que mandan”.

Osmel ya lo sabía, aunque ve muy bien que cada vez más regulados reciban esa respuesta y la expongan, que el DSE “tiene la fuerza para hacerlo y lo hace, que es un poder no escrito, pero tácito”, que actúa como “un ente por encima de la ley, que es como un asunto de mafiosos”.

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Testimonio Osmel Ramírez

Testimonio Andy Cancino

Testimonio Yoe Suárez