Someter a jóvenes a justicia de adultos puede ser nocivo para la sociedad

Mundialmente, los datos muestran que el 70% de los países establece 18 años como edad penal mínima. Actualmente, 54 países redujeron ese parámetro. España y Alemania, sin embargo, volvieron atrás la decisión de criminalizar a jóvenes con menos de 18 años de edad, ya que el contexto general no registra que esa medida disminuya los índices de violencia. Por Marcela Belchior para Adital

En informe recién publicado por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) se señala que el Estado de Florida, en Estados Unidos, viene procesando de manera arbitraria e injusta a cientos de jóvenes de acuerdo con el sistema penal para adultos, sometiéndolos a sufrir las consecuencias de una condena por el resto de sus vidas por haber cometido delitos considerados leves y sin violencia. En el informe ”Marcados de por vida: persecución penal de menores como adultos en Florida por la aplicación de la ley de ‘acusación directa’” se describen los efectos nocivos de esta práctica, mucho más que castigo para garantizar la seguridad pública.

En Estados Unidos, la edad de imputabilidad varia conforme la legislación estadual. La mayoría de los delitos cometidos por menores de 18 años de edad es juzgada en tribunales juveniles. Sin embargo, existe la posibilidad de que delitos más graves respondan judicialmente en tribunales comunes, siendo procesados como adultos. Por la ley de acusación directa, cabe a los promotores de Justicia decidir qué jóvenes serán juzgados por los tribunales ordinarios, no habiendo posibilidad de evaluación o reversión de esa decisión por un juez.

”Los menores que quedan capturados por la ley de 'acusación directa' pierden la capacidad legal de votar, consumir alcohol o comprar cigarros en el Estado de Florida. Sin embargo, pueden ser juzgados como adultos sin que ningún juez evalúe esa decisión, y quedar estigmatizados como delincuentes por el resto de sus vidas”, critica Alba Morales, investigadora de HRW y autora del informe.

En vez de contribuir a la seguridad de la sociedad, indica HRW, otros estudios indican que juzgar a jóvenes en el sistema de Justicia Penal destinado a los adultos da como resultado mayores índices de reincidencia entre ellos que entre los jóvenes que ingresan en el sistema de castigos para menores de edad. La organización destaca que los jóvenes que son juzgados como adultos pierden el acceso a las posibilidades de educación y a los programas apropiados para su edad, ofrecidos por la Justicia para menores de 18 años. Muchos de ellos, inclusive, sufren violencia en las penitenciarias comunes.

Justicia para jóvenes en el mundo

Mundialmente, los datos muestran que el 70% de los países establece 18 años como edad penal mínima. Actualmente, 54 países redujeron ese parámetro. España y Alemania, sin embargo, volvieron atrás la decisión de criminalizar a jóvenes con menos de 18 años de edad, ya que el contexto general no registra que esa medida disminuya los índices de violencia.

Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN), Carta Magna para las niños de todo el mundo, en 1989, oficializándola como ley internacional, los países latinoamericanos fueron poniendo en práctica, paulatinamente, sistemas de responsabilidad penal juvenil. En aquella época, ese instrumento de derechos humanos, el más aceptado en la historia universal, fue ratificado por 193 países.

En América Latina, Brasil fue el precursor en adaptar su legislación a la CIDN, proponiendo garantías procesales y un modelo
especializado de atención para los jóvenes infractores, de manera diferenciada de la Justicia Penal de los adultos, mediante el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA). Su sistema de sanciones consiste, básicamente, en medidas socioeducativas y, en los casos más graves, privación de libertad de hasta tres años.

A partir de esta experiencia, países como El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Guatemala y Honduras fueron modificando sus respectivas legislaciones en la materia. Actualmente, Brasil y Uruguay son los únicos países de América del Sur que no castigan a menores de 18 años como adultos. Todos los demás países sudamericanos ya redujeron la edad de imputabilidad a 16 años.

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
Tomado de http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&prevlang=PT&cod=80360

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