Un progresismo que apunte a los pequeños

Si el progresismo quiere plantear un nuevo contrato social pospandémico, debe pensar en un paradigma de inversión hacia las infancias y adolescencias que modifique estructuralmente la situación de los niños y las niñas pobres. Nota de Roxana Mazzola para Democracia Abierta.

Los altos niveles de pobreza y desigualdad en la niñez están en relación directa con la inversión de los Estados, así como con su composición y carácter redistributivo. Las políticas pueden generar más desigualdad o aportar a reducirla según la esfera que se trate (económica, cultural, educativa). La evolución de la inversión social en bienes y servicios a la infancia en América Latina fue creciendo a inicios del siglo XXI, pero desde 2015 esa tendencia comenzó a aletargarse e incluso se estancó.

Gran parte de nuestros sistemas de bienestar social para la infancia están anclados en inversiones relacionadas con la educación y la salud, lo cual implica incidir en la igualdad de oportunidades. Su efectividad varía enormemente según se trate de países federales o unitarios, dado que en casos como Brasil, México, Argentina y Venezuela estos servicios han sido descentralizados en los gobiernos subnacionales.

Adicionalmente, en todos ellos ha crecido en forma paulatina la mercantilización en la provisión de servicios públicos esenciales.
Los resultados de que identifica la inversión social en la primera infancia (hasta ocho años) en nueve países de América Latina (Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú), realizado en 2015, señala que esa inversión representa entre 0,5 y 1,6 puntos porcentuales del PIB de cada país. Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México priorizan las inversiones en educación por sobre las actividades de salud. Luego les siguen, pero en menor medida, las inversiones en ayuda directa. Son muy bajas las inversiones relacionadas con la igualdad de resultados o la redistribución en las infancias, las adolescencias y las juventudes, con beneficios en materia de seguridad social solo a través de las familias (y siempre y cuando estas tengan empleo formal).
A inicios de la década de 2000, se produjo una inversión en transferencias condicionadas de ingresos a las familias con niños y niñas. Este proceso –que tuvo tantos detractores como defensores– tuvo un importante impacto social, aunque bajas partidas presupuestarias. Según , la mayor inversión se realizó en Argentina y allí apenas ascendió a 0,6% del PIB. Le siguieron el plan Bolsa Família de Brasil, que en 2018 llegó a representar 0,44% del PIB, las asignaciones familiares del Plan Equidad de Uruguay (que llegaron a 0,33%) y el plan Chile Solidario, vigente hasta 2017, que tuvo una inversión de 0,14%. Por lo tanto, no se trata de políticas que modifiquen estructuralmente el financiamiento de los Estados de Bienestar de los países.

La seguridad social está más anclada en la llamada «generación de los grises», pero no contempla en ello a la niñez. En este sentido, el teórico Gøsta Esping-Andersen ha llegado a hablar de los Estados de Bienestar como catalizadores del «bienestar de una sola generación» (la que era activa en la segunda posguerra), dado que las generaciones mayores están protegidas por los sistemas de pensiones, y en ello ha incidido su organización político-sindical. En parte, se remarca que la niñez y la juventud son las más desprotegidas en ese terreno, sin organización sindical o de otro tipo que las represente políticamente y las tenga como destinatarias exclusivas de sus políticas.

Desigualmente pobres

La crisis del coronavirus expone de manera dramática las desigualdades estructurales y deja al desnudo la difícil situación de las infancias y las adolescencias. Para colmo, no se trata solo de que desnude el problema, sino de que lo amplifica. Una mirada estrictamente sanitarista destaca que las infancias y las adolescencias son las que registran la menor tasa de letalidad por coronavirus, pero el sesgo punitivista que ha dominado los análisis y las medidas en curso en buena parte de los países las ha ubicado como agentes transmisores de la enfermedad, sin considerar con igual énfasis los flagrantes niveles de pobreza y de desigualdad múltiple que estas infancias enfrentan. Según un análisis reciente de Save the Children y Unicef, las consecuencias económicas de la pandemia podrían provocar que, para finales de 2020, la pobreza infantil aumente 22% en América Latina y el Caribe.

Esto implica que cerca de la mitad (46%) de los niños y las niñas de hasta 17 años pasarán a vivir en la pobreza. Son alrededor de 16 millones más que los actuales. Pensemos en un equivalente a toda la población de la provincia de Buenos Aires en Argentina o al doble de la del Distrito Federal de México. De estas nuevas infancias pobres, 11 millones corresponden a América del Sur, por lo que podría convertirse en la zona más afectada, con un aumento de alrededor de 30%. La región estaría regresando a niveles similares a los de hace casi una década.

Al mismo tiempo, esta tendencia implica serios problemas de estratificación social entre niños y niñas ricos y pobres con oportunidades de vida diferenciales. Cada vez más, los Estados deberán intervenir con políticas en favor de población infantil y de los mayores de 65 años, porque la combinación que se produce en América Latina entre los niveles de desigualdad y los cambios demográficos –así como la acelerada urbanización– genera que existan dos transiciones familiares: una para los sectores populares con más hijos y otra para los sectores de mayores recursos que retrasan la maternidad, se desarrollan profesionalmente y viven más. Los cuidados de esta población no podrán ser resueltos de forma privada, sino que son un asunto público.

Una nueva agenda

¿De qué manera entonces la pandemia amplifica desigualdades múltiples preexistentes y cómo se están registrando estas propagaciones desde la agenda de políticas desplegadas en toda la región? ¿Qué condicionantes imponen los niveles de endeudamiento externo y cuáles son los consensos a construir para darle sostenibilidad política y económica a un derecho universal a la seguridad social de las infancias, las adolescencias y las juventudes que intente revertir estas tendencias?

Aún debe avanzarse más en la solidaridad intergeneracional y socioeconómica (vertical y horizontal). Inicialmente transformadoras, las iniciativas desplegadas quedaron solo como políticas distributivas: ni redistributivas, ni regulatorias, ni constituyentes. El principio de solidaridad y redistribución del ingreso debe ser analizado aquí. La diferencia en el financiamiento, según se trate de seguridad, seguro y asistencia social, es que en el primer caso la forma de sostenerlo es mediante impuestos progresivos, en el segundo según condiciones laborales, y en el tercero vía rentas generales o sin que quede claro quién financia, como cuando se trata de desembolsos que llegan por crédito internacional.

La función distributiva del Estado, y por ende también en lo que atañe a las infancias y adolescencias, se expresa por excelencia en el presupuesto nacional y en las ofertas programáticas, donde se visualizan diversos procesos históricos de luchas y conquistas sociales previas, con sus persistencias y modificaciones o reorientaciones, que configuran las marcas distintivas de cada Estado de Bienestar social.

No se trata de una disputa intergeneracional, ni de avanzar en el paradigma de la inversión que deja afuera otros derechos, sino en una expresión más justa que plasme un progresismo diferencial. La agenda debería ser más profunda y redistributiva, respaldada en fondos con impuestos progresivos que garanticen un derecho universal de seguridad social a la niñez, adolescencia y juventudes, y debería evitarse que se trate de prestaciones asistenciales con montos insuficientes, condicionadas y financiadas por rentas generales u organismos internacionales, o en el mejor de los casos que se trate de formatos híbridos entre seguridad social y asistencia social, como ha sido el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina.

Estos son algunos aspectos a considerar en cuanto a cómo construir un progresismo que atienda privilegiadamente a las «nuevas generaciones». Se requiere no solo de lograr cambios cualitativos en las conceptualizaciones y en los intentos de resolución de las problemáticas sociales que se abordan, sino también de avanzar más en cambios cuantitativos, lo que implica mayor inversión y progresividad en el financiamiento.

La pandemia del covid-19 nos conduce a una agenda asistencial que resuelva lo urgente, pero también es una oportunidad para pensarnos en proyecciones más estructurales. ¿No debiéramos incorporar las crisis como componentes permanentes de nuestros sistemas de políticas? Aún imaginando un futuro sin pandemia, ¿no resulta un gran condicionante para el desarrollo de los países, además de un drama social actual, contar con la mitad de la población infantil en situación de pobreza? En pos de avanzar decididamente en medidas que reviertan esta situación, un primer paso sería consagrar un derecho a la seguridad social para la niñez, entre otras iniciativas que tengan la pandemia como disparadora de políticas más transformadoras.

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