Víctor Álvarez: “Es necesario un gobierno de coalición entre el oficialismo y la oposición”

“Con una oposición dividida y con una recuperación de su averiada popularidad gracias al manejo que ha hecho de la crisis del coronavirus, la posibilidad de que Maduro entregue el poder es muy remota”, afirma Víctor Álvarez en este entrevista de La Razón.

“Mientras más se les amenace y menos garantías se les den, más se cohesionarán y aferrarán al poder”, dice el exministro de industrias básicas y Premio Nacional de Ciencias Enrique Meléndez.

El economista Víctor Álvarez considera que, para evitar que la emergencia humanitaria, a propósito de la amenaza de la pandemia del Covid-19, se convierta en una catástrofe, hay que dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que el gobierno y la oposición tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

“El reto de las élites políticas pasa por considerar la conveniencia para la salud nacional de posponer esas elecciones y pactar un gobierno de coalición entre oficialismo y oposición, que incluya pero trascienda las acciones conjuntas”, expresa el también investigador, Premio Nacional de Ciencias y ex viceministro de Industria y Comercio.

¿Usted cree que es posible una salida a la situación de Venezuela por la vía electoral, pacífica, constitucional y democrática, como dice la oposición?

Nicolás Maduro intenta crear un ambiente a favor de acuerdos políticos con los sectores que estén dispuestos a interactuar con su gobierno para enfrentar la amenaza del coronavirus. Así trata de dar respuesta al creciente llamado de declarar una tregua entre las fuerzas políticas en pugna para llegar a un acuerdo parcial que permita enfrentar con éxito la amenaza que significa la aparición de esta amenaza la vida nacional.

Gobierno y oposición están llamados a ceder en la intransigencia de sus posiciones. Una tregua en la lucha por el poder podría abrir un camino hacia el entendimiento nacional, que incluya pero vaya más allá de los proyectos de los partidos políticos. Complementar capacidades y recursos para contener la pandemia COVID-19 es un asunto de interés común para todos los sectores políticos, económicos y sociales del país.

Pero la obstinación por lograr la rendición incondicional de Maduro obstaculiza un acuerdo político viable y razonable. Un proceso de transición significa que quien va a dejar el poder lo compartirá temporalmente con quien aspira a ganarlo, significa una negociación continua en las que las partes se hacen concesiones mutuas, comparten el poder y nadie se empeña en lograr la rendición humillante del otro para ganárselo  todo.

Nicolás Maduro ha sobrevivido al cuestionamiento de su victoria electoral en 2013; a la violencia de “la salida” (comillas solicitadas), liderada en 2014 por Leopoldo López; a la amenaza de Henry Ramos Allup en 2016 de poner fin a su gobierno en seis meses; a la declaratoria de abandono del cargo impulsada por Julio Borges en 2017; al intento de magnicidio con el ataque de drones en 2018; al cese de la usurpación prometido por Juan Guaidó con apoyo de EEUU y más de 50 países; a las recurrentes protestas internas; a la fuerte presión diplomática internacional; al endurecimiento de las sanciones, al conato de golpe del 30 de Abril de 2019; a la amenaza de una intervención militar; a la Operación Gedeón; a la invocación del TIAR.

A pesar de todo este despliegue, lo cierto es que Maduro no se rinde y sigue allí, aferrado al poder.

El tono de ultimátum, con el que la oposición extremista lanza sus propuestas, pone en duda el verdadero interés de negociar un acuerdo político razonable. Lo que se pretende es que Maduro renuncie y se entregue, pero después de todo lo que ha resistido, con una oposición dividida y con una recuperación de su averiada popularidad gracias al manejo que ha hecho de la crisis del coronavirus, la posibilidad de que Maduro entregue el poder es muy remota.

Insistir en que no habrá elecciones con Maduro en el poder -y que éste ni siquiera se podrá postular-, es negar de entrada la posibilidad de negociar una elección presidencial en la que podrán postularse tanto Guaidó como Maduro.

¿Cómo enjuicia usted la decisión de la justicia estadounidense de ofrecer una recompensa por Nicolás Maduro y sus más cercanos colaboradores?

Poner precio a la cabeza de Nicolás Maduro y sus principales colaboradores para forzarlo a negociar su salida del poder no es una amenaza creíble para una coalición difícil de asustar. Por el contrario, tiene un efecto contraproducente: mientras más se les amenace y menos garantías se les den, más se cohesionarán y aferrarán al poder.

Cualquier incentivo que haya podido tener el oficialismo para presionar a Maduro a favor de una transición negociada, desaparece al ser judicializados y todos cierran filas para aferrase al poder y poner a salvo sus cabezas. En lugar de seguir creando desconfianza y divisiones en el seno de la coalición dominante, EEUU los acusa a todos por igual y genera un efecto contraproducente para su propia estrategia divisionista, al inducir una mayor cohesión de la nomenclatura oficialista que ahora se siente igualmente amenazada.

Estas acusaciones abortaron el proceso de negociación que se había reactivado, el cual había dado sus primeros resultados con la designación del Comité de Postulaciones para elegir al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Con la designación de los rectores por parte del TSJ con base en la figura de omisión legislativa queda truncado este intento de negociación y entendimiento en un tema clave para estimular una masiva participación en las Parlamentarias de 2020.

Judicializar a Maduro y sus colaboradores los convierte en criminales buscados por la justicia estadounidense con los cuáles no se puede negociar y es una acción que no puede interpretarse como un paso a favor de una solución política y negociada, sino como una jugada electoral que permita a Trump ganar votos en los estados donde se concentra un buen número de votantes latinos. 

Sin lugar a dudas, la judicialización de Maduro y sus colaboradores, así como la millonaria recompensa que se ofrece por sus cabezas, dinamita la posibilidad de un acuerdo político autónomo entre el oficialismo y la oposición, sin el recetario y la tutoría de las potencias externas que se disputan a Venezuela como un espacio de su tablero geopolítico.

¿Qué opinión le merece el hecho de que el proyecto anunciado por EEUU, bajo la denominación de Marco Democrático para Venezuela, entre las tentativas, que se han planteado para llegar a un acuerdo con Maduro?

Que este planteamiento no fue precisamente el resultado de un proceso de diálogo, negociación y acuerdo democrático entre los factores internos en conflicto.

Lo que hay que destacar aquí es la propuesta para que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado y entreguen el poder a un Consejo de Estado de cinco miembros que gobernaría el país hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias en un lapso entre 6-12 meses.

“Yo acepto”, dijo Guaidó, pero el oficialismo no se va a someter a una cartilla de instrucciones; en la cual no participó, mucho menos si ésta ha sido diseñada a sus espaldas por el Departamento de Estado. Aunque esta propuesta plantea un mecanismo de cogobierno, al forzar la renuncia de Maduro no se le ofrece ninguna alternativa a quien está aferrado al poder.

Cualquier propuesta de transición debe ser diseñada conjuntamente con el régimen de  Maduro, que es quien detenta el control de las instituciones, del territorio nacional y ejerce el poder real. Lo contrario sería desdecirse de toda su narrativa antiimperialista que reivindica la autodeterminación de los pueblos. Obstinarse en esa vía para forzar una salida es desconocer los fundamentos que cohesionan al chavismo. Así no se puede negociar con un régimen difícil de asustar, mientras más se le amenace más se atornilla al poder. Está más que demostrado que Maduro seguirá resistiendo y no aceptará ninguna fórmula que implique un recorte anticonstitucional de su período presidencial.

Además, ¿cómo convocar elecciones en tan breve lapso, cuando la amenaza de la pandemia del coronavirus no ha sido conjurada y las actividades propias de toda campaña electoral, irían en contravía de las medidas de aislamiento social que hay que cumplir para evitar una masiva y acelerada propagación de la enfermedad?

Judicializado y con una recompensa por su cabeza, Maduro y sus colaboradores no van a apartarse del poder. Eso solo es discutible si a Maduro se le asegura la protección de sus derechos políticos y se le absuelve de las acusaciones que lo criminalizan de formar parte de una conspiración narcoterrorista en contra de los EEUU.

En ese sentido, ¿usted cree que lo más viable es una negociación directa entre el oficialismo y la oposición?

Bajo el falso supuesto de que con dictadores no se negocia y que dictadura no sale con votos, los sectores extremistas creen que dialogar es ponerse al servicio de dictadores y enemigos. Para ellos, no hay referencia histórica que valga.

Mientras no haya unos acuerdos básicos entre oficialismo y oposición, el país entero seguirá amenazado. El coronavirus no distingue entre oficialistas y opositores. Pero los cuerpos de seguridad no permiten que ingrese al país la ayuda humanitaria gestionada por Guaidó porque creen que éste la repartirá como proselitismo político. A su vez, los organismos financieros como el FMI le niegan a Maduro el financiamiento solicitado debido a  la dualidad de poderes que impide saber cuál es el verdadero representante del Gobierno que asumirá la responsabilidad por esos recursos.

Para que el Poder Ejecutivo gestione internacionalmente los recursos que la emergencia sanitaria necesita tiene que cumplir como el requisito constitucional de contar con la autorización de la Asamblea Nacional. Una negociación entre Maduro y Guaidó para gestionar la ayuda humanitaria, el canje de petróleo por alimentos y medicinas, la asistencia financiera del FMI, el BID y la CAF debería formar parte de una agenda común en la que ambas partes decidan complementar sus capacidades y recursos para enfrentar la amenaza del coronavirus  y evitar que se propague masiva y aceleradamente a lo largo y ancho del territorio nacional.

Una dirección política segura de lo que más conviene al interés nacional, que no subordine su accionar al qué dirán en las redes sociales, no debe temerle al diálogo y la negociación con sus rivales, mucho menos si los acuerdos que se están construyendo responden al interés nacional, y la garantía de su cumplimiento tiene a favor el escrutinio de la comunidad y opinión pública internacional.

Ha trascendido que la producción petrolera ya está por debajo de los 500 mil barriles diarios. ¿Usted cree que se puede reactivar nuestra industria petrolera, a partir de un acuerdo político?

El bloqueo de los fondos y el colapso de la renta petrolera han dejado sin recursos al otrora poderoso petro-estado venezolano. El gobierno ya no cuenta con una abundante renta petrolera para utilizarla como un instrumento de dominación política y económica, y por eso se afinca en la represión.

El petro-estado ha colapsado y llevará tiempo levantar la industria petrolera por encima de los 3 millones de barriles diarios de petróleo. En el corto y mediano plazo, por mucho que suban los precios, debido a la baja producción los ingresos petroleros no alcanzarán para devolverle al Estado la extraordinaria capacidad financiera que tuvo para intervenir en la economía y en la sociedad. Objetivamente, el Estado paternalista, empresario e interventor quedó atrás.

La sobrevaluación de la tasa de cambio, los rígidos controles, los subsidios y gratuidades indebidas, el estado empresario y corrupto, y demás patologías del rentismo que inhibieron el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales ya no están presentes con la misma fuerza en la vida nacional.

Las finanzas públicas están quebradas. Ni esté ni el gobierno que venga tendrán recursos suficientes para levantar la industria petrolera ni para mantener la misma presencia en la economía estatizada. El mejor negocio ya no será estar enchufado con el gobierno y esto abrirá un mayor espacio para la interacción directa entre los agentes económicos privados.

Sin la capacidad financiera que le permitió intervenir como inversionista directo en la economía, el Estado tendrá que enfocarse en su papel como regulador. Sin la capacidad de pago que tuvo en los años del auge rentístico y con una pesada deuda externa, nadie le va a prestar al Estado para que invierta en el sector petrolero ni en las empresas estatales secuestradas y quebradas por el burocratismo y la corrupción. En tales circunstancias, lo más probable es que Venezuela se abra cada vez más a la inversión privada, incluso en la industria petrolera, un sector dominado por una larga tradición nacionalista y estatista.

¿Qué piensa usted que debería ser la solución en estos momentos para nuestro país?

Debido a las crecientes rencillas y divisiones en el seno de la oposición, el oficialismo está seguro que puede ganar las parlamentarias y recuperar el control de la AN. Lo mismo cree la oposición electoral sin representación parlamentaria, la cual está dispuesta a participar con la certeza de que capitalizará el voto del alto porcentaje del electorado; que está cada vez más descontento con la pésima gestión de gobierno. Por eso quieren que las parlamentarias se hagan este año.

Pero si el virus no ha sido controlado, existe el riesgo de que el mismo se pueda propagar masiva y aceleradamente en las actividades de la campaña electoral.

Para evitar que la emergencia humanitaria se convierta en una catástrofe, hay que dejar a un lado la obsesión electoral, expresada en la certeza que ambos bandos tienen de su seguro triunfo en las parlamentarias.

El reto de las élites políticas pasa por considerar la conveniencia para la salud nacional de posponer las elecciones y pactar un gobierno de coalición entre oficialismo y oposición, que incluya pero trascienda las acciones conjuntas; para encarar la amenaza del coronavirus, aunque para Maduro esto signifique prolongar la condición de diputado de Guaidó y presidente de la AN, plataforma sobre la se sustenta su reconocimiento como presidente interino y que a él le interesa prolongar para mantener el apoyo de EEUU y más de 50 gobiernos que lo respaldan.

Una vez superada la emergencia sanitaria, la solución de la crisis estructural que azota al país debe ampliar el mandato de ese gobierno de coalición para que, no sólo abata la amenaza del COVID19, sino que además lleve a cabo un Programa de Reformas Económicas, reinstitucionalice el país e inicie el desarme de los colectivos; para convocar luego elecciones generales, de tal forma que quien resulte ganador reciba una economía saneada y un país reinstitucionalizado y pacificado que se pueda gobernar. 

Superar la crisis política es un desafío que va más allá de  un acuerdo puntual entre Maduro y Guaidó, enfocado en conjurar la amenaza del coronavirus. Conformar un gobierno de coalición exige una estatura superior de las élites políticas que están emplazadas a apartar odios y afanes de protagonismo para abrirle paso a los grandes acuerdos que el país necesita, a fin de superar la crisis estructural que lo está despedazando y lo deja sin capacidad de respuesta ante amenazas tan peligrosas como la pandemia del COVID19.

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